Protección contra Ministerio de Obras Públicas

C.A. de Santiago Santiago, veinte de abril de dos mil veintiuno.

A los folios 16, 17 y 18: a todo, téngase presente .

Vistos:

Comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, funcionario público, e interpone acción de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto administrativo consistente en Resolución RA N°110/89/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, suscrita por el Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, Sr. nombre reservado en la cual se comunica que no se renovará su contrata para el año 2021.

En cuanto a los hechos sostiene que ingresó al servicio en el año 2013, específicamente a la Dirección Regional Metropolitana. Luego, en abril de 2019 fue trasladado al Subdpto. de Contabilidad y Finanzas en la misma dirección, asumiendo funciones administrativas en materia de rendición de cuentas. Hasta la evaluación que recibió este año, que calificaba un periodo entre septiembre 2018 y febrero 2020, siempre fue calificado en lista 1, desarrollando funciones administrativas de rendición de cuentas, gestión de oficios y documentos tributarios, centralización de viáticos, entre otros. Fue en marzo de 2020 que recibió una precalificación del periodo septiembre de 2018 y marzo de 2020, de lista 4, la que reclamó para modificarla a lista 3. Luego recibió la resolución que decide no prorrogar su contrata, tomó conocimiento de la existencia de una nueva evaluación entre el 01 de marzo y el 31 de agosto de 2020, que lo evalúa con un puntaje 12,71, ubicándolo el lista 4, eliminación.

Concluye que con fecha 30 de noviembre de 2020 recibió la resolución Nº110/89/2020, mediante la cual se le notifica de la decisión del Servicio de no renovar su contrata para el año 2021.

Sostiene que en la carta que recibe se señala:

“Que, de acuerdo a los antecedentes mencionados y a la jurisprudencia administrativa, una deficiente evaluación del servidor, ya sea reflejada en la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación, sirven como fundamento para prescindir del vínculo con el funcionario”. Y le notifica de una anotación de demérito que sólo recibió vía correo electrónico, sin notificación formal de la institución, y de una calificación que lo sitúa en Lista 4, que tampoco se le informó ni notificó previo a la resolución que se impugna.

Afirma que el acto es ilegal y arbitrario, ya que vulnera el principio de la confianza legítima que tenía sobre la renovación de su contrata, atendido lo establecido por la Contraloría General de la República en el Dictamen 85.700 del año 2016 y en el Dictamen N° 6.400 del año 2018, que en caso de no renovar, ponerle término anticipado o renovar por un plazo menor o estamento menor, la autoridad deberá dictar un acto administrativo fundamentado su decisión, puesto que si no las facultades discrecionales con las que cuenta la autoridad, pasarían ser meramente arbitrarias.

De esta forma, atendido los años que lleva desempeñándose en el cargo, el que ha sido renovado sucesivamente por 8 años, excediendo con creces las dos renovaciones, permite tener por constituida la confianza legítima de que se le renovaría nuevamente términos para al año 2021. Reclama que se está frente a un acto arbitrario e ilegal, ya que la resolución “escoge únicamente la parte del relato que sirve para avalar la decisión, y omite no sólo el contexto en que todo esto ocurrió…” reiterando que tanto la calificación y anotación de demérito en la que se funda su no renovación, no le fueron debidamente notificadas y en consecuencia se trata de actos que no estuvieron legalmente tramitados.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas señala las establecidas en los artículos 19 N° 2 y 20 de nuestra Constitución Política. Esto es, la igualdad ante la ley, ya que el hecho de que no se haya decidido renovar su contrata para el año 2021 por un acto de autoridad arbitrario e ilegal como se ha explicado, genera un trato diferenciado en relación a sus pares cuyos actos administrativos han sido fundados de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 3, 8 y 11 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración del Estado, y respecto de aquellos que siguen trabajando y su contrata fue renovada por todo el año 2021.

