Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Proveyendo a los escritos folios 11, 12 y 13: téngase presente.

Vistos:

Comparece nombre reservado, funcionario público, e interpone recurso de protección contra el Servicio De Registro Civil e Identificación, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°688, del 17 de abril de 2025, la cual aplica al recurrente la medida disciplinaria de multa del 10% de sus remuneraciones.

Señala el recurrente que es dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil de Chile (ANFURCICH) desde diciembre de 2017 y que ejerce sus funciones como funcionario en la Dirección Regional de Tarapacá.

Menciona, que un sumario administrativo fue instruido mediante la Resolución Exenta N°1418 del 12 de octubre de 2023, con el objetivo de determinar las responsabilidades administrativas por la filtración de una lista de funcionarios que serían mejorados de grado.

Indica, que el 5 de septiembre de 2024, el recurrente fue notificado de un cargo por haber remitido a la asociación gremial la Providencia DGDP N°674 y el Memorándum SAF N°456 a través de un correo institucional.

Expresa, el recurrente que luego de presentar sus descargos, los cargos fueron reformulados el 7 de octubre de 2024, acusándolo de haber comunicado a la asociación información reservada mediante el envío de tres correos, el 28 de septiembre de 2023, desde su cuenta institucional.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2025 se dicta la Vista Fiscal en base a la cual se emite la Resolución Exenta UGDP. I REG. N°41 del 30 de enero de 2025 le aplicó la medida disciplinaria de suspensión por tres meses con goce del 50% de su remuneración, la cual, tras un Recurso de Reposición y Apelación en subsidio, fue rebajada a la multa impugnada mediante la Resolución Exenta Nº688, del 17 de abril de 2025, que es el acto atacado por esta acción de protección.

Expone, que su defensa en el sumario administrativo, tanto en sus primeros y segundos descargos como en los recursos de reposición y apelación, fue clara y se refirió a las irregularidades del proceso disciplinario, la ambigüedad en la reformulación de los cargos, la falsedad de los hechos y la vulneración de garantías constitucionales.

Menciona, que la resolución impugnada no aborda todas las defensas planteadas, ni agrega razonamientos propios.

En cuanto a los vicios del procedimiento disciplinario, refiere el recurrente la ambigüedad en el objeto del sumario. Refiere que la resolución que ordena el sumario administrativo menciona la filtración de una lista de funcionarios, sin embargo, el fiscal no adjunta ni incorpora dicha lista o los archivos que se buscan a la investigación.

Afirma, que el objeto de la investigación no se señala con precisión, limitándose a una frase genérica sobre la determinación de responsabilidades administrativas. Menciona que el correo electrónico de la Asociación, del 02 de octubre de 2023, adjunto en el expediente administrativo, no contiene archivos ni listados de funcionarios que revelen datos personales, y que la información contenida en él es de acceso público según la ley.

Asegura, que el objeto de la investigación recién se fijó con más claridad en un acta de notificación a la nueva fiscal, lo que considera irregular.

Sostiene, que el procedimiento tuvo una demora de 18 meses. Menciona que el primer fiscal designado, Carlos Aedo Pereira, acepta el cargo para un sumario diferente, lo que se repite cinco veces en el mismo decreto fiscal. Explica que no hubo un fiscal ni un actuario que aceptaran el cargo para este sumario, y que los que actuaron lo hicieron sin la debida investidura, constituyéndose en una comisión especial prohibida por el artículo 19 N°3 de la Constitución. Asegura que la nueva fiscal y su actuaria realizaron actuaciones, como solicitar cometidos funcionarios, antes de ser designadas por la resolución exenta que las nombró, lo que también considera una vulneración de las formas que determina la ley.

Menciona, que fue citado a declarar, pero solo en calidad de testigo, y no como inculpado, como reconoce la propia fiscal en su vista. Alega que esta omisión es un trámite esencial para la legalidad del proceso sumarial que afecta el derecho a la defensa. La citación a un inculpado debe realizarse dentro del periodo indagatorio, una etapa anterior a la formulación de cargos, por lo que la omisión de dicha diligencia hace ilegal la tramitación, en contravención al artículo 132 del Estatuto Administrativo.

Señala, que la investigación buscaba determinar la filtración de una lista de funcionarios, pero finalmente se le sanciona por haber filtrado "información catalogada como reservada por su naturaleza" a la Asociación de funcionarios. El recurso indica que la vista fiscal y la Resolución Exenta UGDP I REG. Nº41 lo sancionan por hechos del día 29 de septiembre de 2023, los cuales no fueron materia de cargos ni investigación, lo que lo deja en indefensión.

