Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles por el acto arbitrario e ilegal en que hab

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, educadora de párvulos, representada por el abogado Felipe Ignacio Hazbun Marín, y deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 22 de enero de 2026, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución en el sumario administrativo ordenado por la Resolución Exenta N° NUM001, de 29 de mayo de 2025, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos 1, 2, 16 y 24 del artículo 19.

Se relata en el recurso que la señora nombre reservado ingresó a la institución el 1 de mayo de 2008, que se desempeñaba en el Jardín Infantil Madreselva y que en el contexto del sumario recién aludido se le formularon cargos por haber viajado al extranjero entre el 18 y el 25 de septiembre de 2023 en circunstancias que se encontraba con licencia médica tipo uno, vigente entre el 16 y el 29 de septiembre de 2023, estimándose que este hecho constituía una falta grave a la probidad administrativa. Luego de los descargos, añade, se le aplicó la medida disciplinaria de destitución conforme a los artículos 121 letra d) y 125 del Estatuto Administrativo, decisión en contra de la cual dedujo recurso de reposición, sin que se consideraran sus fundamentos.

Sostiene la recurrente que en 2022 fue diagnosticada con depresión moderada y que se encuentra en tratamiento GES desde enero de 2023.

Agrega que su hijo menor, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, presentó graves desregulaciones al iniciar su escolaridad y que su cónyuge residía entonces en Argentina, contexto en el cual, encontrándose con licencia psiquiátrica, viajó a Cipolletti durante el receso escolar para coordinar con el padre el cuidado del niño, con fines familiares y de salud, no recreativos. Posteriormente, continúa el relato, regresó a Chile con el menor y reconoció en el sumario haber cometido una falta, manifestó su arrepentimiento e invocó como atenuantes diecisiete años de servicio sin sumarios previos, buenas calificaciones, una anotación de mérito y la veracidad de su enfermedad, nada de lo cual fue considerado.

Alega la recurrente la falta de motivación del acto y le reprocha no cumplir con la exigencia de fundamentación de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 e invoca además los principios de legalidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución y 11 de la Ley N° 18.575), de debido proceso de los artículos 19 N° 3 de la Constitución y 53 de la Ley N° 19.880, de proporcionalidad y de objetividad, imparcialidad y la presunción de inocencia.

A ello agrega que la carga de la prueba recae en la Administración, que ésta debe valorarla racional y motivadamente y que no existió de su parte transgresión al principio de probidad.

Segundo: Que evacúa informe la Junta Nacional de Jardines Infantiles y solicita el rechazo del recurso.

En primer lugar alega la improcedencia de la acción por falta de un acto terminal, por cuanto si bien la Resolución Exenta N° NUM000, de 22 de enero de 2026, aprobó el sumario y aplicó la destitución, sin embargo el 6 de marzo de 2026 la funcionaria interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, aún pendiente de resolución. En consecuencia, concluye, el acto no se encuentra firme, la vía administrativa no está agotada y la Administración conserva su potestad revisora, agregando además que para que el acto expulsivo tenga plena validez, deber ser además tomado de razón por la Contraloría General de la República.

En cuanto a los hechos explica que el procedimiento se originó en el Consolidado de Información Circularizada N° NUM002 de la Contraloría General de la República, que informó que la recurrente habría salido del país durante una licencia médica y en virtud de ello por Resolución Exenta N° NUM001, de 29 de mayo de 2025, se ordenó instruir sumario conforme a los artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo. El fiscal incorporó los antecedentes laborales, la hoja de vida, las calificaciones y la licencia médica tipo 1, que prescribía reposo domiciliario absoluto entre el 18 y el 25 de septiembre de 2023, y además como medida para mejor resolver agregó un certificado de movimientos migratorios de la Policía de Investigaciones, instrumento público conforme al artículo 1699 del Código Civil, que acreditó la salida de la funcionaria el 18 de septiembre y su reingreso el 25 de septiembre de 2023. Seguidamente manifiesta que se formularon cargos por incumplimiento del reposo y vulneración de la probidad del artículo 52 de la Ley N° 18.575 y en sus descargos la inculpada no controvirtió el viaje ni justificó médicamente su compatibilidad con el reposo. Concluye señalando que la resolución sancionatoria expuso los hechos, valoró la prueba, analizó los descargos y razonó sobre la proporcionalidad.

En cuanto al derecho, niega haber incurrido en ilegalidad, pues la sanción no cuestiona la enfermedad, sino el incumplimiento objetivo del reposo exigido por el artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, en relación con el artículo 52 de la Ley N° 18.575, y descarta asimismo arbitrariedad, puesto que la resolución fue dictada por autoridad competente, está fundada en antecedentes objetivos y respetó el derecho a defensa. Sostienen que la trayectoria de la actora fue considerada, pero que no la exime de responsabilidad ante una infracción grave a la probidad, que prevé la destitución expresamente como sanción en el artículo 121 letra d) del Estatuto Administrativo y que resulta idónea, necesaria y proporcional, ponderación que no puede sustituirse en esta sede. Señalan también que la jurisprudencia invocada en el recurso no es vinculante ni guarda identidad fáctica con este caso y, por último, afirma que existe una vía específica de impugnación, cual es la reclamación ante la Contraloría del artículo 160 del Estatuto Administrativo.