Pide reestablecer el imperio del derecho asegurando la debida protección, ordenando que se deje sin efecto la Resolución RA N°110/89/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, notificada con fecha 30 de noviembre del mismo año, en la cual se decreta la no renovación de la contrata para el año 2021, ordenando dejarla sin efecto, y declarando el pago de las remuneraciones mientras se tramita judicialmente la presente acción, y decretando, además, la renovación de su contrata en los mismos términos y condiciones del año 2020 para el año 2021, con costas.

Que informa el recurso doña nombre reservado, Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas, solicita el rechazo del recurso.

1.- Aclara que la autoridad no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno.

Cabe precisar que la Resolución Exenta RA N° 110/89/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, impugnada en autos, es un acto administrativo, y en dicha calidad, goza de un presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios desde su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que prescribe el inciso final del artículo 3 de la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, además, se encuentra dictada en el ámbito de atribuciones del Jefe Superior del Servicio y constituye un acto debidamente fundado.

Recalca que la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, prescribe que el empleo a contrata "Es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución".

Luego, el inciso primero de su artículo 10 dispone que dichos empleos "…durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos…”. Al respecto el artículo 153 del mismo estatuto indica que “…el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones”.

2.- Inexistencia de Arbitrariedad El órgano ha sido habilitado con un margen de libertad de apreciación para actuar en su función de satisfacer las necesidades públicas. En el caso del acto impugnado, no es posible sostener que estemos frente a una actuación caprichosa de la autoridad, por el contrario, se encuentra debidamente fundamentado y se encuentra dictado conforme a razón. En esta misma línea, destaca que en este acto administrativo se establecen claramente los presupuestos que fundamentan la decisión de término anticipado de designación a contrata, conforme a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en Dictámenes N° 22.766/2016, N° 85.700/2016 y N° 6.400/2018.

La referida Resolución Exenta RA N° 110/89/2020, señala en sus considerandos, entre otros, los siguientes:

“Que, el funcionario fue precalificado en el período de septiembre 2018 a marzo 2020, con un puntaje lo ubicaría en lista 4, de eliminación, por cuanto su jefatura directa presentó las siguientes evidencias de bajo desempeño:

- Anotación de demérito, por fecha de ocurrencia de los hechos el 18 de diciembre de 2019, en la cual se deja constancia del “incumplimiento manifiesto de las obligaciones funcionarias en Factor 1, Efectividad personal, subfactor 1.3: Resultados del trabajo, fundamentado en: funciones encomendadas con fecha 11 de octubre de 2019, según el siguiente detalle: no deriva 4 facturas que estaban pendientes en bandeja de entrada de Documento Tributario Electrónico (DTE); no deriva correo electrónico con informe diario de alerta DTE de Reclamos al Servicio de Impuestos Internos (SII); no envía correo electrónico con informe diario de bandeja de entrada DTE. El no cumplimiento de estas medidas de control contraviene las instrucciones impartidas en Circular DCYF N° 8, de 2019, para recepción de DTE en 8 días, ya que, al no realizar reclamos correspondientes, las facturas quedaban aceptadas, con el inminente riesgo de tener que pagar servicios que los proveedores o contratistas no hubiesen entregado de manera conforme a los Servicios Públicos de este Ministerio.

Además de lo anterior, la jefatura directa señala que no se ven los resultados concretos y esperados, a saber: el 11.11.2019 la jefatura entrega información para ser enviada por el funcionario, que con fecha 18.12.19 aún no se ha realizado; no entrega documentación solicitada con fecha 08.10.19, cuyo plazo se extendía hasta el 31.10.2019; contabilización de viáticos presenta atrasos en su proceso, por lo que jefatura tiene que pedir apoyo a otros funcionarios para cumplir con el procedimiento establecido; dentro de sus funciones se encuentra elaborar propuesta de almacenamiento en container, coordinar respaldo y traslado de documentación, del cual no se recibieron los reportes solicitados, ni los resultados de la tarea solicitada, debiendo ser encomendada a otro funcionario; no entrega informe de rendición de cuenta, el que fue requerido con entrega quincenal el 11.10.2019, no entregando ningún producto al 18.12.2019.

