Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente.

PRIMERO: Que, con fecha 29 de marzo de 2026, comparece nombre reservado, por sí, y en representación de sus hijos menores de edad, nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por su Director Nacional y su Directora Regional Metropolitana, por haber incurrido en una inactividad prolongada, y haber impuesto exigencias no contempladas en la normativa vigente dentro del procedimiento de inscripción de nacimiento de los referidos menores, actuación que considera ilegal y arbitraria, y vulneradora de los derechos fundamentales de identidad, personalidad jurídica, vida familiar, debido proceso y el interés superior del niño, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita la inscripción inmediata de los nacimientos sin exigencias ni requisitos adicionales a los legalmente contemplados.

La recurrente expone que con fecha 19 y 29 de agosto de 2025 ingresó formalmente las solicitudes de inscripción de sus hijos, acompañando certificados de nacimiento extranjeros debidamente apostillados, traducidos y legalizados.

Sin embargo, refiere que, pese al cumplimiento de las exigencias normativas, la recurrida incurrió en una inacción total durante 129 días hábiles administrativos (equivalentes a 191 días calendario), sin emitir pronunciamiento ni efectuar observaciones.

Asimismo, señala que únicamente a raíz de una gestión presencial efectuada a fines de febrero de 2026, el expediente fue revisado por primera vez, instancia en la que funcionarios del Servicio exigieron verbalmente la aportación de declaraciones de terceros familiares en el extranjero.

Con posterioridad, el 18 de marzo de 2026, la recurrente fue informada de que el expediente había sido devuelto desde el nivel central tras una inactividad de 146 días hábiles en dicha repartición, acumulando un total de 153 días hábiles (222 días calendario) de tramitación. Adicionalmente, invoca una imposibilidad material absoluta para dar cumplimiento a los requerimientos verbales, atendida la falta de contacto con dichos terceros y la severa carga de cuidado que soporta en solitario respecto de una adulta mayor de 79 años con demencia avanzada y ceguera total, sumada a la crianza de sus dos hijos lactantes.

Sobre la base de lo señalado, el recurso sostiene en primer lugar la configuración de una inactividad administrativa grave que excede con creces el plazo máximo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, infringiendo los principios de celeridad, conclusividad y seguridad jurídica. En segundo término, denuncia una simulación de tramitación manifestada en el traslado circular del expediente entre dependencias sin resolver el fondo del asunto, lo que evidencia desidia y falta de servicio. Finalmente, aduce que la exigencia verbal de declaraciones familiares carece de sustento en la Ley N° 4.808 e ignora el valor probatorio pleno e internacional que confiere el Convenio de La Haya sobre Apostilla.

De igual forma, invoca la vulneración de los principios de legalidad y juridicidad contemplados en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, así como la afectación de la confianza legítima de la administrada. En esta línea, resalta la trasgresión al derecho a la identidad y personalidad jurídica de los menores (artículo 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículo 5° inciso segundo constitucional), la conculcación de la protección a la vida familiar y a la maternidad (artículo 19 N° 11 de la Constitución), la contravención al principio del interés superior del niño (Ley N° 21.430) y la infracción a la proporcionalidad y eficiencia administrativa. Por último, fundándose en jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, aduce la existencia de una manifiesta desviación de poder al haber calificado el Servicio la inscripción como una solicitud de otorga de nacionalidad —desconociendo el derecho originario previsto en el artículo 10 N° 2 constitucional—, generando un daño moral irreparable y la imperiosa necesidad de una tutela judicial urgente ante la indefensión provocada.

