nombre reservado con CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintidós.

Proveyendo escritos folios 46 y 47: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, comuna de Providencia Presidente de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD PRIMARIA DE PROVIDENCIA, persona jurídica de derecho privado, que cuenta con el mismo domicilio, en representación de los siguientes miembros la asociación: doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, , doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, representada por su Secretario General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos en las remuneraciones de los trabajadores de la Corporación por adherir a las movilizaciones nacionales del sector público durante el año 2018, así como aquellos eventuales descuentos por causa de las movilizaciones de 12 y 13 de noviembre de 2020, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 1, 2, 3 y 24.

Funda el recurso señalando que la asociación fue convocada a una movilización nacional por el reajuste al sector público que se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre del año 2018, la recurrida efectuó descuentos en las remuneraciones de los funcionarios, considerando que existe una práctica antisindical asociada a esa práctica. Explica que, durante el año 2020, en las semanas previas al 12 y 13 de noviembre, las jefaturas pasaron por todos los centros en donde laboran los asociados, preguntándoles individualmente si es que estaban movilizados o no, y si estaban realizando turnos éticos o no, situación igual de irregular que los descuentos del presente años y del 2018. Refiere que dichas prácticas han sido denunciadas en la Inspección del Trabajo.

De este modo, considera que existe una amenaza que eventualmente coartaría sus derechos sindicales y de libertad de expresión, y que constituyen en sí mismo una vulneración a las normas del Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, ya que cualquier sanción disciplinaria por incumplimiento de obligaciones funcionarias deberá estar acorde a lo establecido en los artículos 118 y siguientes de la Ley N° 18.883.

Añade que, agrava la cuestión descrita, el hecho que en la comuna existe otra Asociación de Funcionarios de la Salud, respecto de los cuales no se les efectuó las preguntas atentatorias contra la libertad sindical, no siendo reemplazados ninguno de sus asociados en sus puestos de trabajo y consecuentemente nunca se les efectuó descuento de sus remuneraciones, lo que considera una clara acción arbitraria, sin motivación, razonamiento o fundamento.

Prosigue señalando que la movilización se llevó a cabo de igual modo, quedando a discreción de los directores de cada establecimiento de salud de la comuna, entregar información a nuestro empleador sobre las personas que se adhirieron a la Movilización Nacional. Señala que los funcionarios marcaron su asistencia y procuraron la continuidad del servicio. No obstante, en las liquidaciones de sueldo entregadas el día 28 de noviembre de 2020 notaron un rubro de “inasistencia o atraso”, realizados sin previo aviso formal o a través algún acto administrativo que justificara la decisión y sin explicación alguna del descuento a cada funcionario. Ello también habría afectado a dirigentes sindicales que hacían uso de horas gremiales.

Considera que los hechos descritos dan cuenta que, tanto la acción y las amenazas de seguir realizando descuentos aleatorios, sin procedimientos u actos administrativos que los justifiquen, acreditan y demuestran un actuar por parte de la autoridad administrativa de carácter arbitrario e ilegal, que lesionan y ponen en riego los derechos fundamentales a la propiedad sobre sus remuneraciones, a la igualdad ante la ley y al debido proceso.

En cuanto a la ilegalidad, argumenta que la Corporación de Desarrollo Social de Providencia vulnera todas las normas constitucionales que cita y las normas sobre responsabilidad administrativa de los artículos 118 y siguientes de la Ley N° 18.883, ya que las sanciones en las remuneraciones que impuso a los trabajadores debió hacerlas en el marco del contencioso administrativo que la ley establece para tales efectos. Asimismo, afecta la igualdad ante la ley con su actuar arbitrario, y la garantía de propiedad, al haber descontado sus remuneraciones.

Finalmente, solicita dejar sin efecto la medida decretada por la recurrida en contra de los funcionarios públicos recurrentes, reintegrando a todos aquella parte de las remuneraciones que le fueron descontadas en el mes de noviembre y diciembre del año 2018 y los demás que eventualmente se produzcan durante la tramitación del recurso, por motivo de la paralización de los días 12 y 13 de noviembre del año 2020, y abstenerse de efectuar aquellos descuentos que se encuentren pendientes de practicar, sin que medie previamente una investigación sumaria o sumario administrativo, según sea el caso, completamente afinado, todo ello, con costas.

Segundo: Que, evacuando informe, comparece don Eduardo Vásquez Silva, abogado, actuando en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, quien solicitó el rechazo del recurso por improcedente, y por carecer de fundamento.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, oponiendo excepción de caducidad de la acción, con costas. Al respecto, argumenta que el recurrente refiere que la recurrida habría incurrido en un acto arbitrario e ilegal al efectuar descuento de sus remuneraciones en los meses de noviembre y diciembre de 2018, o sea, dos años antes de interponer el presente recurso, de modo que la acción intentada es claramente extemporánea, desde que el plazo para deducir esta acción cautelar es de 30 días corridos contados desde el hecho estimado ilegal y/o arbitrario.