Sostiene, que la comunicación entre él y su asociación gremial es una actividad que se enmarca en el cumplimiento de sus funciones como dirigente, según lo estipula la ley. Expresa que los correos electrónicos cuestionados, incorporados al sumario, no contenían listados, ni información sensible o reservada. Afirma que os documentos que supuestamente contenían información reservada no fueron calificados como tal por las autoridades que los emitieron ni por la ley, y además, destaca que las declaraciones de otros funcionarios en el sumario confirman que nunca se les comunicó que la información era reservada.

Expresa, que los primeros cargos y los cargos reformulados que se le imputan se refieren a un hecho diametralmente distinto, que es de comunicación interna y propio de la actividad gremial. Este hecho, según el recurrente, no tiene relación con los dos objetos fijados por los fiscales. Indica que el primer objeto de la investigación era averiguar cómo se produjo la filtración de una lista de funcionarios, en particular los archivos identificados como la Providencia DGDP N°674 y el Memorándum SAF N°456, de los cuales él afirma que ni siquiera fue portador. El segundo objeto de la investigación era un correo electrónico enviado por Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil de Chile, pero la investigación termina enfocándose en el recurrente y en los correos de comunicación que mantiene como secretario nacional con el gremio, lo que, según él, es una intromisión en una actividad que le está vetada a la autoridad.

Expone que, tras evacuar sus descargos y solicitar diligencias de prueba, se accedió a la elaboración de un informe técnico de la Subdirección de Estudio y Desarrollo del Servicio, el cual determinaría el contenido de sus comunicaciones por correo electrónico del 28 de septiembre de 2023. Destaca que este nuevo informe es determinante, ya que es elaborado por el mismo organismo y funcionario que realizó un primer informe y esclarece que sus comunicaciones no tienen relación con los objetos de la investigación. Específicamente, en su conclusión refiere que "la información entregada en estos archivos no contiene ningún dato relacionado a funcionarios mejorados de grado u otro dato relacionado".

Indica que, ante esta evidencia, la fiscal deja sin efecto los cargos formulados mediante una resolución con fecha del 4 de octubre de 2024. No obstante, en una resolución de la misma fecha, decide reformular los cargos con una imputación distinta, que califica de "igual de vaga, ambigua y sin relación con ninguno de los dos objetos de la investigación".

Menciona, que el recurso que las pruebas que sustentan el nuevo cargo consisten nuevamente en el informe de la Subdirección de Estudio y Desarrollo del Servicio y las declaraciones del Subdirector(S) nombre reservado y del funcionario nombre reservado, quienes llegan a una "teoría errada de los hechos". Enfatiza que estas pruebas no se refieren al contenido de sus comunicaciones, sino a la búsqueda de los archivos "Providencia DGDP N°674 y el Memorándum SAF N°456", y la ruta que estos tuvieron, la cual en ningún momento se vincula con él.

Alega, que el nuevo cargo también considera su declaración como testigo, donde se le formularon preguntas de manera inductiva.

Afirma, que ninguna de sus defensas o denuncias de irregularidades fue acogida, señalando que se trata de un procedimiento "inquisitivo" donde la única pretensión válida es la del persecutor.

Asevera, que los fundamentos de la Vista Fiscal para descartar cada uno de sus argumentos no son razonamientos jurídicos. Como ejemplo, la fiscalía reconoce que solo se le tomó declaración como testigo y no como inculpado, lo que es un trámite esencial del procedimiento. También justifica la omisión de la aceptación del cargo, un acto administrativo importante, señalando que solo obedece a un "error de tipeo".

Añade, que lo que más llama la atención es que la fiscal recurre a la faz subjetiva de la otra funcionaria inculpada para proponer su absolución, atribuyéndole una "buena intención" y señalando que la funcionaria reconoció los hechos y el envío de información, pero sin la intención de producir daño al Servicio.

En cuanto a las garantías vulneradas, refiere a la de igualdad ante la ley, señalando que la investigación ha sido imperfectamente dirigida y se le ha acusado por actos propios de su función dirigencial, mientras que a otros funcionarios en situaciones similares no se les ha investigado. A modo de ejemplo, otra asociación del Servicio, reconoció haber recibido y revelado la misma información con anterioridad, sin ser investigada.

