nombre reservado con BANCO DE CHILE

Santiago, catorce de junio de dos mil diecinueve.

Visto y considerando:

Primero: Comparece doña Paula María Oyarzo Valdés, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en representación de don nombre reservado, abogado, de su mismo domicilio, en contra del Banco de Chile S.A., representado por don nombre reservado, con ocasión del acto ilegal y arbitrario consistente en el cierre unilateral y sin fundamento alguno, de la cuenta corriente que este último mantiene con dicha institución, N° [cuenta reservada], su línea de crédito asociada y del bloqueo de la tarjeta de crédito Mastercard N° [cuenta reservada], lo anterior constituye una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representado ha sido titular, por más de diez años, de la cuenta corriente N° [cuenta reservada], ante la recurrida de autos, cuenta que tiene uso comercial, encontrándose acreditado el mandato de la empresa para efectos de poder depositar en la misma los pagos de clientes y, en particular, poder cobrar los cheques que clientes le extienden en su calidad de proveedores de servicios jurídicos. A modo ejemplar, la sociedad ASEGER S.A., asociada al grupo Regnum Christi, entrega para depósito mensual en dicha cuenta cheque del mismo Banco, por el concepto de contrato de servicios permanente que mantiene con su Estudio. El flujo promedio producto de su trabajo como abogado socio del referido Estudio no desciende de los 15 millones mensuales y puede alcanzar hasta los 50 millones de pesos, según dan cuenta las cartolas de cuenta de los últimos 24 meses. Su representado no mantiene créditos ni productos crediticios salvo los asociados a la cuenta ya referidos con el Banco, y el estado de pago de los mismos es completo y oportuno.

Indica que a propósito del fallecimiento de la cónyuge de su ejecutivo de cuentas, esta quedó encargada a la jefa directa de aquel, doña nombre reservado, Jefa de Plataforma Comercial de dicha sucursal. La señora nombre reservado comenzó a generar una serie de protestos por causal de forma (firma disconforme) entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2018, que le fueron reclamados y representados a sus jefaturas correspondientes, sin resultado. La razón de éstos, según su explicación, era que básicamente, no tenía tiempo para revisar los abonos y depósitos a la cuenta corriente ni la hora de éstos, pese a que le fuesen informados previamente por correo electrónico y debidamente respaldados.

Señala que por 4 años ya su representado tiene autorizados sobregiros no pactados por lapsos diarios, dado su flujo de caja, los cuales, por lo demás, son cobrados como un servicio al final de cada mes, bajo la nomenclatura “intereses de sobregiro en cuenta corriente”, sin que jamás el Banco le haya reparado dicho servicio. Se le explicó que el protesto es un evento “unitario”, razón por la cual, aunque le constase la falta de fondos parcial de un documento, ella para no complicarse con el cálculo, devolvía todos, sin miramiento al problema comercial que le causa, en este caso, a su representado. A propósito de estos reclamos el Gerente Zonal de la Banca Comercial, le indica que tomaría contacto con esta profesional. Finalmente, no se hizo referencia a los reclamos. Luego, con fecha 12 de diciembre de 2018, don nombre reservado se contacta por teléfono con la abogada que interpone el recurso telefónicamente que el día 7 de diciembre e informa que el Banco había decidido emitir carta de aviso de cierre de la cuenta corriente unilateralmente, como lo habilitaba el contrato de productos y servicios bancarios.

Agrega que el mismo día, en horas de la tarde, arribó a la casilla de correo informada por su representado al Banco un correo del área de requerimientos, informando una respuesta a un requerimiento supuestamente hecho por él, el día 5 de diciembre de 2018, que versaría sobre la hora de las transferencias cuestión que, justamente, era la razón de los reclamos a la funcionaria nombre reservado; información que, por cierto, daba la razón del reclamo a su parte, por cuanto todas las transferencias estaban hechas antes del horario estipulado por correo y validado por el Banco para depositar fondos de cheques; y, más grave aún, se trataba de un requerimiento no realizado por su representado, habiendo alguien usurpado su identidad a fin de generar dicha consulta.

