Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 10 de abril de 2025, don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la decisión comunicada el 10 de abril de 2025 mediante mensaje electrónico folio NUM000, por la cual no se acoge a trámite su solicitud de residencia temporal ingresada el 22 de octubre de 2024 bajo la ID NUM001, subcategoría “motivos económicos”, por estimar la autoridad que “no consta ingreso por paso habilitado”, agregando la instrucción de concurrir a control de la PDI.

El actor declara haber ingresado irregularmente al territorio nacional por Colchane el 21 de noviembre de 2020, y haberse autodenunciado ante la Policía de Investigaciones en Santiago el 1 de diciembre de 2020.

Indica haber iniciado la tramitación de refugio el 14 de abril de 2021, obteniendo permisos temporales como solicitante de refugio que fueron prorrogados sucesivamente, a saber: a) Estampado Electrónico NUM002 el 29 de diciembre de 2021); b) Estampado Electrónico NUM003 el 27 de agosto de 2022); c) Estampado Electrónico NUM004 el 03 de mayo de 2023), y d) Estampado Electrónico NUM005 el 13 de febrero de 2024, este último vigente hasta el 27 de agosto de 2024.

Señala que la Resolución Exenta NUM006 de 03 de julio de 2024, del Ministerio del Interior, rechazó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Refiere que luego, con fecha 22 de octubre de 2024, ingresó la solicitud de residencia temporal bajo la ID NUM001 por motivos económicos.

En cuanto al acto recurrido, sostiene que el 10 de abril de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones le comunica que no acoge a trámite dicha solicitud por no constar ingreso por paso habilitado, con instrucción de concurrir a la Policía de Investigaciones de Chile.

Hace presente haber concurrido al Servicio Nacional de Migraciones los días 14, 17 y 21 de abril de 2025, donde —según afirma— se le habría señalado que abogados no atendían público y que debía gestionar mediante correo; sostiene que dicha falta de orientación vulnera el artículo 5 de la Ley N° 21.325.

Manifiesta vínculos laborales estables (contrato indefinido desde 17 de enero de 2022 con la empresa ISS) y expone riesgo grave para su vida e integridad en caso de retorno a Venezuela, por su deserción de formación militar y el contexto de DD.HH., invocando el principio de no devolución.

Denuncia vulneración de los artículos 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 20 y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección.

Invoca los principios pro persona y de no devolución (artículo 22.8 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 3 CAT; artículos 4 y 6 de la Ley N° 20.430), así como los artículos 5, 10 y 12 de la Ley N° 21.325 y el artículo 17 letra g) de la Ley N° 19.880.

Solicita que se deje sin efecto la inadmisibilidad y se ordene continuar la tramitación de su residencia temporal; en subsidio, pide se ordene al Servicio Nacional de Migraciones ponderar y otorgar, si procediere, la Protección Complementaria del artículo 10 de la Ley N° 21.325.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacúa informe solicitando el rechazo del recurso, puntualizando, en lo que interesa: (i) que el ingreso por paso habilitado y con documentación hábil constituye un requisito esencial conforme al artículo 24 Ley N° 21.325; (ii) que el Reglamento de Extranjería, Decreto Supremo N° 296/2022, prevé la inadmisibilidad de solicitudes presentadas encontrándose el interesado en condición migratoria irregular (art. 50, inc. final); (iii) que, aun de tramitarse, concurriría causal imperativa de rechazo dentro de los cinco años por ingreso clandestino, de conformidad al artículo 88 N° 2 en relación con artículo 32 N° 3 de la Ley N° 21.325; (iv) que el actor no ha solicitado Protección Complementaria, institución distinta y de naturaleza propia, cuyo otorgamiento es reglado y no automático; y (v) que no existe acto de expulsión ni medida de abandono vigente.

Ingreso e historial administrativo, el Servicio da por acreditado que el actor ingresó irregularmente en noviembre de 2020, eludiendo el control fronterizo.

Precisa que la solicitud de refugio se registró el 26 de abril de 2021, y que durante su tramitación se otorgaron permisos temporales conforme a la Ley N° 20.430.

En cuanto a la decisión sobre refugio, confirma el rechazo de la solicitud de refugio mediante Resolución Exenta NUM006 de 03 de julio de 2024.

En lo tocante a la solicitud de residencia temporal, indica que el actor solicitó residencia temporal el 22 de octubre de 2024 por motivos económicos.

Señala que, mediante comunicación de 10 de abril de 2025, se resolvió no acoger a trámite la solicitud por no constar ingreso por paso habilitado, instruyéndose concurrir a la Policía de Investigaciones de Chile.

Indica que no consta solicitud del actor de Protección Complementaria; asimismo, afirma que no existe acto administrativo de expulsión, abandono o prohibición de ingreso vigente.

En cuanto a su competencia y al cumplimiento de los requisitos legales, invoca los artículos 157 N° 5 de la Ley N° 21.325 y 42 del DS N° 296/2022 (Reglamento), que atribuyen competencia al Servicio Nacional de Migraciones para resolver permisos de residencia.