Manifiesta que, a otra funcionaria investigada, quien reconoció su participación, se le ha absuelto de sus cargos basándose en consideraciones "meramente morales y no jurídicas", lo que establece una diferencia arbitraria. La fiscal, en el considerando cuadragésimo cuarto, reconoce que la funcionaria, doña nombre reservado, reenvió el correo con los archivos adjuntos a su marido. En el considerando cuadragésimo octavo, se concluye que la funcionaria "no tuvo la intención de producir un daño al Servicio". Finalmente, en el cuadragésimo noveno, se justifica que "no lo hizo con la intención de perjudicar a las autoridades del Servicio".

Cita el artículo19 N°3 inc.5 de la Carta Fundamental y señala que el debido proceso se ha visto afectado por la tardanza de más de 18 meses en la resolución, lo que excede los plazos establecidos en las leyes y jurisprudencia, y trae consigo el efecto jurídico del "decaimiento del acto administrativo sancionatorio".

Agrega que os fiscales intervinientes se han constituido en "comisiones especiales" contrarias a la Constitución, atribuyéndose autoridad o derechos que no les fueron conferidos y generando actuaciones viciadas de nulidad que no pueden servir de base para ninguna resolución.

Señala, también, que se ve vulnerada el derecho a la libertad sindical o gremial. Expresa que el sumario administrativo tiene su origen en una válida actividad gremial que el Servicio intenta privar, amenazar o perturbar a través de las comunicaciones internas. La fiscal comete un error en su razonamiento al distinguir entre sindicatos del sector privado y asociaciones gremiales, desestimando la supletoriedad de las normas de protección del Código del Trabajo.

Plantea, en cuando al derecho de propiedad, que la medida lo perturba en el ejercicio de la propiedad sobre el cargo que sirve y a la vez lo priva y perturba en el uso, goce y disposición de su remuneración íntegra mensual, causándole un grave perjuicio.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se decrete:

1.- Que, la parte recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza sus derechos constitucionalmente garantizados referidos.

2.- Que, se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº688, del 17 de abril de 2025, de la Dirección Nacional del Servicio y la consecuente constancia en su hoja de vida funcionaria de la anotación de demérito en el factor de calificación correspondiente.

3.- Que, se restituya el valor de la multa, si esta se hubiese descontado de su remuneración, debidamente reajustada.

4.- Que se condena en constas a la recurrida.

Evacuando informe, el Servicio de Registro Civil e Identificación, solicita el rechazo del recurso con costas.

Señala, que el sumario administrativo fue ordenado por la Resolución Exenta N° 1418, se inició para investigar la filtración de una lista de funcionarios que podrían ser ascendidos. Luego de que el primer fiscal, Carlos Aedo Pereira, fuera reemplazado por licencia médica, se designó a nombre reservado como nueva fiscal administrativa mediante la Resolución Exenta N° 861. La fiscal concluyó que el recurrente tenía responsabilidad administrativa en los hechos investigados y propuso suspenderlo del empleo por tres meses, con el 50% de su remuneración. Posteriormente, el 07 de febrero de 2025, nombre reservado interpuso un recurso de reposición con apelación subsidiaria. La Directora Regional de Tarapacá rechazó la reposición y elevó los antecedentes para la apelación subsidiaria a través de la Resolución Exenta N° 63/2025.

Expresa el informe que las alegaciones del funcionario en su recurso de apelación incluyen ambigüedad en el objeto del sumario, vulneración del estado de derecho, falta de declaración indagatoria, que el hecho atribuido no constituye una infracción administrativa, falta de participación en los hechos y “diferencia arbitraria”. La recurrida responde que la ambigüedad del sumario ya fue abordada en la Vista Fiscal, indicando que la Resolución N° 861 clarificó el objeto de la investigación. En cuanto a la supuesta vulneración del estado de derecho, se aclara que la referencia a la Resolución Exenta N° 1419 fue un error de tipeo. El informe indica que nombre reservado no rindió una declaración indagatoria porque en ese momento solo se le tomó declaración como testigo, ya que aún no se le habían formulado cargos.

Aclara, que la sanción no se debe a que el hecho no sea una infracción administrativa, sino a la filtración de información reservada a una Asociación de Funcionarios y a otros empleados antes de su comunicación oficial. Esto constituye una transgresión de las obligaciones de probidad y secreto establecidas en el artículo 61 del Estatuto Administrativo. La participación de nombre reservado en los hechos se acredita con medios de prueba, como informes técnicos y declaraciones de testigos, así como su propia declaración. Respecto a la alegación de diferencia arbitraria, la recurrida destaca que se cumplió con la garantía de igualdad ante la ley, investigando de igual forma la participación de nombre reservado y de la otra funcionaria involucrada. La absolución de nombre reservado se basó en razones expuestas en la Resolución Exenta N° 72.

