nombre reservado con MINISTERIO PUBLICO FL NUEVA IMPERIAL

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

A los folios 20 y 21: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 15 de abril de 2024, comparece nombre reservado, abogada, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio Público, representado por Ángel Mauricio Valencia nombre reservado, Fiscal Nacional, por haberla privado arbitrariamente de su derecho al bono de gestión institucional regulado en la Ley N° 20.240, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N° 2 y 24, por lo que solicita se ordene al Ministerio Público dejar sin efecto la resolución recurrida y se disponga el pago del bono de gestión institucional.

La recurrente expone que ingresó al Ministerio Público en el año 2009 como abogada asistente de la Fiscalía y desde julio de 2017 se desempeña como Fiscal Adjunto en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Señala que el 15 de septiembre de 2022 nació su hija nombre reservado, quien fue diagnosticada a los dos meses de edad con alergia alimentaria múltiple a la proteína de la leche de vaca, huevo, soja, pescados y mariscos.

Indica que debido a la condición de salud de su hija, hizo uso de licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año desde el 2 de marzo al 14 de septiembre de 2023, por un total de 197 días. Asimismo, refiere que su hija presentó síntomas severos como vómitos explosivos, problemas respiratorios, dermatitis, cólicos inconsolables, problemas para dormir, heces líquidas y con mucosidad, y muy bajo peso, encontrándose la mayor parte de su primer año de vida en el rango de riesgo de desnutrición.

Argumenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N° 19.640, el Fiscal Nacional debe aplicar el sistema de remuneraciones de acuerdo a criterios objetivos, permanentes y no discriminatorios. Este sistema contempla, según el inciso tercero de dicho precepto, bonos de gestión institucional por el cumplimiento de las metas que se establezcan.

Asimismo, expone que la Ley N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público, establece en su artículo 3° los requisitos legales para percibir el bono de gestión institucional. Entre estos requisitos, se considera como tiempo efectivamente trabajado los períodos originados por licencias médicas relacionadas con la protección de la maternidad, incluyendo el descanso postnatal parental.

La recurrente sostiene que, en razón del mandato establecido en el artículo 77 de la Ley N° 19.640, el Ministerio Público ha extendido el pago del mencionado bono, considerando también como tiempo trabajado a aquellas personas que se han visto en la situación contemplada en el artículo 199 del Código del Trabajo, esto es, el uso de licencia médica por causa de enfermedad grave del niño menor de un año, no obstante que, del total de días utilizados, superan el plazo de 6 meses señalados en la letra a) del artículo 3 de la Ley N° 20.240.

Afirma que 188 funcionarias se han visto en la necesidad de usar la licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año, que, sumado a las vacaciones y demás permisos, han superado el plazo de 6 meses de tiempo efectivamente trabajado, y que aparecen percibiendo el mencionado bono de gestión institucional. Menciona específicamente los casos de nombre reservado y nombre reservado Local de Chacabuco, y nombre reservado Local Centro Norte, quienes, no obstante tener licencias por más de 180 días, recibieron el pago del bono.

La recurrente señala que, al solicitar información a la jefatura de unidad de personas, mediante correo electrónico de 19 de marzo de 2024, se le informó que no cumplía con los requisitos del mencionado artículo 3 de la Ley N° 20.240, no obstante que, en casos iguales al suyo, a otras funcionarias sí se les otorgó el mencionado bono.

Argumenta que la actuación del Ministerio Público constituye una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, aseguradas en los numerales 2º y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sostiene que el acto recurrido es ilegal y arbitrario porque, a pesar de que cumple con todos los requisitos para la obtención del bono de desempeño institucional, particularmente cuando se considera tiempo trabajo en uso de licencias médicas en razón de la protección de la maternidad, este se le ha negado arbitrariamente.

Alega que la actuación del Ministerio Público vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en tanto importa una discriminación en su contra en relación con el trato dispensado a otros funcionarios que, en situación jurídica equivalente, han obtenido el bono de gestión institucional.

En cuanto al derecho de propiedad, argumenta que el bono de gestión institucional, al cumplir con los requisitos y considerando la práctica del Ministerio Público de otorgarlo a quienes se encontraban en su misma situación, ingresó en su patrimonio. Sostiene que se le priva de $ 5.207.893 que corresponden al mencionado bono.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Ministerio Público dejar sin efecto la resolución recurrida y se disponga el pago del bono de gestión institucional correspondiente al año 2023, o lo que la Corte estime pertinente para cautelar los derechos fundamentales afectados.

Segundo: Que, informando, don nombre reservado, en su calidad de Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público, solicita el rechazo del recurso de protección.

