nombre reservado con HOSPITAL DIPRECA

Santiago, siete de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, Médico Cirujano, y deduce Recurso de Protección en contra del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), por el acto ilegal y arbitrario que le atribuye, contenido en la Resolución Exenta Nº 244, de 30 de noviembre de 2020, en virtud de la cual se decide la no renovación de la contrata para el año 2021.

Expresa que por Resolución Nº 67 de 19 de mayo de 1989 fue contratado como médico cirujano, bajo las disposiciones de la Ley Nro. 15.076, desde el 13 de marzo del año 1989 hasta el día 31 de diciembre de 2020, con un sueldo bruto de $3.293.866. Por lo tanto, ha prestado servicios de forma ininterrumpida durante 31 años.

Agrega que por Resolución Exenta Nro. 2100, de 24 de agosto del año 2011, fue designado como Jefe interino del Servicio de Admisión y Residencia, dependiente de la Subdirección Médica y que desde el 01 de abril del año 2014 se ha desempeñado como Jefe del Servicio Cirugía, dependiente de la División Cirugía y Especialidades de dicho Establecimiento Asistencial (Resolución Exenta Nro. 806, de fecha 08 de abril del año 2014), cargo que ocupa hasta la fecha.

Después de esos 31 años de servicio el 01 de diciembre de 2020 fue notificado de la mencionada Resolución Exenta N° 244, que en lo pertinente señala:

“4. Que…con motivo de las medidas aplicadas producto de la emergencia sanitaria por Covid-19, este Hospital se ha visto gravemente afectado en materia económica, por cuanto la prestación y venta de servicios médicos ofrecidos por este establecimiento ha sufrido una caída de gran relevancia, lo que ha provocado una disminución importante en sus ingresos, obligando a tomar diversas acciones de contención de gastos y costo operacional y que ha llevado a realizar una revisión de las distintas estructuras de trabajo dentro de los distintos servicios del Nosocomio, a fin de lograr un ajuste a la baja de los cargos que el Hospital mantienen consideración a la actual demanda de prestaciones, tanto en el área clínica como en el área administrativa”.

Hace presente que los fundamentos de la resolución impugnada son indicados de manera genérica, para posteriormente incluir en su numeral 12, un listado de funcionarios a los cuales no les será renovado el vínculo contractual para el año 2021. Así, considera que le han cesado en sus funciones de forma irregular, improcedente y en desatención de las más elementales normas y principios que regulan y resguardan el empleo y la estabilidad en la función pública.

Consecuentemente, estima que en el acto administrativo que cuestiona no se ha cumplido con la obligación legal de la motivación que es uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575 LOCBGAE. Por otra parte, resulta también arbitrario e ilegal puesto que por la condición continua e ininterrumpida de contrata desde el año 1989 hasta el 31 de diciembre del 2020, le asiste la denominada “confianza legítima”, respaldada por Corte Suprema (Roles N°11.058-2019 y N°21.101-2020), que consagra la idea de que en situaciones como ésta la relación estatutaria sólo puede concluir por sumario administrativo derivado de una falta que motive la destitución o por una calificación anual que así lo permita.

De este modo, se han vulnerado las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Pide dejar sin efecto la resolución exenta N°244 de fecha 30 de noviembre de 2020 y ordenar su inmediata reintegración o reincorporación a sus funciones habituales que ejerce en el Centro Asistencial recurrido, en las mismas condiciones en las que estaba desarrollando, con expresa continuidad de las remuneraciones que percibía, es decir, con goce íntegro de las remuneraciones ordinarias, extraordinarias, asignaciones, bonos y todo otro beneficio que le hubiese correspondido percibir, desde la fecha de la desvinculación hasta la efectiva reincorporación, con expresa condena en costas.

Se apersona don Juan Carlos Aravena Abarza, abogado, en representación de DIPRECA, evacuando el informe requerido.

Sobre la no renovación de la contrata, recuerda las facultades legales que tiene el Hospital Dipreca para la contratación de su personal y, en particular, el Decreto N° 355 de 1990 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba reglamento del hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en cuyo artículo 35 se regulan las formas de vinculación del personal que cumple funciones en el establecimiento, disposición de la que es posible colegir que el personal que presta servicios en el Hospital Dipreca y que no pertenece a la dotación de planta de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile puede ser válidamente contratado mediante las normas del Código del Trabajo para cualquier tipo de cargo, mediante las normas de la Ley N° 15.076, en caso de tener profesión del área médica contemplada en dicho cuerpo legal, o sobre la base de honorarios para el funcionamiento del Hospital.

En cuanto a la remuneración del recurrente, la misma ascendía aproximadamente a la suma de $ 3.293.866.- (tres millones doscientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos), según consta en la liquidación de sueldo, correspondiente al mes de diciembre del año 2020.