Adiciona que la carta llegó el día 17 de diciembre en horas de la tarde; y en ésta se observa como causal invocada de cierre “la falta de pago y cumplimiento oportuno de las obligaciones contraídas con el Banco”, cuestión absurda dado que su Cliente no mantiene productos crediticios distintos de la cuenta con el Banco, y éstos no reportaban mora alguna. Peor aún, y como su parte temía, quien decide y firma la carta de cierre no es sino nombre reservado, la funcionaria reclamada por su parte. Se informa esta situación al Banco y se espera respuesta, la cual recién arriba, en forma parcial, el día 21 de diciembre de 2018, con una carta del área de requerimientos que indica, literalmente, que si bien la causal invocada correspondería a un “error de imprecisión”, la fecha y el domicilio estaban correctos, por lo que la carta era válida en todas sus partes como aviso de cierre de cuenta.

Expresa que a mayor abundamiento, y consultado el Banco hoy al respecto, la causal de bloqueo de la tarjeta de crédito en particular, a saber, es una instrucción directa de doña nombre reservado, quien informa al área correspondiente que se dé cierre al producto por “renuncia del Cliente” y no por “cierre unilateral de productos”, lo cual es de la más absoluta falsedad, y hecho respecto del cual desde ya se reservan las acciones legales pertinentes, junto con el segundo hecho de suplantación de identidad referido y debidamente denunciado a la recurrida, sin respuesta ni gestión de su parte.

Agrega que de la simple lectura de la documentación adjuntada a este recurso, se desprende inequívocamente que no existió jamás una causal de cierre fundado invocada, pues, en la primera carta, la causal no corresponde a la situación de la cuenta; en la segunda simplemente se limitan a reconocer el error en invocar la causal, reservándose el derecho de considerar igualmente válida la carta; y en la tercera, se pretenden invocar situaciones pasadas, subsanadas y de resorte del Banco, y un servicio que el Banco no sólo cobra mensualmente y sin inconveniente, en el caso de esta cuenta, por cuatro años, sino que, como puede comprobar su parte mediante prueba documental como de oficio, el Banco ofrece discriminatoriamente a ciertos Clientes en desmedro de otros, basándose en su nivel de flujo financiero, cuestión que ameritaría, a lo menos, una fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por cuanto si el Banco esgrime, en este caso, que los sobregiros no son un ejercicio permitido, malamente podría cobrar por ellos; aceptarlos por años, y crear “criterios y/o políticas internas”, como lo denominan los aludidos representantes de la recurrida, para establecer a capricho suyo quien puede o no acceder a este beneficio; cuándo; por cuanto tiempo y por cuánto cupo, lo que no es sino una expresión de arbitrariedad que vulnera los derechos adquiridos de esta parte en dicha materia como los de todos los tenedores de cuenta corriente a los que, discriminatoriamente, no se les extiende el mismo servicio.

De esta forma, señala, el actuar del Banco ha sido arbitrario, abusivo e ilegal, pues se han amparado en la facultad unilateral y privativa del Banco para cerrar un producto bancario a modo de represalia por un reclamo en contra de una funcionaria que claramente, goza de favoritismos dentro de la institución a la cual sirve; sin reconocer la necesidad de fundamento y sin miramientos al perjuicio económico que le representa a su Cliente esta traba a su actividad, ya que siendo cliente de Banco de Chile, desde hace más de 10 años, ha logrado, durante ese tiempo, aumentar su nivel de renta ostensiblemente y de manera sostenida en el tiempo, lo que ha implicado mayores transacciones bancarias y comerciales y hacerse cargo a través de esta cuenta de los frutos del Estudio Jurídico que constituyó producto de su profesión, lo que le ha significado convertirse en un mejor y no peor Cliente para el Banco en el tiempo. Por lo mismo, los perjuicios a los que se ve expuestos son evidentes y enormes, ya que su cuenta corriente es parte de su herramienta de trabajo, para efectos de recibir los pagos de clientes y realizar pagos a proveedores de su sociedad y cubrir demás obligaciones financieras, compromisos que hoy se ven entorpecidos por esta decisión ilegal y arbitraria de la recurrida en autos.