Indica, que la sugerencia del fiscal administrativo no es vinculante para la jefatura, que tiene la potestad de modificar la sanción, incluso aumentándola. El informe concluye que la propuesta de suspensión no era proporcional a la falta cometida, por lo que se aplicó la medida de multa del 10% de su remuneración mensual, según el Estatuto Administrativo.

Afirma el informe que la resolución no contiene arbitrariedad ni ilegalidad, y que, de hecho, acogió parcialmente la apelación del recurrente, reduciendo la sanción inicial. La resolución se fundamentó en los hechos y el derecho, y fue dictada por el órgano y funcionario competente.

Alega, que el Recurso de Protección, en la especie, no es la vía idónea para conocer el asunto, dado que existen otras vías idóneas. La recurrida indica que la vía adecuada para impugnar una medida disciplinaria es una reclamación ante la Contraloría General de la República o acciones contencioso-administrativas. nombre reservado ya ejerció recursos administrativos (reposición y apelación) y obtuvo una rebaja de la sanción. El informe expresa que el recurso de protección no es el procedimiento idóneo para resolver este asunto porque los actos administrativos tienen una presunción de legalidad. La presunción de legalidad exige que sea quien impugna quien pruebe la ilegalidad alegada, lo cual no es posible en un procedimiento de emergencia como el recurso de protección, que no cuenta con un término probatorio adecuado para la defensa.

Sostiene, que la resolución impugnada fue dictada por el Director Nacional del Servicio en el marco de sus atribuciones legales. El sumario administrativo respetó todas las etapas esenciales y el recurrente reconoció haber enviado los correos cuestionados. Afirma que, incluso si existieran vicios formales, estos no tienen la gravedad suficiente para invalidar el procedimiento, ya que el recurrente tuvo oportunidad de ejercer su defensa.

El servicio desestima los argumentos de supuestas prácticas antisindicales basándose en un dictamen de la Contraloría General de la República que excluye la aplicación de las normas del Código del Trabajo en el ámbito público. El informe expresa que la Dirección Nacional del Servicio rebajó la sanción a una multa del 10% de la remuneración, aplicando el principio de proporcionalidad, ya que la infracción no ameritaba la suspensión. La recurrida menciona que la jefatura tiene la facultad de modificar la sanción propuesta por el fiscal, actuando de manera motivada y dentro del marco normativo.

Asegura, el informe, que no hubo un acto ilegal o arbitrario, ya que la resolución tiene fundamentos jurídicos y fácticos. Respecto a la igualdad ante la ley, alega que el recurrente no especificó en qué consistió la supuesta discriminación ni presentó un caso comparable con el suyo. La otra funcionaria mencionada, nombre reservado, fue absuelta por circunstancias objetivas distintas, por lo que su situación no puede ser comparada. En cuanto al debido proceso, el procedimiento sumarial respetó las normas del Estatuto Administrativo y todas las garantías del funcionario. Respecto a la libertad sindical, la sanción no se relaciona con la actividad gremial, sino con el uso inadecuado de canales institucionales. El hecho de que un funcionario sea dirigente sindical no lo exime de cumplir con las normas estatutarias.

Finalmente, en lo que respecta al derecho de propiedad, que la multa no es una privación arbitraria del patrimonio, sino una consecuencia legal de una infracción administrativa acreditada.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°.- Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como actuación de la recurrida, el Servicio de Registro Civil e Identificación, por la dictación de la Resolución Exenta N° 688 de fecha 17 de abril de 2025 de la Dirección Nacional, notificada con fecha 28 de abril de 2025, que le aplicó la medida disciplinaria de multa del 10% de sus remuneraciones, lo que generaría una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Numerales 2, 3 inciso quinto, 19 y 24 de la Constitución Política de la República.

2°.- Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3°.- Que, en primer lugar, cabe señalar que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

4°.- Que, es igualmente dable señalar que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto 5°.- Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada únicamente por la recurrente, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia se cuestiona aquí una suerte de apelación de la decisión de una Jefatura en el ejercicio de sus funciones, facultad que no es posible de reclamar por la presente acción cautelar.

