nombre reservado con SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña Daniela Rivas Vilches, abogada, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado trabajadora social, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, interponiendo acción de protección en contra de doña nombre reservado, Ministra de Transporte, por la dictación de la Resolución Exenta RA N° 288/377/2020 de fecha 30 de noviembre del año 2020, notificada a la afectada con fecha 1° de diciembre de 2020, la cual resolvió no prorrogar su nombramiento para el año 2021, lo que constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que solicita así se declare, debiendo invalidar el acto administrativo y reintegrar a su representada, renovando -la Subsecretaría de Transportes- su contrata para el año 2021.

En cuanto a sus antecedentes señala que se desempeñó como funcionaria a contrata desde el 1° de enero de 2010, y comenzó prestando servicios a honorarios en la Subsecretaría de Transportes desde el 12 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009. Durante toda la carrera funcionaria jamás fue objeto de anotación de demérito ni de anotaciones en su hoja de vida respecto de conductas que pudieran ser reprochables ni se le aplicó medida disciplinaria alguna. Siempre fue calificada en lista uno (distinción) o dos (buena), esta solo respecto de años 2019 y 2020, en todo momento dentro del rango satisfactorio.

A continuación, analiza los argumentos esgrimidos para no renovar la contrata:

a)

Las labores que ejecuta no son necesarias producto de la implementación del sistema de gestión documental SGD-ExeDoc. Se adjuntó Resolución exenta N°2627 DGTP de 12 de noviembre de 2020, sin embargo, ella hace referencia a la implementación gradual que realizará la Subsecretaría del mismo a contar del 2 de noviembre de 2020 señalando que el objeto es elaborar y tramitar todos los documentos emanados de la institución, incluidos sus programas y de las Seremis del ramo. (C4, 6, 7 y 8) en que el proceso de digitalización comprende 4 etapas y nada señala respecto a reducción de personal.

b)

La Seremi dejará el edificio donde funciona actualmente y se trasladará a una nueva dependencia que albergará en un solo edificio a la mayoría de los programas, divisiones y demás unidades de la Subsecretaria. Alude a una situación futura y eventual. La Contraloría ha señalado que ello no es fundamento suficiente.

c)

Las bajas calificaciones en comparación con las del resto de las secretarias de la Seremi. El año 2020 subió el porcentaje de la calificación, pero se mantuvo en lista 2 (buena). Cita los artículos 41 y 50 del DFL N°29 y el artículo 37 de la Ley 1825 que solucionan la situación de las bajas calificaciones concluyendo que la comparación de calificaciones con el resto de las funcionarias que detenten un cargo similar es contraria a ley.

Agrega que la renovación reiterada de la contrata generó en su representada una legítima expectativa, tanto así que solicita a su jefatura directa el feriado legal para el año 2021, se lo otorgan y reconocen sin reparo.

Añade que no puede fundamentar el organismo público que la desvinculación de su representada sea por "no ser necesarios sus servicios", sin cumplir con los requisitos mínimos para fundamentar dicha decisión, ya que no existe una calificación deficiente, una modificación en las funciones del organismo o una reestructuración del mismo, ni tampoco existen nuevas condiciones presupuestarias que conlleven dicha desvinculación.

Refiere que corresponde hacer aplicación del Dictamen N° 85.700 del año 2016, de la Contraloría General de la República, sobre el principio de la confianza legítima en la renovación de la contrata, agregando que lo anterior también ha sido resuelto recientemente por la E. Corte Suprema, con sustento en el artículo 11 de la ley 19880.

Expresa que en la especie la no renovación de la contrata es ilegal porque pugna con la normativa a la que debió ajustarse y arbitraria porque arrasa y vulnera un derecho, sin más fundamentación que la de no ser necesarios los servicios de la afectada. De la ilegalidad y arbitrariedad se sigue directo e inmediato atentado al derecho consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República el cual reconoce a todas las personas, todo lo relativo a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa que la judicatura está en el deber de preservar. Recuerda en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario de las personas, en este caso de la funcionaria.

En cuanto a la vulneración de la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República se refiere a que ninguna autoridad puede establecer discriminaciones y diferencias arbitrarias, en consecuencia con el hecho de no prorrogar la contrata de la recurrente, se le ha discriminado arbitrariamente excluyéndola del servicio público y de sus funciones, sin tener motivos o fundamentos suficientes, sin expresión de causa alguna, sin fundamento racional o posible falta en su gestión, lista de demérito o cualquier canon razonable que justifique la no prórroga de la contrata. La autoridad distingue de manera caprichosa y sin respaldo técnico, lo cual, ante la normativa vigente es inaceptable, incomprensible y antojadizo.