En relación con la vulneración de las garantías constitucionales, aduce que el actuar del Servicio transgrede el derecho a la personalidad jurídica e identidad de los niños protegido en el artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental en armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, al privarlos de documentación oficial e impedir su acceso a prestaciones sociales y de salud; lesiona la protección a la vida familiar y la maternidad garantizada en el artículo 19 N° 11 constitucional, al someter al núcleo familiar a exigencias exorbitantes e irrazonables que perturban la convivencia; vulnera el debido proceso, la legalidad y la seguridad jurídica consagrados en los artículos 6°, 7° y 19 N° 3 del texto constitucional, al imponer requerimientos verbales carentes de norma legal; y desconoce la primacía del interés superior del niño y el principio de proporcionalidad reconocido bajo el artículo 19 N° 26 de la Constitución, manteniendo a los menores en una situación de vulnerabilidad jurídica injustificada.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos y omisiones del Servicio de Registro Civil e Identificación; se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación la inscripción inmediata de los nacimientos de los menores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; se prohíba al recurrido imponer cualquier exigencia adicional o requisito no contemplado en la Ley N° 4.808; se fije un plazo perentorio de 5 días para el cumplimiento de lo ordenado; se establezca el apercibimiento de desacato en caso de incumplimiento; y se condene en costas al recurrido.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Comprobantes de Solicitudes de Inscripción de fecha 19-08-2025 y 29-08-2025; 2)

Certificado de Nacimiento de nombre reservado (Brasil) con Apostilla y Traducción Oficial; 3) Certificado de Nacimiento de nombre reservado (México) con Apostilla; 4) Certificado de Nacimiento de nombre reservado (Rusia) con Apostilla y Traducción Oficial; 5) Certificado de Nacimiento del Abuelo Chileno; 6) Reclamo N° NUM000 de fecha 26-02-2026; 7) Certificado de Defunción del Abuelo Chileno nombre reservado; 8) Tarjeta Única Migratoria de nombre reservado (PDI); 9) Respuesta del Registro Civil al Reclamo N° NUM000 de fecha 05-03-2026; 10)

Reclamo N° NUM001 de fecha 05-03-2026; 11) Respuesta del Registro Civil al Reclamo N° NUM001 de fecha 12-03-2026; 12)

Reclamo N° NUM002 de fecha 11-03-2026; 13) Adicionales documentos familiares de nombre reservado; y 14) Respuesta del Registro Civil al Reclamo N° NUM002 de fecha 18-03-2026 SEGUNDO: Que, con fecha 4 de junio de 2026, el Servicio de Registro Civil e Identificación, por medio de su nombre reservado, evacuó el informe correspondiente solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, fundamentando su posición en el estricto cumplimiento de la normativa legal y constitucional vigente.

Al respecto, sostiene que, en virtud de los artículos 3°, 4° N° 2 y 24 de la Ley N° 19.477, le corresponde velar por la constitución legal de la familia y llevar los registros especiales de los actos del estado civil acaecidos en el extranjero respecto de chilenos e hijos de chilenos. Asimismo, añade que la legislación especial — comprendida en los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley N° 4.808, el artículo 12 de la Ley N° 11.987, el artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2.128 y el Decreto Supremo N° 172— faculta a la Oficina de Inscripciones Extranjeras para procesar de manera excepcional la inscripción de hechos vitales ocurridos fuera del territorio nacional previa presentación de la documentación debidamente legalizada y traducida.

Sobre el régimen de la nacionalidad, precisa que el artículo 10 N° 2 de la Constitución exige que los hijos de padre o madre chileno nacidos en el extranjero cuenten con al menos un ascendiente en línea recta de primer o segundo grado que hubiese adquirido la nacionalidad por ius soli, carta de nacionalización o especial gracia.

En este sentido, enfatiza que la función registral asignada al Servicio no es meramente autómata, sino que incluye el deber y la facultad legal, conferida expresamente por el artículo 7° letra n) de la Ley N° 19.477, de adoptar las medidas de seguridad indispensables para verificar la veracidad de la filiación, la nacionalidad de los ascendientes y la autenticidad de las piezas documentales, previniendo así inscripciones fraudulentas ante la proliferación de antecedentes adulterados.

