nombre reservado con CANAL 13 S.A.

Santiago, dos de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Primero: Que a fojas 1 deduce recurso de protección don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado en contra de Canal 13 S.A, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, periodista, todos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la grabación, emisión y reproducción hasta el día de hoy del programa denominado “En su propia trampa” en el portal web de la recurrida y otros medios digitales, sin consentimiento de su parte, que provocó y provoca hasta el día de hoy, la privación y notoria perturbación y amenaza de la garantía establecida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Expresa que, en su calidad de abogado, fue contactado por un supuesto familiar de un recluso, porque según se le explicó, requería urgentemente asesoría legal, se reunió con él y le aceptó los honorarios propuestos para asumir la defensa. Lo anterior formaba parte de una maquinación montada en contra de su persona, en la que la recurrida grabó conversaciones privadas ofreciéndole a través de personas presuntamente remuneradas por el programa, dinero para efectuar una acción constitutiva de falta. Luego sin acreditar los hechos y constituyéndose en un tribunal de facto se le atribuye responsabilidad como actos de entrega de celulares a reclusos y que ello habría ayudado en forma directa a la comisión de otros ilícitos dejando de manifiesto al público televidente, una supuesta participación en actos de carácter delictivo, lo que no se ha demostrado siendo una acusación infundada. Hasta el día de hoy y habiendo transcurrido 26 días desde la emisión del programa, se puede ver íntegramente en la página web www.canal13.cl. En ningún momento se exhibe prueba fehaciente que acredite que ingresó el celular al Centro Penitenciario y que haya actuado como autor, cómplice o encubridor de actos delictivos anteriores o posteriores de secuestros o estafas telefónicas.

El comportamiento descrito, excede de los estándares generalmente aceptados en el periodismo investigativo y en el derecho y deber de informar de acuerdo con el estatuto constitucional, legal y deontológico de la libertad de información. Se ha hecho un daño a su imagen, a su honra personal, efectuando un verdadero juicio público, causándole efectos perjudiciales en el orden personal, laboral, familiar y social por el actuar del recurrido que se mantiene hasta el día de hoy. Alega la existencia de abuso del derecho, pues el Canal, desde el 9 de noviembre de 2015, emite reiteradamente una sinopsis de carácter publicitario del mismo en lo que relata las bondades de la estación televisiva, indicando emitir Deportes, Cultura, Periodismo, Investigación, en lo que se incluye también una imagen de su persona.

El acto es ilegal porque no está amparado por el derecho de emitir opinión e informar, causándole agravio y arbitraria al mantener a disposición de cualquier persona con acceso a internet el capítulo, sin tener derecho a réplica, siendo caprichoso su actuar porque, a pesar de haber transcurrido un mes de la emisión del programa, sigue perjudicando la honra de su persona. Lo que persigue es que se detenga mantener el material grabado en que se alude al recurrente y la actual reproducción del mismo en diversas plataformas, ya que le causa perjuicio a su honra y dignidad.

En cuanto a las garantías vulneradas, denuncia el derecho al respeto, protección a la vida privada y a la honra de su persona y su familia, ya que no le basta al recurrido construir el programa valiéndose de medios ilegales y arbitrarios y exhibirlos sino que la mantiene en la plataforma de internet al día de hoy. Además ha usurpado funciones jurisdiccionales propias y exclusivas de los Tribunales de Justicia, ya que denuncia, investiga, usa medios no autorizados, induce, analiza hechos, los vincula a los delitos y emite una sentencia pública, condenando o absolviendo.

Además la Constitución de la República garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en relación que la difusión de ellos no puede hacerse a través de los medios de comunicación sin consentimiento de aquellos en tomar parte del mismo. En la especie, el programa efectuó grabaciones de comunicación periodística con cámaras y micrófonos ocultos más que induciendo una conducta esperada y concertada. En nombre de la ética pública, se atropella la protección de la vida privada. Solicita, acoger el recurso y se decrete borrar los registros de la grabación aludida, en todos aquellos pasajes que se aluda directa o indirectamente a su persona, eliminar de las restantes plataformas toda alusión del referido programa al recurrente, entre ellos el portal de internet del canal e impedir a la referida estación televisiva aludir a su persona, con costas.

