nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA LA EDUCACION Y SALUD

C.A. de Santiago Santiago, catorce de junio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Rogers A. Mariangel Oviedo, abogado, quien interpone acción de protección en favor de don nombre reservado, contra la I. Municipalidad De Isla De Maipo. y contra la Corporación Municipal De Isla De Maipo Para La Educación Y Salud, por los actos ilegales y arbitrarios consistentes en el Decreto Alcaldicio N°1839 de fecha 09 de diciembre de 2022, notificado el día 28 de diciembre de 2022, mediante el cual rechazó el Recurso de Apelación interpuesto en subsidio contra la Resolución N°1842- 2022 de la referida Corporación, que mantuvo firme la medida disciplinaria de destitución del recurrente, aplicada por la Resolución N°1674-2022 de la misma Corporación, vulnerando sus garantías constitucionales recogidas en los numerales 1, 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente se desempeñó en el cargo de “Medico” de la Corporación Municipal por más de 13 años, destacando siempre por su buen desempeño y profesionalismo en el cumplimiento de sus labores, con una intachable hoja de vida funcionaria, anotaciones de mérito y felicitaciones por buen trato, elegido el mejor compañero, reconocido y valorado por sus colegas, funcionarios, la comunidad local y las autoridades de la época, tanto de la Corporación como de la Municipalidad de Isla de Maipo. En lo estrictamente profesional, además de su formación base de Médico Cirujano, cuenta con un Postgrado y maestría en Medicina Estética, con Formación en Medicina Familiar y con un Magister en Obesidad y Conducta Alimentaria.

Sin embargo, mediante Resolución N°1350 de fecha 25 de mayo de 2022, la Corporación Municipal recurrida, ordenó la instrucción de un Sumario Administrativo para investigar y esclarecer la denuncia presentada en su contra por doña nombre reservado, enfermera y también trabajadora de dicha entidad. Tal proceso disciplinario, tramitado entre los meses mayo y agosto del año 2022, culminó con la Dictación de las Resoluciones N°1674 de fecha 26 de agosto del año 2022, notificada el día 30 de agosto del 2022, mediante la cual se aprobó la vista fiscal que aplicó la medida disciplinaria de destitución al tenor de lo dispuesto en los artículos 120 y 123 de la Ley N°18.883, y la Resolución N°1842 de fecha 13 de septiembre del mismo año, mediante la cual se rechazó la reposición interpuesta en su defensa, manteniendo firme la medida, derivándose a su respecto los efectos propios del despido.

Sin desconocer los hechos que motivaron la instrucción del proceso sumarial, estima que aquellos se relacionan con la vida privada del recurrente, y que siendo del todo reprochable su conducta desde el punto de vista ético, moral o social, aquella no puede tener la entidad y el reproche jurídico suficiente para ser calificados como una grave falta a la probidad administrativa o incumplimiento de sus obligaciones como trabajador, y menos aún ser justificante para poner término a su relación laboral.

Denuncia que los actos impugnados son ilegales y arbitrarios por carecer de fundamentación, proporcionalidad y hacer una aplicación abusiva del principio de probidad administrativa, incumpliendo con las exigencias de la Ley N° 19.880, y lo dispuesto en la Ley Nº19.378 en relación a la Ley Nº18.883.

Manifiesta que el actuar de las recurridas vulnera las garantías constitucionales de su representado, consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°4 y N°24 de la Constitución Política, toda vez que ha afectado gravemente su bienestar físico y psíquico, ha causado un grave daño a su honra personal y familiar, y ha sido desacreditado profesionalmente. Además, la autoridad no ha aplicado correctamente la normativa, discriminando al recurrente en forma arbitraria, al dictar el acto impugnado, sin ningún fundamento válido, generando de un trato desigualitario en relación a otros funcionarios no amparado por nuestro ordenamiento jurídico. Considera vulnerado también su derecho de propiedad, específicamente en relación al derecho a la continuidad de los servicios y las remuneraciones propias del cargo. Concluye solicitando se acoja el presente recurso y se deje sin efecto los actos recurridos, disponiendo la invalidación de la sanción aplicada por no encontrarse acreditados fehacientemente los hechos en que se funda y faltar a la debida proporcionalidad entre la falta imputada y la sanción impuesta; con reintegro a sus funciones y el íntegro pago de las remuneraciones devengadas entre el tiempo que medie entre su separación y reintegro efectivo, con costas.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, en representación de la I. Municipalidad de Isla de Maipo, quien evacuando el informe ordenado en autos, preliminarmente solicita el rechazo del recurso por extemporaneidad, por cuanto la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 1839, de fecha 9 de diciembre de 2022, fue notificado con la misma fecha vía correo electrónico a la defensa letrada del Sr. nombre reservado, mientras que el presente recurso fue incoado con fecha 26 de enero de 2023, a 47 días de ocurrido los hechos que denuncia como vulneratorio de sus derechos.

Asimismo solicita se declare la inadmisibilidad del recurso por ser materia de lato conocimiento, que excede con creces la finalidad y objetivo específico y determinado que tiene la acción cautelar constitucional, y que además el recurrente ha ocurrido ante los Tribunales Laborales de instancia interponiendo las acciones que estimó pertinentes al caso.

En cuanto al fondo del recurso, informa que no existe un acto arbitrario o ilegal por parte de la Municipalidad, toda vez que la medida de destitución fue resuelta luego de una instrucción y sustanciación de un sumario administrativo desarrollado conforme a la normativa administrativa y sectorial vigente, debidamente fundamentado, y que se han agotado todas las instancias recursivas del mismo.