Cita el artículo 24 de la Ley N° 21.325, que exige el ingreso por pasos habilitados con documentación de viaje.

Funda la inadmisibilidad en el artículo 50, inciso final, del DS N° 296/2022, que autoriza no admitir a trámite solicitudes de residencia presentadas por extranjeros en condición migratoria irregular al momento de requerirla.

Añade que, de conocerse el fondo, procedería el rechazo por la causal del artículo 88 N° 2 en relación con el artículo 32 N° 3 de la Ley N° 21.325, por existir ingreso por paso no habilitado dentro de los cinco años anteriores.

En lo referente a la protección complementaria, precisa que es institución distinta a la residencia temporal, sujeta a requisitos propios y a evaluación fundada, y que el actor no la ha solicitado.

Solicita el rechazo del recurso por inexistencia de acto ilegal o arbitrario que afecte garantías.

Tercero: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes, frente a actos u omisiones ilegales –contrarios a derecho– o arbitrarios –producto del mero capricho– que los priven, perturben o amenacen.

Cuarto: Que, asentados los antecedentes, el acto impugnado consiste en la inadmisibilidad de la solicitud de residencia temporal del recurrente por no constar ingreso por paso habilitado.

Quinto: Que la solicitud de residencia temporal presentada ante la autoridad origina un procedimiento administrativo, que se regula por las normas especiales contempladas en el cuerpo normativo que lo consagra, y subsidiariamente por la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, esto es, la Ley N° 19.880.

Importa destacar que dicho procedimiento, por regla general, debe culminar con la dictación del acto administrativo de carácter terminal que se pronuncie respecto de la solicitud que ha sido puesta en su conocimiento, acto que debe ser motivado. Lo anterior fluye de los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad consagrados en el cuerpo normativo antes citado.

Sexto: Que, en este contexto, es importante tener presente que consta en estos antecedentes el 22 de octubre de 2024, el extranjero solicitó el beneficio migratorio de residencia temporal por motivos económicos, el que no fue admitido a tramitación a través del acto impugnado, por cuanto el amparado realizó ante la autoridad de control de fronteras el 1 de diciembre del año 2021 una autodenuncia de ingreso irregular.

Asimismo, reconoce la recurrida que el amparado solicitó una solicitud de refugio, que fue tramitada y que motivo el otorgamiento de una residencia temporal que fue prorrogada en 4 oportunidades, sin perjuicio que esta, finalmente, fue rechazada mediante Resolución Exenta NUM006 de 03 de julio de 2024.

Séptimo: Que, es importante destacar que, en las condiciones descritas, el motivo esgrimido por la autoridad para no dar tramitación a la solicitud, es una cuestión que no aparece prístina, toda vez que si bien inicialmente el ingreso del amparado fue por paso no habilitado, lo cierto es que lo realizó acudiendo a la calidad de refugiado, lo que motivó que la autoridad migratoria le otorgara los beneficios del estatuto migratorio, otorgando la residencia temporal que lo dejó en un estatus migratorio regular, cuestión que no puede ser desconocida por la autoridad y que requiere, de un examen de fondo, en el acto administrativo de rigor que afine el procedimiento administrativo.

En efecto, en las condiciones descritas, existiendo antecedentes que dan cuenta de permanencia regular por periodos consecutivos que precedieron a la solicitud de residencia temporal, la autoridad recurrida se encontraba en la obligación de proseguir el procedimiento hasta afinarlo, dictando el acto terminal que correspondiera, en el que la autoridad administrativa debía analizar la observancia de todos los requisitos para tener por cumplidas las exigencias que establece la legislación, entregando las razones por las que, a su juicio, determinados requisitos serían insatisfechos, dictando, un acto administrativo motivado que entregara al requirente la posibilidad de deducir los recursos previstos en la Ley N° 21.325, sin que la autoridad se encuentre facultada para mantener sin afinar el procedimiento, puesto que la inadmisibilidad de los antecedentes no es un acto terminal fundado.

Octavo: Que, en consecuencia, la autoridad administrativa, al no acoger a trámite la solicitud de residencia temporal, privó al actor de la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo respecto del requerimiento, no obstante contar con todos los elementos para ello, incurriendo en un acto ilegal, que vulnera de la garantía constitucional prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, desde que con el actuar de la autoridad recurrida, se ha discriminado al recurrente en la tramitación de su solicitud, obrar que no ha podido acontecer en casos similares, de ser aplicada correctamente la normativa sobre la materia, Noveno: Que, en atención a lo ya expuesto, menester será acoger el presente arbitrio, ordenando a la autoridad administrativa resuelva como en derecho corresponde la solicitud presentada, dictando un acto administrativo fundado que se pronuncie sobre la petición que le fuere formulada, y en consecuencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que: se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se deja sin efecto la comunicación electrónica folio NUM000, de 10 de abril de 2025, y se ordena a la autoridad administrativa proseguir la tramitación de la solicitud de residencia temporal del actor, dictando el acto administrativo terminal debidamente fundado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9797-2025.