Segundo: Que a fs. 24, el recurrido evacúa el informe, solicitando su rechazo, con costas. Precisa que la versión del recurrente es antojadiza y no corresponde a la realidad. Expresa que se realizó una investigación periodística por el equipo del programa “En su propia trampa”, porque habían recibido la información que existía una práctica habitual de abogados que ingresaban ilícitamente teléfonos celulares a las cárceles por lo que cobraban entre $60.000 y $300.000. Hace presente que es conocido el mal uso de los teléfonos ya que se realizan estafas telefónicas y secuestros virtuales. El reportaje fue emitido el 21 de octubre de 2015 y la investigación les permitió comprobar que por lo menos había 4 abogados que realizaban tales conductas. El Código Ético Periodístico, le obliga a difundir información que esté fundamentada, por información directa o a través de distintas fuentes, así como la confiabilidad de los mismos. Tal comprobación se hizo a través de una captadora de clientes que se ubica en las inmediaciones del Centro de Justicia y que se jactaba de tener varios abogados para realizar dicho servicio. Para tal efecto, un actor se hizo pasar como cliente, la mujer le señaló que efectivamente era posible de ingresar un celular a la cárcel, le dio un precio que se pagaba al abogado en efectivo. Con posterioridad, a través de un GPS se pudo comprobar que efectivamente el celular ingresó al recinto penitenciario; procediéndose posteriormente a bloquear el equipo para que no fuere utilizado. En la labor periodística se abordaron cuatro casos y uno de ellos, era el del abogado nombre reservado, exponiéndose la situación desde que el actor contacta a la mujer captadora, quien luego llama al abogado y éste le habría cobrado $ 250.000, por ingresar el celular al recinto penitenciario. Luego transcribe el diálogo entre nombre reservado y el actor (supuesto cliente) cuando convienen el servicio y luego, al día siguiente, cuando se produce la entrega y pago por el servicio. En definitiva, la entrega se produjo el día convenido, lo que fue confirmado por un técnico especialista quien, demostró en pantalla, la señal satelital del teléfono dentro de la Penitenciaria de Santiago, bloqueándolo en forma inmediata para que no pueda ser utilizado. Luego describe la situación de los demás abogados y procuradores; así como los demás antecedentes, informe y entrevistas que se realizaron con motivo del reportaje. Hace presente que las grabaciones fueron hechas en lugares públicos, de libre acceso, concretamente en las inmediaciones del Centro de Justicia; no es efectivo que se trate de un montaje sino que de un hecho real que sucedió, se trató de un servicio ilícito, ofrecido públicamente por abogados en la calle. Niega que se haya inducido al recurrente a cometer un hecho ilícito, porque lo cierto es, que éste lo ofrecía al servicio en forma pública, teniendo incluso una mujer que se desempeñaba como “captadora” de clientes. En definitiva, se comprobó una información conforme al Código de Ética. En cuanto a las garantías que estima conculcadas, alega que su representada ejerció lícitamente la libertad de informar sin censura previa, de acuerdo con el artículo 19 N° 12 de la Carta Fundamental artículo 13 N°1-2 del Pacto San nombre reservado Rica y artículo 1° de la Ley N° 19.733. Su representada, actuó lícitamente amparada por el ordenamiento jurídico y atendiendo un interés general “abogados que cobran por ingresar en forma ilícita teléfonos celulares a las cárceles”. En segundo lugar, no se ha atentado contra la honra ni la vida privada del recurrente, porque se trata de actos ilícitos que se ofrecen públicamente, a cualquier interesado, a cambio de un pago, quedando fuera del ámbito de la vida privada.

