nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 20, 22 y 23: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don Nicolás Gajardo Muñoz, abogado, en representación de don nombre reservado, ambos domiciliados, en domicilio reservado, quien interpone acción de protección a nombre de don nombre reservado en contra de la Universidad de Chile, representada legalmente por don nombre reservado, señalando que en el mes de mayo del año 2018, el recurrente ingresó a prestar servicios para la facultad de medicina de la Universidad de Chile, bajo la calidad jurídica de profesional a contrata, prestando servicios de manera continua e ininterrumpida desde el año 2018, esto es, dos (2) años y siete (7) meses de servicio en la Institución, teniendo un destacado desarrollo profesional al interior de la institución.

Refiere que el día 30 de Noviembre de 2020 el Sr. nombre reservado es notificado de la Resolución que dispone la no renovación de su contrata. Que en lo medular, la resolución que dispone el cese de la contrata señala: “Que las razones por las cuales se adopta esta decisión constan en el informe de la subdirectora de servicios, con fecha 20 de octubre de 2020, donde se indica que a causa de los problemas de gestión y administración de contratos que presentaba la subdirección de servicios, fue necesario llamar a concurso el cargo de jefe de gestión de licitaciones y contratos… Desde el 16 de marzo del 2020, fecha en la cual inicia la cuarentena nacional, hasta la fecha de la entrega del informe por parte de la subdirectora de servicios, el Sr. nombre reservado no ha cumplido con la entrega de los procedimientos del área y ha presentado reiteradas faltas a la responsabilidad y rigurosidad en dar cumplimiento a las labores encomendadas a su cargo, mostrando demora en la entrega de solicitudes por parte de su jefatura, aludiendo que esto ocurría por ser minucioso y perfeccionista, lo que no concordaba con las constantes devoluciones de resoluciones por parte de la dirección jurídica de la facultad de medicina; lo cual ha quedado de manifiesto en las cuatro anotaciones de demérito que se le han cursado al funcionario desde que comenzó sus labores en la subdirección de servicios. De igual forma, debido a los problemas que presentaba el desempeño del sr. nombre reservado, se continuó con el proceso de inducción y se efectuaron reuniones para explicitar la necesidad de cumplir con los plazos de los procesos en cuestión. A la fecha, el funcionario sólo ha realizado informes que justifican la demora en los procesos, sin dar resolución a ellos, sin respuestas claras en cuanto a fechas o cómo resolver los temas, sin solución a ningún proceso y sin asumir la responsabilidad en muchos casos, lo cual pone en riesgo el correcto funcionamiento de unidades claves de la subdirección de la facultad de medicina”.

Sostiene que la resolución administrativa que puso término a la contrata es un acto administrativo irregular, toda vez que no dio cumplimiento al deber de fundamentación de los actos de la Administración Pública, deber que emana de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como de la Ley N° 19.880 sobre bases generales de los procedimientos administrativos. Explica que no basta con la referencia genérica a supuestos incumplimientos y desempeños deficientes no especificados por parte del Sr. nombre reservado, ya que ello denota la total falta de rigurosidad de la autoridad para fundar el cese de una contrata, lo que implica que no se logra cumplir la exigencia de fundar debidamente el referido acto administrativo.

Expresa que las calificaciones para el año 2019 no se condicen con el “desempeño deficiente y falto de prolijidad” que se le imputa, es más en dichas evaluaciones se califica expresamente el factor Rendimiento y sus subfactores “cumplimiento de la labor realizada” y “calidad de la labor realizada”, siendo evaluado de forma óptima y buena. Por otro lado, tampoco se condice el reproche de no cumplir con la entrega de los procedimientos del área y ha presentado reiteradas faltas a la responsabilidad y rigurosidad en dar cumplimiento a las labores encomendadas a su cargo, toda vez que en la evaluación del año 2019, el funcionario es calificado de manera óptima y satisfactoria en el subfactor “cumplimiento de normas e instrucciones”. Que en consecuencia, la resolución que pone término a su contrata incurre en un error insalvable, que lo convierte en un acto infundado, que no tiene sustento ni correlato con la realidad las funciones que desarrolló este recurrente por dos (2) años y siete (7) meses en la institución.

Cita dictámenes de la Contraloría General de la República relativos a la confianza legítima.

