Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Alegó, previo anuncio y relación pública, el abogado don Erik González por el recurso, por el tiempo de 12 minutos. Santiago, 8 de septiembre de 2026. Carla Alfaro, relatora.

Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Al escrito folio N°21: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, fundado en que la Resolución Exenta N° R-01-UJU-25906-2026, de 25 de febrero de 2026, habría vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 N°3, inciso quinto, y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que comenzó a prestar servicios para Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. el 31 de enero de 2024, bajo la modalidad de contrato por obra o faena, desempeñándose en faenas mineras ubicadas en Antucoya, Región de Antofagasta, con un sistema de turnos de catorce días de trabajo por catorce de descanso.

Señala que, encontrándose en período de descanso, el 29 de octubre de 2025 fue atendido mediante telemedicina y diagnosticado con depresión por estrés laboral, indicándosele reposo por treinta días desde esa fecha.

Añade que el facultativo emitió la licencia médica N°22590459 el 31 de octubre de 2025, dentro del plazo que le había informado, siendo recibida y tramitada por el empleador, autorizada por la nombre reservado y pagada por Caja de Compensación Los Andes.

Refiere que el 3 de noviembre de 2025 recibió un correo electrónico de su empleador adjuntando un finiquito que indicaba como fecha de término de la relación laboral el 31 de octubre de ese año, instrumento que firmó el 4 de noviembre, pese a encontrarse ya haciendo uso de reposo médico y sin haber recibido previamente la comunicación prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo.

Agrega que, persistiendo su estado de salud, el 27 de noviembre de 2025 se le extendió una segunda licencia médica por otros treinta días, desde el 28 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2025, cuyo subsidio fue rechazado por falta de vínculo laboral. Afirma que reclamó ante la Superintendencia, pero esta mantuvo el rechazo de ambas licencias e instruyó obtener la devolución de lo pagado por la primera.

Califica esa decisión de ilegal y arbitraria, por cuanto el reposo comenzó antes del término de la relación laboral, la demora en la emisión de la licencia era imputable al médico y no al trabajador, el empleador tramitó la primera licencia y el artículo 15 del D.F.L. N°44 dispone que el subsidio se mantiene hasta el término de la licencia aun cuando finalice el contrato de trabajo. Sostiene, asimismo, que la recurrida no ponderó íntegramente el contrato, el finiquito y los demás antecedentes aportados, excediendo sus atribuciones al pronunciarse sobre la existencia del vínculo laboral, conculcando con ello el debido proceso y su derecho de propiedad sobre el subsidio.

Solicita, en definitiva, que se declaren ilegales y arbitrarias las actuaciones impugnadas, se reconozca su derecho al subsidio ya pagado, se deje sin efecto la orden de restitución y se ordene el pago del subsidio correspondiente a la segunda licencia médica, disponiéndose las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, por medio de su mandatario judicial don nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, señalando que las licencias médicas Nos 22590459 y 22775110, extendidas por un total de sesenta días a contar del 29 de octubre de 2025, fueron inicialmente autorizadas con derecho a subsidio por esa Comisión, pero posteriormente quedaron rechazadas por instrucción de la Superintendencia de Seguridad Social.

Explica que, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-25906-2026, de 25 de febrero de 2026, la Superintendencia tuvo presente que ambas licencias fueron tramitadas respecto de la empresa RUT N°RUT reservado; que Caja Los Andes informó que el recurrente se encontraba sin vínculo laboral desde el 31 de octubre de 2025 y que, por no disponer oportunamente de ese antecedente, alcanzó a efectuar pagos que estimó indebidos; y que la primera licencia médica fue emitida el mismo 31 de octubre de 2025, fecha indicada en el finiquito como término de la relación laboral.

Añade que la licencia médica tiene por objeto justificar la ausencia del trabajador y permitir el pago de un subsidio sustitutivo de la remuneración, finalidades que no concurren cuando la calidad de trabajador no se encuentra suficientemente acreditada. Invoca al efecto el numeral 10 del Título I del Libro III del Compendio de Normas sobre Licencias Médicas, Subsidios por Incapacidad Laboral y Seguro SANNA, conforme al cual debe rechazarse una licencia emitida el mismo día del término de la relación laboral o con posterioridad, aunque el reposo se haya iniciado antes, criterio que determinó el rechazo de la primera licencia y, consecuencialmente, de su continuación.

