Protección contra Superintendencia de Pensiones y contra la Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que con fecha trece de enero de dos mil veinticinco, comparece nombre reservado, por sí mismo, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones y contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por haber cesado su pensión de invalidez. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Expone que, a raíz de un accidente de tránsito, sufrió una lesión en la cadera izquierda que requirió intervención quirúrgica y la instalación de una prótesis, agregando que percibió pensión de invalidez hasta hace aproximadamente cuatro meses. Señala que, en el mes de enero del presente año, fue citado a una nueva evaluación médica y que actualmente padece artrosis de cadera, lumbago y dificultades de movilidad, debiendo medicarse con tramadol para el manejo del dolor. Añade que, en razón de su estado de salud, no se encuentra en condiciones de trabajar, que es adulto mayor, vive solo y que, en la actualidad, subsiste mediante la entrega de alimentos por parte del municipio.

Por lo anterior, solicita que se disponga el restablecimiento de su pensión de invalidez, al tratarse de su único medio de subsistencia.

SEGUNDO: Que, con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, compareció doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien evacuó el informe solicitado, manifestando que no le corresponde a su representada pronunciarse sobre la calificación de invalidez, por ser esta materia de competencia de la Superintendencia de Pensiones. Asimismo, indicó que, luego de revisar el archivo de expedientes y las bases de datos de su institución, no se constató la emisión de pronunciamientos que determinen el rechazo o autorización de alguna licencia médica, que es la materia que le compete a su representada, como tampoco existen trámites vigentes que se encuentren pendientes de resolución por parte de dicho Organismo, en uso de sus facultades legales. En virtud de lo expuesto, la recurrida solicitó a esta Corte tener presente lo informado y por cumplido lo ordenado.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Pensiones, al evacuar su informe, sostiene que la acción de protección se encuentra dirigida contra la Superintendencia de Seguridad Social, a raíz del rechazo de algunas licencias médicas presentadas por el recurrente. Alega que la Superintendencia de Pensiones no es parte en los procesos de evaluación y calificación del grado de invalidez, sino que su rol es el de ente fiscalizador de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central, órganos técnicos administrativos mandatados para conocer del procedimiento especial establecido en el Decreto Ley N°3.500, de 1980. En este sentido, su función se limita a fiscalizar y regular administrativamente el actuar de dichas Comisiones, a fin de evitar actuaciones fuera del marco normativo. Asimismo, enfatiza que no resulta atingente vincular los procesos de calificación de pensiones de invalidez con el otorgamiento y rechazo de licencias médicas, dado que son instituciones diferentes, con regulaciones, consecuencias, supervisores y fiscalizadores distintos, siendo las Comisiones Médicas fiscalizadas por esta Superintendencia y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por la Superintendencia de Seguridad Social. Destaca que el recurso de protección no contiene reproche alguno ni atribuye actuaciones ilegales o arbitrarias a la Superintendencia de Pensiones.

Sin perjuicio de lo anterior, proporciona un detalle de las cuatro solicitudes de invalidez presentadas por el recurrente: una primera solicitud presentada el 11 de septiembre de 2014, que derivó en invalidez parcial transitoria del 57% por artrosis de cadera izquierda, la cual cesó en 2018 por no haber concurrido a reevaluación, de conformidad con lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 4° del D.L. N°3.500, de 1980; una segunda solicitud el 10 de abril de 2019, que le otorgó invalidez parcial transitoria del 54% por trastorno de la marcha y omalgia; una reevaluación el 20 de julio de 2022, que estableció invalidez parcial definitiva del 58% por trastorno de la marcha, dictamen que fue apelado por las compañías de seguros de vida y revocado por la Comisión Médica Central, la cual resolvió que no procedía otorgar invalidez al no alcanzar las afecciones una pérdida de la capacidad de trabajo de, a lo menos, un cincuenta por ciento; y, finalmente, una nueva solicitud el 25 de noviembre de 2024, resuelta mediante Dictamen de Invalidez N°NUM000, del 5 de marzo de 2025, por la Comisión Médica Regional de Santiago Centro, que declaró invalidez total definitiva del 78% por alteración de la marcha, señalando que este dictamen aún no se encuentra ejecutoriado al ser susceptible de reclamo hasta el 3 de abril de 2025.

En virtud de lo expuesto, la Superintendencia de Pensiones solicita tener presente lo informado y dar por cumplido lo ordenado.

