nombre reservado con MINISTERIO PUBLICO

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

A los folios 20 y 21: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 15 de abril de 2024, comparece Laura Camila Cruz Urbina, abogada, Fiscal Adjunto del Ministerio Público, en su favor, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio Público, representado por Ángel Mauricio Valencia nombre reservado, Fiscal Nacional, por haberle privado arbitrariamente de su derecho al bono de gestión institucional regulado en la Ley N° 20.240, no obstante que cumple con todos los requisitos para la percepción de este, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 2° y 24°, por lo que solicita que se acoja el presente recurso, ordenando al Ministerio Público dejar sin efecto la resolución recurrida y se ordene promover los actos administrativos para la percepción del bono de desempeño institucional.

Señala la recurrente que ingresó al Ministerio Público en el año 2012 como abogada asistente de la Fiscalía local de Cochrane, y desde enero de 2015 a la fecha se desempeña como Fiscal Adjunto, actualmente en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Con fecha 1 de diciembre de 2022, nació su hijo nombre reservado, y estuvo con permiso post natal parental hasta el 17 de mayo de 2023, y con licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año desde el 18 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2023, por 197 días.

Relata que su hijo Pedro siempre tuvo reflujo, y a los 5 meses de vida presentó una serie de síntomas adicionales, como irritabilidad, rechazo a la toma de leche, vómito explosivo, heces con mucosidad, dermatitis y bajo peso, por lo que previos exámenes médicos se le diagnosticó reflujo gastroesofágico y alergia a la proteína de la leche de vaca. Actualmente no ha sido dado de alta y sigue siendo controlado periódicamente por especialistas. Estuvo la mayor parte de su primer año de vida en riesgo de desnutrición, situándose en la curva de crecimiento tanto en talla como peso en percentil 20. Esta enfermedad, además de afectar el desarrollo de su hijo, también la afectó a ella en lo emocional, debiendo postergar su trabajo para cuidarlo y recurriendo a tratamiento farmacológico y de psicoterapia.

Indica que, según lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N° 19.640, el Fiscal Nacional debe aplicar el sistema de remuneraciones de acuerdo a criterios objetivos, permanentes y no discriminatorios, contemplando bonos de gestión institucional por el cumplimiento de las metas que se establezcan. A su vez, la Ley N° 20.240 estableció que este bono se pagará en el mes de marzo del año siguiente al cumplimiento de las metas respectivas. El artículo 3 de dicha ley establece los requisitos legales para percibir el bono, entre los que se encuentra haber prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses en forma continua o discontinua en el año calendario respectivo. Para estos efectos, se considerará como tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a los períodos originados por licencias médicas por accidentes del trabajo, así como los descansos previstos en los artículos 195 y 196, y el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo.

Expone que el Ministerio Público, en razón del mandato del artículo 77 de su ley orgánica, ha extendido el pago del bono considerando también como tiempo trabajado a aquellas personas que se han visto en la situación contemplada en el artículo 199 del Código del Trabajo, esto es, el uso de licencia médica por causa de enfermedad grave del niño menor de un año. En efecto, 188 funcionarias se han visto en esa necesidad, superando el plazo de 6 meses de tiempo efectivamente trabajado según el artículo 3 de la Ley N° 20.240, y aparecen percibiendo dicho bono, incluso algunas en su misma Fiscalía Local.

Sin embargo, en su caso, esperó que el bono se viera reflejado en su remuneración de marzo de 2024, pero este no fue pagado. Al solicitar información, se le señaló mediante correo electrónico de 19 de marzo de 2024 que no cumplía con los requisitos del artículo 3 de la Ley N° 20.240, pese a que en casos iguales al suyo, a otras funcionarias sí se les otorgó el bono. De esta manera, de forma arbitraria e ilegal se le priva antojadizamente de este beneficio, sin que exista motivación para ello.

Argumenta la recurrente que esta actuación deviene en ilegal y arbitraria, en tanto crea una situación especial y única para ella, negando un bono cuando en circunstancias iguales a otras personas se les ha otorgado, cumpliendo además con el resto de los requisitos legales. Esto vulnera el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al aplicar arbitrariamente los artículos 77 de la Ley N° 19.640 y 3 de la Ley N° 20.240, existiendo una diferencia arbitraria e ilegal en su contra, no obstante que el Ministerio Público ha otorgado este beneficio a personas que se encuentran en su misma situación. Asimismo, vulnera su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, por cuanto el derecho a percibir el bono, cumpliendo los requisitos y considerando la práctica del Ministerio Público, entró en su patrimonio, privándosele de la suma de $6.523.486 que corresponde al bono.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Ministerio Público dejar sin efecto la resolución recurrida, ordenando el pago del bono de gestión institucional a que hace referencia el artículo 3 de la Ley N° 20.240.