Concluye que el acto de término de la contrata no sólo es irregular, sino que además es arbitrario, al carecer de fundamentos y, por tanto, lesivo de los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación, libertad de trabajo y debido proceso.

Explica que la acción que se estima arbitraria e ilegal está constituida por el término de contrata, la que se cristaliza en la Resolución Exenta Nº 1774, y de la cual tomó conocimiento el recurrente el día 30 de noviembre de 2020.

Estima que la resolución impugnada en autos se torna arbitraria e ilegal ya que carece de fundamentos y afecta a nivel de privación del derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación por cuanto, ello por cuanto se aplica al recurrente un instrumento para analizar su desempeño laboral distinto del que se establece en la misma Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N° 18.575, vale decir, se analiza su labor por medio de una simple imputación de hechos que no se sustenta en documento ni proceso alguno y que no se condice con el proceso de calificación establecido en el sistema de administración pública, proceso en el cual el actor fue calificado de buena forma.

Cita los artículos 47, 48 y 49 de la Ley N° 18.575 y concluye que existe una clara intención del legislador de establecer, no sólo una estabilidad en el empleo de las personas que se desempeñen en el servicio público, sino además una protección contra la discriminación al hacer hincapié en la necesidad de un proceso calificatorio objetivo e imparcial y al señalar a éste como la herramienta que debe utilizar la administración para ascensos, término de funciones y/o estímulos para la persona funcionaria.

Manifiesta que el actor al ser evaluado en su desempeño funcionario por medio de simples imputaciones, las cuales no se condicen con la evaluación regular del proceso calificatorio, torna esa actuación del órgano administrativo es una especie de comisión especial que evalúa (juzga) el desempeño funcionario y sanciona el término de contrata de la misma, constituyendo así una vulneración del derecho al debido proceso de la recurrente de marras.

Explica que la evaluación funcionaria es un proceso y puede ser asimilado a un juzgamiento por cuanto el desempeño que una persona es contrastado respecto de un criterio objetivo, imparcial y predeterminado al cual debe ajustarse su trabajo en el servicio público (el cual establece metas y logros ex antes que son juzgados respecto de su cumplimiento con posterioridad).

Plantea que el recurrente de marras tiene derecho a que sea el proceso de calificación regulado el medio de evaluación que juzgue su desempeño funcionario y a no ser objeto de una evaluación no reglamentada que, al final, termina constituyéndose en una especie de comisión especial y ad hoc para evaluar el desempeño de esa parte recurrente. Actuación que vulnera el derecho al debido proceso en grado de privación o, al menos, en grado de perturbación del mismo.

Afirma que en este caso se ha creado la razonable expectativa de que la designación a contrata del recurrente sería renovada en el tiempo, salvo que medie una causal objetiva de cese y que esté debidamente fundamentada por la autoridad. De este modo, se cumplen con los presupuestos para aplicar el principio de la confianza legítima, toda vez que:

- Ha sido renovado anualmente en sus funciones desde el año 2018 como funcionario bajo la calidad jurídica a contrata;

- Fue confirmado en sus funciones para todo el periodo 2020;

- Ha desarrollado una impecable carrera funcionaria, siendo calificado de forma constante por su jefatura de forma satisfactoria.

- Ha sido evaluado y calificado de manera positiva y destacada durante toda su carrera funcionaria.

Esa expectativa se relaciona con el principio de estabilidad en el empleo y con la doctrina de la confianza legítima creada por la Contraloría General de la República que ha sido reforzada y profundizada por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Concluye que el término de la contrata del Sr. nombre reservado, es por un lado un acto ilegal, ya que no se respetaron los principios del procedimiento administrativo contenidos en la Ley N°19.880, en relación específicamente al deber de motivación de los actos de la administración, especialmente aquellos que afectan situaciones jurídicas de particulares, y de otro lado, es arbitrario, porque se le privó de forma arbitraria de su fuente laboral y de ingresos, sin más fundamentación que un supuesto incumplimiento fuera del proceso de calificación regular, objetivos referidos en forma genérica por parte de la recurrida en el acto administrativo impugnado de autos. Que como indica la Corte Suprema, con este acto se devastaron sus derechos laborales sin una debida fundamentación, donde se detallen y precisen los fundamentos de esta decisión.

Por lo expuesto, pide que se acoja la acción de protección y se ordene:

1. El inmediato reintegro a sus labores y cargo, en los términos que establece la ley.

2. Se ordene, en el más breve plazo, el pago de sus remuneraciones y demás prestaciones adeudadas por todo el periodo que la decisión impugnada le privó de su empleo, con los reajustes e intereses correspondientes.