Expone que la Superintendencia también instruyó a Caja Los Andes obtener la restitución de las sumas pagadas. Sostiene que la nombre reservado es un organismo técnico que actúa conforme al Decreto N°7 de 2013 y al Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, cuyo artículo 14 le reconoce competencia privativa para aprobar, rechazar, reducir, ampliar o modificar las licencias médicas, de modo que su actuación se ajustó a la normativa y a las instrucciones impartidas por el organismo fiscalizador. Finalmente, solicita tener por evacuado el informe, hacerse parte en el procedimiento, acceder a la causa reservada y tener presente el privilegio de pobreza que invoca en favor de la institución.

Tercero: Que informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por intermedio de su abogada doña Inés Riquelme Arao, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

Expone que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social, de derecho privado y sin fines de lucro, sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, y que, en su calidad de administradoras del régimen de subsidios por incapacidad laboral, deben verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D.F.L. N°44 de 1978 y en las instrucciones impartidas por dicho organismo.

Precisa que, para acceder al subsidio, se requiere contar con seis meses de afiliación previsional, registrar a lo menos tres meses de cotizaciones dentro de ese período y disponer de una licencia médica autorizada por la nombre reservado. En cuanto al caso concreto, señala que recibió y tramitó las licencias Nos 4-22590459 y 4-22775110, correspondientes al período comprendido entre el 29 de octubre y el 27 de diciembre de 2025; que la primera fue inicialmente autorizada por la nombre reservado, motivo por el cual procedió a pagar al recurrente la suma de $2.389.520; y que posteriormente tomó conocimiento de que este se encontraba desvinculado de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. desde el 31 de octubre de 2025, razón por la cual el pago resultó improcedente.

Indica que, conforme al artículo 15 del D.F.L. N°44, puede mantenerse el subsidio después del término del contrato cuando la licencia se inició antes de la desvinculación y existe continuidad del reposo por el mismo cuadro clínico; sin embargo, el Compendio de Normas de la Superintendencia ordena rechazar la licencia cuando fue emitida el mismo día en que terminó la relación laboral o con posterioridad, aunque el reposo se haya indicado desde una fecha anterior. En la especie, la licencia N°4-22590459 fue emitida el 31 de octubre de 2025, coincidiendo con la fecha de término consignada en el finiquito, por lo que correspondía rechazarla y, asimismo, rechazar su continuación.

Añade que el 9 de marzo de 2026 recibió de la nombre reservado las resoluciones de rechazo de ambas licencias, por la causal de reposo injustificado, y que el recurrente debe reintegrar al Fondo de Subsidios por Incapacidad Laboral la suma pagada, sin perjuicio de su derecho a solicitar facilidades de restitución o la condonación de lo adeudado si concurrieren circunstancias calificadas, conforme al artículo 3° del Decreto Ley N°3.536 de 1981.

Concluye que la Caja se limitó a cumplir las resoluciones de la nombre reservado y las instrucciones de la Superintendencia, sin incurrir en actuación ilegal o arbitraria, por lo que pide rechazar la acción deducida en su contra.

Cuarto: Que informa la Superintendencia de Seguridad Social, representada por la abogada doña Andrea Cisternas Tiemann, solicitando, en primer término, que la acción sea declarada improcedente, por cuanto la controversia se refiere al otorgamiento y pago de un subsidio por incapacidad laboral, materia propia del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida entre aquellas cauteladas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Subsidiariamente, solicita el rechazo del recurso en cuanto al fondo, con costas. Explica que el recurrente reclamó el 16 de diciembre de 2025 por el no pago de los subsidios derivados de las licencias médicas Nos 22590459 y 22775110, ambas de treinta días, correspondientes al período comprendido entre el 29 de octubre y el 27 de diciembre de 2025.

Señala que, luego de recabar los antecedentes de Caja Los Andes, dictó la Resolución Exenta N° R-01-UJU-25906-2026, de 25 de febrero de 2026, teniendo presente que, según el finiquito acompañado, la relación laboral terminó el 31 de octubre de 2025; que la primera licencia fue emitida ese mismo día, aunque prescribía reposo desde el 29 de octubre; y que no existían licencias inmediatamente anteriores y continuas que permitieran aplicar la regla de mantención del subsidio después del término del contrato.