Luego, alega que el recurso es improcedente, teniendo en cuenta que las controversias de naturaleza laboral le corresponden conocer a los Juzgados de Letras del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, sin que el recurso de protección, atendida su naturaleza, pueda constituir un sustituto jurisdiccional, ya que la presente corresponde a una materia de lato conocimiento. Añade que si el recurrente consideró que en la especie no se han observado las condiciones y requisitos debidos para descontar los días en los cuales no prestaron servicios él y sus asociados, debe recurrir a los tribunales de justicia, los cuales determinarán si la Corporación actuó dentro del marco de lo establecido en el artículo 69 de la Ley Nº 18.883.

Seguidamente, formula una aclaración respecto de los hechos en que se funda el recurso, dando cuenta, en forma pormenorizada, de los descuentos que afectaron a cada uno de los recurrentes, así como los montos percibidos según diversos rubros, y de la causa de tales descuentos. Asimismo, da cuenta de aquellos funcionarios que fueron reemplazados en el contexto de las movilizaciones de noviembre de 2020.

Respecto de las alegaciones relativas a ilegalidad, aclara que no le resulta aplicable la Ley N° 19.880 invocada por el actor, ya que corresponde a una persona jurídica de derecho privado. Por otra parte, todos los recurrentes, conforme lo señalan sus respectivos contratos de trabajo y anexos, se rigen en lo tocante a su relación laboral, por lo dispuesto en la Ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud, lo que no les otorga la calidad de funcionarios públicos que alegan, salvo para formar parte de una asociación gremial, según lo indica el artículo 4 de la Ley. Además, destaca que el recurrente reconoce que sus representados se adhirieron al paro de actividades para la salud e indica vagamente que realizaron turnos éticos (sin indicar quienes los realizaron y en qué horario) y qué los centros no paralizaron sus actividades, resultando procedente y ajustado a derecho el descuento aplicado.

En tal sentido, argumenta que es falso que el descuento de las horas no trabajadas sea una sanción y solo pueda aplicarse una vez realizado un sumario administrativo, y que los dirigentes gremiales se encontraban al tanto de que la Corporación realizaría el descuento, por lo que ellos informaron con antelación que harían uso de su permiso gremial, horas de inactividad laboral, con lo que se da el hecho de que ellos participaron en la paralización de actividades pero tuvieron la precaución de solicitar permiso para desarrollar actividades sindicales esos días, con lo cual por dichas horas se aseguraron el pago de sus remuneraciones, situación que no aconteció con sus asociados.

Finalmente, controvierte la vulneración de las garantías invocadas, y declarar la caducidad del recurso de protección presentado, por extemporáneo y rechazar, asimismo, por las razones de fondo ya expuestas, la acción cautelar deducida, en todas sus partes, con costas.

Tercero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Sobre la existencia de los actos impugnados obra que corresponden descuentos en las remuneraciones de los trabajadores de la Corporación por adherir a las movilizaciones nacionales del sector público durante el año 2018, así como aquellos eventuales descuentos por causa de las movilizaciones de 12 y 13 de noviembre de 2020, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 1, 2, 3 y 24.

Finalmente, en el petitorio de la acción deducida solicita dejar sin efecto la medida decretada por la recurrida en contra de los funcionarios públicos recurrentes, reintegrando a todos aquella parte de las remuneraciones que le fueron descontadas en el mes de noviembre y diciembre del año 2018 y los demás que eventualmente se produzcan durante la tramitación del recurso, por motivo de la paralización de los días 12 y 13 de noviembre del año 2020, y abstenerse de efectuar aquéllos que se encuentren pendientes de practicar, sin que medie previamente una investigación sumaria o sumario administrativo, según sea el caso, completamente afinado, todo ello, con costas.

En cuanto a la extemporaneidad:

Quinto: Respecto de la alegación de extemporaneidad, se acogerá sólo respecto a los descuentos efectuados realizados durante los meses de noviembre y diciembre del año 2018, por cuanto el presente arbitrio fue interpuesto con fecha 28 de diciembre de 2020, esto es, fuera del plazo que para tal efecto establece el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección.

De esta forma, el recurrente tomó conocimiento de estos supuestos actos ilegales y arbitrarios, en el año 2018, por lo que en relación a este acápite el presente recurso excede el término de 30 días contemplado en dicho cuerpo normativo.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que a fin de analizar la legalidad del acto denunciado mediante la interposición del presente arbitrio constitucional corresponde indicar que el artículo 69 de la Ley Nº 18.883, dispone en su inciso primero, que: “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada en el artículo 134, o de caso fortuito o fuerza mayor.

Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente.”