Tercero: Que mediante presentación de 17 de agosto del año en curso la recurrida acompañó la Resolución Afecta N°NUM002 que Rechaza Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta N°NUM000 de 22 de enero de 2026 de la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y afina proceso instruido por Resolución Exenta N°NUM003 de fecha 23 de mayo de 2025 de la Dirección Regional Metropolitana, desacumulado por Resolución Exenta NUM001 de fecha 29 de mayo de 2025.

Cuarto: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, la propia norma constitucional prescribe en la parte final de su inciso primero que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, lo que da cuenta que la existencia de otros procedimientos ante autoridades administrativas o judiciales no obstan, en principio, al ejercicio de este recurso constitucional, consideración que permite descartar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida.

Quinto: Que de los antecedentes aportados durante la substanciación del recurso, los que se valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica conforme lo dispone párrafo primero del N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, permite tener por justificado que mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 29 de mayo de 2025, la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ordenó instruir sumario administrativo en virtud de antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República contenidos en Informe Consolidado N° 9 de la División de Fiscalización. También se demostró que luego de declarado cerrado el periodo investigativo se formularon cargos a la funcionaria sumariada conforme a las normas del Título V de la Ley N° 18.834 y, finalmente, por Resolución Exenta N°NUM000 de 22 de enero de 2026 se decidió aplicar a la funcionaria sumariada nombre reservado la medida disciplinaria de destitución conforme a los artículos 121 letra d) y 125 de la misma Ley N° 18.834, notificada el 27 de febrero de ese mismo año. Por último, también puede tenerse por establecido que por Resolución Afecta N° NUM002 se rechazó el recurso de reposición que la funcionaria sumariada dedujo contra el pronunciamiento de 22 de enero.

Pues bien, el análisis la sucesión de hechos recién pormenorizada permite concluir que el acto recurrido fue dictado por autoridad competente, en ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley le confiere y luego de un procedimiento en que se observaron los trámites esenciales que garantizan la defensa de la inculpada, sin que se advierta contravención alguna a la ley, y en el que se impuso una sanción que se encuentra prevista en el ordenamiento.

En tales condiciones, corresponde desestimar los reproches de ilegalidad que se plantean en el recurso.

Sexto: Que en cuanto a la arbitrariedad alegada, las impugnaciones de la recurrente se dirigen, en lo sustancial, a controvertir la ponderación de la prueba reunida en el sumario, la falta de consideración de sus descargos y la proporcionalidad de la sanción atendida su trayectoria funcionaria. Tales cuestiones constituyen aspectos de mérito de la decisión disciplinaria cuya revisión excede la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, que no está concebida como una instancia de revisión de los procedimientos sancionatorios de la Administración. El control que por esta vía corresponde ejercer se limita a verificar la legalidad y razonabilidad de la actuación y no a sustituir la apreciación que de los antecedentes efectuó el fiscal instructor y la autoridad dotada de potestad disciplinaria.

El procedimiento del recurso de protección es uno especialísimo destinado a restaurar el imperio del derecho de aquellos preexistentes e indubitados, mas no a declarar la existencia de éstos. La función de la Corte no es la de superponerse a la autoridad administrativa y calificar el mérito de las decisiones que ésta adopte en el ejercicio de las potestades que le son propias, sino únicamente controlar que ese ejercicio que ciña al marco que señala la ley y que las determinaciones que ésta tome se expliciten con el suficiente fundamento que la misma ley les demanda.

Sobre la base de lo recién expresado, los antecedentes del proceso dan cuenta que la aplicación de la sanción de destitución por parte de la recurrida ha sido consecuencia de un sumario administrativo en el que la recurrente tuvo derecho a conocer los cargos que se le atribuyeron, los que fueron suficientemente determinados. Asimismo, se le permitió formular descargos, rendir las pruebas pertinentes y deducir los recursos administrativos que estimara procedentes. Igualmente, de la lectura de esa determinación aparece manifiesto que expresa de manera más que suficiente las razones que la sustentan, satisfaciendo sobradamente con ello la exigencia de fundamentación que impone a todos los actos administrativos el inciso segundo del artículo 11 y el inciso cuarto del artículo 41, ambos de la Ley N° 19.880.

Por consiguiente, no advirtiéndose los defectos de legalidad denunciados en el recurso que pudieran llegar a justificar la intervención de esta Corte, la pretensión buscada por la recurrente no es posible satisfacer por la vía de la acción constitucional elegida y por las razones expresadas el recurso de protección debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. nombre reservado

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 9774-2026.