En virtud de ello rechazó el reclamo, instruyó a la nombre reservado rechazar ambas licencias por inexistencia de vínculo laboral vigente a la fecha de su emisión y ordenó a Caja Los Andes obtener la restitución de las cantidades pagadas, informando al recurrente que podía solicitar facilidades o condonación y deducir reposición administrativa dentro de cinco días con nuevos antecedentes, recurso que no habría interpuesto. Sostiene que, conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N°3 de 1984, la licencia médica tiene por finalidad justificar la ausencia del trabajador y sustituir mediante un subsidio la remuneración dejada de percibir, objetivos que no concurren si no existe vínculo laboral efectivo; y que la sola emisión o autorización de una licencia no genera automáticamente un derecho de propiedad sobre el subsidio, pues también debe acreditarse la calidad de trabajador, el cumplimiento de los requisitos de afiliación y cotizaciones y la autorización correspondiente.

Añade que, conforme a la Ley N°16.395, le corresponde fiscalizar a las instituciones de previsión, interpretar la legislación de seguridad social e impartir instrucciones obligatorias, habiendo actuado dentro de esas atribuciones y mediante una resolución suficientemente fundada.

Alega, además, que el derecho invocado no tiene carácter preexistente e indubitado, puesto que se encuentra controvertida la vigencia del vínculo laboral, cuestión cuyo esclarecimiento exige un procedimiento declarativo y excede el ámbito urgente y cautelar del recurso de protección.

Finalmente, niega haber vulnerado el debido proceso o el derecho de propiedad, afirmando que su decisión se sustentó en los antecedentes administrativos, en la normativa vigente y en criterios jurisprudenciales aplicables, razón por la cual solicita declarar improcedente la acción y, subsidiariamente, rechazarla íntegramente, con costas.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la Carta Fundamental se contemplan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio Sexto: Que en estos autos compareció la parte recurrente, quien dedujo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por el actuar ilegal y arbitrario consistente en rechazar la reclamación deducida por el actor y mantener en consecuencia firme la decisión de rechazar ambas licencias materia del recurso y ordenar además la restitución de las sumas percibidas por concepto del subsidio por incapacidad laboral, por estimar que no se acreditó la existencia de un vínculo laboral. Sostiene que ello ha vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, razón por la cual solicitó el pago del referido subsidio y que quede sin efecto la obligación de restituir los montos percibidos por la primera de las licencias emitidas.

Séptimo: Que, informó la recurrida y además la nombre reservado y la Caja de Compensación, al tenor del recurso, solicitando su rechazo y argumentando, en síntesis, que la licencia médica fue emitida el mismo día en que el trabajador fue desvinculado, razón por la cual no es posible acoger el recurso, dado que resulta ser un requisito indispensable para el pago del subsidio, contar con relación laboral vigente, ya que la licencia médica justamente reemplaza la remuneración de quien la requiere para recuperar su salud.

Octavo: Quer para resolver la presente controversia, debe tenerse presente que conforme al artículo 15 del D.F.L. N°44, puede mantenerse el subsidio después del término del contrato cuando la licencia se inició antes de la desvinculación y existe continuidad del reposo por el mismo cuadro clínico; sin embargo, el Compendio de Normas de la Superintendencia ordena rechazar la licencia cuando ésta fue emitida el mismo día en que terminó la relación laboral o con posterioridad, aunque el reposo se haya indicado desde una fecha anterior. En la especie, la primera licencia N°4-22590459 fue emitida el 31 de octubre de 2025, coincidiendo con la fecha de término consignada en el finiquito, por lo que correspondía rechazarla y, asimismo, rechazar su continuación.

Noveno: Que, en consecuencia, ha quedado establecido que la recurrida, ha cumplido con el estándar establecido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, al fundar debidamente el rechazo en fundamentos fácticos y legales, eliminando así todo atisbo de ilegalidad o arbitrariedad en la decisión, motivo suficiente para rechazar la acción deducida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en estos antecedentes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°9727-2026 Protección.