Acompaña 1) Resolución RA Ne 288/37712A2A, de fecha 30 de noviembre del afio 2020, que contiene la decisión de no prorrogar la contrata de doña nombre reservado; 2) Resolución Exenta Ne 2.62712020 DGTP, de fecha 12 de noviembre del año 2020, que da cuenta de la implementación del sistema de gestión documental SGD-ExeDoc; 3) Certificado de antigüedad, de doña nombre reservado; 4) Calificaciones de doña nombre reservado, correspondientes a los años 2017, 2018,2019 y 2020; 5) Resoluciones y Decretos que confirman las contratas realizadas a favor de doña nombre reservado, y que dan cuenta de la continuidad ininterrumpida de sus funciones Informando don Francisco Villegas Valle, abogado, en representación del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, solicita se desestime el recurso de protección deducido de contrario, con expresa condena en costas.

Funda su pretensión en la aplicación de los artículos 3 letra c) y 10 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en cuanto a los empleos a contrata y su carácter transitorio, indicando que la designación del recurrente se efectuó con sujeción a la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.

En cuanto al argumento del principio protector de la confianza legítima, indica que se ha de tener presente el Dictamen N° 6.400 de 2018, que ha establecido que dicho principio no afecta las facultades de las autoridades en torno a las contratas, en especial la no renovación o término anticipado en aquellas en que rija la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” u otra similar, el cual debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado, conteniendo el razonamiento y la expresión de hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta.

En el caso en particular –continúa- existiendo un cambio en la circunstancia laboral, en la calidad del trabajo realizado por el recurrente, debidamente señalado y fundamentado por el Ministerio, se encuentra plenamente justificado romper la confianza que un precedente administrativo ha generado en la recurrida.

Añade que la recurrente sostuvo que ha permanecido en forma ininterrumpida sin solución de continuidad durante todos estos años y su nombramiento habría sido invariablemente prorrogado por la autoridad en atención a que siempre ha reunido las condiciones y exigencias. Afirmación que no resulta del todo efectiva, pues mediante Resolución Exenta N° 1241, de 29 de noviembre de 2019, se dispuso no prorrogar la contrata de la funcionaria en razón de sucesivas y extensas licencias médicas desde 2017. Sin embargo, después de gestiones internas la SEREMITT accedió a un período de prueba de 3 meses (enero-marzo 2020) con nuevas funciones como telefonista, responder consultas del sistema STOP y dar apoyo a la Administración del Edificio donde funcionaban las dependencias de la SEREMITT. Luego, el 6 de abril de 2020 dicha contrata se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020, pero con otras funciones. Luego, si se analiza la hoja de calificación 2019-2020, en cada uno de los subfactores evaluados en dicha calificación, vemos que en conceptos como “calidad de la labor realizada” y “conocimiento del trabajo”, su nota es solo de un 5.

En tercer término, en cuanto a los fundamentos centrales esgrimidos en la resolución que la parte recurrente pretende controvertir que carecerían de la motivación suficiente, indica que está en su parte considerativa, hace una pormenorizada descripción de como los procesos de Gobierno Electrónico, digitalización y cero papel, ya estaban encaminados en los servicios públicos, desde mucho antes de la pandemia del covid-19, pero que sin duda, producto de dicha contingencia sanitaria, se aceleraron en todos ámbitos los procedimientos y gestión electrónica de documentación.

En efecto el perfil de una secretaria, definido por la Subsecretaría se contiene lo siguiente: “- Brindar apoyo y asistencia permanente a su jefatura y a los Encargados del área a la que pertenece, conociendo y entendiendo los procesos en curso.- Hacer seguimiento a la agenda de actividades, hitos y plazos de los procesos de las distintas Unidades, dando las alertas correspondientes sobre los tiempos a quienes corresponda.- Hacer gestión documental, mediante un constante ordenamiento de los archivos, permitiendo que estén disponibles para consultas o necesidades del equipo.-Llevar un control de los ingresos y despachos de la documentación del área.- Coordinar envío de correspondencia y documentación según corresponda.-Coordinar reuniones del área, procurando programar tiempos y recursos necesarios”.

