nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, cinco de julio dos mil veintiuno.- Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que se ha deducido recurso de protección en favor de nombre reservado contra la Caja de Compensación Los Andes por estimar vulnerado el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Fundamentando el arbitrio expone que el 12 de abril de 2014 solicitó un crédito social en la Caja de Compensación La Araucana, a la que estaba afiliado su antiguo empleador pero no pudo cumplir con los pagos. Se cambió de trabajo y está afiliado actualmente a la recurrida, la que le está cobrando mediante el llamado “cobro intercaja” el crédito, a solicitud de la Caja Los Andes, realizándosele descuentos en su remuneración de agosto a noviembre de 2020 por $342.652, sin notificarle que se iban a realizar. Estima ilegal y arbitraria esta conducta atendido el tiempo transcurrido pues el crédito estaría prescrito.

Acompaña documento emitido el 10 de octubre de 2020 por La Araucana denominado “certificado de cuotas vigentes”, monto solicitado $10millones, cuotas pendientes 26, que se otorgó el 12de mayo de 2014, pagadero en 48 cuotas de $342.652 cada una.

SEGUNDO: Que al evacuar el informe solicitado la Caja de Compensación La Araucana solicita se rechace el recurso, indicando que efectivamente el 10de mayo de 2014 se le otorgó al recurrente un crédito por $10.000.000 y fracción, pagadero en 48 cuotas mensuales de $342.652, que se descontarían a partir de su remuneración de junio de ese año. Sin embargo, el recurrente fue cesado a partir de julio de 2014, sin que se aplicara descuento alguno a su finiquito y el recurrente voluntariamente tampoco nunca pagó, remitiéndose la información al Sistema Intercajas. En agosto de 2017 fue posible ubicar al recurrente por estar trabajando en una empresa afiliada a la Caja Los Andes, remitiéndose la nómina de descuento y recibiendo las remesas desde septiembre de 2017 hasta julio 2019, lo que sirvió para cubrir 20 cuotas, pues algunos meses el descuento fue menor. Posteriormente no se recibieron más pagos, pasando nuevamente a figurar en mora hasta que en julio de 2020 fue ubicado por estar trabajando en otra empresa afiliada a Los Andes, recibiendo remesas por los meses de agosto a noviembre de 2020 que se aplicaron al pago de las cuotas 21 a 24.

Agrega que en el pagaré que firmó el recurrente autorizó que el pago de las cuotas se efectuara mediante descuento por planilla de su remuneración, autorizando a su empleador actual y a futuros empleadores para realizarlo.

De otro lado, el 15de abril de 2013 las Cajas de Compensación celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de CCAF”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información necesaria para ubicar a sus deudores y acordar con la Caja a la que se han incorporado recaudar las cuotas por el crédito moroso. Este sistema de descuento ha sido validado por la Superintendencia de Seguridad Social, la Dirección del Trabajo e incluso por la Corte Suprema en diversos recursos.

En cuanto al sustento legal para aplicar los descuentos en las remuneraciones cita los artículos 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833, 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978 del Ministerio del Trabajo, 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y 58 del Código Tributario, sin perjuicio de además de la Circular N°2052 de 2003 de la Superintendencia indicada.

Atendido los descuentos efectuados, no es posible sostener que el recurrente no tenía conocimiento de la deuda, ni que la Caja no haya sido diligente en su cobro, atendido los descuentos efectuados en los años 2017, 2018 y 2019.

En cuanto a la prescripción del crédito sostiene que el recurrente debe alegarla para que sea declarada judicialmente y mientras esto no ocurra la deuda es plenamente exigible.

Añade que en consecuencia, no existe privación, perturbación o amenaza de la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, pues no hay traspaso indebido o expropiación de sus remuneraciones.

Acompaña al informe copia del Ord. de la Superintendencia de Seguridad Social de 2016 dirigido a la Corte de Apelaciones de Concepción, en que señala que el hecho que el trabajador cambie de empleador no altera la modalidad de cobro del crédito social, pues se trata de una prestación de seguridad social que para su cobro debe seguirse rigiendo por el artículo 22 de la Ley N°18.833 y artículo 58 del Código del Trabajo; Dictamen de la Dirección del Trabajo de noviembre de 2011; solicitud de crédito y el pagaré suscrito por el recurrente; y, Dictamen N° 2659-2020 de la citada Superintendencia que señala que el mecanismo de pago es mediante deducción de la remuneración según prescribe el artículo 22 de la Ley N°18.833.

TERCERO: Que informa la Caja Los Andes, señalando que su accionar ha estado exento de ilegalidad o arbitrariedad, por lo que pide se rechace el recurso.

Relata que en su oportunidad, a través del proyecto Intercajas, la Caja La Araucana le solicitó la gestión de descontar mensualmente de la remuneración del recurrente por concepto de cobro de cuotas de crédito social las sumas adeudadas. De acuerdo a los compromisos contractuales y lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, a través de la nómina de retención y siendo diputado para el pago, informó al empleador del afiliado para la realización de descuentos, por lo cual no existe actuación ilegal o arbitraria que perturbe, infrinja o amenace la garantía constitucional invocada.

Acompaña al efecto el antes indicado contrato Intercajas Cajas de Chile.

CUARTO: Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza, mediante la adopción de medidas concretas destinadas a restablecer el imperio del derecho y poner fin a dichos actos u omisiones.

QUINTO: Que en el presente caso el recurrente no ha discutido la efectividad de haber solicitado el crédito que se le está cobrando, como así tampoco la circunstancia de haber pagado parcialmente cuotas mensuales del mismo mediante descuento de sus remuneraciones de las cuotas respectivas pactadas, efectuado por su(s) empleador (es), y el hecho de haber incurrido en morosidad a través del tiempo, centrando el fundamento de su recurso en la alegación de tratarse de una deuda prescrita, motivo por el cual el actual cobro de las cuotas adeudadas no sería procedente, SEXTO: Que para la procedencia de la acción de protección se requiere que quien la entabla esté padeciendo ilegítimamente una perturbación o amenaza antijurídica, situación que no acontece en la especie, pues, como antes se expresara, los hechos que originaron los descuentos no se encuentran discutidos, y lo que se presenta en la especie como asunto debatido corresponde a una discusión de orden jurídico, esto es, la eventual prescripción de la deuda contraída por el actor, situación y declaración no susceptibles en ningún caso de abordar en esta sede, pues excede el marco del presente recurso, dada su especial naturaleza y finalidad.

SEPTIMO: Que en consecuencia, debe concluirse que en la especie no concurren los fundamentos que hacen procedente el recurso de protección, por lo que se desestimará el que ha sido intentado.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza el recurso de esta especie, deducido en estos autos.

Regístrese y archívese.

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

Nº 97310 - 2020.-