3. Se instruya a la Universidad de Chile, a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo.

4. Se condene en costas a la Universidad de Chile.

Segundo: Que mediante presentación de fecha 17 de marzo de 2021, la recurrida evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso, con costas, señalando que el recurrente se incorporó el 09 de mayo de 2018 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al Instituto de Salud Poblacional perteneciente a la Escuela de Salud Pública, como Coordinador de Administración y Gestión del Instituto de Salud Poblacional de la ex Escuela de Salud Pública, en calidad de Personal de Colaboración Profesional, jornada completa, grado 17° ESU, nombramiento a contrata, por los períodos indicados en los respectivos decretos de nombramiento y de prórrogas, o hasta que fueran necesarios sus servicios. Que dicho nombramiento fue prorrogado hasta el 29 de febrero de 2020 (Decreto 0017606/2018 por el período 09/05/2018 – 31/07/2018, Decreto 0022931/2018 por el período 01/08/2018 – 31/12/2018, Decreto 00107/2019 por el período 01/01/2019 – 31/12/2019, y Decreto 48806/2019 por el período 01/01/2020 – 29/02/2020) y expresa que la renovación de la contrata para el mes de marzo y siguientes del año 2020, no fue efectuada tras una serie de faltas que generaron desconfianza y malestar en su equipo de trabajo, con la consiguiente pérdida de eficiencia laboral. Que lo anterior se traduce en su calificación del periodo 2018-2019 por lo que mediante la carta certificada de fecha 26 de noviembre de 2019, despachada con esa misma fecha, le fue notificado al recurrente la no renovación de su contrata a partir del 1° de marzo de 2020.

Expone que paralelo a ello, la Facultad llamó a concurso público para proveer el cargo de “Jefe de Gestión de Licitaciones y Contratos”. Que dicho concurso fue adjudicado al recurrente iniciando sus funciones en ese nuevo cargo a partir del 2 de marzo de 2020, en calidad de Personal de Colaboración profesional, Jornada Completa, grado 17° ESU, nombramiento a contrata, en la Subdirección de Servicios de la Facultad, por los períodos indicados en los respectivos decretos de nombramiento y de prórrogas, o hasta que fueran necesarios sus servicios.

Señala que su nombramiento fue prorrogado sucesivamente para los períodos de marzo de 2020 a diciembre de 2020 (Decreto 007866/2020 por el período 0/03/2020 – 31/05/2020, Decreto 008777/2020 por el período 01/06/2020 – 30/06/2020 y Decreto 0014678/2020 por el período 01/07/2020 – 31/12/2020). Agrega que el recurrente mantuvo y efectuó una serie faltas que generaron desconfianza y malestar en su equipo de trabajo, la pérdida de eficiencia laboral y, el incumplimiento de gestión, relativas a su cargo, atendida la calidad y naturaleza de sus funciones a desempeñar. Lo anterior dio origen a 4 anotaciones de demérito, además, de reiterados llamados de atención, reuniones de coordinación solicitando resultados en los trabajos comprometidos sin que hasta la fecha del término de la contrata haya dado respuesta alguna a ello.

Indica que sin perjuicio de que el nombramiento del recurrente en el cargo de “Jefe de Gestión de Licitaciones y Contratos” dependiente de la Subdirección de Servicios de la Facultad, expiraba de pleno derecho el 31 de diciembre de 2020, el Decano y la Vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, mediante Resolución Exenta N° 1774 de 19 de noviembre de 2020, dispusieron la no renovación de la contrata del recurrente, con los siguientes fundamentos expuestos en su punto 5:

