nombre reservado con DIRECCION GENERAL MOVILIZACIÓN NACIONAL

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 23 y 24: a todo, téngase presente.

VISTO:

Compareció don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº 4043 de fecha 26 de noviembre de 2020, que resolvió no renovar su contrata para el año 2021; decisión que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida prorrogar la contrata hasta el 31 de diciembre de 2021, con la consecuencial reincorporación a los servicios y el pago de remuneraciones y demás beneficios económicos por el tiempo de separación, con costas.

Expone que se desempeñó como empleado civil a contrata profesional grado 12, desde el 1 de agosto de 2019, prorrogada por medio de la Resolución TRA Nº332/491/2020 de fecha 24 de diciembre del mismo año hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, a través de la resolución que se impugna la contraria decidió no perseverar en la misma para el año 2021, mencionando como antecedente justificativo en la Minuta Nº 6 de 8 de octubre de 2020, el “comportamiento inadecuado que pone en riesgo la información y los alcances institucionales, observando un incumplimiento a las órdenes impartidas por el superior jerárquico y falta de madurez profesional en este sentido”. Por ello, la resolución cuestionada concluyó que sus servicios no son necesarios “debido a la falta de pertenencia con la Institución, al incumplimiento a normas e instrucciones que su jefatura le ha exigido, a la falta de tino y criterio en la reserva de los antecedentes que se manejan dentro de ese departamento y a la omisión de obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, no adecuándose a la cultura organizacional que posee esta Dirección General”.

Pone de relieve que las afirmaciones contenidas en la aludida decisión son falsas y deshonrosas, pues no existen antecedentes concretos y objetivos que las demuestren, sin que el acto administrativo mencione cuáles son los hechos que permiten plasmar tales observaciones. Además, esas imputaciones resultan incoherentes con sus calificaciones del proceso 2019-2020 (Lista Nº1 de distinción), más cuando solo mantiene anotaciones de mérito.

Por lo mismo, al no existir constancia formal del supuesto mal desempeño, se evidencia que los hechos invocados para su desvinculación son el producto del mal clima laboral que tuvo que enfrentar en el año 2020, derivado de un conflicto con su jefatura, la teniente coronel nombre reservado, quien fue denunciada por acoso laboral por parte de otra empleada de la Dirección General, y luego de ser presionado por la teniente para declarar en su favor y ante su negativa, se generaron los problemas de menoscabo en sus labores, según detalla.

Reseña que el pasado 4 de diciembre interpuso recurso de reposición y en subsidio recurso jerárquico en contra de la resolución que decidió no renovar su contrata, pormenorizando las situaciones de hostigamiento laboral y represalias; arbitrios que hasta la fecha no han sido resueltos.

Aduce, además, que todas las situaciones que experimentó dañaron su salud, indicando contar con documentos médicos de la Asociación Chilena de Seguridad que comprueban el origen laboral de sus dolencias.

Señala contar con una copia de la Minuta Nº 413 de fecha 18 de noviembre de 2020, que se refiere al proceso de renovación de contratos de empleados civiles para el año 2021 y en su caso particular, se indica que “no existe mérito suficiente para no renovar su contrato, luego de analizar sus informes de desempeño, precalificación, asistencias, etc.”, para luego expresar que el actor no se encuentra bajo el supuesto de la “legítima confianza”, por lo tanto, “jurídicamente no existiría inconvenientes para realizar el proceso de No renovación de contrato para el año 2021”. Además, en el numeral 3 de las conclusiones deja en claro que la no renovación de la contrata de empleados civiles en el departamento trae consigo un trastorno administrativo y de funcionamiento, por ser un departamento técnico que actualmente se encuentra realizando un trabajo de alto impacto mediático para el país producto de la aprobación de la Ley de Convenciones de Armas Químicas. Por ende, entiende que no existe mérito para su desvinculación y, además, que ello generará problemas de funcionamiento del Departamento. Por ello, considera que el actuar de la recurrida es manifiestamente arbitrario y a su vez ilegal, ya que toda decisión de parte de la Administración del Estado debe ser motivada, conforme el artículo 41 de la Ley 19.880.

Así, también, aduce que la Administración ha infringido los principios de transparencia y publicidad consagrados en el artículo 16 de la aludida normativa, alegando desconocer hasta la fecha las verdaderas razones de su desvinculación.

Arguye ser víctima de una discriminación arbitraria proscrita por el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, la cual infringe el principio de estabilidad del empleo plasmado en el artículo 89 del DFL 20 sobre Estatuto Administrativo, atacando a su vez los numerales 1 y 24 de la misma disposición constitucional.

Solicitando, en consecuencia, se acoja la presente acción, en los términos ya referidos.

Informando la recurrida, sostuvo que la decisión contenida en la Resolución Exenta Nº 4043 de 26 de noviembre de 2020, se encuentra basada en el proceso calificatorio del año 2020, tomando en consideración la Minuta Nº 6 de 8 de octubre de 2020, redactada por el Coronel Fredy Kirst Gimpel, jefe de Departamento Convenciones y Regímenes de Control Internacional Subrogante, dependencia en la que el actor prestaba servicios a contrata.

Explica que contra la decisión de no renovación, el recurrente presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio, rechazado el primero por medio de la Resolución Exenta Nº 4466 de 31 de diciembre de 2020, en atención a que no aportó nuevos antecedentes, luego se elevó la petición de apelación ante el Ministro de Defensa Nacional para su resolución, hasta la fecha aún pendiente de resolver.