6°.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de otro orden.

7°.- Que, en efecto, la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente no ha sido demostrada fehacientemente, por lo que una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

8°.- Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe señalar que en la situación planteada, como antecedente previo, que por Resolución Exenta N° 1418, de fecha 12 de octubre de 2023, de la Dirección Nacional del Servicio, se ordenó un sumario administrativo, a fin de determinar las responsabilidades administrativas que pudiesen corresponder a quien resultare responsable por la filtración de una lista de eventuales funcionarios que serían mejorados de grado, en virtud de la aprobación que habría otorgado la Dirección de Presupuesto (DIPRES).

El Fiscal designado fue Carlos Aedo Pereira, profesional, grado 4° de la Escala Única de Sueldos (E.U.S.), Contralor Interno de ese Servicio quien debido a reposo por licencia médica no pudo seguir tramitando dicho procedimiento disciplinario, razón por la que, con fecha 24 de junio de 2024, a través de la Resolución Exenta N° 861, se designó como nueva Fiscal Administrativa a nombre reservado, profesional, grado 7° de la E.U.S., con desempeño en Contraloría Interno, para que continue con la substanciación de proceso e investigue cualquier otro hecho irregular que apareciere en el curso del sumario proponga las medidas disciplinarias administrativas, si correspondiere.

De esos antecedentes y testimonios recopilados durante la instrucción del procedimiento disciplinario, llegó a la convicción de haberse acreditado de manera fehaciente responsabilidad administrativa de nombre reservado, en los hechos investigados, proponiendo para dicho funcionario la aplicación de la medida disciplinaria de Suspensión del Empleo por Tres Meses, con goce de un 50% de la Remuneración Mensual, indicada en los artículos 121, letra c), y 124 del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Notificada, por la Directora Regional de la Región de Tarapacá el funcionario ya individualizado fue legalmente cursada, constando con fecha 31 de enero de 2025, que se le notificó personalmente de la medida disciplinaria que se dispuso, misma oportunidad en la que se le informó, además, sobre su derecho para interponer los recursos establecidos en el artículo 141 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, interponiendo recurso de reposición, con apelación subsidiaria, el que mediante Resolución Exenta N°63/2025, de fecha 12 de febrero de 2025, la Directora Regional de la Región de Tarapacá rechazó la reposición interpuesta y elevó los antecedentes al Jefe Superior de esta Institución, para que conociera del segundo medio de impugnación, invocando similares cuestionamientos a los aquí expresado en el recurso de protección interpuesto, tales como 1) Ambigüedad en el objeto del sumario; 2) Vulneración del estado de derecho; 3) Falta declaración indagatoria del inculpado; 4) El hecho que se le atribuye no constituye infracción administrativa; 5) Falta de participación en los hechos; y Diferencia arbitraria, los que recibieron debida respuesta, consignándose que en cuanto a la ambigüedad en el objeto del sumario, esto ya fue invocado por el inculpado en sus descargos, indicándose sobre el particular en la Vista Fiscal que la Resolución 1418 de 12 de octubre, señaló en los considerandos los antecedentes que dieron origen al sumario y en la Resolución N° 861, de 24 de junio de 2024, se precisó con mayor claridad el objeto de la investigación; en relación con la eventual vulneración del estado de derecho, la referencia a la Resolución Exenta N° 1419 que se contiene la aceptación del cargo que realizó el primer Fiscal sólo obedeció a un error de tipeo, por lo que no se vulneraron los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado. En lo que respecta a la falta de declaración indagatoria del inculpado, la propia Fiscal en su Vista, expresó que su declaración fue en calidad de testigo, pues aún no se le habían formulado cargos y que en los referente a que el hecho que se le atribuye no constituye infracción administrativa, conforme se expone en la Vista Fiscal, que lo que se está sancionado es una falta derivada de haber filtrado una información catalogada como reservada por su naturaleza, a una Asociación de Funcionarios y por ende, a los funcionarios del Servicio, antes de que se materializara y se comunicara por parte de la autoridad superior del Servicio, lo cual constituye una transgresión de las obligaciones funcionarias establecidas en las letras g) y h) del artículo 61 del Estatuto Administrativo.

A dichos efectos, el artículo 61 dispone, en lo pertinente, lo siguiente: Serán obligaciones de cada funcionario: g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado y, h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales.