CUARTO: Que, al evacuar el informe requerido, la Comisión Médica Central expone, en cuanto a los hechos, que el recurrente, don nombre reservado, suscribió una solicitud de pensión y calificación de invalidez el 12 de septiembre de 2014, siendo evaluado por la Comisión Médica Regional Metropolitana Santiago Centro, la que mediante Dictamen N°NUM001, de 8 de enero de 2015, declaró invalidez parcial transitoria por una pérdida de 57% de capacidad de trabajo, asociada a artrosis de cadera izquierda con necrosis avascular. Añade que, conforme al artículo 4° del D.L. N°3.500, correspondía su reevaluación hasta agosto de 2018, lo que no ocurrió, por cuanto el afiliado no concurrió ni suscribió la solicitud, de modo que —por aplicación del inciso cuarto del mismo precepto— se entiende que cesó la invalidez. Luego, indica que el 10 de abril de 2019 el actor formuló una segunda solicitud, configurándose impedimentos con menoscabos parciales que determinaron finalmente un 54%, por lo cual se le declaró invalidez parcial transitoria mediante Dictamen N°NUM002; y que, más tarde, el 20 de julio de 2022, se presentó a reevaluación, ocasión en que la Comisión Regional, por Dictamen N°NUM003, configuró impedimento por trastorno de la marcha con 58%, declarándose invalidez parcial definitiva. Explica que contra dicho dictamen reclamaron las compañías aseguradoras, conociendo la Comisión Médica Central, la que por Resolución C.M.C. N°NUM004 acogió el reclamo, revocó lo resuelto y determinó que no procedía otorgar invalidez al no alcanzarse una pérdida de capacidad de trabajo de al menos 50%. A continuación, menciona que el 25 de noviembre de 2024 el recurrente presentó una nueva solicitud, que culminó en el Dictamen N°NUM000, de 5 de marzo de 2025, que declaró invalidez total definitiva con un 78% por alteración de la marcha, decisión que igualmente fue apelada por las compañías de seguros, y que fue revocada por Resolución CMC NUM006, de 27 de mayo de 2025, resolviéndose nuevamente que no procedía otorgar invalidez por no configurarse el porcentaje mínimo legal.

Que, en cuanto a los fundamentos de derecho y defensas dirigidas a sostener la legalidad del proceder y, por ende, el rechazo del recurso, la recurrida desarrolla que el D.L. N°3.500, en su artículo 4°, delimita el derecho a pensión de invalidez exigiendo un menoscabo permanente en la capacidad de trabajo, distinguiendo entre invalidez total (a lo menos dos tercios) e invalidez parcial (igual o superior a 50% e inferior a dos tercios), agregando que las Comisiones Médicas deben verificar dichos requisitos y emitir el dictamen correspondiente, otorgando o negando el derecho.

Conecta lo anterior con las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, en las que se definen los conceptos de impedimento, menoscabo laboral y menoscabo laboral permanente, destacando que debe existir relación de causa a efecto entre el impedimento y el menoscabo acreditado para otorgar una pensión conforme al porcentaje exigido. Asimismo, precisa que, tratándose de invalidez parcial transitoria, el mismo artículo 4° contempla una reevaluación transcurridos tres años, cuyo propósito es conocer la evolución de las enfermedades invalidantes y ratificar, modificar o dejar sin efecto el derecho, indicando que, en el caso del recurrente, durante el período transitorio accedió a prótesis de cadera, variando el impedimento inicial hacia un trastorno de la marcha.

Que, además, detalla el procedimiento recursivo administrativo previsto por el artículo 11 del D.L. N°3.500, señalando que los dictámenes regionales son reclamables por el solicitante afectado y por otros intervinientes, ante la Comisión Médica Central, la que conoce “sin forma de juicio” conforme a un procedimiento reglado, pudiendo disponer nuevos exámenes, y emitiendo un fallo que confirma o revoca lo resuelto, para su notificación al reclamante.

En esa línea, sostiene que ha existido debido proceso, en tanto se generaron instancias para el estudio y revisión de antecedentes mediante recursos administrativos y su resolución, conforme al D.L.