Que, es importante mencionar que en las observaciones que el funcionario realizó a su precalificación, éste reconoce lo que la jefatura le observa, por lo tanto, está al tanto de su bajo desempeño.

Que, sin perjuicio de lo anterior, la Junta Calificadora 2020 subió algunos subfactores, calificándolo finalmente con un puntaje de 20, ubicándolo en lista 3 Condicional….”

“…Que, la jefatura realizó primer informe de desempeño del funcionario, cuyo período de evaluación comprende entre el 01 de marzo al 31 de agosto de 2020, evaluándolo con puntaje 12,71, lo que lo ubicaría en lista 4, de Eliminación. La jefatura directa expone los siguientes antecedentes: - Durante el período evaluado no muestra interés por las funciones encomendadas, ya que instrucciones tales como circulares, oficios, correos deben ser reiterados en más de una ocasión para que se haga cumplimiento de ellos. En el caso de rendición de cuentas, que forma parte del Convenio de Desempeño Colectivo de la región, a mayo no se mostró avances en el plan de trabajo regional para abordar la labor, siendo que era el encargado del proyecto, al consultar por el tema, desconocía los correos e instrucciones enviadas. Igual situación ocurrió con la derivación de los DTE, que en más de una oportunidad derivó facturas en que él proveedores no tenían cuentas corrientes autorizadas en el Sistema Contable Financiero (SICOF) (detectadas tres en un mes), así como rechazo de facturas en el Servicio de Impuestos Internos por consumos básicos, entre otras. - En el mes de mayo por error reclamo 22 DTE en página del Servicio de Impuestos Internos, de las cuales 1 efectivamente estaba reclamada por el Servicio MOP y 1 que estaba en el plazo del 9 día en proceso de admisibilidad (instrucción indica que se debe rechazar al 8 día); de las 20 restantes: 2 se encontraban pagadas, 18 validadas y recibidas conforme por los servicios, de estas 3 estaban cedidas, entre ellas había con Ordenes de pagos emitidas y otras procesadas en SICOF. - En el mes de mayo, para distribuir las cargas de trabajo se encargó al funcionario efectuar los Oficios a Fiscal Regional, control y seguimiento de las facturas cedidas, en la oportunidad se envió correos tipos con los archivos que se deben enviar, además de control de factoring para seguimiento, se indicaron plazos para envío y reiteración. De lo indicado, no se cumplían los plazos de reiteración al igual que archivo de control no se encontraba al día”.

Que, la jefatura directa colocó anotación de demérito por hechos ocurridos con fecha 13 de mayo de 2020, en relación con el factor Efectividad Personal, fundamentado en lo siguiente: Se rechazaron erróneamente 21 DTE en la página del Servicio de impuestos Internos, siendo que estos: 18 se encontraban cedidos; 1 pagado; 1 canelado por Fondo Interno a Rendir.; 1 en proceso de admisibilidad. Sumado a lo anterior, el día 14 de mayo, se informa por parte del analista de Información y Atención Ciudadana, que el funcionario no habría rechazado en página de SII DTE rechazado en SICOF.

Que, de acuerdo a los antecedentes mencionados y a la jurisprudencia administrativa, una deficiente evaluación del servidor, ya sea reflejada en la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación, sirven como fundamento para prescindir del vínculo con el funcionario, en la medida que sean expuestos los antecedentes que reflejan esta situación, tal como lo referenciado en este caso.”

La decisión de no renovación de su contrata, se funda en que se comienza a evidenciar un deficiente desempeño en las labores encomendadas, razón por la cual en el período de calificación comprendido entre septiembre de 2018 y febrero 2020, fue precalificado con un puntaje que lo ubicaría en lista 4, de eliminación, por cuanto su jefatura directo presentó los siguientes antecedentes de su desempeño:

1. Primera Anotación de demérito: En el que se deja constancia del incumplimiento manifiesto de las obligaciones funcionarias en Factor 1, Efectividad personal, subfactor 1.3: Resultados del trabajo, fundamentado en: funciones encomendadas con fecha 11 de octubre de 2019, según el siguiente detalle:

- No deriva 4 facturas que estaban pendientes en bandeja de entrada DTE (documentos de tramitación electrónica);

- No deriva correo electrónico con informe diario de alerta DTE de Reclamos Servicio de Impuestos Internos (SII);

- No remite correo electrónico con informe diario de bandeja de entrada DTE.