Por ello, es que entiende que esta protección se dirige en contra un proceso de reclamación que actualmente está en curso, sin resolver conforme lo dispone la Ley 19.880, por cuanto el actor ha ejercido los recursos administrativos pertinentes, encontrándose a la espera de la apelación ya indicada. De este modo, la vía administrativa es la que corresponde en derecho, no siendo necesario el presente recurso de protección.

En cuanto a la no renovación propiamente tal, aduce que esta se encuentra conforme el ordenamiento jurídico, dentro de las facultades de la Dirección General, haciendo referencia al artículo 10 del DFL 29 que dispone la expiración de las contratas el 31 de diciembre de cada año, salvo que exista una prórroga con 30 días de anticipación. De esta forma, la aludida decisión se sustenta en que en el último período, el actor desarrolló un comportamiento inadecuado y poco profesional, que fue observado en la ya indicada Minuta Nº 6 de 8 de octubre de 2020, expresando la falta de acuciosidad en el cumplimiento de sus labores en los plazos asignados, siendo advertido en reiteradas ocasiones, sumado a conductas que ponen en riesgo la información y los alcances institucionales, por ello se recomendó su no renovación para el año 2021.

En consecuencia, no ha existido un actuar arbitrario, ilegal o discriminatorio que vulnere sus garantías fundamentales, pues se trata de un acto administrativo fundado y la inaplicabilidad del principio de confianza legítima en este caso, por cuanto el funcionario solo sirvió en el empleo a contrata durante 1 año.

A solicitud de esta Corte, también informó don nombre reservado, en su calidad de Ministro de Defensa Nacional sobre el recurso jerárquico presentado por el actor. A su respecto, menciona que por medio de la Resolución Ministerial Exenta Nº 1833 de 27 de abril de 2021, se resolvió inhibirse de conocer la impugnación aludida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880, por cuanto se dedujo esta acción de protección en contra del acto administrativo que dispuso la no renovación de contrata.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

2°.- Que la Dirección General de Movilización Nacional, no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio. Lo cierto es, entonces, que el acto está motivado -se lee de la Resolución Exenta Nº 4043 de fecha 26 de noviembre de 2020- que entre los fundamentos para decretar el término anticipado de su designación a contrata, indica que “el trabajo desarrollado en el Departamento Convenciones Regímenes de Control Internacional, regido por la Ley 17.798, sobre sustancias toxínicas, biológicas y las instalaciones de los organismos nacionales públicos y privados que tengan relación directa e indirecta con estas materias, entre otros, debe ser un trabajo que requiere de reserva por la magnitud de la información que se contempla, advirtiendo en el señor nombre reservado un comportamiento inadecuado que pone en riesgo la información y alcances institucionales, observando un incumplimiento a las órdenes impartidas por el superior jerárquico y falta de madurez profesional en este sentido”. Ello debe vincularse a la Minuta Nº 6 de 8 de octubre de 2020, integrante de la misma decisión, de manera que la aludida Resolución termina concluyendo que los servicios del actor no son necesarios, “debido a la falta de pertenencia con la Institución, al incumplimiento a normas e instrucciones que su jefatura le ha exigido, a la falta de tino y criterio en la reserva de los antecedentes que se manejan dentro de ese departamento y a la omisión de obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, no adecuándose a la cultura organizacional que posee esta Dirección General”.

3°.- Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y es ello lo que caracteriza su precariedad, no pudiendo exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir, conforme lo consigna el artículo 10 del aludido cuerpo legal, de manera que las funciones que ejerce el empleado expiran por la sola disposición de la ley en esa fecha.

Por ello, cuando se utiliza la frase “mientras sean necesarios sus servicios” implica que se esgrime para dejar constancia que el nombramiento puede durar un período menor que el 31 de diciembre de cada año, no exigiéndose que sea necesario que cuando se haga uso de la facultad que el nombramiento dispone sea obligatorio que se fundamente.

4°.- Que sobre la base de lo expuesto en los motivos que anteceden, fluye que la recurrida al decidir no renovar la contrata de la recurrente para la anualidad siguiente en la forma que lo hizo ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, apegándose a la ley y no por mero capricho, por lo que prescindiéndose del acto arbitrario e ilegal imputado por la recurrente, que dispone la no renovación de la contrata, no cabe sino rechazar el recurso.

No obstante lo anterior, y como fundamento esencial del rechazo ha de tenerse presente que este procedimiento cautelar constitucional exige como presupuesto básico derechos o garantías indubitadas y, en el presente caso, se trata de un funcionario que realiza su trabajo a contrata cuyo vínculo no fue prolongado por deficiencias en la prestación de servicios, específicamente en la forma de trabajar, conforme se indica en el acto recurrido. Desde este punto de vista surgen situaciones equívocas de las cuales no es posible desprender indubitadamente alguna acción arbitraria o ilegal desde que este no es el estadio para decidir si el comportamiento del recurrente ameritaba continuar con su trabajo y, por lo tanto, en este caso concreto, la decisión de la autoridad puede entenderse legal y dentro de su discrecionalidad permitida.

5°.- Que, por todo lo expresado, solo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880 y, siendo además coherente con el transcurso del tiempo y consecuente vencimiento de la última renovación.

6°.- Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, el derecho a la vida e integridad física y psíquica no se advierte cómo ha podido ser amenazado al no decidirse renovar la contrata del actor; en cuanto a la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado, demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; y el N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-97474-2020.

En Santiago, diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.