Segundo: Que, informando, don nombre reservado, en su calidad de Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público, solicita el rechazo del recurso de protección.

En primer lugar, sostiene que no es efectivo que la recurrente cumpliera los requisitos legales para acceder al bono de gestión institucional. Señala que, si bien la actora afirma que para los efectos de la Ley N°20.240 no se considera "tiempo efectivamente trabajado" los permisos otorgados cuando la salud de un hijo menor de un año requiera de la atención en el hogar con motivo de una enfermedad grave, previsto en el artículo 199 del Código del Trabajo, basta con atender al tenor literal de la norma que se refiere expresa y únicamente a las licencias y permisos por accidentes del trabajo y los contemplados en los artículos 195, 196, 197 bis del Código del Trabajo. Agrega que el texto original de la Ley N°20.240 solo contemplaba como excepciones en esta materia, los permisos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo, sin embargo, a través del artículo 10 de la Ley N°20.891 se agregó en la letra a) del artículo 3 de la Ley N°20.240, a continuación de la expresión "195 y 196" la frase "así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis" del Código del Trabajo, con lo que se confirma el criterio que si no se trata de un permiso expresamente contemplado en la norma, no puede considerarse como un período efectivamente trabajado.

Asimismo, expone que la recurrente durante 2023 efectivamente prestó servicios durante un período inferior a seis meses, incumpliendo la exigencia prevista en la letra a) del artículo 3° de la Ley N°20.240 ya que, para determinar el tiempo efectivamente trabajado para los fines de establecer el derecho al pago del bono por gestión institucional, se considera el total de días anuales, 365 días o 366 días si fuera año bisiesto, y se restan los días de permisos sin goce de remuneraciones, ausencias y licencias médicas, con la sola excepción de aquellas por accidentes del trabajo y los permisos previstos en los artículos 195, 196 y 197 bis del Código del Trabajo, no siendo lícito para el Ministerio Público dejar de restar días de permisos no previstos en las excepciones expresamente contempladas, sin afectar seriamente el principio de legalidad que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a la Constitución y las leyes dictadas de conformidad a ella.

En este sentido, en el año 2023, la recurrente presentó 197 días de ausentismo por licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de un año, resultando un total de 168 días efectivos trabajados en dicho año, siendo el mínimo requerido de 180 días, para acceder al bono de gestión institucional.

En segundo lugar, la recurrida afirma que no es efectivo que el bono de gestión institucional fuese otorgado a 188 funcionarias que han estado en la misma situación fáctica que la recurrente, esto es, haciendo uso de licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año. Sobre este punto, la recurrida expone que en 2023 presentaron licencias médicas por enfermedad grave por hijo menor de un año 35 personas, entre fiscales y funcionarios. De ese total, recibieron pago de bono 26 personas que cumplieron con 180 días o más efectivamente trabajados y 9 personas no recibieron pago de bono dado que su tiempo efectivo trabajado fue inferior a 180 días. Asimismo, la recurrida indica que la afirmación de la actora puede deberse a una errada interpretación del cuadro que ella acompaña a su recurso, pues la columna denominada "N° de personas", en verdad corresponde al número de licencias.

En tercer lugar, la recurrida sostiene que no es efectivo que el bono de gestión institucional fuese otorgado a nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes habrían presentado licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de un año por más de 180 días. En este sentido, la recurrida expone que:

a) nombre reservado en 2019, tuvo licencia maternal y postnatal, permisos previstos en los artículos 195, 196, 197 bis del Código del Trabajo, correspondiéndole bono porque el tiempo efectivo trabajado fue superior o igual a 180 días. En 2023 presenta 0 día de ausentismo por licencia médica, en total 365 días efectivos trabajados en 2023, por tanto, tuvo derecho a percibir el bono correspondiente;

b) nombre reservado en 2023 presentó 56 días de ausentismo por licencia médica de tipo común, resultando un total 309 días efectivos trabajados en el referido período, por lo que tuvo derecho a percibir el bono. En 2020 tuvo licencia por hijo menor de un año por 185 días, por lo que su tiempo efectivo trabajado en ese año 2020 fue de 181 días efectivos trabajados (año bisiesto), correspondiéndole bono porque el tiempo efectivo trabajado fue superior o igual a 180 días;

c) nombre reservado en 2023 presenta 0 día de ausentismo por licencia médica, en total 365 días efectivos trabajados en 2023, por tanto, tuvo derecho a percibir el bono. En 2019 tuvo licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año por 100 días y en el año 2020 por 95 días. Dichos días se descontaron del tiempo trabajado, resultando con un total de 265 días efectivamente trabajados en 2019 y de y 271 días efectivamente trabajados 2020, correspondiéndole bono todos los años porque el tiempo efectivo trabajado en cada año fue superior o igual a 180 días.