En primer término, expone que el acto impugnado no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad alguna, toda vez que se ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público. Sostiene que el artículo 3° de dicha ley establece de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplirse para tener derecho a percibir el bono de gestión institucional.

En este sentido, argumenta que la letra a) del citado artículo 3° dispone expresamente que para tener derecho al bono, el personal debe haber prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses, en forma continua o discontinua, en el año calendario en que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional. Agrega que la misma norma establece que para estos efectos, no se considerará tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a los permisos sin goce de remuneraciones ni a licencias médicas, con la sola excepción de los períodos originados por licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la Ley N° 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo.

La recurrida sostiene que, en el caso concreto de la Sra. nombre reservado, no se cumple con el requisito de haber prestado servicios por un plazo no inferior a seis meses durante el año 2023, toda vez que la recurrente hizo uso de licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año desde el 2 de marzo al 14 de septiembre de 2023, por un total de 197 días, más 3 días por enfermedad común, con un total de 200 días, lo que excede el límite establecido por la ley para tener derecho al bono.

Asimismo, argumenta que la interpretación y aplicación que ha realizado el Ministerio Público de la norma en cuestión es conforme a derecho y no vulnera el principio de igualdad ante la ley. En este sentido, explica que si bien es cierto que se ha otorgado el bono a otros funcionarios que han hecho uso de licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año, ello ha ocurrido únicamente en aquellos casos en que el total de días de licencia, sumados a otros permisos o ausencias, no ha superado el límite de seis meses establecido en la ley.

En este sentido, afirma que no es efectivo que el bono de gestión institucional fuese otorgado a 188 funcionarias que han estado en la misma situación fáctica que la recurrente, esto es, haciendo uso de licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año. Sobre este punto, la recurrida expone que en 2023 presentaron licencias médicas por enfermedad grave por hijo menor de un año 35 personas, entre fiscales y funcionarios. De ese total, recibieron pago de bono 26 personas que cumplieron con 180 días o más efectivamente trabajados y 9 personas no recibieron pago de bono dado que su tiempo efectivo trabajado fue inferior a 180 días. Asimismo, la recurrida indica que la afirmación de la actora puede deberse a una errada interpretación del cuadro que ella acompaña a su recurso, pues la columna denominada "N° de personas", en verdad corresponde al número de licencias.

Sostiene que no es efectivo que el bono de gestión institucional fuese otorgado a nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes habrían presentado licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de un año por más de 180 días. En este sentido, la recurrida expone que: a) nombre reservado en 2019, tuvo licencia maternal y postnatal, permisos previstos en los artículos 195, 196, 197 bis del Código del Trabajo, correspondiéndole bono porque el tiempo efectivo trabajado fue superior o igual a 180 días. En 2023 presenta 0 día de ausentismo por licencia médica, en total 365 días efectivos trabajados en 2023, por tanto, tuvo derecho a percibir el bono correspondiente;

b) nombre reservado en 2023 presentó 56 días de ausentismo por licencia médica de tipo común, resultando un total 309 días efectivos trabajados en el referido período, por lo que tuvo derecho a percibir el bono. En 2020 tuvo licencia por hijo menor de un año por 185 días, por lo que su tiempo efectivo trabajado en ese año 2020 fue de 181 días efectivos trabajados (año bisiesto), correspondiéndole bono porque el tiempo efectivo trabajado fue superior o igual a 180 días;

c) nombre reservado en 2023 presenta 0 día de ausentismo por licencia médica, en total 365 días efectivos trabajados en 2023, por tanto, tuvo derecho a percibir el bono. En 2019 tuvo licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año por 100 días y en el año 2020 por 95 días. Dichos días se descontaron del tiempo trabajado, resultando con un total de 265 días efectivamente trabajados en 2019 y de y 271 días efectivamente trabajados 2020, correspondiéndole bono todos los años porque el tiempo efectivo trabajado en cada año fue superior o igual a 180 días.

Niega categóricamente que exista un trato discriminatorio hacia la Sra. nombre reservado, afirmando que la decisión de no otorgarle el bono se basa exclusivamente en el incumplimiento objetivo del requisito legal de tiempo mínimo de prestación de servicios. Sostiene que aplicar un criterio distinto al establecido en la ley implicaría una vulneración al principio de legalidad y podría configurar un eventual delito de malversación de caudales públicos.

En cuanto a la alegación de la recurrente respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, argumenta que no existe tal afectación, toda vez que el bono de gestión institucional no constituye un derecho adquirido, sino que está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. En este sentido, sostiene que al no cumplirse dichos requisitos, no se ha incorporado al patrimonio de la recurrente derecho alguno sobre el monto del bono.