9°.- Que, contrario a la supuesta falta de participación del inculpado en los hechos investigados, su intervención en los hechos que fueron de la investigación en comento se acreditó con los medios de prueba que se precisaron como fueron: Informe Técnico de la Subdirección de Estudios y Desarrollo, que rola a fojas 22 de autos; Declaración de don nombre reservado, a fojas 47 de autos; Declaración de don nombre reservado, a fojas 52 de autos; declaración del inculpado, a fojas 84 e Informe de fecha 27 de septiembre de 2024, de la Subdirección de Estudios y Desarrollo, elaborado por nombre reservado, ingeniero de sistemas.

Y en cuanto a la diferencia arbitraria, se destacó que en el procedimiento disciplinario en comento se dio estricto cumplimiento a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por cuanto la Fiscal investigó con el mismo celo la participación del funcionario y de la funcionaria que aparecen involucrados en los hechos materia del proceso administrativo ya mencionado.

Respecto de la absolución de nombre reservado, se le respondió que las razones que llevaron a esa autoridad para tomar dicha decisión, se encuentran contenidas en la Resolución Exenta N°72, de fecha 17 de enero de 2025, de la Dirección Nacional, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Administrativo.

10°.- Que, por ello es que, de acuerdo con los artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo, acreditada una infracción a los deberes y obligaciones en el proceso sumarial respectivo, se configuró la responsabilidad administrativa, la que dio lugar a la aplicación de una medida disciplinaria.

Asimismo, se le precisó al sumariado que el inciso segundo del artículo 121 el mencionado Estatuto Administrativo dispone expresamente que el "Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes".

Por otro lado, tuvo presente que la sugerencia que el fiscal administrativo formule no es vinculante para la jefatura que ejerce la potestad sancionadora, la que tiene la atribución para modificar tal indicación, incluso aumentándola, por ello es que estimó que la aplicación de la medida disciplinaria de Suspensión del Empleo por Tres Meses, con goce de un 50% de su Remuneración Mensual, no resulta proporcional a la falta cometida por el citado funcionario, estimándose que, en este caso, resulta aplicable la medida contemplada el artículo 121, letra b), en armonía con el artículo 123, letra a), ambas del D.F.L. 29 dd 2005, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, acogiendo parcialmente la apelación deducida, rebajando la medida disciplinaria de Suspensión del Empleo por tres Meses, con Goce de un Cincuenta por Ciento de la Remuneración y, en su lugar, se le aplicó la medida disciplinaria de multa del 10% de su remuneración mensual.

11°.- Que, como es posible advertir, se trata de una sumario legalmente tramitado, en cuyo derrotero se han respetado las garantías del sumario, explicándose debidamente las diferentes resoluciones adoptadas, incluso, acogiendo, parcialmente, su apelación, rebajando la sanción que, originalmente, se había impuesto en su contra, de lo que se infiere que la resolución cuestionada se ha dictado por el órgano correspondiente; por el funcionario de dicho órgano que, de acuerdo con el artículo 7, letra d), de la ley número 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, está facultado para ello; esto es, el director nacional; en el ejercicio de sus funciones; se ha fundamentado el acto administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la ley número 19.889, tanto en los hechos como en el derecho y, se ha hecho con observancia a los principios de eficiencia, eficacia, control y continuidad del servicio, sin perjuicio, además, de ser una resolución que, de hecho, favoreció al funcionario, frente a una infracción funcionaria.

12°.- Que, es dable hacer presente que, frente a la existencia de otras vías idóneas, el recurso de protección no es el camino procesal adecuado para conocer de determinados asuntos tampoco constituye una vía sustitutiva de las acciones ordinarias disponibles frente a actos administrativos sea por vía de reclamación ante la Contraloría General de la República o, incluso, las acciones contencioso-administrativas ordinarias, sin perjuicio, inclusive, de procedimientos administrativos internos, como un procedimiento de invalidación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la ley número 19.880, sin que corresponda a esta Corte sustituir a la Administración en el ejercicio de su potestad disciplinaria ni se crea por este camino instancias procesales inexistentes para intentar seguir obteniendo rebajas o dejar sin efecto su sanción, 13°.- Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente.

14°.- Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre las actoras de protección y esta entidad recurrida, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas al contenido y destino de investigaciones sumarias administrativas llevadas a cabo dentro de la normativa legal vigente, y entrar examinar el fondo de lo decidido y que, por lo demás, ya se encuentran afinados, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de la información rendida por la recurrente.

15°.- Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Ingreso Corte Protección Nº 9830-2025.