Mediante la Resolución Exenta N° 244 de fecha 30 de noviembre de 2020, se procedió a la no renovación de contratos N° 15.076 y Honorarios para el año 2021. En cuanto al recurrente, es preciso hacer presente fue contratado bajo la modalidad de “contrata” en la figura del contrato Ley Nº 15.076, así las cosas, le resultan totalmente aplicable las normas establecidas en el D.F.L Nº 29 de 2004, sobre Estatuto Administrativo, Ley Nº 18.834, teniendo carácter de transitorio. Dicho lo anterior, el Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, letra c) y 10 define dicha modalidad de contratación como un empleo “de carácter esencialmente transitorio” que se consulta en la dotación de una institución y que tiene una duración, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año calendario, expirando los empleados en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prorroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Acerca de las razones para no renovar la contratación del recurrente, expresa que fue producto de una reestructuración profunda y urgente a la cual se vio obligada DIPRECA debido al contexto nacional y mundial por brote de coronavirus Sars-Cov2 y la grave crisis económica que existe a nivel Nacional como Internacional. El Hospital Dipreca no encuentra financiamiento directo en la Ley de Presupuesto sino que de una manera similar a una clínica privada, en el sentido que su financiamiento depende directamente de la venta de servicios médicos. Por ende, si el Hospital Dipreca no vende servicios médicos, sólo puede mantener como ingreso las erogaciones de 1% y 2% de los afiliados al régimen Dipreca, el cual representa, en un año normal, un 35% del total de sus gastos.

Se detalla la mala situación económica en que se encuentra el Hospital al haber disminuido drásticamente en sus ingresos, ya que se han dejado de realizar múltiples servicios médicos a raíz de la pandemia actual.

El acto administrativo está suficientemente fundamentado, tal como se señala el C°4: “…de la Resolución Exenta que se busca impugnar es claro en señalar que con motivo de las medidas aplicadas producto de la emergencia sanitaria por Covid-19, esto es, implementación de sistemas alternativos de atención médica, extensión de permisos con goce de remuneraciones para aquellos funcionarios de grupo de riesgo cuyas labores eran incompatibles con el trabajo remoto, los permisos con goce de remuneración a trabajadoras con hijos menores de 2 años en atención al cierre de sala cuna, compra de implementos de prevención tales como alcohol gel y dispensadores, mascarillas reutilizables, el Hospital Dipreca se ha visto gravemente afectado en materia económica, por cuanto la prestación y venta de servicios médicos ofrecidos han sufrido una caída de gran relevancia, lo que ha provocado una disminución importante en sus ingresos, obligando a tomar diversas acciones de contención de gastos y costo operacional, y que ha llevado a realizar una revisión de las distintas estructuras de trabajo del Hospital Dipreca (Código del Trabajo, Ley Nº 15.076 y honorarios), a fin de lograr un ajuste a la baja de los cargos que el Hospital mantiene en consideración a la actual demanda de prestaciones, tanto en el área clínica como en el área administrativa.”

En cuanto a la confianza legítima, entiende que bajo un cambio real de circunstancias de cualquier índole, debidamente expuestas y fundamentadas por el órgano estatal, se encontraría plenamente justificado romper la confianza que un precedente administrativo ha generado en un particular.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: El recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Segundo: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta Nº 244, de 30 de noviembre de 2020 de DIPRECA, en virtud de la cual se decidió la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2021.

Los cuestionamientos planteados en el recurso tienen que ver con la falta de fundamentación del acto administrativo y con la vulneración del principio de la confianza legítima, en el sentido que, al llevar 31 años en el servicio, su contratación sólo podría terminar con motivo de una evaluación deficiente o bajo la forma de una destitución, como resultado de un sumario administrativo;

Tercero: En lo inmediato ha de apuntarse que la revisión del acto administrativo que se impugna por este medio permite apreciar que el mismo satisface las exigencias de una fundamentación razonable que es dable exigir en la materia, en función de la naturaleza y alcances de ese acto. En efecto, se consignan allí los motivos que llevaron a la autoridad respectiva a adoptar la decisión de no renovar la contratación del recurrente que, sucintamente expuestas, atañen a la difícil situación económica por la que atraviesa la entidad hospitalaria a raíz del descenso en las prestaciones médicas que cobra a terceros, lo que ha impactado en su financiamiento;

Cuarto: Huelga decir a ese respecto que no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia de las razones tenidas a la vista para la decisión aludida porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque del modo en que viene propuesta la acción constitucional, se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la autoridad respectiva en la gestión de sus recursos y de las personas que cumplen funciones en el Hospital institucional;

Quinto: En cualquier caso, no debe olvidarse que los “empleos a contrata” son esencialmente transitorios y que, con arreglo al artículo 10° de la Ley N° 18.834 duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. También debe reiterarse que una contratación de esa índole comprende la cláusula de duración “mientras sean necesarios sus servicios”, que involucra una facultad de orden discrecional de poner término al contrato a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto del recurrente;

