nombre reservado con CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Santiago, treinta de enero de dos mil diecisiete.

Vistos:

1°) A fojas 27, nombre reservado, deduce acción de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por los actos ilegales y arbitrarios que vulnerarían sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expresa que es funcionaria del Poder Judicial, señalando que el año 2013 hizo uso del derecho postnatal parental y del permiso por enfermedad de su hijo menor de un año, reintegrándose a sus funciones en marzo del año 2014, fecha en que tomó conocimiento que la institución le comunicó que no tenía derecho a percibir el bono de gestión individual. Reclamó de esta asignación, siendo rechazada su petición, según se lee del Oficio N° 2304 de 29 de julio de 2016, suscrito por el Administrador nombre reservado.

Fundamenta la acción de amparo en el artículo 4° de la Ley 19.531, modificada por la Ley N° 20.224, y en el Acta N° 312, de la Ecma. Corte Suprema, las que estima infringidas por la recurrida.

Concluye diciendo que ha sido víctima de un acto ilegal y arbitrario, que afecta su derecho a la igualdad y el derecho que tiene a percibir el bono que reclama por esta vía, solicitando se ordene a la institución recurrida pagarle el bono de metas de gestión, correspondiente al año 2013.

2º) A fojas 122, comparece don nombre reservado, en su calidad de abogado de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, evacuando el informe que le fuera requerido, solicitando el rechazo del recurso del protección.

Cita el Estatuto Administrativo señalando que el artículo 40 de este cuerpo legal no resulta aplicable a la Sra. nombre reservado -como afirma la recurrente-, por consiguiente no la habilita para conservar la calificación del año 2012, pues este cuerpo legal solo rige para el personal judicial cuando el Código Orgánico de Tribunales u otra ley especial se remite a éste. En el mismo orden de ideas afirma que la circunstancia de haber sido calificada la funcionaria durante el año 2013, impide que a su respecto se aplique el Acta 312-2009 y por consiguiente pueda percibir el bono que reclama, conclusión a la que se arriba también de la lectura del Acta 134-2015, de 28 de agosto del año 2015.

Tales fundamentos le permiten concluir que su actuación no fue ilegal ni arbitraria, recalcando que no ha infringido las garantías constitucionales que denuncia la recurrente.

3°) Es menester comenzar precisando el exacto ámbito de la cautela, que viene dado por el tenor del libelo de fojas 27, que plantea con toda claridad que la Corporación Administrativa del Poder Judicial se niega a pagar la asignación que legalmente le adeuda, motivo que estima constituye un atentado a las garantías constitucionales que estima infringidas.

4º) Que en opinión de esta Corte los documentos incorporados por las partes permiten concluir que la resolución recurrida carece de fundamento, porque por una parte tal como señala el Estatuto Administrativo en su artículo 40, aplicable supletoriamente a los miembros del Poder Judicial cuando no existe una norma expresa que regule la materia, prescribe: “No serán calificados los funcionarios que por cualquier motivo hubieren desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso inferior a seis meses, ya sea en forma continua o discontinua dentro del respectivo período de calificaciones, caso en el cual conservarán la calificación del año anterior” (materia actualmente regulada por el artículo Noveno del Auto Acordado sobre régimen de Calificación a los Miembros del Poder Judicial, Acta 142-2015); y por otra parte, la recurrida omite la modificación efectuada al Código del Trabajo por la Ley Nº 20.545, de 17 de octubre de 2011, que incorporó el artículo 197 bis, disposición que regula el descanso postnatal parental, por lo que mal podría haber considerado dentro de las excepciones este requisito, esto es el período en que la trabajadora estuvo haciendo uso del permiso postnatal parental.

5º) Que la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol Nº 13.716-13, brinda los motivos por los cuales este descanso debe ser considerado como un tiempo efectivo y no como ausencia, para los efectos de cumplir con el requisito de haber enterado servicios efectivos , a lo menos por seis meses. Razona señalando que el antecedente de la Ley Nº 20.545 se encuentra en el Convenio 156 de la OIT ratificado por Chile, cuyos lineamientos y principios deben ser respetados en sede judicial, asegurando la no discriminación e igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras; señalando su artículo 3º: “Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre sus objetivos de su política nacional, el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación, agregando su artículo 9 que “las disposiciones del presente convenio podrán aplicarse por vía legislativa, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales, decisiones judiciales o mediante una combinación de tales medidas”.

De otro lado, el inciso quinto del artículo 4 de la Ley 19.531 señala en forma expresa que los descansos contemplados en los artículos 195 y 196 deberán ser considerados dentro de los seis meses de trabajo efectivo; lo que también se aplica por consiguiente, como señala la sentencia, al periodo postnatal parental.

6°) Que al negar la recurrida el acceso al bono por desempeño institucional y bono por desempeño colectivo de quien acciona de protección por haber hecho uso del permiso postnatal parental, superando con ello el cómputo máximo de ausencias que contempla el artículo 4º de la Ley Nº 19.531, lo que permite concluir que el recurrido ha efectuado una distinción sin justificación razonable entre quienes gozan del permiso postnatal parental y quienes acceden al permiso pre y post natal, siendo todos permisos por maternidad de carácter irrenunciables, que se encuentran contemplados dentro de la excepción del inciso quinto de la citada ley, resultando discriminatoria la actuación de la reclamada, respecto de quienes acceden al permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis del Código del Trabajo.

7º) Que no obsta a la conclusión anterior la circunstancia que el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de fecha 11 de diciembre de 2009 no contemple el señalado permiso, atendido a que su data es anterior a la Ley Nº 20.545, que incorporó el artículo 197 bis al Código del Trabajo.

8°) En consecuencia, se está en presencia de una actuación ilegal y arbitraria, que vulnera el derecho de la recurrente a ser tratada en igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos, lo que obliga a restablecer de inmediato el imperio del derecho en la forma que pasa a decirse.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el deducido en lo principal de fojas 27 por la Sra. nombre reservado, y en consecuencia se dispone dejar sin efecto la resolución de fecha 29 de julio de 2016, dictada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, debiendo la autoridad pertinente adoptar las medidas necesarias para pagar a la recurrente el bono por desempeño institucional y colectivo correspondiente al año 2013.

Acordada con el voto en contra de la Ministro (s) señora Barrientos, quien estuvo por rechazar la acción deducida, teniendo únicamente presente para ello, que el conflicto planteado -calificaciones 2013- excede de los márgenes de esta acción cautelar y requiere ser sustanciado en el procedimiento declarativo correspondiente.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante Claudia Chaimovich.

Protección Nº 97528-2016.-