Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 21: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Felipe Ignacio Hazbún Marín, abogado, en favor de nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de 20 de febrero de 2026, notificada el 27 del mismo mes que puso término al sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta NUM001, de 23 de mayo de 2025, y le impuso la medida disciplinaria de destitución, vulnerando sus garantías de los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que se le reprochó haber faltado gravemente a la probidad al viajar al extranjero entre el 27 de mayo y el 5 de junio de 2024, mientras se encontraba con dos licencias médicas de tipo 1 con reposo domiciliario: la folio NUM002, extendida desde el 24 de mayo hasta el 3 de junio, y la folio NUM003, desde el 4 hasta el 14 de junio de ese año. Sostiene que presentó descargos y luego recurso de reposición, sin que se ponderaran sus argumentos. Entre ellos, que el viaje obedeció a motivos familiares y de salud y no recreativos, que colaboró con la investigación reconociendo los hechos, que su ausencia no causó perjuicio al servicio y que registra una extensa trayectoria funcionaria, sin sanciones previas ni anotaciones de demérito.

Alega que la sanción se impuso sin prueba suficiente, con infracción de las reglas de la sana crítica, del debido proceso y del deber de fundamentación que imponen los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Sostiene que es, además, desproporcionada, porque no se analizaron las circunstancias atenuantes ni se acreditó dolo, perjuicio o reiteración. Agrega que lo resuelto la priva de su fuente laboral y de sus remuneraciones, le provoca angustia y la coloca en una situación discriminatoria respecto de otros funcionarios.

Pide que se acoja el recurso y se deje sin efecto la destitución, ordenándose su reincorporación al cargo que ocupaba y el pago de las remuneraciones devengadas durante su separación. Solicita también que se declare su inocencia administrativa y se disponga su sobreseimiento en el sumario, con costas.

Segundo: Que, al informar, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, representada por los abogados don Lorenzo Ramírez Quintrel y don Diego Córdova Castillo, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que, a partir del Oficio NUM004 de la Contraloría General de la República, emitido en el marco del Consolidado de Información Circularizada NUM006, se instruyó sumario respecto de 299 funcionarios de la Dirección Regional Metropolitana que habrían salido del país con licencia médica durante 2023 y 2024. El procedimiento fue desacumulado respecto de la recurrente por Resolución Exenta NUM005, de 28 de mayo de 2025.

Durante la investigación se constató que la funcionaria salió del país por vía aérea el 27 de mayo de 2024 y reingresó el 5 de junio siguiente, período cubierto íntegramente por ambas licencias. En su declaración de 18 de junio de 2025 reconoció el viaje y lo atribuyó a problemas personales y familiares derivados de una separación, sin aportar antecedentes que lo vincularan con un tratamiento médico.

Detalla que los cargos se formularon el 7 de julio de 2025 y se notificaron al día siguiente. Se otorgó a la inculpada copia del expediente y ampliación del plazo, y ella presentó descargos el 21 de julio. La vista fiscal de 17 de septiembre de 2025 propuso la destitución, aplicada luego por la resolución impugnada. Sostiene que el procedimiento respetó el derecho a defensa y que la conducta configura una infracción grave al principio de probidad del artículo 52 de la Ley N° 18.575. Funda esta conclusión en que el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud exige el estricto cumplimiento del reposo, y en que no se acreditó una prescripción médica que autorizara la salida, requisito que el Dictamen N° 17132 de la Superintendencia de Seguridad Social considera indispensable. Añade que la autoridad ponderó los descargos y los antecedentes funcionarios, por lo que la sanción es proporcionada a la entidad de la falta.

Opone, además, que esta sede cautelar no es la vía idónea para revisar el mérito de un procedimiento disciplinario ni para resolver una controversia que exige análisis probatorio. Alega también que el acto no se encontraba firme, pues estaba pendiente la reposición con apelación en subsidio deducida el 6 de marzo de 2026, así como el trámite de toma de razón exigido por el numeral 18.7 de la Resolución N° 36 de 2024 de la Contraloría General de la República. Descarta la vulneración de la igualdad ante la ley, porque los sumarios se instruyeron de manera general a todos los funcionarios comprendidos en el informe del órgano contralor. Agrega que la estabilidad en el empleo no es absoluta cuando la responsabilidad se ha establecido conforme a derecho.

Posteriormente, en cumplimiento de lo ordenado a folio 14, la recurrida informó que la reposición y la apelación subsidiaria fueron rechazadas por Resolución Afecta NUM007, de 13 de abril de 2026, notificada personalmente a la actora el 20 de abril de 2026, y que ese acto se encuentra pendiente únicamente del trámite de toma de razón.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, la propia norma constitucional prescribe en la parte final de su inciso primero que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, lo que da cuenta que la existencia de otros procedimientos ante autoridades administrativas o judiciales no obstan, en principio, al ejercicio de este recurso constitucional, consideración que permite descartar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida.