Por este motivo, para la inscripción en el Registro X se exige no solo la coincidencia formal de nombres, sino también exigencias operativas tales como la presentación de la Tarjeta Única Migratoria, certificados fundantes de nacimiento o defunción del ascendiente y declaraciones juradas de parentesco ante el Oficial Civil o Consulado.

Al abordar los hechos del caso concreto, expone que entre los días 19 y 29 de agosto de 2025 se presentaron requerimientos escritos para la inscripción de nombre reservado y de sus hijos menores nombre reservado y nombre reservado, invocando como vínculo chileno al difunto padre y abuelo nombre reservado. No obstante, tras el examen técnico del expediente, la Oficina de Inscripciones Extranjeras procedió a devolver los antecedentes a la oficina de origen en Vitacura mediante el Memorándum N° NUM003, con el objeto de que se subsanaran omisiones esenciales relativas a la falta del certificado de defunción del ascendiente, la declaración jurada de parentesco y la Tarjeta Única Migratoria.

Por su parte, frente a las reclamaciones presentadas por la usuaria bajo los números de atención NUM000, NUM001 y NUM002, refiere que respondió oportunamente reiterando la necesidad de dar cumplimiento integral a dichos requerimientos legales de resguardo. Asimismo, hace constar que la recurrente y su hija nombre reservado se encuentran en el país como titulares de residencia temporal regularmente otorgada por el Servicio Nacional de Migraciones.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, rechaza categóricamente tales imputaciones, argumentando que la institución no ha denegado la solicitud de inscripción, sino que únicamente ha requerido la subsanación de los antecedentes indispensables. Agrega que el Servicio carece de facultades discrecionales para eximir a los administrados del cumplimiento de los requisitos legales exigidos a la generalidad de los postulantes, actuar que se ajusta rigurosamente a los principios de legalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y en el artículo 2° de la Ley N° 18.575. De igual manera, descarta toda vulneración a las garantías de los numerales 3, 11 y 26 del artículo 19 constitucional, manifestando que la aplicación uniforme de la normativa sobre inscripciones no constituye discriminación alguna, pues brinda un trato igual a quienes se hallan en idénticas hipótesis normativas.

Por estas razones, la recurrida solicita tener por evacuado el informe en tiempo y forma, declarar la inadmisibilidad del recurso o bien proceder a su rechazo en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Para acreditar sus alegaciones, incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Respuesta reclamo N° NUM000 de fecha 26 de febrero de 2026; 2) Respuesta reclamo N° NUM001 de fecha 05 de marzo de 2026; 3) Respuesta reclamo N° NUM002 de fecha 11 de marzo de 2026; y 4) Copia Memorándum N° NUM003.

TERCERO: Que, con fecha cinco de junio de 2026, la recurrente, formuló observaciones al informe evacuado, solicitando su íntegro y absoluto rechazo.

Fundamenta su posición alegando, en primer lugar, la configuración de la preclusión procesal administrativa, toda vez que el Servicio de Registro Civil e Identificación excedió con creces tanto el plazo autoimpuesto de 120 días hábiles consignado en los comprobantes de recepción como los plazos legales previstos en los artículos 7, 24 y 27 de la Ley N° 19.880, acumulando más de 290 días calendario de retardo ininterrumpido. Sostiene que tal inactividad extinguió de pleno derecho la facultad del órgano administrativo para solicitar nuevos antecedentes, subsistiendo únicamente su deber imperativo e inexcusable de efectuar la inscripción requerida.

En segundo término, denuncia la concurrencia de incorrecciones sustanciales y desaciertos fácticos en la contestación del órgano público. Al respecto, tacha de inconstitucional la pretensión del Servicio de atribuirse la facultad de "otorgar" la nacionalidad chilena, enfatizando que esta deriva directamente del texto constitucional por el solo hecho del nacimiento (ius sanguinis, artículo 10 N° 2), reduciéndose la labor del Registro Civil a una función puramente registral.