En cuanto a la vulneración de derechos denunciada, afirma que no existe aquella, toda vez que el procedimiento respetó los principios de bilateralidad de la audiencia y contradicción; que no resulta efectivo que personas que se encuentren en idénticas condiciones hayan recibido un trato diferente por parte de la recurrida; que tampoco ha existido una violación a la integridad psíquica del recurrente, que únicamente se aplicó en forma objetiva un procedimiento reglado y que durante el desarrollo del mismo, el recurrente no presentó licencia médica alguna u otro antecedente que dé cuenta del padecimiento psicológico que esgrime. En cuanto a la afectación de su honra, señala que la separación de funciones fue resuelta por la fiscal instructora del sumario, autoridad competente y en función del mérito del proceso. Y en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, lo contradice indicando que durante todo el proceso el recurrente recibió el pago íntegro de su remuneración; y por lo demás, tampoco existe un derecho de propiedad a pertenecer a la dotación de la corporación.

Concluye solicitando tener por evacuado el informe, y con su mérito rechazar el recurso, con costas.

En este mismo sentido, evacuó también informe doña nombre reservado, Secretaria General de la Corporación Municipal para la Educación y Salud de Isla de Maipo, quien en base a los argumentos y fundamentos reseñados, solicita igualmente el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que previo a entrar a conocer del fondo del asunto y habiéndose alegado por las recurridas la extemporaneidad en la interposición del presente recurso, es deber de este Tribunal revisar la regularidad formal del procedimiento en lo que atañe a dicho trámite;

CUARTO: Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección establece que esta acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Luego, ha de reflexionarse que el recurso en rigor se dirige en contra del Decreto Alcaldicio N° 1.839, de fecha 9 de diciembre de 2022, que desestimó el recurso jerárquico formulado en contra de la decisión que ordenó la destitución del actor, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, dicho pronunciamiento le fue notificado al recurrente por carta certificada el día 18 del mismo mes y año, sin que las recurridas hayan demostrado que el actor solicitó para sí la notificación de los actos del sumario mediante correo electrónico. Así, en tanto el recurso se interpuso el 26 de enero de este año, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

Este Tribunal no desconoce que el referido decreto contra el que se recurre sólo vino a desestimar la decisión de mantener la medida de destitución, mas, sin embargo, resulta razonable que el plazo para recurrir se contabilice a partir de la resolución administrativa final, desde que ella marca, como se dijo, el término definitivo de esa vía, que deja como único camino para procurar revertir la decisión que se estima arbitraria e ilegal la del recurso de protección de garantías constitucionales.

No puede exponerse al recurrente a que en el evento de deducir el recurso contra la decisión que le afecta, se le responda que debe agotar primero la vía administrativa y que luego cuando lo haga, agotada esa vía, se le diga que debió reclamar contra el acto original. Otorga mayor certeza la postura de esperar el agotamiento de la sede administrativa, mediante el ejercicio de todos los recursos que prevea el ordenamiento para el asunto de que se trate, antes de exigir que se recurra a la tutela constitucional ante los tribunales ordinarios de justicia;

QUINTO: Que en lo que atañe, ahora, a la supuesta ilegalidad que por esta vía se reclama, lo cierto es que del tenor de la misma presentación en que se formaliza el recurso es posible advertir que el supuesto fáctico que sustenta esta impugnación, esto es, haber sido el actor ilegítimamente desvinculado de la relación laboral que mantuvo con la Corporación Municipal de Isla de Maipo durante trece años, es enfáticamente negado por las recurridas quienes justifican su destitución en lo concluido en el sumario administrativo seguido en su contra, en que resultaron acreditados los dos cargos que le fueron formulados, hechos que son constitutivos de graves faltas a la probidad administrativa;

SEXTO: Que ahora bien, ante tanta discrepancia en torno a las circunstancias fácticas que evidencian los actos recurridos, las que no es posible entrar a dilucidar por esta vía, no es dable soslayar que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta ilegitimidad del reproche que se le efectuó en torno a actuaciones que formarían parte de su vida privada, calificación ésta última que las entidades recurridas niegan categóricamente, puesto que el cargo relativo a haber suministrado marihuana a una compañera de trabajo sin su consentimiento y sin su conocimiento un día determinado a las 18:00 horas, bien pudo redundar en que ella eventualmente no pudiere comparecer al día siguiente a las 08.30 horas a ejercer sus funciones en óptimas condiciones de salud y, por otro lado, el segundo cargo, esto es, realizar procedimientos clínicos privados en horas de trabajo y utilizando las dependencias y enseres fiscales, no puede entenderse que constituya un asunto propio de la vida privada de nadie.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el actor solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse a través del presente arbitrio, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

SÉPTIMO: Que en este mismo entendimiento, corrobora también la conclusión en orden a denegar el presente arbitrio la sola consideración de que el recurrente permaneció vinculado laboralmente a la Corporación Municipal de Isla de Maipo por un lato periodo y que luego de la Ley 21.280, publicada en el Diario Oficial el 9 de noviembre de 2020, se hizo extensible la tutela laboral del artículo 485 del Código del Trabajo “a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo. También serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos”

OCTAVO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don Rogers A. Mariangel Oviedo, en representación de don nombre reservado, sin costas.

Redacción Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-983-2023.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, señora Elsa Barrientos Guerrero y abogado integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, catorce de junio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.