Protección contra Dirección General de Movilización Nacional

Santiago, veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

Recurrió de protección constitucional don nombre reservado, funcionario público, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, representada por su Director General, por el acto arbitrario e ilegal materializado en la Resolución Exenta Nº NUM000, de 26 de noviembre de 2020, mediante la cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2021, por estimarse que no eran necesarios sus servicios, atendida la falta de compromiso demostrado incumpliendo las instrucciones impartidas por la jefatura, desinterés en el rendimiento laboral y a la falta de adecuación a la cultura organizacional de la institución Fundando el recurso indica que se desempeña como Empleado Civil en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), en calidad jurídica de Contrata, en el cargo de Técnico Administrativo, Grado 12º, del Departamento de Convenciones y Regímenes de Control Internacional. Refiere también que ingresó a prestar funciones el 1 de noviembre de 2019, siendo renovada su contratación hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, la autoridad respectiva resolvió no renovar su contrata para el año 2021, fundada en la "falta de acuciosidad en las labores ejecutadas y desinterés en el cumplimiento de su trabajo, no siendo un aporte a la gestión de la Sección en la que se desempeña, comprobando una vez que le fue renovada su prórroga para el año 2020 decayó su rendimiento laboral".

Indica que durante al año 2020 sufrió acoso laboral y que en la DGMN impera una lógica militar ajena a la administración Civil del Estado. Detalla también que fue diagnosticado con un cuadro de depresión reactiva y trastorno adaptativo mixto, como consecuencia de las malas condiciones laborales, enfermedad que fue declarada de origen laboral por la Superintendencia de Seguridad Social a través de Resolución Exenta Nº NUM001 de 31 de agosto de 2020. Sobre la resolución reprochada, precisa que interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico, sin respuesta hasta la fecha.

En cuanto a la ilegalidad del acto administrativo, expresa que existe falta de motivación, ya que la resolución por la que se puso término a su contrato solo tiene una argumentación aparente y artificiosa, que no condice a la realidad, contrariando de esta forma lo dispuesto en el artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Ese proceder es también ilegal porque afecta el derecho de la estabilidad del empleo que tiene todo funcionario, al tenor del artículo 89 del DFL 29, sobre Estatuto Administrativo y el artículo 48 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. En cuanto a la arbitrariedad, aduce que los juicios emitidos en la Resolución recurrida no cuentan con respaldo y que solo son consecuencia de un escenario de mal clima laboral. Son falsas las imputaciones hechas en el acto recurrido, además que desconoce todo el contenido de la "Minuta Nº NUM002 del 08.OCT.2020", invocada en ese mismo acto, sobre su supuesta evaluación. Destaca que esa minuta N° NUM002 fue firmada por el Coronel Fredy Kirts, en calidad de subrogante, en circunstancias que solo tuvo contacto con él, por dos semanas.

A su entender, la decisión de no renovar la contrata es una represalia por haber declarado en calidad de testigo en el sumario administrativo que se siguió en contra de la Teniente Coronel Marisol O´Ryan, por acoso laboral, jefa titular del departamento, quien fuera removida en forma provisoria de su cargo.

En cuanto a las garantías constitucionales, estima vulnerada la igualdad ante la ley toda vez que el acto recurrido no fundamentó su actuar, siendo un claro obrar desproporcionado y carente de razonabilidad. Del mismo modo, se afectó el derecho de propiedad sobre el cargo y las remuneraciones que recibía.

Solicita ordenar la renovación de la contrata para el año 2021 con inmediata reincorporación a sus funciones y derecho a percibir sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta la efectiva reincorporación, bajo las mismas condiciones en las que se desempeñaba al momento de ser desvinculado, con expresa condena en costas.

Se apersona, debidamente representada, la Dirección General de Movilización Nacional, evacuando el informe ordenado a su respecto.

En primer término, sostiene la improcedencia del recurso, ya que la materia puesta en debate es ajena a la naturaleza cautelar, urgente y sumaria de la acción de protección, siendo más acorde lo pedido un procedimiento declarativo, toda vez que en el presente recurso existe un derecho que se encuentra precisamente en discusión.

Con relación al acto impugnado, explica que su fundamento está vinculado con la Minuta N° NUM002 de 8 de octubre del 2020, redactada por el coronel Fredy Kirts, Jefe del Departamento de Convenciones, que es invocada y extractada en la misma resolución que por esta vía se reprocha.