En virtud de lo anterior, las conclusiones planteadas por la recurrida son los siguientes: a) no existe un acto ilegal que reprocharle al Ministerio Público que justifique la acción de protección, toda vez que el Ministerio Público, en la gestión y pago de los bonos contemplados en la Ley N°20.240, ha procedido con estricto apego a la ley; b) las excepciones que contempla la letra a) del artículo 3° de la Ley N°20.240, son de derecho estricto y de carácter taxativo, por lo que no corresponde ampliar su ámbito material de aplicación, sólo en consideración de que puedan existir casos similares o análogos a los expresamente regulados; c) proceder de manera distinta, reconociendo el derecho a percibir el bono de gestión institucional a quien no cumple con los requisitos contemplados en la ley, implica una ilegalidad que origina las responsabilidades y sanciones previstas en el ordenamiento jurídico; d) debe descartarse que se trata de una actuación arbitraria, pues el actuar del Ministerio Público ha sido uniforme en todos los casos, para todos los períodos y respecto de todos los funcionarios, funcionarias y fiscales de la institución.

Por lo tanto, en definitiva, la recurrida solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, cabe recordar que el artículo 6º de la Constitución Política de la República, señala que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes y dentro del ámbito de sus competencias.

Luego, cabe tener presente que el artículo 77 de la Ley Nº 19.640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, contiene disposiciones para el Fiscal Nacional del Ministerio Público en torno a la gestión de personas, enfatizando la importancia de considerar favorablemente a los fiscales y funcionarios el valor que con ellos cuenta la Institución y aplicar, en consecuencia, “(…) el sistema de remuneraciones de acuerdo a los criterios objetivos, permanentes y no discriminatorios”.

En el mismo sentido, el inciso segundo de dicha norma, permite al Fiscal Nacional, establecer: ”(…) las circunstancias objetivas que se considerarán para determinar la remuneración a que tendrán derecho los fiscales adjuntos, dentro de los tramos señalados en el artículo 75, y aquella con la que serán contratados los funcionarios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76.”

El inciso tercero de este mismo artículo, guarda relación directa con lo discutido en autos, al precisar que el Fiscal Nacional debe considerar que: “ (…) el sistema de remuneraciones contempla también bonos por desempeño individual basados en los resultados de la evaluación del personal y bonos de gestión institucional por el cumplimiento de las metas que se establezcan.”

Por su parte, el inciso cuarto y final del artículo 77 en estudio, enseña: “(…) Las metas por gestión institucional dirán relación con la oportunidad y eficiencia del desempeño laboral y con la calidad de los servicios prestados, teniendo en cuenta la cantidad, complejidad y naturaleza de los casos que estén bajo la responsabilidad de la unidad respectiva, sí como los medios humanos y materiales con que cuenten.”

Luego, el artículo 3º de la Ley Nº 20.240, dispone: "Tendrá derecho a percibir el bono de gestión institucional, el personal que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que haya prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses, en forma continua o discontinua, en el año calendario que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional. Para estos efectos, no se considerará tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a los permisos sin goce de remuneraciones ni a licencias médicas con la sola expresión de los períodos originados por licencias médicas con la sola excepción de los periodos originados por licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 116.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo.

b) Que no haya sido sancionado por hechos o conductas ocurridos o efectuadas durante el año que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional, con alguna medida disciplinaria o administrativa de mayor gravedad que la amonestación privada contemplada en la ley Nº 19.640 o en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

c) Que no haya sido calificado con nota inferior a 5,0 en la evaluación de desempeño individual inmediatamente anterior a la fecha de pago del bono por gestión institucional.

d) Que esté en servicio a la fecha del pago del bono”.

Quinto: Que, tales son las normas de la Ley Nº 19.640 y 20.240, respectivamente, que el recurso dice haber sido infringidas por la autoridad recurrida; sin embargo, cabe tener presente que, además resultan atinentes en la materia las reglas institucionales orgánicas del Ministerio Público, que persiguen establecer que sus funcionarios cumplan adecuadamente el ejercicio de las funciones del cargo, o sea, cuando actúan como tales, las que deben ser concordadas con las anteriores.

