nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña María Alejandra Quinteros Moros, abogada, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que considera como ilegal y arbitraria consistente en no haberse pronunciado respecto de la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, formulada con fecha 16 de agosto de 2021 y signada bajo el código N°28911777, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Señala que con fecha 16 de agosto de 2021, envío la solicitud de permanencia definitiva, la cual se recibió de forma exitosa. Posteriormente, con fecha 15 de noviembre de 2022, recibió una notificación del Servicio Nacional de Migraciones indicando que debía subsanar la documentación aportada, pagado posteriormente los derechos de la residencia definitiva. Sin embargo, han transcurrido más de 32 meses desde el envío de su solicitud sin que exista pronunciamiento a su respecto, circunstancia que le ha irrogado perjuicios directos y graves, toda vez que, no ha podido desarrollar actividades remuneratorias para su manutención.

En cuanto al derecho, refiere que la omisión de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, viendo perturbado este derecho fundamental por hechos que son externos a su responsabilidad y que son de completa responsabilidad del retardo injustificado del Servicio Nacional de Migraciones. Por otra parte, denuncia la vulneración al derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, toda vez que la recurrida ha incumplido los plazos para dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva, como asimismo, a la presentación administrativa formulada por el recurrente.

Agrega que, de conformidad a la normativa migratoria vigente, los extranjeros que tengan la calidad de residentes temporarios durante el plazo de un año podrán solicitar permanencia definitiva, señalando que es un hecho notorio que el recurrente cumple con todas las circunstancias para acceder a dicho permiso, esto es, que cuenta con más de un año como titular de visa temporaria. Además, advierte que la omisión ilegal y arbitraria de la recurrida ha ocasionado que el recurrente no pueda acceder al beneficio del Crédito con Aval del Estado que le fue adjudicado, por cuanto dicha institución le exige contar con permanencia definitiva otorgada, circunstancia que escapa a la responsabilidad del recurrente, quien está sujeto al tiempo que quiera demorar la recurrida en resolver su solicitud, sin existir garantía alguna por los perjuicios que ha debido sufrir.

Por último, el recurrente acompaña los siguientes documentos: 1.Hoja identificación pasaporte del recurrente. 2. Comprobante solicitud de Permanencia Definitiva en trámite de fecha 16 de agosto de 2021.3.Ampliación de certificado de Residencia Definitiva en trámite de fecha 08 de febrero de 2024. 4. Resolución “Solicita antecedentes y pago de derechos” de fecha 15 de noviembre de 2022. 5. Comprobante pago derechos permanencia definitiva de fecha 18 de febrero de 2023.

En definitiva, el recurrente solicita a esta Corte que se acoja el recurso de protección deducido y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dictar el acto terminal que en derecho corresponde sobre su solicitud de residencia definitiva.

SEGUNDO: Que, comparece doña nombre reservado, abogado, quien actuando por el Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido en estos autos; solicitando la declaración de inadmisibilidad del recurso por no reunir los requisitos exigidos por la Constitución y el Auto Acordado; en subsidio, opone excepción de falta de legitimación pasiva; y en subsidio de lo anterior, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías constitucionales del recurrente.

Funda la solicitud de inadmisibilidad en que no existe vulneración, ni aún en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas que sea consecuencia de alguna conducta desplegada por el Servicio, citando jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema aplicable al caso concreto. Precisa que la eficacia del recurso se asocia a su carácter cautelar, perdiendo tal eficacia cuando el acto u omisión no conlleva vulneración de derechos.

Añade que no hay ejercicio de un derecho indubitado, pues los extranjeros con solicitud en trámite pueden desarrollarse plenamente en el país.

En subsidio, opone excepción de falta de legitimación pasiva, pues el recurso se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión ilegal o arbitraria emanaría de terceros indeterminados. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que respaldaría su aseveración.

En subsidio de lo anterior, evacuando el informe, expone que don nombre reservado ingresó al país el 1 de mayo de 2011 como turista; que el 27 de mayo de 2013 se le otorgó visa temporaria como dependiente que se mantuvo vigente hasta el 17 de julio de 2014. Posteriormente, el 8 de octubre de 2014, solicitó residencia temporal, la cual se mantuvo vigente hasta el 9 de junio de 2015.

