nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.

A los folios 15 y 16: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Fernando Omar Alé Pizarro, quien deduce acción constitucional de protección a favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, contenido en la resolución exenta N° R-01-UME-120606-2020 de 23 de noviembre de 2020, consistente en no calificar la enfermedad de la protegida como profesional y, con ello, impedir el cobro de las prestaciones de seguridad social y atenciones médicas que requiere su enfermedad, lo que estima vulnera ámbitos garantizados en los números 1, 3, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda el presente arbitrio, explicando que la protegida fue notificada vía correo electrónico, el 23 de noviembre de 2020, de la resolución que se impugna por esta vía, la que dispuso el rechazo de la calificación de su patología como de origen laboral, indicando que no procedía la cobertura de la Ley N°16.744.

Refiere que la señora nombre reservado presta servicios con contrato de trabajo para la empresa A.F.P. Cuprum S.A. desde el 9 de mayo de 1996, desempeñándose como consultora de beneficios, y que, a partir del 1 de julio del año pasado, con motivo del estado de excepción de catástrofe, ambas partes suscribieron un anexo de contrato por el cual pactaron la modalidad de “teletrabajo”, de acuerdo con los artículos 152 quáter G y siguientes del Código del Trabajo, no obstante, la empleadora incumplió la aludida normativa, en lo relativo a respetar el derecho de desconexión de la protegida y a proveerle todos los elementos materiales para cumplir su cometido, todo lo cual le trajo consecuencias en su salud física y psíquica, las que devinieron en el otorgamiento de licencias médicas, desde el 1 de junio del mismo año, y que a partir del 2 de octubre pasado y a su propia iniciativa, frente a la omisión de Cuprum al efecto, comenzó a ser atendida en la Asociación Chilena de Seguridad, entidad que dictó la resolución Nº0006820691-0004 de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley Nº16.744, de fecha 9 de noviembre de 2020, por la que declaró que las patologías que aquejan a la actora conciernen a una “7.- Enfermedad Común”, esgrimiendo como único fundamento que “El cuadro clínico del trabajador no corresponde a una contingencia o patología cubierta por el seguro social de la Ley Nº16.744”, agregando lacónicamente que “En virtud de lo expuesto, se deriva al trabajador a su régimen común de salud”.

Explica, que apeló de lo decidido ante la Superintendencia de Seguridad Social el 12 de diciembre último, entidad que dictó la resolución que rechazó el reclamo por calificación de origen de enfermedad, determinando que no procedía otorgar la cobertura del seguro social impetrada, por tratarse de una patología de origen común, dictamen que a su juicio, carece de la adecuada fundamentación pues no se realizó un correcto análisis de los antecedentes médicos aportados, los que hacen plausible la causalidad entre el estado de salud de la trabajadora y las funciones de teletrabajo que ha debido cumplir en condiciones paupérrimas, lo que tampoco fue fiscalizado por la Asociación Chilena de Seguridad.

Añade que la trabajadora interpuso una denuncia por vulneración de derechos, ante la Dirección del Trabajo de Valparaíso, respecto de la cual, si bien no fue posible establecer indicios de tales vulneraciones, sí existían conductas que podrían ser materia de fiscalización por incumplimiento a las normas laborales, lo que se condice con el periodo de licencias médicas comprendido entre el 23 de julio al 30 de noviembre de 2020, motivos todos por los cuales acusa que el actuar de la recurrida resulta ilegal y arbitrario, pues no desarrolló correctamente los motivos del rechazo de la calificación incoada, conculcando a su respecto los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, al debido proceso, el acceso a la salud y la propiedad, razones por las que pide a esta Corte que acoja la acción deducida, ordenando que se deje sin efecto la resolución impugnada, así como todo acto administrativo posterior que suponga su validez, y la dictación de otro que declare que la enfermedad de la recurrente es de origen laboral, además de cualquier otra medida conducente al efecto, con costas.

Segundo: Que, informó la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del presente recurso, ya que, en su entender, no ha existido de su parte actuación arbitraria o ilegal que haya causado vulneración de un derecho constitucional o siquiera su amenaza.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción intentada, pues la protegida pretende dejar sin efecto la calificación de una enfermedad de salud mental efectuada mediante resolución de 9 de noviembre de 2020, por la Asociación Chilena de Seguridad, de la que tomó conocimiento el día 11 del mismo mes, de manera que al 23 de diciembre último, oportunidad en la que ejerció la presente acción de protección, ya había transcurrido con exceso el plazo de 30 días contemplado en Auto Acordado que rige la materia.

