UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION con DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 26 y 27: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 21 de diciembre de 2020, se dedujo acción de protección en favor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por el acto arbitrario e ilegal consistente en excluirla del registro para ser oferente y proveedora de bienes y servicios educacionales a organismos del Estado a través de la plataforma de Mercado Público, privándola de poder participar de procedimientos de contratación pública. Estimando que con ello se vulneran la garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política, solicita se acoja el recurso y en definitiva se declare que no está afecta a la sanción estipulada en el artículo 4º inciso primero de la Ley Nº 19.886, no debiendo operar respecto de ella la inhabilidad indicada, dejando sin efecto la misma Expone que en causa laboral T-624-2018, fue condenada en procedimiento de tutela laboral por lesión de derechos fundamentales deducida por un ex funcionario. En dicha sentencia, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación fue condenada al pago de la suma de $38.254.725.-, más costas. Consta, además, que en el fallo no hay orden o instrucción alguna que disponga que una vez ejecutoriada la sentencia, se remita copia a la Dirección del Trabajo para su registro.

El día 24 de noviembre de 2020, el jefe del Departamento de Finanzas de la Universidad, mientras que realizaba las gestiones para inscribir a la UMCE en el Registro de Proveedores para contratar con los organismos del Estado, tomó conocimiento por comunicación telefónica con la Dirección de Compras Públicas del hecho que la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación había sido inhabilitada en los términos del artículo 92, N°7, del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886. En virtud del artículo 4 inciso primero de la Ley señalada " Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera o idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal".

Argumenta que tratándose de una institución pública, no le resulta aplicable la norma antes transcrita, por cuanto si bien, el procedimiento de tutela laboral establecido en el Código del Trabajo se aplica subsidiariamente para funcionarios públicos, conforme a la jurisprudencia reciente de nuestra Excma. Corte Suprema, lo es para proteger derechos fundamentales de tales servidores, pero en caso alguno para aplicar por extensión sanciones y mecanismos no destinados a regular a los órganos de la Administración del Estado, dado que la exclusión e inhabilitación están dirigidas a establecer mayores exigencias para entidades privadas, cuyos trabajadores se rigen plenamente por las normas del Código del Trabajo.

En otro orden de ideas, alega que la norma transcrita no le resulta aplicable, por cuanto la ley de Universidades Estatales (21.094) en su artículo 36 establece que los contratos que celebren las universidades del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y por las disposiciones de la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento.

Por su parte, el inciso primero del artículo 37 de la ley, agrega que, no obstante lo señalado en el artículo 36, quedarán excluidos de la aplicación de la ley Nº 19.886 los convenios que celebren las universidades del Estado con los organismos públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que celebren dichas universidades entre sí. En consecuencia, de las normas citadas se concluye que, al no ser aplicable la Ley de compras, la inhabilidad impugnada impuesta no es aplicable a su parte.

Segundo: Que al evacuar su informe, la recurrida solicitó el rechazo de la acción. Manifestó que, en virtud del principio de juridicidad, contenido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley N° 18.575, se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente, y no le corresponde interpretar su sentido y alcance. En definitiva, el cambio en la plataforma del estado del proveedor, de hábil a inhábil, no es sino la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal corresponden a la Dirección, no pudiendo, por ende, calificarse de ilegales.

En cuanto a la citada causal del artículo 92, N° 7, del referido Reglamento, cabe señalar que no existe obligación del Tribunal Laboral de informar esta condena a la Dirección ChileCompra. Entonces, para cumplir con su mandato y para el solo efecto de la comunicación de la sentencia condenatoria, ya sea por prácticas antisindicales como por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, se apoya en la información Dirección del Trabajo, organismo que, lleva un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales y por infracción de los derechos fundamentales del trabajador, y, en ambos casos, los tribunales deberán remitir copia de los fallos que emitan, para su registro. En consecuencia, existiendo la condena, cuestión que además afirma la propia recurrente y, además, habiendo sido ésta informada por la Dirección del Trabajo, no queda más que reflejar esta situación en el Registro de Proveedores.