N°3.500 y al D.S. N°57 de 1990, remarcando, además, la autonomía de las Comisiones Médicas en el conocimiento y resolución de invalideces, reservándose a la Superintendencia de Pensiones la facultad fiscalizadora del sistema. Complementariamente, explica que sólo los impedimentos “configurados” permiten asignar porcentaje de menoscabo, y enumera los requisitos que, según dichas Normas, deben concurrir para considerar un impedimento como tal, advirtiendo que la ausencia de alguno de esos requisitos determina que el impedimento se estime no configurado y no proceda asignar menoscabo laboral.

Que, en lo relativo a la alegación de ilegalidad y arbitrariedad, expone que el recurrente acciona estimando viciada la actuación de la Comisión, pero afirma que las decisiones se encuentran respaldadas por el D.L. N°3.500, su reglamento, el D.S. N°57 y las Normas Técnicas, sosteniendo que no habría ilegalidad, de una parte, porque dictámenes y resoluciones emanan de autoridad competente, regularmente investida, dentro de sus atribuciones y con apego a los procedimientos; y, de otra, porque la revocación del derecho a pensión se funda en disposición legal expresa —inciso tercero del artículo 4°— al verificarse que el actor no cumple el requisito de menoscabo permanente de, a lo menos, 50%. En concordancia, descarta vulneración del derecho de propiedad, argumentando que el actor tenía un derecho condicionado a ser ratificado en reevaluación, que no se consolidó, manteniéndose como mera expectativa; y agrega que los actos impugnados se hallarían debidamente motivados, según constaría en las actas de las sesiones en que se adoptaron, las que fueron notificadas al actor.

Que, a mayor abundamiento, incorpora una explicación de la situación del afiliado, indicando que la pensión parcial transitoria de 2014 se extinguió por disposición legal al no presentarse a reevaluación; que en 2019 obtuvo nueva invalidez parcial transitoria; y que, en la reevaluación posterior reclamada por aseguradoras, la Comisión Médica Central dejó constancia en el acta de sesión N°NUM005, de 25 de septiembre de 2024, de los antecedentes considerados (entre otros, cirugía de cadera en 2021 con buen resultado funcional, uso de analgésicos, marcha descrita, hallazgos radiológicos y apreciaciones clínicas), consignando además apreciaciones técnicas sobre la configuración de impedimentos y la clase asignable.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

SÉPTIMO: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que el acto impugnado es la Resolución CMC NUM006, de 27 de mayo de 2025, de la Comisión Médica Central acordó aceptar el reclamo; revocar el dictamen Dictamen de Invalidez N°NUM000, 5 de marzo de 2025, que acordó declarar la invalidez total definitiva a favor del actor, representada por la pérdida de un 78% de su capacidad de trabajo, por la configuración del impedimento alteración de la marcha; y resolvió que no procede otorgar invalidez, considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de, a lo menos, un cincuenta por ciento (35%).

NOVENO: Que, de la revisión de los antecedentes proporcionados, se constata que las Superintendencias de Seguridad Social y de Pensiones han actuado dentro del marco de sus respectivas competencias legales, siendo la Comisión Médica Central la entidad encargada de la calificación y reevaluación del grado de invalidez, así como de resolver los reclamos y apelaciones correspondientes conforme al Decreto Ley N°3.500 de 1980 y su reglamentación. Los informes evacuados por las entidades recurridas, especialmente el de la Comisión Médica Central, exponen de manera detallada el procedimiento seguido en la evaluación de la invalidez del recurrente, las decisiones adoptadas por las Comisiones Médicas Regionales y Central, así como las fundamentaciones legales y médicas para dichas determinaciones.

DECIMO: Que, en este sentido, la Comisión Médica Central ha justificado sus resoluciones, incluyendo la revocación del dictamen que otorgaba invalidez total definitiva, en que el recurrente no ha cumplido con el requisito legal de acreditar una pérdida de la capacidad de trabajo de, a lo menos, un cincuenta por ciento, conforme a las normas de evaluación y calificación del grado de invalidez. Estas decisiones se basan en un análisis técnico y legal de los impedimentos y menoscabos laborales del recurrente, y se encuentran debidamente motivadas en las actas de sesión, las cuales no revelan arbitrariedad ni ilegalidad en el procedimiento o en el fondo de las resoluciones adoptadas por la autoridad competente.

No se aprecia, por tanto, una actuación que se aparte del ordenamiento jurídico o que carezca de una justificación razonable.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº Protección 978-2025 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros (S) señor Pablo Andrés Toledo González, señor Juan Carlos Silva Opazo, y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.