Asimismo, acusa una mutilación del objeto de la acción, toda vez que la recurrida omitió en su informe que el recurso también persigue la inscripción de nacimiento de la propia nombre reservado y no únicamente la de sus hijos menores, desatendiendo además los verdaderos lugares de nacimiento de los involucrados (Brasil, Rusia y México) e ignorando la documentación reingresada a través del portal institucional del Sistema Integral de Atención Ciudadana. A ello añade la paradoja de verse forzada a tramitar permisos de residencia temporal para extranjeros en su propio país debido al retraso administrativo.

En tercer lugar, aduce la existencia de una actuación ultra vires en contravención al artículo 17 letra c) de la Ley N° 19.880, al exigírsele aportar el certificado de defunción de su padre, don nombre reservado, en circunstancias que se trata de un documento emitido y custodiado por la propia entidad registral bajo la Inscripción N° NUM004 del año 2018 de la Circunscripción Santiago. De igual forma, desestima la alegación de dudas por eventual homonimia atendida la especificidad del nombre del causante, y denuncia una manifiesta desviación de poder al pretendérsele imponer cargas transatlánticas e irrealizables, vulnerando el interés superior del niño y la integridad psíquica de una madre a cargo exclusivo de dos lactantes y de una adulta mayor ciega y con demencia severa.

Finalmente, expone la conducta procesal dilatoria del Servicio, el que evacuó su informe tras reiteradas prórrogas y únicamente bajo apercibimiento de multa, sin incorporar antecedentes inéditos que justificaran la paralización del trámite, lo cual configura a su juicio una confesión procesal de la falta de fundamento de la actuación administrativa.

En virtud de lo anterior, solicita que la sentencia definitiva disponga las medidas de apremio y sanciones previstas en el numeral 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia en caso de incumplimiento, reiterando en definitiva su pretensión de que se acoja la acción constitucional en todas sus partes y se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación la inmediata inscripción de los nacimientos de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en el plazo perentorio de 48 horas, procediendo a la entrega de sus respectivas Cédulas de Identidad y RUN sin más dilaciones ni exigencias extralegales.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

QUINTO: Que, de lo expuesto por la actora, es posible concluir que el acto y omisión que se califica como ilegal y arbitrario corresponde a la inactividad prolongada en resolver las solicitudes de inscripción de nacimiento presentadas en agosto de 2025, así como la imposición de exigencias no contempladas en la Ley N° 4.808 ni en el ordenamiento jurídico vigente —tales como la localización y declaración de terceros familiares en el extranjero—, así como el requerimiento de instrumentos que la propia Administración emitió y custodia en sus bases de datos, vulnerando lo dispuesto en el artículo 17 letra c) de la Ley N° 19.880 y la prueba plena que confiere el Convenio de La Haya sobre Apostilla.

SEXTO: Que, a partir de lo expuesto por las partes, es posible establecer los siguientes hechos: 1. Que, con fecha 19 y 29 de agosto de 2025, doña nombre reservado presentó ante la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Vitacura los requerimientos de inscripción de nacimiento de su persona y de sus hijos menores de edad, nombre reservado y nombre reservado, acompañando al efecto certificados de nacimiento otorgados en el extranjero debidamente apostillados, traducidos y legalizados. 2. Que, el ascendiente chileno invocado como vínculo de consanguinidad para acceder a la nacionalidad corresponde al padre y abuelo de los solicitantes, don nombre reservado, quien registra su nacimiento inscrito bajo el N° NUM005 del año 1954 en la Circunscripción Recoleta y su defunción —acaecida en Ferrara, Italia— registrada bajo la Inscripción N° NUM004 del año 2017 en el Registro X de la Circunscripción Santiago del propio Servicio recurrido. 3. Que, el expediente administrativo relativo a dichas inscripciones permaneció en tramitación, siendo devueltos los antecedentes desde la Oficina de Inscripciones Extranjeras a la oficina de Vitacura mediante el Memorándum N° NUM003, de fecha 17 de marzo de 2026, por estimar la Administración que faltaban antecedentes fundantes para acceder a lo solicitado. 4. Que, frente a lo anterior, la recurrente ingresó a la plataforma institucional los Reclamos SIAC N° NUM000, N° NUM001 y N° NUM002 entre los meses de febrero y marzo de 2026, los cuales fueron respondidos por el Servicio recurrido ratificando la suspensión del trámite y la necesidad de dar cumplimiento a los requisitos exigidos. 5. Que, a la fecha de deducida la presente acción constitucional, tanto la recurrente nombre reservado como su hija menor nombre reservado mantienen la calidad de titulares de residencia temporal en Chile regularmente concedida por el Servicio Nacional de Migraciones.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la pretendida ilegalidad del actuar del Servicio de Registro Civil e Identificación, es posible advertir que la recurrida ha actuado en estricto cumplimiento del marco normativo que rige sus atribuciones registrales y de comprobación del estado civil.