Además, dicha actuación vulnera el Reglamento de Gendarmería que prohíbe el ingreso de celulares a las prisiones. Además el Tribunal Pleno de esta Corte remitió los antecedentes al Colegio de Abogados a objeto de investigar posibles infracciones a la ética de los abogados. La grabación no es ilícita, no forma parte de la esfera privada del recurrente sino que de su vida pública y su actuación afecta a otros conciudadanos, por lo que debe ser conocido por las personas y las autoridades. En último lugar, alega falta de legitimación activa porque el artículo 20 de la Carta Fundamental, ampara solo a quienes se vean afectados en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías y aquí lo que se ha denunciado es un hecho ilegítimo, como es el ingreso ilícito de celulares a un Centro Penitenciario, a cambio de dinero, lo que es contrario al Reglamento Penitenciario de Gendarmería de Chile.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que con los antecedentes aportados por ambas partes en especial de la reproducción del reportaje, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible establecer los siguientes hechos:

a) El día 21 de octubre de 2015, la señal abierta de Canal 13 emitió el capítulo 10 del Programa “En su propia Trampa” que se refería a la existencia de abogados que aprovechando su calidad de tal, ingresaban aparatos telefónicos “celulares” que posteriormente se usaban en secuestros virtuales y estafas telefónicas.

b) El recurrente abogado nombre reservado fue contactado a través de una mujer para que ingresara un celular al Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago Sur, por intermedio de una persona que formando parte del equipo periodístico del canal, se hizo pasar como cliente.

c) El precio por dicho servicio fue fijado en la suma de $250.000, dinero que fue recibido por el abogado como también el equipo telefónico.

d) El recurrente ingresó el celular al Centro Penitenciario de Avenida Pedro Montt.

e) El equipo celular fue bloqueado, con posterioridad, por un perito contratado por el Programa de Televisión.

Quinto: Que el recurrido ha argüido que su actuar no es ilegal ni arbitrario porque se enmarca dentro de su derecho a informar sin censura previa, consagrado en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; artículo 13 N°s 1 y 2 del Pacto San nombre reservado Rica y artículo 1° de la Ley 19.733.

Sexto: Que la garantía consagrada en la Constitución Política de la República, contempla tanto la libertad de opinión como la de información; la primera entendida como la facultad de toda persona para exteriorizar por cualquier medio sin coacción, lo que precisa o cree; la segunda, complemento de la primera –tiene por objeto hacer partícipes a los demás, de ese fundamento y dar a conocer hechos del acontecer nacional como internacional.

Séptimo: Que respecto de la libertad de información, esto contempla un doble aspecto, a saber, el derecho a informar como a recibir la información, opinión y expresión que los demás quieran transmitir. La información por, otra parte, contempla la narración de los hechos, imágenes, descripciones, estadísticas, relatos, comentarios sean o no subjetivos.

Octavo: Que en el caso del periodismo de investigación, claramente cabe distinguir diversas etapas: la primera, el acopio de antecedentes sobre el tema, lo que se encarga a un periodista o grupo de periodistas o reporteros; la segunda, la redacción o realización donde se da forma al contenido; y la tercera y última, la publicación.

Noveno: Que en este caso si bien pueden estimarse cumplidos las etapas 2 y 3, no es posible determinar la primera, más no es posible vislumbrar ese trabajo de investigación periodístico (recopilación de antecedentes, seguimiento de hechos noticiosos) si lo que ha ocurrido es que se ha realizado todo un montaje para obtener una conducta contraria al Reglamento Penitenciaria vigente.

Décimo: Que, en efecto, la información que se da a conocer debe estar debidamente fundada como se lo exige el Código de Ética Periodística y es del caso que no se explica cómo se llega a determinar o particularizar a los abogados y procuradores que son sindicados por el programa como autores de los ilícitos.

Undécimo: Que tampoco se explica ni se aclara en el reportaje como y a quién le entregó el aparato telefónico en el interior del recinto carcelario sino que solo aparece un técnico contratado por el programa, que sin más antecedentes, señala que se ubicaría dentro del Recinto Penitenciario.

Duodécimo: Que, por otra parte, siendo efectivamente el ingreso de aparatos celulares, una falta al Reglamento Penitenciario, no se señala que los elementos reunidos con motivo de la investigación, hayan sido entregados al Director de Gendarmería a fin de que éste, mediante el correspondiente sumario administrativo, le permita determinar la eventual responsabilidad del recurrente en los hechos y la aplicación de la consecuente sanción.