Sexto: Que, en efecto, por el capítulo del recurso, dentro de la institucionalidad orgánica del Ministerio Público se encuentra el régimen de evaluaciones de desempeño, el que se rige por lo dispuesto en los artículos 78 a 80 de la Ley N° 19.640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, potestad que según el artículo 79, está radicada en el Fiscal Nacional, que avalúa anualmente a los Fiscales Regionales, el Fiscal Regional del Ministerio Público que evalúa anualmente a los fiscales adjuntos, por tener éste funcionalmente tal atribución dentro del territorio de su competencia y, por último, los funcionarios evaluados por el superior jerárquico correspondiente, respectivamente.

Por su parte, el artículo 78, señala: “Los fiscales y funcionarios del Ministerio Público serán evaluados de acuerdo a las normas del reglamento que dictará el Fiscal Nacional, el que establecerá un mecanismo público y objetivo de evaluación y reclamación.

Los criterios de evaluación deberán considerar, a lo menos, el cumplimiento de metas establecidas y la calidad del trabajo realizado.”

Por su parte, el artículo 80, dispone: “Las evaluaciones servirán de base para determinar los bonos que corresponda otorgar de acuerdo al reglamento, así como de antecedentes en aquellos casos en que se postule a un grado o cargo superior a se solicite la remoción o el término del contrato de trabajo.”

Séptimo: Que, enseguida, no es discutido en autos que la recurrente durante el año 2023, presentó 197 días de ausentismo por licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de un año, resultando un total de 168 días efectivos trabajados en dicho año, siendo el mínimo requerido de 180 días, para acceder al bono de gestión institucional.

Según lo informado por el recurrido, respecto a las188 funcionarias que estuvieron en la misma situación fáctica que la recurrente durante el año 2023, esto es, haciendo uso de licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año, recibieron pago de bono 26 personas que cumplieron con 180 días o más efectivamente trabajados y 9 personas no recibieron pago de bono dado que su tiempo efectivo trabajado fue inferior a 180 días.

Octavo: Que, de acuerdo con las normas legales analizadas en el considerando Cuarto de esta sentencia, cabe concluir que las evaluaciones de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, deberán hacerse de acuerdo a las normas del Reglamento dictado en uso de sus atribuciones por el Fiscal Nacional, y según el inciso segundo del artículo 78 de la Ley Nº 19.640, esto es: “(…) los criterios de evaluación deberán considerar, a lo menos, el cumplimiento de metas establecidas y la calidad del trabajo realizado.”

Asimismo, según el artículo 80, de esa misma ley previene que: “ (…) Las evaluaciones servirán de base para determinar los bonos que corresponda otorgar de acuerdo al reglamento,(…).”

En este sentido, el Reglamento del Sistema de Evaluación del Desempeño, en su artículo 20, dispone:

“La evaluación del desempeño deberá ser aplicada a todos los fiscales y funcionarios, que en un período de evaluación hayan cumplido al menos 180 días de desempeño efectivo en la institución, ya sea en forma continua a discontinua dentro del respectivo período. Para estos efecto, se descontarán los permisos sin goce de sueldos y las licencias médicas del período, incluidas las licencias maternales y de accidentes del trabajo, de trayecto o de enfermedad profesional.”

Del mismo modo, en su artículo 22, se estatuye: "No serán Evaluados: (…)

c) Los fiscales o funcionarios que, conforme a este Reglamento, se hubieren desempeñado efectivamente en el Ministerio Público por un lapso inferior a ciento ochenta días efectivos, ya sea en forma continua o discontinua, dentro del respectivo período.

Los fiscales o funcionarios que no se evalúan durante un período conservarán la evaluación del año anterior.”

Noveno: Que, en tales circunstancias, se comprueba que la recurrente, al no haber desempeñado sus funciones durante el año 2023, debe aplicársele lo establecido en el inciso final del artículo 22 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Desempeño, que establece que en esas circunstancias conserva la evaluación del año anterior, lo que impide durante el período incorporarla al sistema de incentivo al desempeño, que otorga el beneficio de bonos de gestión a los fiscales y funcionarios, supeditados a un cumplimiento efectivo de las metas de rendimiento que se hayan establecido para el año en que no desempeñó funciones, pues, el incentivo al desempeño necesariamente se otorga mediante bonos de gestión, entendido como un beneficio económico incorporado a la remuneración que atiende exclusivamente al valor efectivo del trabajo anual de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, por lo que necesariamente no puede prosperar el presenten arbitrio.

Por lo razonado y lo dispuesto, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia de la Excma. Corte Suprema de Justicia, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por Laura Camila Cruz Urbina en contra del Fiscal Nacional del Ministerio Público, sin costas.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N°Protección-9.795-2024.