En efecto, de conformidad con los artículos 3°, 4° N° 2 y 24 de la Ley N° 19.477, en relación con las disposiciones de la Ley N° 4.808 y de la Ley N° 11.987, la función de registrar hechos y actos vitales acontecidos en el extranjero no constituye un trámite de mera homologación automática, sino que exige el resguardo de la fe pública registral y la verificación de la filiación de quienes pretenden acceder a la nacionalidad chilena por consanguinidad al tenor del artículo 10 N° 2 de la Carta Fundamental.

En este contexto, el artículo 7° letra n) de la Ley N° 19.477 faculta expresamente al Servicio para adoptar las medidas de seguridad e instruir los antecedentes complementarios que estime necesarios para determinar la procedencia de una inscripción en registros especiales cuando existan dudas sobre la filiación o la autenticidad del vínculo invocado, previniendo de este modo la ocurrencia de inscripciones fraudulentas.

De esta forma, la devolución del expediente dispuesta mediante el Memorándum N° NUM003 a fin de que se subsanen omisiones probatorias —tales como la aportación de la declaración jurada de parentesco otorgada por un familiar directo vivo, la Tarjeta Única Migratoria y la acreditación formal del fallecimiento del ascendiente— se ajusta plenamente a las competencias legales del órgano administrativo, descartándose la existencia de una actuación ilegal.

OCTAVO: Que, en lo relativo a la alegada arbitrariedad de la conducta administrativa, no se advierte en la especie un actuar caprichoso, carente de sustento racional o discriminatorio por parte del Servicio recurrido, ya que la exigencia de dar cumplimiento integral a los resguardos y requisitos procedimentales contemplados en la reglamentación aplicable responde a un criterio técnico de aplicación general e impersonal para todas aquellas solicitudes de inscripción de nacimientos ocurridos en el extranjero de personas cuyos ascendientes se encuentran fallecidos, asegurando así la igualdad ante la ley garantizada en la Constitución Política de la República.

Por lo demás, conviene agregar que el procedimiento se encuentra suspendido a la espera de que la parte interesada acompañe los antecedentes solicitados, de lo que se sigue que no se configura en la especie una denegación de facto ni una conculcación a las garantías constitucionales invocadas por la actora, toda vez que el órgano público se halla estrictamente sujeto al principio de juridicidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y carece de facultades discrecionales para eximir a los administrados de la observancia de las exigencias legales vigentes.

Por consiguiente, al no haberse configurado un acto u omisión ilegal ni arbitrario imputable al organismo demandado que conculque o amenace los derechos fundamentales de la recurrente y de sus representados, la presente acción de protección no puede prosperar y debe ser rechazada.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, por sí, y en representación de sus hijos menores de edad, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

Protección N°9777-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y la Abogado Integrante señora Francisca Amigo Fernández.

En Santiago, dos de octubre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.