nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintidós.

Al escrito folio 12: a todo, téngase presente.

Vistos Con fecha 21 de diciembre de 2020, se dedujo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por haber incurrido éstas en un acto ilegal y arbitrario al rechazar el pago de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 20 de julio de 2020, por estimar que el reposo no se encontraba justificado. Por considerar que lo anterior vulnera las garantías contenidas en el numeral 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, solicita en definitiva se acoja el recurso y se ordene el pago de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas, con costas.

Expone que en el mes de mayo de este año 2020, tuvo una serie de problemáticas tanto personales como familiares que le acarrearon un “Trastorno ansioso depresivo moderado evolución tórpida, y crisis de pánico paroxística evolución tórpida”, por lo cual se le dio un tratamiento medicamentoso que aún mantiene, así como reposo médico. De tal modo es que se le ordenó por parte del facultativo mantener reposo. Actualmente no se ha reincorporado a labores, por lo cual es dable estimar que el tratamiento incluyendo el reposo prescrito han dado sus frutos pero solo parcialmente.

Sin embargo, la Superintendencia, con fecha 29 de septiembre de 2020, rechazó el pago de dos licencias médicas emitidas, por 30 días cada una, por estimar que el reposo no se encontraba justificado, ratificando la decisión de la COMPIN en este sentido. Contra dicha resolución, recurrió administrativamente, disponiendo la Superintendencia, mediante las resoluciones impugnadas por esta vía, confirmar el rechazo de las licencias, señalando únicamente que no se habían aportado antecedentes suficientes.

Reprocha de la recurrida que ningún fundamento se proporciona al efecto, dejándola en la indefensión en cuanto a poder controvertir su contenido y argumentos, sea jurídicos o médicos, siendo legítimo preguntarse cuáles son las razones por las que se deniega en las licencias interpuestas y se confirma la negativa en orden a la aceptación.

A su turno, al evacuar su informe, la Superintendencia de Seguridad Social, solicitó el rechazo del recurso. Expuso que de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ Región Metropolitana que rechazó sus licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por 60 días, a contar del 20 de julio de 2020, por la causal de reposo no justificado.

Como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña junto a este informe, por presentación de 30-09-2020, la Sra. nombre reservado reclamó ante su parte en contra de la COMPIN Región Metropolitana que rechazó sus licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por 60 días, a contar del 20 de julio de 2020, por la causal de reposo no justificado.

Luego del estudio y análisis de los antecedentes, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-121422-2020, de 24-11-2020, dictaminó lo siguiente: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 150 días, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.”

En efecto, profesionales médicos de la Superintendencia al analizar los antecedentes de la recurrente, plasmaron sus opiniones en la ficha médica que consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, en donde se señaló:

Expediente R-104945-2020: “Por alto emisor 39 años, administrativa, sin reintegro post natal, Con IM MG con diagnóstico trastorno de ansiedad. Tiene 150 días autorizados, sin acreditar manejo especialista ni psicoterapia, ni ttos realizados. Ultima LM emitida como tenosinovitis , sin acreditar.”

Así, queda de manifiesto que esta Superintendencia haciendo uso de las facultades que le otorga la ley, revisó una decisión administrativa de parte de la COMPIN, analizando los antecedentes de la interesada, y luego de su estudio procedió a emitir un pronunciamiento al respecto.

Es por todo lo anterior, que la valoración de los antecedentes acompañados permite descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestra que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la Institución, quién, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los antecedentes por los profesionales médicos de la Superintendencia, decisión administrativa que no fue del agrado de la trabajadora, sin embargo no por ese motivo puede señalarse que el actuar de la Superintendencia ha sido ilegal o que haya vulnerado, o siquiera, amenazado alguna de las garantías fundamentales de la recurrente.

Tras referirse al marco jurídico-normativo que regula el derecho a licencia médica, señala que respecto de incapacidades laborales temporales; el D.F.L. Nº 1 del año 2005 y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, facultan a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o a la Institución de Salud Previsional a autorizar el pago de subsidio por incapacidad laboral o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

Indica que en virtud de lo dispuesto por los artículos 149 y 156 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y artículo 1º del Reglamento sobre autorización de licencias médicas, aquella tiene por objeto que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Asimismo, para poder hacer uso de esta es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo.

Alega que de ello se desprende que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, pues es la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, debiendo cumplirlas con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario.

Argumenta que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así́ como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

2º.- Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3º.- Que, el acto recurrido sería el dictado por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-121422-2020, de 24-11-2020, de 24 de noviembre de 2020 que confirmó el rechazo de la COMPIN respecto de las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado, extendidas por 60 días, a contar del 20 de julio de 2020, al concluir que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas es injustificado.

4°.- Que, en primer lugar, cabe señalar que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente de los antecedentes administrativos que se acompañan, es posible advertir que la recurrida SUSESO ratificó el parecer de la Compin, que rechazó las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado, extendidas por 60 días, a contar del 20 de julio de 2020, por la causal de reposo no justificado.

En efecto, consta de los antecedentes que obran en el expediente administrativo de la recurrente, que la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante Resolución impugnada, resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se indica en el dictamen en comento, el reposo prescrito no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 150 días, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.

6°.- Que, por otro lado, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

7º.- Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso de la recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

8º.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

9°.- Que, en consecuencia, la actividad realizada por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

10°.- Que, finalmente, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° s. 1 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva; tampoco se advierte vulneración a su derecho de propiedad, toda vezx que el derecho a recibir el subsidio nace sólo una vez autorizado su pago por la entidad recorrida, lo cual no ha ocurrido en la especie 11°.- Que así y según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, el acto recurrido consistente en la negativa fundamentada a cursar dos licencias médicas por parte de la autoridad administrativa determinada legalmente para ello y con plena competencia, no es posible advertir arbitrariedad en su proceder.

12°.- Que, a mayor abundamiento, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente y que conforme a lo razonado precedentemente no puede prosperar y deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Atendida la tardanza en la tramitación de estos antecedentes, pasen al Tribunal Pleno para los fines pertinentes.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

N°Protección-97351-2020.