nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

Santiago, siete de febrero de dos mil veintitrés.

A los folios 31, 32 y 33: a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Claudio Andrés Ángel Aracena, dedujo acción de protección en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto CGR N°587 de 15 de julio de 2022, que le impuso la medida disciplinaria de destitución, lo que estima vulnera las garantías contenidas en los números 2, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja el recurso y en definitiva se deje sin efecto el acto administrativo impugnado, absolviéndolo de los cargos formulados, además de disponer la reincorporación a su cargo.

Expone que el Decreto Alcaldicio N°817 de 3 de junio de 2021 dispuso la instrucción de un proceso disciplinario tendiente a determinar la existencia de responsabilidad administrativa producto de una riña callejera. En el referido sumario, se le aplicó la sanción de destitución, a través del decreto alcaldicio CGR N°587 de 15 de julio de 2022.

Explica que los hechos en concreto, corresponden a una pelea o riña callejera, ocurrida en las afueras de su casa en la comuna de Ñuñoa, en la que se vio involucrado su hijo. En ese contexto, llegaron al lugar 8 funcionarios de la Dirección de Seguridad Ciudadana. En atención a que su hijo estaba siendo golpeado tanto por los propietarios del inmueble, como por vecinos del sector y los funcionarios, el recurrente se apersonó en el lugar, momento en el que fue víctima de agresiones verbales por parte de estos últimos, especialmente de nombre reservado, sin siquiera identificarse como funcionario municipal.

Añade que a pesar que se le advirtió al señor nombre reservado que el protegido era funcionario del Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, éste intentó golpearlo, además de incitar a los vecinos para que continuaran la agresión hacia su hijo. Por lo anterior, llamó a Carabineros, quienes consignaron en el procedimiento las agresiones físicas efectuadas hacia su hijo de mi mandante y los daños provocados en su vehículo producto de golpes con un palo.

Alega que, en primer lugar, el cierre del procedimiento sumarial tardó casi 9 meses -25 de agosto de 2021 hasta el 05 de mayo de 2022-, lo que contraviene lo dispuesto en el inciso final del artículo 133 de la Ley N° 18.833, lo que en definitiva vulnera su derecho a ser juzgado en un plazo justo y razonable.

Así, se le formularon los siguientes cargos:

1° “Conducta reprochada: intervenir en la detención de nombre reservado, hijo de nombre reservado, por parte de funcionarios municipales de Seguridad Pública, aduciendo su cargo en el Juzgado de Policía Local, amedrentando a los funcionarios que participaban en el procedimiento.

Momento en que ocurrió la conducta reprochada: el 31 de mayo de 2021, alrededor de las 21:50 horas, en la calle nombre reservado, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, luego que funcionarios de Seguridad Pública acuden al llamado de un vecino, debido a una riña originada por vehículo mal estacionado, que estaba obstruyendo la la entrada y salida de un estacionamiento al interior de una vivienda particular.

Las declaraciones de testigos que presenciaron cuando el sr. nombre reservado, actuario del Primer Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, acudió al procedimiento en calle nombre reservado, señalan: “Llegó diciéndoles a los chicos de Seguridad y apuntando con el dedo: tú, tú y tú se van” y “llámame inmediatamente al supervisor de Seguridad Pública porque ustedes no saben con quien se están metiendo”. Además, testigos indican: “Llegó el sr. nombre reservado identificándose como funcionarios de la Corte Suprema, pidiéndonos identificación a todos los que estábamos involucrados”, “Se volvió a identificar, esta vez como el Secretario del Juez, diciendo: mírenme la cara que conmigo lo van a pasar mal” y “Lo que más recuerdo, es que él dijo que trabajaba en el Juzgado.

La conducta referida vulnera gravemente el principio de probidad consagrado en el artículo 58 letra g) del Estatuto Administrativo Municipal en relación con los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Conforme al artículo 52, inciso segundo la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

La vulneración grave del principio de probidad se produce porque el comportamiento de los hechos ocurridos pugna con lo señalado en el numeral 2 del artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que señala, “hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero” y letra b) del artículo 82, en el párrafo 5° de las prohibiciones de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo Municipal, que señala, “intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción”.

2° “Conducta reprochada: denigrar a funcionarios de Seguridad Pública, discriminando su rol y calidad jurídica.

Momento en que ocurrió la conducta reprochada: el día 31 de mayo de 2021, alrededor de las 21:50 horas, en la calle nombre reservado, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, luego que funcionarios de Seguridad Pública acuden al llamado de un vecino, debido a una riña originada por vehículo mal estacionado, que estaba obstruyendo la la entrada y salida de un estacionamiento al interior de una vivienda particular.

Los testigos que presenciaron la participación del sr. nombre reservado, actuario del Primer Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, en el procedimiento de Seguridad, señalan que el funcionario le dijo a los inspectores: “Que eran unos simples contratas, ustedes saben perfectamente”, “recién entrado, un grado 17, un simple peón y contrata”, “Te vas a acordar de mí, en tono amenazante”, Expresan También: “Que nos conocía a todos, que no sabemos con quién nos estábamos metiendo y que nosotros éramos simples contratas y que íbamos a quedar sin trabajo porque el procedimiento estaba mal adoptado”, “Lo trato de ignorante, de bruto que no llegaba a más. Había como 5 o 6 funcionarios, había varios, pero los trato a todos muy mal”.