Indica que en los contratos de cuenta corriente celebrados con el Banco de Chile se ha establecido que éste podrá cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier tiempo a su arbitrio, sin perjuicio de hacerlo, sin exponer razón alguna para ello. En este sentido, el artículo 1° de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques refiere que del contrato nacen derechos y obligaciones, que pueden ser modificados o suprimidos por mutuo acuerdo o causa legal. En concordancia con lo anterior, el artículo 17B de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, dispone que: “Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente: (…) b) Las causales que darán lugar al término anticipado del contrato por parte del prestador, el plazo razonable en que se hará efectivo dicho término y el medio por el cual se comunicará al consumidor.”

Por lo anterior, concluye, toda cláusula que permita el término anticipado sin expresión de causa debe tenerse como no escrita, por lo tanto los derechos de que es titular el recurrente y que emanan del contrato de cuenta corriente, son de su propiedad, de conformidad al artículo 1545 del Código Civil, y por tanto, no pueden ser modificados o dejados sin efecto en forma unilateral por la recurrida.

En consecuencia, indica, el acto recurrido no es uno que se enmarque dentro de la expresión “a su arbitrio”, sino que es a todas luces una arbitrariedad, que no le da derecho a vulnerar el derecho de propiedad del recurrente respecto de su contrato y productos, condiciones y beneficios que mantiene en acuerdo con su Banco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19° numeral 24 de la Constitución Política de la República.

Por otra parte, agrega, el acto recurrido también ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 19° N° 2 de la Constitución, por cuanto el hecho del cierre de la cuenta corriente por parte del Banco ocultaría motivaciones de represalia contra su representado por los numerosos reclamos efectuados contra la funcionaria nombre reservado, quien amparándose en su cargo de Jefe de Plataformas de Banco de Chile, decidió cerrar unilateralmente la cuenta corriente sin señalar una causal real, a dos días de haberse emitido un reclamo de servicio en su contra ante su jefatura. Esto implicaría claramente una discriminación arbitraria puesto que por el hecho de poner una queja o reclamo contra algún funcionario claramente coloca entonces a los cuentacorrentistas reclamantes en una posición de inferioridad o distinta respecto de los demás clientes de Banco de Chile; lo que significa, en la especie, que cualquier persona se encontraría impedida de presentar un reclamo contra un funcionario so riesgo de que este mismo empleado, abusando de su cargo o función decidiera unilateral y arbitrariamente poner término al contrato de cuenta corriente, sin expresión de causa. Lo anterior se ve acreditado dado que nombre reservado fue la misma persona que redactó, firmó y envió la carta de cierre de la cuenta corriente que da origen al presente recurso.

Señala que adicionalmente, existe una discriminación y vulneración a los derechos adquiridos de servicios y beneficios en cuanto a la situación de los sobregiros no pactados; toda vez que, por una parte, después de cuatro años y con ocasión de este reclamo, y de haberse visto forzados en admitir la falta de causal de cierre invocada en la carta de aviso, confeccionan una segunda, 20 días más tarde, aludiendo a una situación validada como producto para el Cliente por años por el Banco (en caso contrario, cabe preguntarse por qué ahora, después de cuatro años, el Banco decide dejar de cobrar por este servicio e invocarlo como causal de cierre de cuenta); y a una situación que corresponde a un error de extravío del Banco y operacional del mismo, el cual, además, es curiosamente invocado de manera extemporánea (los documentos referidos son de tiempo atrás; fueron extraviados o mal tramitados por el Banco y lo anterior pudo verificarse a través de las declaraciones juradas extendidas por los ex tenedores de los documentos, pese a lo cual el Banco se negó a extender las disculpas del caso, cabe mencionar), lo que refuerza la teoría de que se trata solamente de una represalia extendida a un Cliente.