En subsidio de lo anterior, en cuanto al fondo, también pide se deseche el recurso, pues estima que no ha existido de su parte, actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente, vulneración o amenaza de garantía constitucional alguna, ya que se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria, amparada en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°16.395, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de seguridad social.

Explica que, conforme lo prevenido en los artículos 5 y siguientes de la Ley Nº16.744, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de los profesionales médicos del Departamento Contencioso Administrativo de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la resolución exenta N°R-01-UME-120606 de 23 de noviembre de 2020, concluyó que correspondía rechazar el reclamo por calificación de origen de enfermedad y, por lo tanto, no procedía otorgar la cobertura del seguro social, por tratarse de una patología de origen común, ya que, de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la antedicha normativa, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó el reposo, y no se verifica la exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, como para explicar la emergencia de la sintomatología presentada. Aclara que, esta decisión quedó firme, pues no se interpuso por la interesada el recurso de reconsideración que le otorgaba la Ley N°19.880.

Finaliza señalando que la acción constitucional de autos es improcedente por referirse a una materia concreta del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar impetrada.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, ésta será desestimada, teniendo solamente en cuenta que el acto que motiva la acción aparece dictado el 23 de noviembre del año 2020, sin que a la fecha de la presentación del recurso, esto es, el 23 de diciembre del mismo año, hubiere transcurrido el plazo contemplado en el Auto Acordado sobre la materia.

Quinto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la calificación perseguida por la recurrente, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, este pretexto se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación y contradicción de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la igualdad de trato y del derecho de propiedad de la negativa, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude la recurrida.

Sexto: Que, entrando ahora al fondo del asunto debatido, en criterio de esta Corte, el recurso deducido en autos no podrá prosperar, atendido que la actuación de la recurrida se enmarca dentro de sus atribuciones y, por ende, no puede ser catalogada de ilegal y, ciertamente, no es arbitraria, pues ha obrado estudiando los antecedentes proporcionados por la afectada, fiscalizando la actuación de la Asociación Chilena de Seguridad en la decisión que ante su autoridad se reclamó, y examinando todos los datos médicos y previsionales relativos a la pretensión de obtener la calificación de enfermedad como profesional para acceder al respectivo seguro, no hallándose este tribunal en situación de analizar la decisión cuestionada desde el punto de vista médico, sino que sólo le cabe controlar que ella se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad, lo que se verifica en la especie.

Séptimo: Que, lo que parece entender la actora es que la acción del artículo 20 de la Constitución Política de la República daría un derecho a una nueva instancia de reclamación de la decisión administrativa y ello no es así, máxime si no agotó dicha vía en el ejercicio de los arbitrios que la Ley N°19.880 le otorgaba. En efecto, el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, de modo que la labor de este tribunal de alzada, como ya se dijo, es la de revisor de la juridicidad de lo obrado, en este caso por la Superintendencia de Seguridad Social, sin que en tal examen se advierta otra cosa más que el estricto cumplimiento de la ley y de la normativa reglamentaria aplicable a la materia de autos.

De lo anterior aparece que el objeto del recurso es un hecho discutido y que por tanto no corresponde ser zanjado a través de este procedimiento, más todavía cuando que se trata de un asunto eminentemente técnico-médico, sobre el cual han existido pronunciamientos previos de profesionales con conocimientos especializados y experiencia en la materia debatida, contando inclusive con pericias practicadas, que hacen imposible que esta Corte emita un pronunciamiento sobre materias específicas, respecto a las cuales no existe un escenario pacífico de derechos.

Octavo: Que, como es fácil advertir, del análisis de la resolución impugnada y de los antecedentes que la originan, no es posible observar la existencia de arbitrariedad, en cuanto a que están motivadas en el mero capricho de quien las ha dictado, ni tampoco ilegalidad. Al contrario, esta emana del órgano administrativo facultado al efecto, aparece motivado y se han acompañado los antecedentes para justificar su decisión, cosa distinta es que tal decisión no satisfaga las pretensiones de la recurrente, asunto que no es objeto de este recurso.

Noveno: Que, en efecto, el recurso de protección de garantías constitucionales solo tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de fondo, que buscan revocar una decisión que considera perjudicial.

Décimo: Que, en efecto, en la especie la situación jurídica y de hecho presentada por la recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

Undécimo: Que, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a decisiones técnico médicas, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre asuntos que deben acreditarse sobre la base de probanzas rendidas por las partes.

Duodécimo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerada mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza sin costas, la acción constitucional deducida en autos a favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-97.440-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministro (S) señora Ana Maria Osorio Astorga y el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.