Aduce además, que el artículo 77 de la Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, al establecer que el Fiscal Nacional debe aplicar el sistema de remuneraciones de acuerdo a criterios objetivos, permanentes y no discriminatorios, no implica una autorización para apartarse de lo establecido en la Ley N° 20.240. Por el contrario, sostiene que la aplicación estricta de los requisitos legales para el otorgamiento del bono es precisamente lo que garantiza la objetividad y no discriminación en el sistema de remuneraciones.

En cuanto a la alegación de la recurrente respecto a que debería considerarse como tiempo trabajado el período de licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año, sostiene que ello no tiene sustento legal, toda vez que la Ley N° 20.240 es clara al establecer las únicas excepciones en que se considerará como tiempo trabajado los períodos de licencia médica, y que entre aquellas no se encuentra la licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año.

Hace presente, además, que el otorgamiento del bono de gestión institucional no solo está supeditado al cumplimiento del requisito de tiempo mínimo de prestación de servicios, sino también al cumplimiento de metas institucionales y a la evaluación de desempeño individual. En este sentido, argumenta que aun cuando se considerara como tiempo trabajado el período de licencia de la Sra. nombre reservado, ello no implicaría automáticamente el derecho a percibir el bono, ya que no habría participado en el cumplimiento de las metas institucionales durante dicho período.

Por último, la recurrida sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia planteada por la Sra. nombre reservado, y que lo que se discute en el fondo es la interpretación y aplicación de normas legales relativas al otorgamiento de un beneficio económico, materia que excede el ámbito de la acción de protección y que debería ser ventilada en un procedimiento de lato conocimiento.

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo en todas sus partes del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, cabe recordar que el artículo 6º de la Constitución Política de la República, señala que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes y dentro del ámbito de sus competencias.

Luego, cabe tener presente que el artículo 77 de la Ley Nº 19.640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, contiene disposiciones para el Fiscal Nacional del Ministerio Público en torno a la gestión de personas, enfatizando la importancia de considerar favorablemente a los fiscales y funcionarios el valor que con ellos cuenta la Institución y aplicar, en consecuencia, “(…) el sistema de remuneraciones de acuerdo a los criterios objetivos, permanentes y no discriminatorios”.

En el mismo sentido, el inciso segundo de dicha norma, permite al Fiscal Nacional, establecer: ”(…) las circunstancias objetivas que se considerarán para determinar la remuneración a que tendrán derecho los fiscales adjuntos, dentro de los tramos señalados en el artículo 75, y aquella con la que serán contratados los funcionarios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76.”

El inciso tercero de este mismo artículo, guarda relación directa con lo discutido en autos, al precisar que el Fiscal Nacional debe considerar que: “ (…) el sistema de remuneraciones contempla también nonos por desempeño individual basados en los resultados de la evaluación del personal y bonos de gestión institucional por el cumplimiento de las metas que se establezcan.”

Por su parte, el inciso cuarto y final del artículo 77 en estudio, previene: “(…) Las metas por gestión institucional dirán relación con la oportunidad y eficiencia del desempeño laboral y con la calidad de los servicios prestados, teniendo en cuenta la cantidad, complejidad y naturaleza de los casos que estén bajo la responsabilidad de la unidad respectiva, sí como los medios humanos y materiales con que cuenten.”

Luego, el artículo 3º de la Ley Nº 20.240, dispone: "Tendrá derecho a percibir el bono de gestión institucional, el personal que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que haya prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses, en forma continua o discontinua, en el año calendario que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional. Para estos efectos, no se considerará tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a los permisos sin goce de remuneraciones ni a licencias médicas con la sola expresión de los períodos originados por licencias médicas con la sola excepción de los periodos originados por licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 116.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo.

b) Que no haya sido sancionado por hechos o conductas ocurridos o efectuadas durante el año que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional, con alguna medida disciplinaria o administrativa de mayor gravedad que la amonestación privada contemplada en la ley Nº 19.640 o en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

c) Que no haya sido calificado con nota inferior a 5,0 en la evaluación de desempeño individual inmediatamente anterior a la fecha de pago del bono por gestión institucional.

d) Que esté en servicio a la fecha del pago del bono”.

Quinto: Que, las anteriores son las normas de la Ley Nº 19.640 y 20.240, respectivamente, que el recurso dice haber sido infringidas por la autoridad recurrida; sin embargo, cabe tener presente que, además resultan atinentes en la materia las reglas institucionales orgánicas del Ministerio Público, que persiguen establecer que sus funcionarios cumplan adecuadamente el ejercicio de las funciones del cargo, o sea, cuando actúan como tales, las que deben ser concordadas con las anteriores.