“Que las razones por las cuales se adopta esta decisión constan en el informe de la Subdirectora de Servicios, con fecha 20 de octubre de 2020, donde se indica que a causa de los problemas de gestión y administración de contratos que presentaba la Subdirección de Servicios, fue necesario llamar a concurso el cargo de Jefe de Gestión de Licitaciones y Contratos; concurso el cual se adjudica el Sr. nombre reservado, iniciando sus labores el 02 de marzo de 2020 y continuando con su inducción hasta el 15 de marzo de 2020, periodo en el cual se le indicó que sus principales labores eran realizar levantamiento de los procedimientos del área y hacer seguimiento de los procesos de licitación y tratos directos. Desde el 16 de marzo de 2020, fecha en la cual inicia la cuarentena nacional, hasta la fecha de la entrega del informe por parte de la Subdirectora de Servicios, el Sr. nombre reservado no ha cumplido con la entrega de los procedimientos del área y ha presentado reiteradas faltas a la responsabilidad y rigurosidad en dar cumplimiento a las labores encomendadas a su cargo, mostrando demora en la entrega de solicitudes por parte de su jefatura aludiendo que esto ocurría por ser minucioso y perfeccionista, lo que no concordaba con las constantes devoluciones de resoluciones por parte de la Dirección Jurídica de la Facultad de Medicina; lo cual ha quedado en manifiesto en las cuatro anotaciones de demérito que se le han cursado al funcionario desde que comenzó sus labores en la Subdirección de Servicios. De igual forma, debido a los problemas que presentaba el desempeño del Sr. nombre reservado, se continuó con el proceso de inducción y se efectuaron reuniones para explicitar la necesidad de cumplir con los plazos de los procesos en cuestión. A la fecha, el funcionario solo ha realizado informes que justifican la demora en los procesos, sin dar resolución a ellos, sin respuestas claras en cuanto a fechas o como resolver los temas, sin solución a ningún proceso y sin asumir la responsabilidad en muchos casos, lo cual pone en riesgo el correcto funcionamiento de unidades claves de la Subdirección y la Facultad de Medicina”.

Asevera que la Universidad de Chile tiene la autonomía de origen legal, para adoptar las medidas y dictar los actos administrativos suficientes para solventar de la mejor manera sus funciones y satisfacer sus fines. Que dicha autonomía comprende por supuesto los nombramientos y la calificación de su personal académico.

Señala que los funcionarios no académicos de la Universidad de Chile se rigen por la Ley N°18.834, que fija el Estatuto Administrativo y la demás normativa general o universitaria que les sean aplicables.

Refiere que mientras el recurrente se desempeñó en el Instituto de Salud Poblacional, desde el 9 de mayo de 2018 al 29 de febrero de 2020, estuvo sometido al proceso de calificación del año 2019, en el cual se demuestra la calificación obtenida y las observaciones fundantes de ellas, según el ítem de evaluación respectivo.

Respecto al proceso de calificación correspondiente al año 2020, indica que ante la situación sanitaria por el virus COVID-19 y el estado de emergencia decretado, la Universidad de Chile dictó el Decreto Universitario Exento N° 008607, de 18 de marzo de 2020, que dispone medidas excepcionales de funcionamiento para el desarrollo y ejecución de las labores del personal académico y de colaboración de la Universidad de Chile.

Señala que el proceso de calificación desde septiembre de 2019 a agosto de 2020 debe tenerse presente que, a contar de marzo de 2020, el personal de colaboración de los organismos universitarios pasó a desempeñarse en general, bajo trabajo a distancia; en caso de labores esenciales, con turnos y en aquellos casos cuyas labores por su naturaleza, no son esenciales ni pueden ser prestadas a distancia, exentos de prestar servicios. Que se suma a lo anterior aquellos casos que cumplen su trabajo a distancia bajo condiciones particulares atendidas sus obligaciones familiares y las exenciones de trabajo presencial debido a pertenencia a grupos de riesgo u condiciones particulares referidas a su grupo familiar. Que por lo anterior, fue suspendido el proceso de calificación de septiembre de 2019 a agosto de 2020, por disposición expresa de la Universidad y en concordancia con lo establecido por la Contraloría General de la Republica. Atendido lo expuesto las calificaciones del recurrente se ajustan a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo.

Expresa que el recurrente considera que la Facultad generó en él una legítima expectativa que le indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación, es decir, la renovación de su contrata en los mismos términos de su último nombramiento. Que la apreciación que efectúa el recurrente no es correcta respecto a su vínculo con la Facultad, al contrario, el recurrente, desde el 09 de mayo de 2018, efectuó funciones a contrata como Coordinador de Administración y Gestión Interna de la Escuela de Salud Pública, en el Instituto de Salud Poblacional, efectuando funciones que se trataban, principalmente de: Análisis de perfil de cargos de personal de colaboración, Propuestas de capacitación para personal de colaboración, Análisis y propuesta para compensar brechas salariales a funcionarios, entre otras. Dicha contratación tuvo término el día 29 de febrero de 2020. Ello le fue informado mediante carta certificada de fecha 26 de noviembre de 2019, despachada con misma fecha, poniendo término así a la vinculación de carácter administrativo que tenía con la Facultad.