Décimo Tercero: Que, por el contrario, el conductor del programa, el periodista nombre reservado se limita a enfrentar en cámaras al recurrente, sindicándolo como culpable de los hechos; excediéndose con ello los términos que permite una investigación periodística ya que no se puede convertir en investigador y al mismo tiempo “juez” si la autoridad pertinente no ha sido puesta en conocimiento de la conducta ilícita a fin de que, como se indicó, determinara dicha responsabilidad.

Décimo Cuarto: Que, por otra parte, no debe olvidarse que la investigación periodística no solo estaba referida a la entrega de celulares en el interior de los Recintos Penitenciarios, sino que también se extendía y relacionaba con las estafas telefónicas y secuestros virtuales sin que, a su respecto, se haya dado algún antecedente que la actuación del abogado recurrente se encontraba relacionada o no con dichos ilícitos.

Décimo Quinto: Que por lo antes expuesto, se exhibe al recurrente ante la opinión pública como trasgresor de la ley o, al menos, formando parte de un grupo que, desde la cárcel, comete actos de carácter delictual, pues facilita los medios para la comisión de tales hechos ya referidos –estafas telefónicas o secuestros virtuales- afectándolo en su calidad profesional, pues como se expuso ningún antecedente expuesto lo relaciona con tales ilícitos.

Décimo Sexto: Que claramente se ha afectado el prestigio o reputación del recurrente en el ámbito social y/o al menos en el ejercicio de su profesión, dañándose su honra, pues como se ha dicho, el hecho que dio a conocer el Programa del canal recurrido –entrega de celular- no ha sido materia de investigación por parte del ente correspondiente –Gendarmería de Chile- ni que el Canal le haya aportado los antecedentes recopilados en la investigación realizada por el Programa.

Décimo Séptimo: Que entonces es posible concluir que los argumentos expuestos por la recurrida no se enmarca en el derecho a informar excediendo su ámbito, es decir, incurriendo en la afectación del derecho del recurrente a su honra, garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, razón por la cual, es procedente acoger el recurso entablado y restablecer el imperio del derecho para lo cual se adoptarán las medidas que se indican en la parte resolutiva de esta sentencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge la acción constitucional de fs. 1 sólo en cuanto la recurrida, Canal 13 S.A., deberá proceder a retirar de todas sus plataformas web el capítulo del programa “En su Propia Trampa” exhibido el 21 de octubre de 2015, mientras no sean suprimidas todas las referencias que en él se realizan al recurrente, don nombre reservado, ya sean éstas hechas a través de imágenes o en forma verbal.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro (S) señor Gray, quien estuvo por rechazar el recurso de protección deducido, porque -en su concepto- no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el proceder de la corporación recurrida, desde que, al evidenciarse en el presente caso una colisión entre el derecho a información sin censura previa y el derecho a la honra, debe prevalecer el primero sobre el segundo, mediante el ejercicio de la ponderación, habida consideración que la información revelada en el reportaje cuestionado por el abogado recurrente versa sobre un asunto de interés público, como es la introducción de teléfonos celulares en el interior de un recinto penitenciario, circunstancia que está sancionada como una falta en el Reglamento Penitenciario, en el artículo 79 letra j) del Decreto 518 de 1998, Justicia, máxime si los autores de esa prohibición se desempeñan como abogados.

De esta forma, al haberse comprobado en el curso del reportaje que el celular entregado al letrado recurrente, por una suma de dinero, para ser introducido por el aludido profesional al interior del centro penitenciario efectivamente sucedió, al comprobarse mediante una señal de verificación técnica, cumpliéndose con ello el encargo ilícito que le fue encomendado al abogado recurrente, aquello revela por sí solo que éste incumplió la norma reglamentaria, verificándose, de consiguiente, el interés público en la divulgación del reportaje.

En consecuencia, pretender que se omita la vigencia de la información que da cuenta el programa televisivo atacado por el recurrente, en el cual se da cuenta una ilicitud comprobada en los hechos y en el derecho, de interés público, no puede servir de fundamento para el recurso de protección impetrado, razón por lo cual este disidente concluye que esa acción debe ser rechazada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya y el voto disidente por su autor.

N° 97662-2015.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Tomás Gray Gariazzo y por el Ministro (S) señor Pedro Advis Moncada.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a dos de marzo de dos mil dieciséis, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.