El incumplimiento de estas medidas de control pone en riesgo el cumplimiento de instrucciones impartidas en Circular DCYF N° 8, de 2019, para recepción de DTE en 8 días, ya que, al no realizar reclamos correspondientes, facturas quedaban aceptadas automáticamente ante el Servicio de Impuestos Internos, con el inminente riesgo de tener que cancelar servicios que no se hubiesen entregado por parte de los otros Servicios de este Ministerio.

Además de lo anterior, la jefatura directa señala que no se ven los resultados concretos y esperados, a saber: el día 11 de noviembre de 2019 la jefatura entregó información para ser enviada por el funcionario, que con fecha 18 de diciembre de 19 aún no había sido realizada; no entregó documentación solicitada con fecha 08 de octubre de 19, cuyo plazo se extendía hasta el 31 de octubre de 2019; la contabilización de viáticos presentó atrasos en su proceso, por lo que su jefatura tuvo que pedir apoyo a otros funcionarios para cumplir con el procedimiento establecido; dentro de las funciones del recurrente (funcionario) se encontraba la de elaborar propuestas de almacenamiento en container, coordinar el respaldo y traslado de documentación, del cual no se recibieron los reportes solicitados, ni los resultados de la tarea encomendada debiendo ser remitida a otro funcionario; no entregó informe de rendición de cuenta, el que fue requerido con entrega quincenal el 11 de octubre de 2019, no entregando ningún producto al 18 de diciembre de 2019.

Además, cabe hacer presente que con fecha 11 de octubre de 2019 se le proporcionó al recurrente la descripción detallada de sus Funciones, Responsabilidades y la Periodicidad de las mismas, la cual está debidamente firmada por el funcionario.

Es importante mencionar que en las observaciones que el funcionario realizó a su precalificación, éste reconoce lo que la jefatura le observa, por lo tanto, está al tanto de su bajo desempeño. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta Calificadora 2020 subió algunos subfactores, calificándolo finalmente con un puntaje de 20, ubicándolo en lista 3, Condicional.

2. Informe Complementario de Evaluación del funcionario don nombre reservado: A mayor abundamiento y tal como lo indica la Resolución antedicha, con fecha 27 de noviembre la Sra. nombre reservado, Directora Regional de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, Región Metropolitana, elaboró un Informe Complementario de Evaluación del funcionario don nombre reservado, que consigna en lo pertinente:

- Que el Sr. nombre reservado durante el período 2019-2020 fue precalificado en el período 2019-2020 en lista 4, por presentar serias dificultades para poder organizar su tiempo para cumplir con las funciones encomendadas.

- Que, a propósito de las funciones asumidas en abril de 2019, al mes de diciembre de dicho año el funcionario no ha podido ponerse al día con la revisión y seguimiento de las observaciones de rendición, siendo una tarea exclusiva, entre los meses de abril y octubre.

- Necesita un constante monitoreo de su labor, lo que se ha llevado a imponer fechas límites para su trabajo, otorgándole extensión de tiempo cuando lo ha solicitado.

- No demuestra interés en funciones encomendadas, ya que las instrucciones deben ser reiteradas en más de una ocasión.

- En el caso de rendición de cuentas, proyecto de digitalización, que forma parte del Convenio de Desempeño Colectivo de la Región, a mayo no se encontró avances en el plan de trabajo regional, siendo que era encargado del proyecto. Al consultar del tema, desconocía correos e instrucciones.

- Misma situación del punto anterior ocurrió con los DTE, ya que en más de una oportunidad envió facturas a proveedores que no tenían cuentas corrientes autorizadas en el sistema informático de la Dirección, así como rechazo facturas por servicios básicos en el Servicio de Impuestos Internos.