Hace presente que el protegido fue condenado a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor por tráfico de drogas, sentencia dictada por el 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago el 12 de febrero de 2019, ordenándose por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública su expulsión mediante decreto N°321, el cual le fue notificado personalmente.

Que en cuanto a la solicitud, materia de autos, se encuentra actualmente en trámite en etapa de revisión jurídica.

Respecto al beneficio de residencia definitiva, cita los artículos 78 y 37 de la Ley N°21.325, que regulan su concesión. En cuanto a la tramitación de la solicitud, indica que el recurrente puede acceder a un certificado que acredita que su solicitud está en trámite, conforme los artículos 1 N°25 de la Ley N°21.325 y 45 del Decreto N°296. Agrega que la ley establece normas protectoras, como los artículos 38, 45 y 43 inciso final, que aseguran el legítimo ejercicio de los derechos de los solicitantes de residencia definitiva, manteniendo su situación migratoria regular en el país aun cuando su permiso anterior haya vencido, bastando su cédula vigente para acreditar su condición de residente regular. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que, en su parecer, ha reconocido estas normas protectoras.

Luego, se refiere al efectivo cumplimiento del artículo 43 de la aludida ley, por parte de terceros, indicando que el Servicio ha oficiado a diversas instituciones públicas y privadas para que reconozcan la vigencia de las cédulas de identidad de extranjeros con solicitud de residencia en trámite, adjuntando los respectivos oficios.

Respecto a la ley de presupuesto, añade que contempla recursos destinados a regularizar el rezago de solicitudes migratorias pendientes, lo que demuestra la preocupación de la Administración por descongestionar la masividad de solicitudes existentes.

En cuanto a la duración del procedimiento administrativo, indica que el plazo de 6 meses del artículo 27 de la Ley 19.880 puede ser mayor en caso fortuito o fuerza mayor, como el aumento exponencial de solicitudes producto de los flujos migratorios, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia. Precisa que dicho plazo no es fatal para la Administración, como lo ha confirmado la Excma. Corte Suprema.

Explica que la acción materia de autos no cumple los requisitos constitucionales, pues no existe conducta ilegal o arbitraria del Servicio, ya que el plazo para terminar el acto administrativo no es fatal. Además, señala que la tardanza en resolver una solicitud no perturba garantías fundamentales, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ha desestimado recursos en ese sentido. Reitera que, en caso de estimarse una vulneración por el desconocimiento del artículo 43 por parte de un tercero, el Servicio no es el legitimado pasivo del recurso.

Finalmente, cita abundante jurisprudencia uniforme reciente de la Excma. Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que han rechazado recursos de protección por hechos similares.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Oficio Ordinario N° 67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, de Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N° 843, de la Dirección del Trabajo, de fecha 14 de junio de 2023. 5. Oficio Ordinario N°34531, de la Superintendencia de Salud, de fecha 27 de julio de 2023. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 8. Comunicación electrónica folio N° 31006290, de fecha 15 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 9. Decreto Exento N° 321, de fecha 12 de febrero de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública En definitiva, pide que se declare la inadmisibilidad del recurso; en subsidio que se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva, y en subsidio de lo anterior, que se rechace el recurso en todas sus partes, sin costas al servicio.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en la especie, la parte recurrente funda su acción de protección por la falta de pronunciamiento a su petición de permanencia definitiva en Chile, pese a haber transcurrido el plazo de seis meses que consagra el artículo 27 de la Ley N°19.880.

QUINTO: Que, para resolver, cabe considerar que: a) El recurrente es de nacionalidad colombiana y, con fecha 16 de agosto de 2021 solicitó ante el Servicio de Migraciones, el beneficio de la residencia temporal, mediante la solicitud N°31006290 y, b) Dicha solicitud avanzó a la etapa de Revisión Jurídica encontrándose en trámite desde el día 19 de marzo de 2024, sin que se haya resuelto a la fecha.

SEXTO: Que, en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de permanencia definitiva se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ella no es excesiva, habiendo transcurrido 2 años y 11 meses desde su inicio y sólo 4 meses desde que están en etapa de Revisión Jurídica.

SÉPTIMO: Que, además, cabe tener presente que, la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año 2023 en los autos Rol N°115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

OCTAVO: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la conclusión del trámite de la solicitud de residencia temporaria, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se vislumbra arbitrariedad, pues la demora es razonable y tampoco ilegalidad, como quiera que los plazos que se confieren a la administración no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9798-2024.