Pide que se deje sin efecto el acto recurrido, esto es, el cierre de la cuenta corriente y sus productos asociados por ser dicho acto arbitrario e ilegal, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para poner fin a las arbitrariedades cometidas y se restituya el derecho del recurrente como cuentacorrentista, ordenando la reapertura de la misma, sin perjuicio de otras medidas de protección que V.S.I. estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, todo lo anterior con expresa y ejemplar condenación en costas.

Segundo: Informando la institución recurrida expresa que, según la cláusula 13 del capítulo I contrato celebrado en el año 2008 con el recurrente, se señala que “El Banco podrá cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier momento a su solo arbitrio, sin expresión de causa: lo hará además, especialmente si el comitente gira cheques sin fondos, si hace mal uso de cualquier forma de su cuenta corriente o si infringe este contrato o cualquier otro contrato u obligación que mantenga con el banco.”

Expresa que dicha facultad también se contiene en el anexo del Capítulo 2.2. de la Recopilación respectiva emanada del organismo supervisor de la banca, en el cual se señala que se debe “establecer que el banco se reserva del derecho de poner fin a la cuenta cuando lo estime conveniente”

Señala que el motivo tenido en cuenta por el Banco para el cierre de la cuenta corriente del recurrente, consistió en que éste giró durante el año 2018, más de un centenar de cheques que fueron protestados, la mayoría de ellos por causales de forma, pero también algunos por la causal de falta de fondos, perdiendo así el Banco la confianza en él y se verificaron las condiciones para proceder al cierre de la cuenta corriente establecidas en el contrato.

Indica que el giro de cheques sin fondos es reconocido en el propio recurso, bajo la excusa que al recurrente anteriormente se le habían concedido sobregiros no pactados, sin embargo, esta excusa no puede ser atendida, toda vez que el Banco no tiene ninguna obligación de pagar cheques si los fondos no han sido proveídos anteriormente o bien, si no existe un sobregiro pactado para tales efectos.

En efecto, expresa, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 8-1, de la Recopilación Actualizada de Normas Financieras, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los “sobregiros pueden obedecer a una modalidad de crédito previamente acordada con el titular de la cuenta corriente, o bien, pueden originarse por una contingencia o una operación especial, sin que al comitente le asista un derecho contractual para sobregirar la cuenta.”

Agrega que, como se advierte desde ya, según lo establecido por la Superintendencia del ramo, el recurrente no tiene un derecho contractual a sobregirarse en la cuenta, si es que no existe un pacto expreso, esto al contrario de lo que se sostiene en el recurso, por lo que se puede concluir que la gran cantidad de protestos, por falta de fondos, en que incurrió el actor fueron bien ejecutados, pues no existiendo fondos previamente depositados, correspondía efectuar el protesto.

En este sentido, la normativa citada dispone: “De acuerdo con lo dispuesto por el Banco Central de Chile en el Capítulo III.G.3 del Compendio de Normas Financieras, los bancos están facultados para conceder sobregiros en cuentas corrientes sin que medie un pacto previo.” “Esta Superintendencia considera que una adecuada administración de la cuenta corriente por parte de su titular no debería generar estos sobregiros, por lo que los bancos deben darle el carácter de situaciones de excepción y no de un producto que genere comisiones, y ejercer una estrecha vigilancia sobre la frecuencia con la que el cuentacorrentista incurre en ellos y los montos envueltos en los respectivos eventos.” “La concesión de esos sobregiros se sujetará al cumplimiento de políticas específicas de prudencia que debe adoptar el banco, sin perjuicio de las disposiciones generales relativas al otorgamiento de créditos, como asimismo a procedimientos internos que permitan una adecuada administración de los riesgos de crédito que se asumen en conjunto con las demás obligaciones del respectivo deudor. En todo caso, es preciso recordar que el registro contable de estas operaciones debe ser concordante con la suficiencia del respaldo documentario que el banco debe tener como acreedor para exigir su cobro judicial.”

