nombre reservado con SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Subsecretaria de Previsión Social por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta Nº 1103 del 19 de noviembre de 2020 y la Resolución Exenta Nº285/190/2020 de 23 de noviembre de 2020, ambas notificadas al recurrente con esta última fecha, mediante las que se dispuso no renovar la contrata del actor para el año 2021, vulnerando con ello la garantía constitucional del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Señala que, ingresó a prestar servicios a la Subsecretaria de Previsión Social en agosto de 2015, bajo modalidad de honorarios, la que se extendió hasta el mes de septiembre del mismo año. Luego, por resolución Nº36 del mismo año, fue contratado bajo la modalidad de reemplazo el que se prorrogó hasta el 15 de julio de 2016.

Posteriormente, por resolución TRA Nº285/33/2016 fue contratado, ingresando a la Unidad de Gestión Financiera, asimilado al grado Nº11, dicha contrata fue prorrogada para el año 2020.

Señala que, durante los 5 años en los que prestó servicios ejecutó oportunamente sus funciones. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2020 fue notificado mediante carta Nº50 que contenía la Resolución Exenta Nº1103 del 19 de noviembre y la Resolución Nº285/190/2020 del 23 de noviembre, ambas del año 2020, en las que se daba cuenta de la decisión de no renovar su contrata para el año 2021.

Agrega que solo la primera resolución expresaba los motivos de la decisión, mientras que la segunda solo se remitía a la primera.

En cuanto a los fundamentos de la decisión, indica que en la resolución se señala que, de acuerdo con el informe de la Jefatura de Dirección Administración y Finanzas del 17 de noviembre de 2020, su rendimiento no era constante y si bien realizaba las tareas encomendadas, estas no eran completadas dentro del plazo requerido. A continuación, también menciona un informe anterior, de la misma Dirección, en el que se indica que en reiteradas ocasiones el actor no responde a las consultas realizadas por su superior u otras jefaturas por encontrarse en otras labores o ausente sin justificación. La resolución también hace referencia al Memorándum Nº141 del 15 de noviembre de 2015 en el que se acordaron compromisos de trabajo con el actor, indicando que este daría cuenta de la falta de compromiso del recurrente para con su función. Junto con lo anterior, en la resolución también se señala que, durante la etapa de retroalimentación del proceso de calificación del año 2020, el actor grabó sin consentimiento la video conferencia con su jefatura. Por último, se indica que de acuerdo con la evaluación de desempeño las debilidades del recurrente se mantienen en el tiempo lo que provoca desgaste en el equipo de trabajo y obliga a la jefatura a instarlo constantemente a desarrollar sus funciones.

Sobre los fundamentos de la resolución, reclama en primer término que los informes citados en ella nunca le fueron notificados. No obstante lo anterior, en relación con el mérito de los motivos esgrimidos por la autoridad señala que la supuesta irregularidad en el cumplimiento sus funciones no es tal, puesto que durante los cuatro primeros años, siempre obtuvo una calificación de 60, quedando el lista 1 y solo durante la precalificación del año 2020 obtuvo un puntaje menor a 60, lo que demostraría que su desempeño fue constantemente evaluado como adecuado manteniéndose en lista 1.

En relación con la falta de respuesta a consultas de su jefatura u otras unidades, señala que en el segundo informe cuatrimestral de desempeño se destaca precisamente su colaboración para capacitar al interior de la unidad y de la dirección, cuando se le solicita.

Sobre el Memorándum Nº141 del 15 de noviembre de 2020, si bien reconoce que efectivamente adquirió compromisos relativos al mal uso de recursos públicos y mal uso del horario de colación más allá del horario establecido, argumenta que ello no da cuenta de una falta de compromiso. En cuanto al mal uso de recursos públicos que se le imputó en su oportunidad, señala que se debió a que imprimió una guía de ejercicios para un curso de encontraba realizando, mientras que, sobre el horario de colación, indica que se debió a complicaciones con el horario del colegio de su hijo.

En relación con la grabación del video conferencia de retroalimentación, refiere que la grabación se hizo con el conocimiento de su jefatura, a quien solicitó grabar la sesión por no estar de acuerdo con la evaluación.

Sobre las debilidades mantenidas en el tiempo, se remite nuevamente a las evaluaciones que obtuvo durante todo el tiempo que desempeñó su labor.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad reclamada, refiere que ingresó al Servicio en septiembre de 2016, luego de haber prestado servicios por un breve periodo bajo la modalidad de honorarios, fundado en lo anterior, afirma que a la fecha de su desvinculación habían transcurrido 5 años desde su ingreso por lo que, respecto de su contrata es aplicable el principio de confianza legítima.

En este sentido, sostiene que los actos impugnados no cumplen con los estándares requeridos para no renovar su contrata. Así, en primer término, alega la falta de sumario administrativo o calificación anual deficiente. A continuación, reclama la falta de antecedentes objetivos y verificables que sustenten la decisión, esto porque los informes en los que se funda la resolución no le fueron entregados. Por otro, señala que cuenta con antecedentes objetivos que permiten refutar lo indicado por los informes.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida la reincorporación del actor y el pago de sus remuneraciones entre el periodo en el que fue desvinculado y su reincorporación, con costas.