Hace notar también que en contra de la resolución que no renovó la contrata del recurrente, se interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio, el que fue rechazado el 31 de diciembre del 2020, elevando la apelación para ante el Ministro de Defensa, que a la fecha del informe se encuentra pendiente. Por ende, el recurrente ha podido ejercer los recursos administrativos que corresponden y que se cumplió con lo estipulado en el artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, sobre Estatuto Administrativo, que señala que las contratas duran hasta el 31 de diciembre de cada año.

Al folio 14, de 29 de enero del 2021, el recurrente presentó las siguientes observaciones al informe de la recurrida. Indicó que en la minuta N° NUM002 de 8 de octubre del 2020 (que fue encargada por la Teniente Coronel Marisol O´Ryan, quien se encontraba en medio de un sumario administrativo por acoso laboral), se propuso la no renovación de 3 funcionarios, pero que en definitiva ello sólo se concretó respecto el recurrente no se le renovó la contrata. El tema de la renovación de contrata también fue tratada en la Minuta Nº NUM003 de 18 de noviembre de 2020, en la Hoja Nº NUM004, con letra manuscrita de nombre reservado, Jefe Titular del Departamento de Convenciones y Regímenes de Control Internacional, quien recomendó dar continuidad a los funcionarios involucrados.

De otro lado, manifiesta que la recurrida no se hace cargo del origen laboral de la enfermedad que afecta al recurrente ni del hecho que desde el 8 de julio del 2020 la teniente Marisol O´Ryan fue provisoriamente removida por las denuncias de acoso laboral en su contra. Finalmente indica que la recurrida evitó referirse al informe de 4 de agosto de 2020, sobre Clima Laboral del Departamento de Convenciones y Regímenes de Control Internacional (DECON), elaborado por el Psicólogo Laboral de la DGMN, en el que se indica que todos los conflictos del área tendrían como causa a la Teniente Coronel nombre reservado.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerado:

Primero: Como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil - o arbitrario - producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas;

Segundo: El acto administrativo tachado de ilegal y arbitrario está constituido por la Resolución Exenta Nº NUM000, de 26 de noviembre de 2020, mediante la cual se dispuso la no renovación de la contratación, para el año 2021, respecto del recurrente don nombre reservado;

Tercero: Cabe insistir una vez más en lo señalado por esta Corte en resoluciones anteriores, en orden a que cuando se trata del ejercicio de potestades públicas, el control que puede efectuarse a través de una acción de esta índole supone examinar que la actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento suficiente o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable;

Cuarto: Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, se produce acá una situación de la que ambas partes han dado cuenta al tribunal en sus escritos fundamentales, esto es, que el señor nombre reservado interpuso un recurso de apelación -de naturaleza administrativa-, contra la resolución de la autoridad que decidió no renovar su contratación, recurso que está pendiente de resolución por el Ministerio de Defensa, extremo que no puede ser obviado por esta Corte;

Quinto: Es efectivo que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que la acción allí consagrada deja a salvo "los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".

Empero, ello no es sino manifestación de la naturaleza cautelar o de tutela de urgencia del recurso o acción de protección. Por ende, tal proclamación no implica que se esté autorizando una duplicidad de intervenciones. Antes bien, de lo regulado en los artículos 53 y 54 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos -mutatis mutandi-, es dable extraer como principio que en una situación como ésta, vale decir, cuando se han ejercido los recursos administrativos y éstos se encuentran pendientes, la posibilidad de propiciar una revisión judicial de los actos de la administración queda supeditada al agotamiento de esa vía administrativa;

Sexto: Esto que se dice cobra mayor pertinencia aún si se consideran las peticiones o medidas de protección impetradas en la acción de protección, esto es, dejar sin efecto el acto administrativo cuestionado y ordenar la reincorporación del recurrente con derecho a percibir todas sus remuneraciones por el lapso de la separación, decisiones que actualmente están bajo la órbita de la superioridad respectiva.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección.

Se previene que el ministro Jorge Zepeda Arancibia estuvo por rechazar la acción de protección, solo en virtud de lo razonado en los considerandos 4°, 5° y 6° de esta sentencia.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 97.469-2020.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por los ministros señor Omar Astudillo Contreras y señora Elsa Barrientos Guerrero