nombre reservado con DE EXTRANJERIA Y MIGRACION DEL MINISTERIO DE SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Roberto Elías Aranda Arcos, abogado, quien interpone acción de protección en favor de don nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros Nº RUT reservado y en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la ilegal y arbitraria omisión de pronunciamiento respecto de su solicitud de permanencia definitiva presentada el 6 marzo de 2020.

Refiere que la falta de pronunciamiento sobre su petición le ha traído los inconvenientes que detalla, impidiéndole la realización de distintos trámites y gestiones.

Señala que la tardanza en la cual ha incurrido el Departamento de Extranjería y Migración, infringe los principios de celeridad, economía procedimental, conclusividad e inexcusabilidad, contenidos en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos del Estado, en particular la norma contemplada en los artículos 23 y 27 de la referida Ley, la cual fija un plazo máximo de seis meses para pronunciarse sobre las solicitudes que se le formulan, término, que en el caso de marras ha sido sobrepasado en exceso.

Manifiesta que a su representado se le ha dado un trato diferente al recibido por otros migrantes, quienes sí han logrado obtener una respuesta dentro del plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880. Añade que se ha vulnerado el derecho a presentar peticiones a la autoridad y que éstas sean resultas de forma adecuada y expedita, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 numeral 14° de la Constitución Política de la República.

Refiere que se ha afectado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraría a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, contemplada en el artículo 19 número 21 de la Constitución Política, puesto que al no poseer una cédula de identidad para extranjero vigente, el recurrente no podría constituirse como representante legal de su propio negocio y/o emprendimiento ante el Servicio de Impuestos Internos, también afecta la garantía constitucional de seguridad jurídica, contenida en el artículo 19 numeral 26 de la Constitución Política y se ha perturbado la libertad personal del recurrente y también su seguridad individual, pues no obstante encontrarse en proceso de solicitud de permanencia definitiva, su situación de residencia es incierta, obstaculizando sus planes futuros, impidiendo su desarrollo familiar, profesional y laboral.

En virtud de lo expuesto, pide que se acoja la acción de protección, ordenando a la recurrida otorgar en el más breve plazo que no exceda los 20 días, otorgar al recurrente la correspondiente visa de permanencia definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que le quepa a los funcionarios o Director del Servicio, responsables por la demora y negligencia en la tramitación de las visas de las recurrentes, con costas.

Segundo: Que, la entidad recurrida, evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción entablada, fundado en que el día 27 de febrero de 2021, el extranjero solicitó permiso de residencia definitiva y que mediante Resolución Exenta N°21328731, de fecha 6 de diciembre 2021, se aprobó el avance de su petición a la etapa de análisis intermedio, lo que incluye a) análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización -si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y b) la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o apostillados, según corresponda.

Afirma que estando en tramitación la solicitud del extranjero se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, por tanto, no existe un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expresa que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley N° 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra el país.

Añade que la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal.

Tercero: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, el acto impugnado por la presente acción corresponde a la falta de pronunciamiento u omisión de tramitación de la recurrida, respecto a la solicitud de permanencia definitiva que el actor realizó el 27 de febrero de 2021, sin que a la fecha se haya emitido pronunciamiento alguno al efecto, según se desprende de los antecedentes que obran en el proceso.

Quinto: Que, atendido el tiempo transcurrido sin que la autoridad recurrida haya emitido pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, se configura la omisión denunciada, la que se estima ilegal y afecta la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, conforme al normal curso de este tipo de procedimientos administrativos.

En efecto, es ilegal porque vulnera lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que dispone que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, y en los hechos se ha constatado que ha transcurrido dicho plazo en exceso, sin que se haya dictado un acto terminal respecto de la petición de permanencia definitiva, transgrediendo con creces el término que tiene la Administración para resolver los procedimientos administrativos y vulnerando además el principio de celeridad que la ley citada le impone en sus actuaciones.

Sexto: Que, conforme a lo razonado, esta Corte de Apelaciones acogerá la acción de protección, adoptando las medidas de rigor para restablecer los derechos del recurrente y en especial, continuar con la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva como en derecho corresponda.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto se ordena a este último se pronuncie sobre la petición de permanencia definitiva del recurrente a la mayor brevedad posible, a fin de dar curso progresivo a la tramitación como en derecho corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-974-2022.