Indica que, como se puede apreciar, la posibilidad de conceder un sobregiro no pactado es excepcional, sin que existiera un derecho del recurrente a que se le otorgara, por tal razón, los protestos por falta de fondos que señala en su recurso fueron bien ejecutados y su reiteración, es precisamente una de las razones para poner término al contrato de cuenta corriente. En efecto, el contrato celebrado, sobre el cual el recurrente sostiene tener un derecho de propiedad, establece que el Banco podrá cerrar la cuenta a su arbitrio, sin expresar la causa, lo que hará especialmente si el comitente gira cheques sin fondos, por lo que el cierre de la cuenta se encuentra plenamente justificado.

Agrega que en el mismo contrato, también se señala que procederá el cierre si el cliente hace mal uso en cualquier forma de su cuenta corriente, otra circunstancia que concurre en la especie, pues como hemos señalado, se protestaron más de un centenar de cheques de dicha cuenta, la mayoría por firma disconforme, lo que claramente demuestra un uso irregular de la cuenta, pues o el recurrente estampó una firma que no era la suya en cientos de cheques o bien permitió que otra persona accediera a cientos de ellos y los firmara. Cualquiera de las dos opciones refleja un uso indebido de la cuenta, cuestión que, de forma independiente a lo ya dicho, justifica la decisión del Banco de cerrar la cuenta corriente, pues ha perdido la confianza en su cliente, atendido el uso irregular dado al talonario de cheques que se le entregó.

Así las cosas, expone, se cumplen las condiciones establecidas en el contrato de cuenta corriente que facultan al Banco para poner término al mismo. En síntesis, no ha existido una decisión de cierre de cuenta corriente “arbitraria y discriminatoria” como la describe el recurrente, sino que un acto fundado en el contrato y normativa aplicable, debidamente justificado además en la existencia de esos centenares de protestos, ya por firma disconforme, como por falta de fondos.

Por otra parte, indica, en la especie, se cumplieron con todas las formalidades previstas en el contrato para que el cierre de la cuenta produjere sus efectos y para que el cuenta correntista adoptare, en el intertanto, las medidas tendientes a evitar posteriores protestos y otros perjuicios. En efecto, tal como se señala en el recurso, mediante carta certificada el Banco de Chile comunicó a don nombre reservado el cierre de la cuenta corriente, el que se haría efectivo transcurridos 10 días desde su envío, tal como lo establece el contrato de cuenta corriente.

Indica que la carta en cuestión fue despachada por correo certificado en la misma fecha de su emisión y fue recibida por el recurrente, tal como confiesa espontáneamente en el recurso. Respecto a la invocación que hace el recurrente a las normas sobre protección a los derechos de los consumidores, contenidas en la Ley N° 19.496 para sostener la ineficacia de la cláusula que permite el cierre unilateral de la cuenta, por parte del Banco, es improcedente desde dos puntos de vista.

En primer lugar, dichas normas son de conocimiento de los Juzgados de Policía Local, en el marco de los procedimientos establecidos en la misma ley, por consiguiente, no se puede pretender mediante un recurso de protección, que la Iltma. Corte declare la ineficacia de una cláusula contractual, en virtud de lo establecido en la ley de protección a los derechos de los consumidores. En este procedimiento se deben hacer valer derechos indubitados y el recurrente no los tiene.

Por otro lado, el recurrente suscribió el contrato de cuenta corriente con el Banco de Chile en el año 2008, es decir, con anterioridad a que se publicara la Ley N° 20.555, que introdujo las modificaciones a la ley de protección de los derechos de los consumidores que cita en su recurso y, atendido que los contratos se rigen por las leyes que existen al momento de su celebración, es que las leyes dictadas con posterioridad no le son aplicables, tal como sucede con las normas en que el recurrente apoya su pretensión. En efecto, las modificaciones antes referidas, no rigen el contrato celebrado con el recurrente, por lo que malamente se puede justificar la pretendida ineficacia de la cláusula que permite el cierre unilateral de la cuenta, en una norma que no resulta aplicable en la especie.