Cuarto: Que los antecedentes aportados durante la tramitación del recurso, valorados conforme a las reglas de la sana crítica según dispone el párrafo primero del N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, permiten tener por justificado que Mediante Resolución Exenta NUM001, de 23 de mayo de 2025, la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ordenó instruir sumario administrativo con base en los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República en el Oficio NUM004, de su División de Fiscalización, elaborado a partir del Consolidado de Información Circularizada NUM006. Por Resolución Exenta NUM005, de 28 de mayo de 2025, el procedimiento se desacumuló respecto de la recurrente. En él se acreditó que la funcionaria salió del país por vía aérea, por el paso Arturo Merino Benítez, el 27 de mayo de 2024 y reingresó el 5 de junio siguiente.

Ese período quedó comprendido en las licencias médicas folios NUM002 y NUM003, ambas de tipo 1, que le prescribían reposo laboral total en su domicilio entre el 24 de mayo y el 14 de junio de 2024. La propia sumariada reconoció el viaje en su declaración de 18 de junio de 2025. También se demostró que, cerrada la etapa investigativa el 2 de julio de 2025, el 7 de julio de ese año se formularon cargos a la funcionaria conforme a las normas del Título V de la Ley N° 18.834, los que se le notificaron personalmente al día siguiente. La sumariada obtuvo copia del expediente y ampliación del plazo, y presentó sus descargos el 21 de julio de 2025. Evacuada la vista fiscal el 17 de septiembre de 2025, por Resolución Exenta NUM000, de 20 de febrero de 2026, la Vicepresidenta Ejecutiva de la institución resolvió aplicar a doña nombre reservado la medida disciplinaria de destitución, conforme a los artículos 121 letra d) y 125 de la citada Ley N° 18.834. Esa resolución se le notificó el 27 de febrero de 2026. Por último, puede tenerse por establecido que, por Resolución Afecta NUM007, de 13 de abril de 2026, se rechazaron el recurso de reposición y la apelación subsidiaria que la funcionaria dedujo el 6 de marzo de 2026 contra el pronunciamiento de 20 de febrero. Según lo informado por la recurrida, ese acto se encuentra pendiente del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República.

Pues bien, el análisis la sucesión de hechos recién pormenorizada permite concluir que el acto recurrido fue dictado por autoridad competente, en ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley le confiere y luego de un procedimiento en que se observaron los trámites esenciales que garantizan la defensa de la inculpada, sin que se advierta contravención alguna a la ley, y en el que se impuso una sanción que se encuentra prevista en el ordenamiento.

En tales condiciones, corresponde desestimar los reproches de ilegalidad que se plantean en el recurso.

Quinto: Que en cuanto a la arbitrariedad alegada, las impugnaciones de la recurrente se dirigen, en lo sustancial, a controvertir la ponderación de la prueba reunida en el sumario, la falta de consideración de sus descargos y la proporcionalidad de la sanción atendida su trayectoria funcionaria. Tales cuestiones constituyen aspectos de mérito de la decisión disciplinaria cuya revisión excede la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, que no está concebida como una instancia de revisión de los procedimientos sancionatorios de la Administración. El control que por esta vía corresponde ejercer se limita a verificar la legalidad y razonabilidad de la actuación y no a sustituir la apreciación que de los antecedentes efectuó el fiscal instructor y la autoridad dotada de potestad disciplinaria.

El procedimiento del recurso de protección es uno especialísimo destinado a restaurar el imperio del derecho de aquellos preexistentes e indubitados, mas no a declarar la existencia de éstos. La función de la Corte no es la de superponerse a la autoridad administrativa y calificar el mérito de las decisiones que ésta adopte en el ejercicio de las potestades que le son propias, sino únicamente controlar que ese ejercicio que ciña al marco que señala la ley y que las determinaciones que ésta tome se expliciten con el suficiente fundamento que la misma ley les demanda.

Sobre la base de lo recién expresado, los antecedentes del proceso dan cuenta que la aplicación de la sanción de destitución por parte de la recurrida ha sido consecuencia de un sumario administrativo en el que la recurrente tuvo derecho a conocer los cargos que se le atribuyeron, los que fueron suficientemente determinados. Asimismo, se le permitió formular descargos, rendir las pruebas pertinentes y deducir los recursos administrativos que estimara procedentes. Igualmente, de la lectura de esa determinación aparece manifiesto que expresa de manera más que suficiente las razones que la sustentan, satisfaciendo sobradamente con ello la exigencia de fundamentación que impone a todos los actos administrativos el inciso segundo del artículo 11 y el inciso cuarto del artículo 41, ambos de la Ley N° 19.880.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de la nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-9737-2026.