Segundo: Que, la Subsecretaria de Previsión Social, evacuó su informe, haciendo mención en primer lugar a la historia de contratación del recurrente. Así señala que, ingresó al servicio en agosto de 2015 desempeñándose hasta septiembre del mismo año, en calidad de honorario. A continuación, entre el 16 de septiembre de 2015 y el 12 de octubre del mismo año, se desempeñó como reemplazo en un cargo de contrata. Entre el 13 de octubre y el 31 de diciembre de 2015, dicho reemplazo se prorrogó y se continuó con prorrogas sucesivas hasta el 15 de julio de 2016. Una vez terminado el reemplazo, por resolución de 11 de agosto de 2016, fue designado en un cargo de contrata, de manera retroactiva desde el 16 de julio hasta el 31 de diciembre del año 2016. Dicha contrata fue prorrogada anualmente hasta el año 2020.

En relación con los actos impugnados, refiere que se trata de dos resoluciones complementarias puesto que por aspectos técnicos del sistema no es posible cargar una única resolución, aclara que la primera resolución entrega los antecedentes de derecho que fundan la decisión, mientras que la segunda se refiere a los antecedentes de hecho.

A continuación, se refiere a los antecedentes de hecho considerados para dar termino a la contrata, cita el informe del 17 de noviembre de 2020 emitido por la Jefatura de la unidad donde se desempeñaba el actor, dicho informe da cuenta que, de un desempeño irregular, el cual se mantiene pese a las retroalimentaciones, evaluaciones, reuniones con jefatura e instancias informales de reparo. Destaca el no cumplimiento de los plazos solicitados, haciendo mención -a modo de ejemplo- que en el informe cuatrimestral de desempeño enero – abril 2020, se menciona que las declaraciones juradas de impuesto anual no fueron realizadas por el funcionario con la anticipación debida al igual que en otros años.

Indica que en la resolución se hace mención del informe de desempeño realizado por la anterior jefatura el que repara en la falta de esmero en el trabajo y se refiere al Memorándum Nº141 del 15 de noviembre de 2019, donde se representó al actor esta falta de esmero y uso desmedido del tiempo de colación.

En relación con el Memorándum, indica que en dicha oportunidad el jefe de la Unidad comunicó a su superior que no aplicaría una anotación de demerito en consideración a que el funcionario reconocía las faltas y se comprometía a enmendarlas.

Argumenta que los antecedentes reseñados evidencian una actitud reiterada del señor nombre reservado contraria a las obligaciones funcionarias que dispone el artículo 61 del Estatuto Administrativo y una falta a los principios generales que orienta la función administrativa.

En relación con lo anterior señala que, la actitud del recurrente importa un desgaste excesivo para la jefatura quien constantemente debe recordarle sus funciones, así también implica una pérdida de confianza por parte del equipo de trabajo que afecta el correcto funcionamiento del Servicio.

A lo anterior, agrega que en la calificación de desempeño del periodo septiembre 2019 a agosto de 2020, se consignó que debía conectarse a las reuniones de teletrabajo de su equipo, instándolo a mejorar los problemas de conexión a los que hacía mención. También se señaló que existía una brecha entre el trabajo ejecutado y lo esperado por el servicio, así como el cumplimiento de los plazos.

Concluye que el recurrente tuvo instancias de retroalimentación, donde se le dio a conocer sus falencias y lo que se esperaba de parte del Servicio en relación con su función.

Sobre la falta de un procedimiento disciplinario, señala que este se instruye cuando existe una infracción administrativa que, de lugar a la imposición de una sanción, sin embargo, en este caso, señala que las actitudes del funcionario fueron discutidas en distintas ocasiones comprometiéndose el señor nombre reservado a mejorar. En consecuencia, iniciar un sumario resultaba una pérdida de recursos considerando que no era necesario una investigación, puesto que existían evaluaciones de desempeño, informes y correos electrónicos que daban cuenta del incumplimiento por parte del recurrente.

Sobre la alegación de infracción al principio de confianza legítima, señala que, si bien este le asiste, ello no impide la no renovación de la contrata puesto que este tipo de cargos es por su naturaleza esencialmente transitorio. Por lo demás, el principio citado obliga a la autoridad a dar termino a la contrata mediante un acto fundado o motivado, requisito que estima cumplida mediante las resoluciones del 19 y 23 de noviembre de 2020, en las que se señalaron abundantes antecedentes de hecho que funda la decisión.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que del análisis de los antecedentes, resulta que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de las resoluciones impugnadas se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que le llevó a no renovar la contrata del recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

Quinto: Que, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley N° 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones profesionales para la recurrida a contar del mes de julio de 2016 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose luego su renovación sucesiva. La decisión impugnada decidió no renovar dicha contrata para el año 2021 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley N° 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es el decreto impugnado el que causa perjuicio al recurrente, sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección.

Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2020, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2021, y no será esta decisión la que ponga término a su contrata, sino la llegada del plazo respectivo, que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

Sexto: Que, entonces, la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la autoridad, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley.

Séptimo: Que, por otra parte, en cuanto a la alegación referida a la vulneración del principio de confianza legítima, cabe consignar que, no obstante asistirle al actor el resguardo que dicho principio le otorga, atendido el tiempo de duración de la contrata servida, ello no impide la no renovación de la contrata, toda vez que se trata de un cargo que por su naturaleza es esencialmente transitorio.

Por otra parte, el principio citado obliga a la autoridad a dar termino a la contrata mediante un acto fundado o motivado, requisito que como se ha dicho, aparece cumplido en las resoluciones del 19 y 23 de noviembre de 2020, en las que se señalaron diversos antecedentes de hecho que funda la decisión.

Octavo: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración de no renovar la contrata del actor, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la ley N° 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

Noveno: Que, en todo caso, respecto de la garantía que se denuncia como infringida, esto es, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado, demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción constitucional deducida en estos autos por don nombre reservado, en contra de la Subsecretaria de Previsión Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Protección N°97380-2020.