Finalmente, adiciona que, en cuanto a las vulneraciones a los derechos fundamentales alegadas por el recurrente, hace presente que no son tales, puesto que él no tiene un derecho de propiedad sobre los derechos que nacen del contrato, más aún si él mismo crea el derecho del Banco de Chile para ponerle término a la cuenta corriente, a su sólo arbitrio y sin expresar causa. Tampoco se le ha discriminado arbitrariamente, pues la decisión del cierre de la cuenta tiene su causa en los cheques protestados y en el uso indebido de la cuenta, sin que la formulación de un reclamo en contra de una ejecutiva tenga incidencia alguna en tal decisión.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se numeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable, como es unánimemente aceptado, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un derecho actual que le favorezca, que se encuentre claramente establecido y determinado, que se trate de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha ocasionado la conculcación de un derecho garantizado por la Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Quinto: Que, conforme a lo señalado y lo ha sostenido reiteradamente esta misma Corte y la Excma. Corte Suprema, el derecho tutelado por la acción de protección debe ser preexistente e indubitado, lo que no concurre en la especie, toda vez que, basado en un reproche de incumplimiento por la recurrida de las obligaciones que le imponía el contrato de cuenta corriente bancaria convenido con el recurrente, se requiere de una declaración previa relativa a la procedencia, naturaleza y características de este incumplimiento, lo que exige una discusión lata, en juicio declarativo, que excede claramente los extremos de una acción cautelar como la impetrada, siendo razón suficiente para desechar el presente arbitrio.

Sexto: Que, sin perjuicio de que lo anteriormente expuesto constituye motivo bastante para rechazar la presente acción constitucional, esta Corte, sólo a mayor abundamiento, desea hacer presente que no visualiza en el acto reprochado a la recurrida ilegalidad o arbitrariedad alguna.

En efecto, no es posible inferir que la decisión del cierre de la cuenta corriente de que es titular el recurrente por parte de Banco de Chile sea un acto ilegal, es decir, contrario a ley, o excediendo el ejercicio de las potestades jurídicas que han nacido sea de la relación contractual habida con el recurrente, sea del conjunto de preceptos normativos que regulan los contratos de apertura de cuentas corrientes bancarias y productos derivados.

El actuar de la recurrida tiene su fundamento en el propio contrato de apertura de cuenta que le permite al banco “cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier momento a su solo arbitrio, sin expresión de causa: lo hará además, especialmente si el comitente gira cheques sin fondos, si hace mal uso de cualquier forma de su cuenta corriente o si infringe este contrato o cualquier otro contrato u obligación que mantenga con el banco”. Norma contractual suscrita por las partes que además, se encuentra respaldada por lo regulado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en el punto 2.2.de la Recopilación Actualizada de Normas y su anexo denominado "Condiciones Generales para las Cuentas Corrientes Bancarias".

Séptimo: Que, por otra parte, es dable señalar que el "Contrato de Operaciones Bancarias" y entre estas, el de cuenta corriente bancaria es intuito personae, en el que la confianza entre los contratantes resulta esencial en la continuidad del mismo, tanto para el cliente como para el Banco. En el presente caso, el recurrido ha aportado a esta Corte las razones por las cuales no desea continuar con la cuenta corriente y productos asociados del recurrente y por ello, su actuación no puede ser tildada de arbitraria, caprichosa o que ello, no obedece a una razón.

En efecto, la existencia de una gran cantidad de cheques protestados por firma disconforme y otros por falta de fondos, y los sobregiros no contratados, son razones que descartan la arbitrariedad por parte del Banco recurrido.

Octavo: Que, al no estar en presencia de un acto ilegal o arbitrario, requisito imprescindible para que la presente acción puede prosperar, no resulta conducente entrar al análisis de las garantías constitucionales que se denuncian como infringidas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña Paula María Oyarzo Valdés, en representación de don nombre reservado, en contra del Banco de Chile S.A., representado por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante don Jorge Norambuena Hernández.

Protección N° 984-2019