Séptimo: Que, en consecuencia, respecto de las alegaciones relativas a ilegalidad, no resulta aplicable la Ley N° 19.880 invocada por el actor, ya que corresponde a una persona jurídica de derecho privado. Por otra parte, todos los recurrentes, conforme lo señalan sus respectivos contratos de trabajo y anexos, se rigen en lo tocante a su relación laboral, por lo dispuesto en la Ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud, lo que no les otorga la calidad de funcionarios públicos que alegan, salvo para formar parte de una asociación gremial, según lo indica el artículo 4 de la Ley.

Por su parte, el recurrente reconoce que sus representados se adhirieron al paro de actividades para la salud e indica vagamente que realizaron turnos éticos (sin indicar quienes los realizaron y en qué horario) y que los centros no paralizaron sus actividades, resultando procedente y ajustado a derecho el descuento aplicado.

Octavo: Que, en este contexto, resulta evidente que el descuento por las horas no trabajadas sea una sanción y solo pueda aplicarse una vez realizado un sumario administrativo, aunado a que los dirigentes gremiales se encontraban al tanto de que la Corporación realizaría los correspondientes descuentos.

Noveno: Que, por otro lado, las controversias de naturaleza laboral le corresponden conocer a los Juzgados de Letras del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, sin que el recurso de protección, atendida su naturaleza, pueda constituir un sustituto jurisdiccional, ya que la presente corresponde a una materia de lato conocimiento. Añade que si el recurrente consideró que en la especie no se han observado las condiciones y requisitos debidos para descontar los días en los cuales no prestaron servicios él y sus asociados, debe recurrir a los tribunales de justicia, los cuales determinarán si la Corporación actuó dentro del marco de lo establecido en el artículo 69 de la Ley Nº 18.883.

Décimo: Es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Undécimo: Es así como, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir si el actor debió o no descontar de las remuneraciones las horas no trabajadas por los actores, para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, contándose por lo demás en nuestro ordenamiento jurídico con un procedimiento especial para quienes consideren que existe un almacenamiento ilegítimo e incorrecto de la información financiera, a fin de perseguir los remedios y soluciones que el recurrente ha solicitado a través de la presentación de este arbitrio.

Duodécimo: Que lo cierto es entonces que, el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquéllos indubitados es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Decimotercero: Que la Corte Suprema de fecha 20 de marzo de 2019 dictada en los autos Rol 25164-2018, que indica: “En la especie, la orden de realizar los descuentos en las planillas de remuneraciones de los recurrentes por el día no trabajado, no es ilegal, toda vez que individualiza detalladamente a los trabajadores que el día de la paralización no desempeñaron en forma efectiva las funciones propias del cargo, pese a haber marcado sus respectivas tarjetas al inicio y término de la jornada laboral, y establece con precisión el tiempo de la no prestación de los servicios, así como la circunstancia de no encontrarse los trabajadores en alguna de las situaciones de excepción contempladas en el inciso primero del artículo 69 de la Ley Nº 18.883; por último, se cumple en la especie con el requisito formal de haberse requerido el descuento por parte de los jefes inmediatos de los Centros de Salud Familiar en los que prestan servicio los trabajadores en cuyo favor se interpuso la acción constitucional.”

Decimocuarto: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, Presidente de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD PRIMARIA DE PROVIDENCIA, en representación de los asociados doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado en contra de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, sin costas.

La decisión de rechazar el recurso respecto de los descuentos efectuados en el período de Noviembre y Diciembre del año 2020 fue acordada con el voto en contra de la Ministra suplente Andrea Díaz-Muñoz Bagolini quien estimó que la autoridad recurrida habría practicado los descuentos por las horas no trabajadas en el marco de una manifestación en la que habrían participado los trabajadores, lo que le permitió al ente administrativo recurrido practicar sin investigación sumaria o sumario administrativo previo, descuentos directos en las remuneraciones de los recurrentes. Que en mérito del procedimiento investigativo sancionador que debió haber llevado a cabo, una vez éste concluido podría haber dado lugar a sanciones si ellas fueren procedentes, estableciendo además los horarios en que cada uno de los funcionarios se habrían ausentado de sus labores, con la precisión necesaria relativa a la identidad de los involucrados y los hechos específicos que conllevarían con fundamento suficiente a la decisión de proceder a los descuentos, situación que al no haberse dado en la especie, deja por lo tanto a los recurrentes en una posición de indefensión frente al acto de la autoridad, lo que implica ponderar que el servicio vulneró la garantía consagrada en el N° ́ 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, al haber privado a los trabajadores de una parte de sus remuneraciones atribuyéndole con este acto una presunta responsabilidad administrativa sin el correspondiente procedimiento sancionador.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección 97.513-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero, conformada por las Ministras suplentes señora Andrea Díaz-Muñoz Bagolini y señora nombre reservado.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.