Cabe señalar que la inscripción de la recurrente se encuentra vigente, no habiendo sido eliminada del Registro. Al respecto, únicamente ha procedido respecto del actor, un cambio de su estado en el señalado Registro de Proveedores, de hábil a inhábil.

Lo anterior se explica debido a que la inhabilidad generada por la condena por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dura 2 años a contar desde que el respectivo pronunciamiento se encuentre ejecutoriado. Debe entenderse, por lo tanto, que dicha inhabilidad es esencialmente transitoria, razón por lo cual ésta se traduce en el cambio de estado del proveedor en el registro, pero no en su eliminación.

Por último, de la sola lectura del precepto reglamentario aplicado, no cabe sino entender que la inhabilidad para formar parte del registro se configura tras la certificación de estar ejecutoriada la sentencia condenatoria, en este caso, por infracción a los derechos fundamentales. En consecuencia, la condena en si misma configura la inhabilidad para inscribirse o mantenerse inscrito en el registro por el período de tiempo que la norma establece, no alguna actuación de su parte que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Tercero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la inhabilidad de la Universidad recurrente en el Registro de Proveedores para contratar con los organismos del Estado, los términos del artículo 92 N°7, del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Sexto: Que es un hecho reconocido por las partes que la recurrente fue condenada por sentencia ejecutoriada en la causa laboral T-624-2018 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en procedimiento de tutela laboral por lesión de derechos fundamentales deducida por un ex funcionario.

Séptimo: Que sobre el particular, cabe señalar que las normas que rigen la materia son las siguientes:

a) Artículo 4º. De la Ley 19.886: “Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”.

b) Artículo 92 N° 7 del Reglamento de la Ley N° 19.886: “Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.”

c) Los artículos 36 y 37 de la Ley N° 21.094: “Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Los contratos que celebren las universidades del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por el artículo 9 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y por las disposiciones de la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento.” Y “Convenios excluidos de la ley Nº 19.886. No obstante lo señalado en el artículo anterior, quedarán excluidos de la aplicación de la ley Nº 19.886 los convenios que celebren las universidades del Estado con los organismos públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que celebren dichas universidades entre sí. De la misma manera, estarán excluidos de la aplicación de la citada ley los contratos que celebren las universidades del Estado con personas jurídicas extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan ser adquiridos en Chile.”.

Octavo: Que lo cierto es que de la lectura de las normas precedentemente relacionadas, no es posible establecer que exista en favor de la recurrente un derecho cierto e indubitado que cautelar. En efecto, no es posible soslayar que la recurrente haya sido condenada por sentencia ejecutoriada en un procedimiento de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales, por lo que se configura de esta forma el presupuesto base para la inhabilidad dispuesta en el artículo 4 de la Ley N° 19.886, norma que no distingue en su aplicación según quien sea la persona natural o jurídica que fuere condenada.

Noveno: Que las disposiciones a las que hace referencia la recurrente de la Ley N° 21.094, tampoco permiten, establecer a ciencia cierta, la no aplicación de la inhabilidad dispuesta en la Ley N° 19.886, pues precisamente el artículo 36 hace aplicable a las universidades estatales este último cuerpo legal lo que refrenda entonces la procedencia de la inhabilidad cuestionada y, enseguida, cuando el artículo 37 hace una exclusión, solo se refiere a los Convenios, siendo que, la forma de contratar con el Estado puede desarrollarse de otras formas como lo son las contempladas en el artículo 7 de la Ley N° 19.886, por lo que no corresponde que por esta vía constitucional y cautelar, se determine el alcance de la referida exclusión y por ende de la inhabilidad cuestionada.

Décimo: Que así, al no verificarse una actuación arbitraria o ilegal que atente contra un derecho de carácter cierto y determinado de la recurrente, el recurso no puede prosperar, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales por inoficioso.

En efecto, se trata en definitiva de una materia que no puede ser dilucidada a través del ejercicio de la acción cautelar extraordinaria, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre. En consecuencia, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Undécimo: Que finalmente cabe señalar que tampoco el Tribunal Constitucional a propósito de estos autos determinó una inconstitucionalidad, pues declaró inadmisible el recurso que se intentara con ese fin, según consta del fallo agregado a los autos dictado en la causa rol 10.181-21 INA del mencionado Tribunal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 97.328-2020