Por lo anterior, la existencia de 7 secretarias dentro de la SEREMITT resulta actualmente excesivo, dado este nuevo escenario de funciones que dejan de realizarse y, atendida también la estrechez presupuestaria fiscal, también consignada y desarrollada en la Resolución recurrida.

Por otra parte, en cuanto al traslado de las nuevas dependencias del Servicio si bien a la fecha en que se comunica a la afectada la desvinculación, esto es, el 30 de noviembre de 2020, aún no se materializaba el traslado de los funcionarios de la SEREMITT al nuevo edificio institucional, ubicado en Agustinas 1382, comuna de Santiago, este proceso ya comenzó a ejecutarse desde fines de diciembre de 2020 y existía un pleno conocimiento de ello.

Ahora, en cuanto a la alegación respecto a las bajas calificaciones de la recurrente, precisa que si se observa con detención la motivación de la Resolución RA N°288/377/2020, en ninguna parte de aquella se indica que la desvinculación obedezca solo a un bajo desempeño relativo al compararlas con otras secretarias, sino que este elemento es solo uno más dentro de la línea argumental que se desarrolla.

Alega improcedencia del recurso e inexistencia de privación, perturbación o amenazada en los derechos garantizados por la Constitución. En específico de lo alegado por la recurrente indicando vulneración del artículo 19 N° 2, se ha acreditado la existencia de una Resolución Exenta fundada, dándose cumplimiento a la normativa legal. Respecto al 19 N°16, indica que la Resolución se apegó estrictamente a la normativa vigente. Por último, del artículo 19 N° 24, precisa que no existe para los funcionarios a contrata una inamovilidad, como ya se dijo, pues por su naturaleza y definición legal se trata de un cargo público esencialmente transitorio, a diferencia de los cargos de planta que son permanentes e indefinidos. La confianza legítima no genera un derecho que otorgue propiedad sobre el empleo, ni inamovilidad, sino que obliga a motivar de modo más exigente y completo los actos administrativos que determinen no renovar una contrata o poner término anticipado a ella.

Acompaña 1) Resolución Exenta N° 1241, de 29 de noviembre de 2019, de Subsecretaría de Transportes; 2) Resolución Exenta RA N° 288/71/2020, de 16.01.2020, de Subsecretaría de Transportes; 3) Resolución Exenta RA N° 288/164/2020, de 6 de abril de 2020, de Subsecretaría de Transportes; 4) Hoja de calificación funcionaria nombre reservado. Evaluación de desempeño 2019-2020. Lista 2 Puntaje 57,46; 5) Hoja de calificación funcionaria nombre reservado. Evaluación de desempeño 2018-2019. Lista 2 Puntaje 50,71; 6) Precalificación del desempeño funcionaria nombre reservado. Evaluación de desempeño 2019-2020. Lista 2 Puntaje 57,46; 7) Resolución Exenta N° 2.627, de 12.11.2020 de que dio inicio, a partir del 2 de noviembre de 2020, de Subsecretaría de Transportes; 8) Resolución RA N° 288/377/2020, de 30 de noviembre de 2020, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 9) Descriptor de funciones secretaria. Subsecretaría de Transportes y 10) Memorándum DAF N° 96, de 21 de octubre de 2020.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que no existe discusión que la recurrente ingresó a prestar sus servicios bajo la modalidad de a CONTRATA desde el 1° de enero de 2010, y comenzó prestando servicios a HONORARIOS en la Subsecretaría de Transportes desde el 12 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009, la que fue prorrogada año tras año hasta la dictación de la Resolución RA N° 288/377/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, hechos todos no discutidos.

Tercero: Que cabe tener presente que por expresa disposición del Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes. La diferencia esencial con los contratados radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. El artículo 10 de la Ley N°18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

Cuarto: Que en el caso de marras, la autoridad competente, en uso de sus facultades y previo cumplimiento de los procesos internos de calificación y desempeño, considerando el interés del Servicio, determinó, contratar a la recurrente en los términos señalados por existir justificación legal y presupuestaria para ello.