Sexto: Ahora bien, no es posible eludir que pesa en el ánimo de quienes adoptan esta decisión mayoritaria la circunstancia de que el recurrente sea un profesional con 31 años de prestación de servicios, pero tampoco puede obviarse la condición transitoria que la ley –no los jueces-, asignan a esa forma de contratación;

Séptimo: Con relación a ese último extremo, se retruca en el recurso que la estabilidad en el empleo estaría asegurada por la llamada “confianza legítima” y las consecuencias que suelen asociarse a ella, vale decir, la necesidad de una suerte de destitución o de evaluación deficiente para poner término al contrato. Empero, ha de indicarse a ese respecto –según se ha expuesto por la recurrida, sin refutación contraria-, que acá no se trata de cargos o funciones cuyo financiamiento esté asegurado en el presupuesto nacional –como acontece generalmente en la Administración pública-, sino de la autogestión de recursos propios, cuya distribución y asignación corresponde a quien los genera y no a los tribunales de justicia.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto.

Acordada con el voto en contra del Ministro Jorge Zepeda Arancibia, quien fue de parecer de acoger el recurso de protección en virtud de los siguientes fundamentos:

1º Que para los efectos de este recurso, por no haber sido controvertido por la recurrida Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros, está establecido que el recurrente, médico cirujano nombre reservado, ingresó a prestar servicio a contrata a honorarios para la recurrida como médico cirujano con fecha 13 de marzo de 1989; contrata que fue renovada hasta el 31 de diciembre de 2020; además el recurrente, después de 31 años de servicio funcionario intachable y entrega profesional al Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros, con fecha 01 de diciembre de 2020, fue notificado por carta simple, vía Chilexpres, de la Resolución Exenta Nº 244, de fecha 30 de noviembre de 2020, emanada del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros, que dispuso la no renovación de la contrata para el año 2021.

2º Que, por consiguiente, la circunstancia de haber el recurrente nombre reservado permanecido prestando servicios de manera continua para la repartición recurrida, por más de 31 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado a ésta, de modo tal que su relación estatutaria solo pudo terminar de manera justificada conforme a las normas y principios elementales que regulan y amparan el empleo y la estabilidad de la función pública.

3º Que tales efectos o consecuencias jurídicas son, entre otras, que el término de la relación funcionaria solo pudo finalizar por medio de un sumario administrativo, derivado de una conducta sancionada disciplinariamente con la medida de remoción o por una calificación funcionaria que así lo permitiere.

4º Que tales supuestos fácticos no concurren en la especie, pues la resolución exenta que desvincula al actor solo se refiere a supuestas "medidas aplicadas producto de la emergencia sanitaria Covid 19", a causa de lo cual la recurrida se habría visto "gravemente afectada en materia económica", lo que la habría obligado "a realizar una revisión de las distintas estructuras de trabajo dentro de los distintos servicios del Nosocomio”. Y luego la resolución exenta en cuestión, contiene él listado con el nombre de funcionarios que, ante tales circunstancias genéricas, no se les renovará el vínculo laboral durante el año 2021.

5º Que, en efecto, la resolución recurrida solo menciona tales fundamentos generales, los que en ningún caso son pertinentes para dar origen al término de los servicios del recurrente y, ante el derecho, en tales circunstancias, la decisión administrativa da cuenta y se transforma en una resolución arbitraria e ilegal, por carecer de fundamentos que expresen, mediante una exposición clara y precisa los motivos y razones fácticas y jurídicas determinadas o específicas que indujeron a la recurrida a la emisión del acto terminal en perjuicio del actor y, de esa forma, se vulneran sus derechos fundamentales, reconocidos en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que garantizan la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clases de bienes corporales e incorporales, respectivamente.

Por lo expuesto y de conformidad con el artículo 20 de la Carta Fundamental, el disidente fue de parecer de acoger el recurso de protección interpuesto en favor del médico cirujano nombre reservado, restableciendo el imperio del derecho y asegurando su debida protección, con tal propósito, ordenar dejar sin efecto la resolución exenta Nº 244, de fecha 30 de noviembre de 2020; ordenar asimismo la inmediata reintegración o reincorporación del recurrente a sus funciones habituales que ejerce en el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros, en las mismas condiciones en las que lo estaba desarrollando, con continuidad de la remuneraciones que percibía, esto es, con goce entero de las remuneraciones totales y de todo derecho o beneficio que le hubiere correspondido percibir, desde la fecha de la desvinculación hasta su efectiva reincorporación.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción del Ministro señor Astudillo y la disidencia, su autor.

Rol N° 97.711-2020.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por los ministros señor Omar Astudillo Contreras y señora Elsa Barrientos Guerrero 9