- En el mes de mayo por error reclamo 22 DTE en situaciones que no correspondía.

- No cumple con plazos de reiteración de oficios a Fiscal Regional, control y seguimientos de facturas cedidas. Respecto a esto, no se cumplían los plazos de reiteración al igual que el archivo de control se encontraba desactualizado.

3. Primer informe de desempeño del funcionario don nombre reservado: Cuyo período de evaluación comprende entre el 01 de marzo al 31 de agosto de 2020, evaluándolo con puntaje 12,71, lo que lo ubicaría en lista 4, de Eliminación.

La jefatura directa expone los siguientes antecedentes:

“Durante el período evaluado no muestra interés por las funciones encomendadas, ya que, instrucciones tales como circulares, oficios, correos deben ser reiterados en más de una ocasión para que se haga cumplimiento de ellos. En el caso de rendición de cuentas, que forma parte del Convenio de Desempeño Colectivo de la región, a mayo no se mostró avances en el plan de trabajo regional para abordar la labor, siendo que era el encargado del proyecto, al consultar por el tema, desconocía los correos e instrucciones enviadas. Igual situación ocurrió con la derivación de los DTE, que en más de una oportunidad derivó facturas en que él proveedores no tenían cuentas corrientes autorizadas en el Sistema Contable Financiero (SICOF) (detectadas tres en un mes), así como rechazo de facturas en el Servicio de Impuestos Internos por consumos básicos, entre otras.

En el mes de mayo por error reclamo 22 DTE en página del Servicio de Impuestos Internos, de las cuales 1 efectivamente estaba reclamada por el Servicio MOP y 1 que estaba en el plazo del 9 día en proceso de admisibilidad (instrucción indica que se debe rechazar al 8 día); de las 20 restantes: 2 se encontraban pagadas, 18 validadas y recibidas conforme por los servicios, de estas 3 estaban cedidas, entre ellas había con Ordenes de pagos emitidas y otras procesadas en SICOF.

En el mes de mayo, para distribuir las cargas de trabajo se encargó al funcionario efectuar los Oficios a Fiscal Regional, control y seguimiento de las facturas cedidas, en la oportunidad se envió correos tipos con los archivos que se deben enviar, además de control de factoring para seguimiento, se indicaron plazos para envío y reiteración. De lo indicado, no se cumplían los plazos de reiteración al igual que archivo de control no se encontraba al día.

Al presentar errores de establecer controles para evitar que vuelvan a ocurrir, para lo cual se le deben indicar cuales son los pasos que debe seguir para cada situación que se presenta, demostrando no conocer la labor.”

Se deja constancia, que el informe de desempeño del sistema de calificaciones antes referido se gestiona a través de la plataforma GESTOR DCYF, de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, a través de la cual se efectuó notificación al Sr. nombre reservado.

4. Segunda Anotación de demérito: por hechos ocurridos con fecha 13 de mayo de 2020, en relación con el factor Efectividad Personal, fundamentado en lo siguiente:

Se rechazaron erróneamente 21 DTE en la página del Servicio de Impuestos Internos, siendo que éstos: 18 se encontraban cedidos; 1 pagado; 1 cancelado por Fondo Interno a Rendir.; 1 en proceso de admisibilidad.

Sumado a lo anterior, el día 14 de mayo, se informa por parte del analista de Información y Atención Ciudadana, que el funcionario no habría rechazado en página de SII DTE rechazado en SICOF.

Que, lo anterior se traduce en un daño en la imagen del Servicio, tanto con clientes internos como externos al ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo a los antecedentes mencionados y a la jurisprudencia administrativa, entre ellos, el dictamen N° 6400 del 2018, una deficiente evaluación del servidor, ya sea reflejada en la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación, sirven como fundamento para prescindir del vínculo con el funcionario, en la medida que sean expuestos los antecedentes que reflejan esta situación, tal como lo referenciado en este caso.