Si bien la autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella opera por el solo ministerio de la ley, pero si se pretende no renovarla, debe justificarse tal proceder, máxime si en el caso de marras asistía a la recurrente la confianza legítima, lograda después de más de 10 años de desempeñarse sin interrupción en el cargo encomendado y detentar funciones para las que estaba capacitada en opinión de su jefatura directa quien, aunque sin haberla calificado siempre en lista 1, nunca la incluyo en lista deficiente, circunstancia no desconocida en estrados por la contraria. De hecho las calificaciones con las que fue calificado el trabajo de la recurrente dan cuenta que fue incluida durante estos más de 10 años en: “lista uno: distinción o lista dos: buena”. Desde su ingreso como contrata en el año 2010 y hasta el periodo de evaluación del año 2018 la recurrente fue calificada en la lista uno: distinción, y sólo respecto de las calificaciones del año 2019 y 2020 su calificación fue en lista dos: buena. A este respecto como bien lo señala la recurrente, la calificación de la afectada en todo momento se ha mantenido dentro del rango "Satisfactorio", es decir, generalmente satisface los requerimientos exigidos para el desarrollo de su cargo, no siendo calificada en ningún periodo dentro de estos 10 años como "Negligente" o "Deficiente" respecto de las funciones y el cargo que desempeña, antecedentes que tampoco fueron controvertidos por la recurrida.

Quinto: Que la circunstancia de haber despedido a la recurrente, aludiendo a que las labores que ejecuta no son necesarias producto de la implementación del sistema de gestión documental SGD-ExeDoc., que además la Seremi dejará el edificio donde funciona actualmente y se trasladará a una nueva dependencia que albergará en un solo edificio a la mayoría de los programas, divisiones y demás unidades de la Subsecretaria y las supuestas bajas calificaciones en comparación con las del resto de las secretarias de la Seremi, a juicio de esta Corte, no es suficiente para estimarse que el acto impugnado este suficientemente fundamentado, toda vez que, no se especifica en el mismo de qué manera la implementación técnica del programa SGD-ExeDoc. y cómo ello hará prescindibles los servicios de la recurrente y consecuencialmente no se entiende que el traslado de la oficinas de la SEREMITT tenga necesariamente que afectar su estabilidad laboral de ella, como asimismo no se expresan lo motivos e indicadores que se tuvieron en cuenta para entender que los servicios que prestaba la recurrente eran deficientes comparativamente con otros (as) funcionarios (as) de la institución que representa la recurrida. Al respecto a esta Corte le parece insuficiente como argumento, en este aspecto, lo señalado por la recurrida: “…la existencia de 7 secretarias dentro de la SEREMITT resulta actualmente excesivo, dado este nuevo escenario de funciones que dejan de realizarse y, atendida también la estrechez presupuestaria fiscal, también consignada y desarrollada en la Resolución recurrida.

A su respecto no existen fundamentos específicos, que permitan desvirtuar la presunción que emana del principio de la confianza legítima que en la especie debe primar por el tiempo en que le ha sido renovada su contratación, sin que haya existido sumario administrativo o mala calificación en cuanto a su desempeño. Por consiguiente, en este caso, el acto de que se trata no se encuentra debidamente motivado.

Sexto: Que a mayor abundamiento ha de tenerse en consideración que la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, con el claro propósito, entre otros, de promover la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, establece normas básicas a fin de que el procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten. Entre estas reglas, aplicables en forma supletoria a todo acto administrativo, se encuentra el inciso cuarto del artículo 41, que dispone que toda decisión enmarcada en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, deben ser fundadas con argumentos que se vinculen al funcionario (a) desvinculado (a) o que se desprendan de su mérito.

Séptimo: Que la conducta de la recurrida, vulnera el derecho de igualdad ante la ley respecto a su cargo a contrata, pues no se ha demostrado que la terminación de la contrata, en los términos en que se hizo, haya obedecido a una causa legal o al menos debidamente justificada. Con ello se ha producido una privación arbitraria del derecho a permanecer en el cargo después de más de 10 años al servicio de la entidad recurrida, toda vez que le asiste, como se señalara, la confianza legítima.

Octavo: Que así las cosas, y por concurrir en la especie todos los presupuestos que estructuran el arbitrio cautelar instituido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, procede que éste sea acogido, respecto de lo que se indicará más adelante.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, SE ACOGE el deducido por doña Daniela Rivas Vilches, en representación de doña nombre reservado y se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N° 288/377/2020 de fecha 30 de noviembre del año 2020, debiendo la recurrida SEREMITT mantener vigente la contrata de la señora nombre reservado por todo el año en curso hasta el 31 de diciembre de 2021 y pagar a ésta las remuneraciones por el tiempo que ha permanecido separada de sus labores.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Redacción de la Ministro (S) Alberto Amiot.

N°Protección-97710-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro (S) señor Alberto Amiot Rodríguez e integrada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado por encontrarse ausente.