Protección contra Fundación Arturo López Pérez

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

Al folio 20; téngase presente.

A los folios 21 y 22; a lo principal; téngase presente. Al otrosí; a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la negativa de otorgar cobertura del Convenio Oncológico Fondo Solidario FALP respecto de la patología que le afecta, vulnerando con ello las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que, con el 26 de agosto de 2025, suscribió un Contrato de Protección Oncológica con la recurrida. Indica que, meses después, solicitó la activación de las coberturas a raíz del diagnóstico de sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado. Expone que la recurrida, mediante carta N°NUM000 de 16 de enero de 2026 y posteriormente mediante carta N°NUM001 de 27 de febrero de 2026, denegó la cobertura argumentando que la patología se encontraba en un período de carencia especial y exclusión de cobertura por tratarse de un cáncer de mama.

La actora sostiene que el diagnóstico corresponde a un sarcoma y no a un carcinoma mamario, por lo que la asimilación genérica que hace la recurrida carece de sustento técnico y médico. Agrega que al momento de contratar no se le informó debidamente de ese anexo de carencia, privándola de presentar exámenes preventivos para evitar dicha limitación.

Concluye que la decisión de la recurrida altera el equilibrio contractual, afectando su derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley por la discriminación infundada en la calificación médica, y su derecho de propiedad sobre los beneficios del convenio.

Solicita que se declare ilegal y arbitraria la negativa y se ordene a la recurrida otorgar la cobertura del convenio.

Segundo: Que, comparece el abogado Pablo Rodríguez Lizana, en representación de la Fundación Arturo López Pérez, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que el rechazo de cobertura fue comunicado inicialmente el 16 de enero de 2026, mientras que la acción fue deducida el 29 de marzo de 2026, excediendo el plazo de 30 días, argumentando que la carta del 27 de febrero fue una mera reiteración. Asimismo, arguye que la acción de protección no es la vía idónea para discutir la existencia, interpretación, aplicación y extensión de las cláusulas y obligaciones contractuales.

En cuanto al fondo, señala que el 26 de agosto de 2025 la recurrente suscribió el contrato y, por tener 52 años, firmó expresamente el “Anexo de Contrato de Protección Oncológica para período de carencia especial y exclusión de cobertura”, el cual establecía que, al no presentar los exámenes requeridos (mamografía o ecotomografía), quedaban excluidos de cobertura por 240 días los tumores y/o cáncer de mama. Indica que el primer aporte se recibió el 10 de octubre de 2025, por lo que la carencia se extendía hasta el 7 de junio de 2026. Sostiene que en diciembre de 2025 la paciente consultó por una masa en la mama derecha, diagnosticándosele en enero de 2026 un sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado de la mama.

Argumenta que la literatura médica clasifica a los sarcomas mamarios como un tipo de cáncer de mama y, sobre todo, que el contrato excluye expresamente los tumores de mama en dicho período. En consecuencia, afirma que la negativa de cobertura obedece a la aplicación estricta del contrato y no a un capricho.

Finalmente, descarta la vulneración al derecho a la vida, aclarando que la paciente ha continuado y finalizado su tratamiento de quimioterapia en la misma FALP bajo la modalidad de libre elección con cobertura del Fondo Nacional de Salud (sistema GES), por lo que el conflicto es meramente contractual y patrimonial, excediendo los fines de la acción de protección.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Constituyen requisitos indispensables de la acción cautelar de protección, la constatación de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él; que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, asimismo, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

En ese mismo orden de ideas, consta del proceso que el acto que se le reprocha a la recurrida se materializó definitivamente el de 27 de febrero de 2026 al resolver su reposición y, habiéndose interpuesto el recurso el 29 de marzo de 2026, claramente se encuentra dentro del plazo de 30 días aplicable al caso, de todo lo cual fluye con toda evidencia que la presente acción cautelar se dedujo en tiempo y forma, por lo que esa primera alegación esgrimida por la recurrida será desestimada.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anotado precedentemente, lo discutido aquí es la situación de carencia afirmada por la recurrida y que consta en el contrato firmado entre las partes y, por otro, la naturaleza médica precisa de la dolencia, aspectos que exceden -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia se cuestiona aquí una suerte de incumplimiento contractual causado por la recurrida, sumado a un cuestionamiento al actuar de la misma y consecuencias patrimoniales y de afectación por el actuar ya descrito precedentemente, siendo que la recurrida aduce a -diferencia de lo que sugiere la recurrente- que no ha incurrido en ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cumpliendo con la normativa legal contractual aplicable en la especie, lo que demuestra que la discusión se refiere a un asunto sobre interpretación y aplicación de reglas contractuales, cuestión que escapa a la naturaleza del recurso interpuesto.

Sexto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de fondo, que buscan fijar el sentido y alcance de un acto que ha producido, según afirma la recurrente, perjuicios de diverso carácter.

Séptimo: Que, en la especie la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

Octavo: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio -como ya se tuvo oportunidad de advertir- de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, debe de ser desechado también, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad, máxime si el antecedente que se desconocía ya fue acompañado, no siendo ya necesario a ese respecto una actuación correctiva de este tribunal.

Décimo: Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre las actoras de protección y estas entidades recurridas, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, validez, declaración o extinción de contratos, siendo que la situación de la especie se refiere a una materia propia de un juicio de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de probanzas rendidas por las partes.

Undécimo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerada mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Fundación Arturo López Pérez.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Protección N°9775-2026.