La conducta referida vulnera gravemente el principio de probidad consagrado en el artículo 58 letra g) del Estatuto Administrativo Municipal en relación con los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

Conforme al artículo 52, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular.

La vulneración grave del principio de probidad se produce porque el comportamiento en los hechos ocurridos pugna con lo señalado en la letra L) del artículo 82, en el párrafo 5° De las prohibiciones de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo Municipal, que señala, “realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación, y”. Este acto se considera discriminatorio, en el sentido de hacer valer, sin justificación razonable, su calidad jurídica de planta, respecto a otros funcionarios, cuya calidad jurídica es a contrata.

Se hace presente que conforme al artículo 136 del Estatuto Administrativo Municipal, usted tiene el plazo de cinco días, contados desde la fecha de notificación de este oficio, para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas”.

Precisa que su hijo es un ex funcionario de Seguridad Ciudadana, y fue agredido por los funcionarios, incitando a los vecinos a que lo golpearan porque. en el tiempo en que se desempeñó en la Dirección de Seguridad Pública, denunció en reiteradas ocasiones ante sus jefes superiores don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, que los funcionarios de Seguridad Pública hacían uso indebido de su cargo o autoridad, cuando amedrantaban e intimidaban a las personas que trabajaban en la vía pública estacionando vehículos, o cuando realizaban controles de identidad de forma vejatoria a las personas que consideraban caprichosamente que tenían apariencia de “delincuentes”. Por esa razón fue, que no le renovaron el contrato.

Niega los hechos que se le imputan al protegido, y hace presente su calidad de padre en el desarrollo de los hechos.

Además, arguye que la fiscal no consignó todos los hechos en la declaración y que no se le permitió contar con testigos, especialmente la de su hijo y su nuera, ya que las diligencias que se efectúen una facultad exclusiva de la fiscal, lo que contraviene el artículo 136 de la Ley N° 18.883.

Prosigue indicando que dedujo una querella en contra de todo quien resulte responsable, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, perjurio y prevaricación administrativa, de lesiones y amenazas, seguida ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, rol causa O-6491-2020, RUC 2010044657-0, actualmente en etapa de investigación.

En cuanto al derecho, alega que se conculcó el debido proceso al impedirse la declaración de sus testigos, a pesar de solicitarlo dentro de plazo, impidiéndole, la posibilidad de rendir prueba. Lo anterior además vulnera el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 de la Ley N° 19.880.

A continuación, indica que la medida de destitución carece de motivación, sin justificarse la misma en el decreto sancionatorio, vulnerándose lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental y el Principio conclusivo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 19.880.

Alega que además que mediante el Ordinario N° 1100/ 1657 de 14 de junio de 2022, se dispuso como “medida para mejor resolver”, y oficio conductor mediante el cual se notifica el Decreto CGR N° 306 de 2019, que le impuso la medida disciplinaria de suspensión de empleo de 30 días con goce de un 70% de remuneración, por lo que dedujo la querella indicada, ya que fue sometido a un sumario administrativo a causa de “una toma ocurrida en la cancha de la Villa Los Jardines” a solicitud expresa del jefe de gabinete del alcalde. La imputación no es efectiva, ya que únicamente concurrió al lugar en su calidad de dirigente de la Asociación de Funcionarios, pero no participó, instigó u organizó la toma.

Por todo lo anterior, pide que se acoja el presente arbitrio y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio CGR N°587 del 15 de julio de 2022, absolviéndolo de todos los cargos formulados en el procedimiento sumarial incoado en su contra mediante Decreto Alcaldicio N°817 de 03 de junio de 2021, y ordenando se le reincorpore a su cargo de administrativo en el Primer Juzgado de Policía Local de Ñuñoa. Además, solicita que esta Corte adopte las medidas y providencias que considere necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y debida protección del protegido en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Todo lo anterior, con costas.

Como fundamento de sus asertos, acompañó copias del sumario administrativo; querella y ampliación, además del certificado de envío de esta última.

Segundo: Que al evacuar el informe, la recurrida solicitó el rechazo de la acción. Se refirió en primer término a los hechos que fundaron el sumario que concluyó con la sanción impugnada por esta vía.

Agrega que se procedió a la formulación de cargos, en los que se detallan los hechos que motivan el sumario, donde se explica la forma en que incurrió en faltas graves a la probidad.

Posteriormente, la fiscal decretó una medida para mejor resolver, esto es, adjuntar al expediente sumarial, la notificación del Ordinario Nº 110/1657 de fecha 01 de julio del año 2019 y Decreto CGR Nº 306 de fecha 6 de junio del año 2019, que impuso la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días, con un goce del 70% de su remuneración.

Alega que el recurso de protección resulta improcedente, en atención a que el sumario administrativo es un acto reglado, que establece los elementos de un procedimiento racional y justo, y discutir por esta vía la imposición de una medida disciplinaria impuesta en el marco de normas y procedimientos que son materia de ley y de derecho estricto, al tratarse de normas de orden público, no es procedente.

En cuanto al fondo de la acción, refiere que resulta complejo referirse respecto a las vulneraciones legales y arbitrariedad, toda vez que el recurso efectúa una defensa sobre la inocencia del actor, más no una exposición clara y precisa de las infracciones cometidas.

Añade que, en todo caso, el acto es legal en atención a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, regula expresamente, la aplicación de una medida disciplinaria. Por su parte, la letra c) del artículo 63 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece la atribución del Alcalde para efectuar una destitución, la que se manifiesta a través de la decisión de acoger la vista fiscal. Lo anterior, solo se puede efectuar previa instrucción de un sumario, tal como lo dispone el artículo 29 de la misma norma.

Alega que lo que cuestiona el recurrente es la decisión de la autoridad edilicia, la que se encuentra ya afinada, toda vez que con fecha 05 de agosto del año 2022, se registró el decreto impugnado en Contraloría General de la República.

Respecto del derecho a ser juzgado en un plazo justo y razonable, cita jurisprudencia administrativa que establece que salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y su vencimiento no implica, por sí mismo, su caducidad o invalidación, de modo que la expiración del pertinente término no impide que las actuaciones que procedan se lleven a cabo con posterioridad a ella.

En cuanto a que se le habría negado el derecho de presentar prueba, indica que el señor nombre reservado solicitó a la fiscal la declaración de dos testigos, petición que fue negada, exponiéndose claramente los fundamentos, ya que se estimó inútil o impertinente la diligencia y en consideración a que el artículo 133 de la Ley Nº 18.883, señala expresamente que el fiscal tiene amplias facultades para realizar la investigación.

Niega la falta de motivación del Decreto Nº 587 y aduce que la sanción es proporcional y se impuso conforme al mérito del proceso disciplinario, legalmente sustanciado y en cuyo desarrollo se lograron acreditar las conductas reprochadas, las que fueron calificadas por el fiscal instructor como faltas graves al principio de probidad, por lo que de conformidad al artículo 125 del Estatuto Administrativo de funcionarios municipales, resultaba procedente la destitución.

Por ello, pide rechazo, con costas.

Tercero: Que, tal como recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, en el presente caso, la pretensión del recurrente es que se deje sin efecto una medida disciplinaria de destitución, dispuesta por la autoridad del órgano público al que pertenece, porque la estima arbitraria e ilegal, considerando para ello, ya que no se le permitió rendir prueba, por lo que no se garantizó adecuadamente su derecho a defensa.

Asimismo, alega la falta de motivación del decreto que dispuso la destitución, como asimismo, el plazo excesivo de tramitación del sumario, lo que vulneraría su derecho a ser juzgado en un plazo justo y razonable.

Quinto: Que, en primer lugar, ha de tenerse presente que el sumario administrativo corresponde a un acto reglado, término propio del derecho Administrativo, y que implica que todos sus elementos se encuentran establecidos en la ley, en este caso concreto, el sumario administrativo se encuentra debidamente sistematizado en la Ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.

Sexto: Que el recurrente pretende que se revise el mérito de la medida impuesta, la que se encuentra afinada, debiendo además considerarse que la medida disciplinaria corresponde al resultado de un sumario administrativo y los cuestionamientos que el recurrente dirige a la forma en que se sustanció el procedimiento disciplinario seguido en su contra, no alcanzan a configurar la indefensión que pretende, por cuanto la construcción legal del proceso se encuentra formulado en esos términos, no correspondiendo a esta Corte pronunciarse al respecto Séptimo: Que, el objetivo del arbitrio constitucional impetrado, no puede relacionarse, como lo pretende el recurrente, con el examen del mérito del proceso investigativo desarrollado en la especie, ya que ello corresponde únicamente a la autoridad competente para ello, dentro del marco de los procesos disciplinarios previstos por la ley especial, que consideran el cumplimiento de una serie de principios que son propias a tales decisiones, como ante la Contraloría General de la República, debiendo además considerarse que el decreto o acto final del procedimiento, y que ha sido recurrido, ya se encuentra registrado en dicho organismo contralor .

Noveno: Que, no se advierte un acto ilegal y arbitrario, toda vez el acto fue dictado en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la autoridad competente, a continuación de un procedimiento reglado en que intervino el recurrente y cuya medida final ha sido apropiadamente motivada en aspectos de hecho y de derecho, de manera que no puede ser tachada de arbitraria ni de ilegal.

Asimismo, esta Corte no constituye una segunda instancia del procedimiento disciplinario desarrollado y, al ser ajustado a derecho el procedimiento adoptado por la autoridad, el acto y su decisión, no cabe estimar la vulneración de alguna de las garantías constitucionales que el protegido estima conculcadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Ñuñoa.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección- N° 97666-2022.

Pronunciada por la Sexta Sala, integrada por los Ministros señor Antonio Ulloa Marquez, señora Ana Maria Osorio Astorga y el Abogado Integrante señora Sandra Paula Ponce De Leon Salucci.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, siete de febrero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.