Sexto: Que, en efecto, por el capítulo del recurso, dentro de la institucionalidad orgánica del Ministerio Público se encuentra el régimen de evaluaciones de desempeño, el que se rige por lo dispuesto en los artículos 78 a 80 de la Ley N° 19.640 Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, potestad que según su artículo 79, está radicada en el Fiscal Nacional, el que avalúa anualmente a los Fiscales Regionales, y el Fiscal Regional del Ministerio Público que evalúa anualmente a los fiscales adjuntos, por tener éste funcionalmente tal atribución dentro del territorio de su competencia y, por último, los funcionarios evaluados por el superior jerárquico correspondiente, respectivamente.

Por su parte, el artículo 78 de la señalada ley, señala: “Los fiscales y funcionarios del Ministerio Público serán evaluados de acuerdo a las normas del reglamento que dictará el Fiscal Nacional, el que establecerá un mecanismo público y objetivo de evaluación y reclamación.

Los criterios de evaluación deberán considerar, a lo menos, el cumplimiento de metas establecidas y la calidad del trabajo realizado.”

Por su parte, el artículo 80 la citada ley, dispone: “Las evaluaciones servirán de base para determinar los bonos que corresponda otorgar de acuerdo al reglamento, así como de antecedentes en aquellos casos en que se postule a un grado o cargo superior a se solicite la remoción o el término del contrato de trabajo.”

Séptimo: Que, enseguida, no es discutido en autos que la recurrente durante el año 2023, presentó 197 días de ausentismo por licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de un año, más 3 días por enfermedad común, resultando un total de 165 días efectivos trabajados en dicho año, siendo el mínimo requerido de 180 días, para acceder al bono de gestión institucional.

Según lo informado por el recurrido, en lo tocante a las188 funcionarias que estuvieron en la misma situación fáctica que la recurrente durante el año 2023, esto es, haciendo uso de licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año, recibieron pago de bono 26 personas que cumplieron con 180 días o más efectivamente trabajados, y 9 personas no recibieron el pago del bono dado que su tiempo efectivo trabajado fue inferior a 180 días.

Octavo: Que, de acuerdo con las normas legales analizadas en el considerando Cuarto de esta sentencia, cabe concluir que las evaluaciones de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, deberán hacerse de acuerdo a las normas del Reglamento dictado en uso de sus atribuciones por el Fiscal Nacional, y según el inciso segundo del artículo 78 de la Ley Nº 19.640, eso es, “(…) los criterios de evaluación deberán considerar, a lo menos, el cumplimiento de metas establecidas y la calidad del trabajo realizado.”

Asimismo según el artículo 80, de esa misma ley, estatuye: “ (…) Las evaluaciones servirán de base para determinar los bonos que corresponda otorgar de acuerdo al reglamento,(…).”

Por su parte el Reglamento del Sistema de Evaluación del Desempeño, en su artículo 20, dispone: “La evaluación del desempeño deberá ser aplicada a todos los fiscales y funcionarios, que en un período de evaluación hayan cumplido al menos 180 días de desempeño efectivo en la institución, ya sea en forma continua a discontinua dentro del respectivo período. Para estos efectos, se descontarán los permisos sin goce de sueldos y las licencias médicas del período, incluidas las licencias maternales y de accidentes del trabajo, de trayecto o de enfermedad profesional.”

Del mismo modo, el artículo 22 del señalado cuerpo normativo, establece: "No serán Evaluados: (…)

c) Los fiscales o funcionarios que, conforme a este Reglamento, se hubieren desempeñado efectivamente en el Ministerio Público por un lapso inferior a ciento ochenta días efectivos, ya sea en forma continua o discontinua, dentro del respectivo período.

Los fiscales o funcionarios que no se evalúan durante un período conservarán la evaluación del año anterior.”

Noveno: Que, en tales circunstancias, se comprueba que la recurrente, al no haber desempeñado sus funciones durante el año 2023, debe aplicársele lo establecido en el inciso final del artículo 22 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Desempeño, que dispone que en estas circunstancias conserva la evaluación del año anterior, lo que impide durante el período incorporarla al sistema de incentivo al desempeño que otorga el beneficio de bonos de gestión a los fiscales y funcionarios supeditados a un cumplimiento efectivo de las metas de rendimiento que se hayan establecido para el año en que no desempeñó funciones, pues, el incentivo al desempeño necesariamente se otorga mediante bonos de gestión, entendido aquel como un beneficio económico incorporado a la remuneración que atiende exclusivamente al valor efectivo del trabajo anual servido por los fiscales y funcionarios del Ministerio Público; consideraciones todas por las que necesariamente habrá de desestimarse el presente arbitrio.

Por lo expuesto y lo dispuesto, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia de la Excma. Corte Suprema de Justicia, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Fiscal Nacional del Ministerio Público, sin costas.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N°Protección-9.797-2024.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N°Protección-9.797-2024.