Añade que el recurrente fue seleccionado y se adjudicó el cargo a contrata como Jefe de Gestión de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subdirección de Servicios de la Facultad, iniciando sus nuevas funciones el 1° de marzo de 2020, siendo prorrogadas hasta diciembre de 2020, realizando funciones completamente distintas a las del periodo anteriormente señalado, entre ellas: planificar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas del área, contribuyendo al mejoramiento continuo de la misma, con el fin de mantener una gestión conforme a los estándares de calidad que posibiliten optimizar la toma de decisiones, y; coordinar procesos internos, emisión de reportes e informes que permitan control de gestión interno.

Concluye que no se cumplen los presupuestos requeridos para que exista legitima confianza efectiva para el recurrente, toda vez que, se desempeñó en dos funciones completamente diferentes, en dependencias diferentes y realizando labores muy diversas en comparación con uno y otro cargo, tratándose en definitiva de dos vinculaciones administrativas de distinta naturaleza, finalizando una de ellas el día 29 de febrero de 2020, iniciando una distinta en el mes de marzo y finalizando en diciembre del mismo año.

Indica que igualmente, el Decreto impugnado establecía que se habían tenido a la vista como fundamentos para no renovar la contrata del recurrente para el presente año:

1. Informe y antecedentes de la Subdirectora de Servicios de la Facultad de Medicina de fecha 20 de octubre de 2020.

2. Anotaciones de Demérito recibidas por el recurrente por el último periodo que prestó servicios.

3. Informe complementario sobre gestión del recurrente, de la Subdirectora de Servicios de la Facultad de Medicina.

Manifiesta que queda en evidencia que el desempeño del recurrente no se ajustó a los estándares mínimos requeridos por la normativa atingente, por lo que, en mérito de ellos, su parte no ha incurrido en ningún tipo de actuación ilegal ni mucho menos arbitraria, toda vez que previo a la decisión de renovar su nombramiento, se ponderaron de manera objetiva, transparente y conforme a los procedimientos establecidos e informados, las circunstancias de hechos que motivaron la dictación del acto administrativo recurrido.

Refiere que en el caso del recurrente se ha dado estricta aplicación al principio de igualdad constitucional, dando un tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales. Que en este sentido, en la medida que el caso del recurrente era desigual, estaba determinado por los informes de desempeño de la Subdirectora de Departamento y las anotaciones de demérito efectuadas al recurrente, no cabe sino concluir que no existe vulneración a la referida garantía constitucional, y por ende, el recurso deberá ser necesariamente rechazado.

Expresa que no puede estimarse que el ejercicio de una atribución conferida a las autoridades de la Facultad de Medicina, conforme a la normativa interna y legal, constituya una afectación del debido proceso del recurrente y/o al juzgamiento por una comisión especial. Sin perjuicio de que no se cumplen los supuestos para estimar que el recurrente gozaba de a la confianza legítima en su último nombramiento ya que, como se dijo antes, su cargo en la Subdirección de Servicios de la Facultad de Medicina inició el 1° de marzo de 2020 y concluyó el 31 de diciembre de 2020, lo cierto es que la Decisión recurrida está debidamente fundada en el deficiente desempeño del recurrente.

Añade que tras un desempeño insatisfactorio para la Administración de la Facultad, demostrados en los informes de gestión y las anotaciones de demérito recibidas por el recurrente, se resuelve emitir el Acto Impugnado, debidamente fundado y exponiendo los hechos y fundamentos para resolver no renovar la contratación del recurrente para el año 2021, conforme a los pronunciamientos de la Contraloría General de la República y las atribuciones otorgadas al Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad por el Estatuto Administrativo, Estatuto Orgánico, Reglamento de Facultades y Decreto Universitario N° 1937.

Asevera que en lo que respecta a la garantía del numeral 16 del artículo 19 de la carta fundamental, citado por el recurrente, no se vislumbra la forma en que la no renovación de la contrata del recurrente afecte la libertad de trabajo en los términos consagrados en nuestra carta fundamental.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

Quinto: Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

Sexto: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto.

Regístrese y oportunamente archívese.

N°Protección-97666-2020.