C. Inexistencia de vulneración de garantías constitucionales En efecto, en relación a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado:

En este caso, cabe destacar que el régimen jurídico a contrata por el cual se encontraba vinculado el recurrente a este Servicio, rige para todos/as los/as funcionarios/as de contrata, y no constituye un tratamiento especial discriminatorio para con él. En tal sentido, todos los funcionarios a contrata, están sujetos por ley, a la expiración de sus funciones a más tardar el 31 de Diciembre de cada año, o mientras sean necesarios sus servicios, pues es de la esencia de este tipo de empleo, la transitoriedad de sus funciones. Así las cosas, no resulta posible afirmar que se le haya dado un trato desigual frente a otros funcionarios a contrata que se encuentren en su misma posición, por lo que no ha existido discriminación arbitraria alguna. Así concluye que:

1. El acto administrativo contra el cual se recurre Resolución Exenta RA N° 110/89/2020 de fecha de fecha 30 de noviembre de 2020 no es ilegal ya que emana de autoridad competente, cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa en la materia.

2. El referido acto no puede considerarse arbitrario, toda vez que ha sido debidamente fundamentado y de su sola lectura es posible observar qué razones se tuvieron en cuenta para su dictación, por lo que se basta a sí mismo.

3. No existe vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto no ha existido un trato especial o discriminatorio contra el recurrente, conforme lo indicado en la letra C) de esta presentación.

Solicita finalmente tener por evacuado el informe solicitado, desestimando en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la Resolución RA N° 110/89/2020 dictada por la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas por la cual se decidió no renovar su contrata para la presente anualidad 2021.

Cuarto: Que el régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Quinto: Que de acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración, lo que en la especie sucedió, determinándose sin embargo que para la siguiente anualidad la contrata no sería renovada.

Sexto: Que del texto de la resolución cuestionada puede observarse que en ella se indicó como fundamento de la decisión que el funcionario fue precalificado para el período septiembre de 2018 a marzo de 2020 con un puntaje que lo ubicaría en lista 4, de eliminación, refiriéndose además distintas evidencias que, en concepto, del jefe superior del servicio, evidencian un bajo desempeño y así se alude a anotaciones de demérito y a las observaciones que merecen su trabajo. Enseguida y pese a reconocer que finalmente el funcionario fue calificado en lista 3 –y no 4- alude a un informe adicional referido a problemas con su desempeño. Por último, se concluye que existe una deficiente evaluación, reflejada en una calificación regular y periódica por lo que se dispone prescindir de sus funciones.

Así, puede observarse que el acto administrativo cuestionado en autos cumple con la exigencia de motivación que le exige la Ley N° 19.880 en su artículo 11 y la Ley N° 18.575 en su artículo 11 bis. En efecto, se ha explicado al actor, en forma detallada las razones que motivan no continuar con sus servicios, circunstancias que permiten descartar los reproches de arbitrariedad o ilegalidad que se le atribuyen.

Séptimo: Que los cuestionamientos planteados por el actor, en cuanto disiente de los argumentos dados en la resolución por la que se recurre, son cuestiones de mérito que no corresponde zanjar en esta acción constitucional.

Octavo: Que en cuanto al principio de confianza legítima que esgrime el actor en orden a que se desempeñaba en el cargo al que se ha puesto término desde hace años y que sucesivamente fue prorrogado en aquel, vulnerándose dicha confianza con el acto administrativo recurrido, cabe desestimar tal cuestionamiento en atención a que el recurrente estaba en conocimiento de la calidad de su designación, que al ser a contrata supone una transitoriedad de temporalidad y de necesidad en el nombramiento. En efecto, su designación no sobrepasaba el 31 de diciembre de cada año y; enseguida su labor estaba sujeta a la necesidad del servicio que prestaba, de tal forma que verificándose el plazo establecido para el cargo que desempeñaba éste debía cesar, y luego para no decidir su renovación, correspondía -por los años de desempeño del recurrente- dictar un acto motivado, lo que se hizo.

Noveno: Que conforme a lo razonado, al descartarse ilegalidad o arbitrariedad de la decisión, se hace innecesario analizar la afectación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Ministerio de Obras Públicas.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-97676-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz.