nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 18 de diciembre de 2020, compareció doña Makarena García Dinamarca, abogada, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), representada por su Director General don Raúl Jorquera Conrad, ambos con domicilio en domicilio reservado, de 30 de noviembre de 2020, que dispuso la no renovación de su contrata, la que considera ilegal y arbitraria.

Indica que el recurrente ingresó a desempeñar funciones en la DGAC el 1 de octubre de 2011, en calidad de contrata como profesional, hasta el 31 de diciembre del mismo año o hasta que sus servicios fueran necesarios. Desde esa fecha, relata, sus contratas han sido prorrogadas continua y sucesivamente, siendo la última prórroga el año 2020, que extendió su contratación hasta el 31 de diciembre de ese año, teniendo 9 años y 2 meses de antigüedad en la institución.

Expone que siempre fue calificado en Lista 1 de distinción, y en el período 2019-2020 en Lista N° 2 (buena).

Refiere que para ese período no debía ser precalificado por su jefatura directa, contra quien interpuso una denuncia por acoso laboral, la que fue desestimada por el recurrido y con posterioridad, una denuncia de tutela laboral, en causa seguida ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, suspendida con la finalidad de materializar la propuesta realizada por el tribunal, consistente en el cambio del lugar de trabajo del actor en las mismas condiciones laborales, conservando los años de antigüedad y garantías, motivos que debieron llevar a la jefatura a abstenerse de realizar los informes de desempeño y precalificaciones, por haber circunstancias que le restaban imparcialidad.

Da cuenta que no ha sido sancionado por algún proceso disciplinario, existiendo 2 sumarios en su contra, uno en etapa de reposición y apelación, y el otro en etapa de descargos, ninguno afinado.

Hace presente, que es ingeniero de ejecución en geomensura, con el cargo de Inspector de Aeródromos en la DGAC, desde el año 2011, en la Sección de Autorización y Habilitación de proyectos aeronáuticos del Departamento de Aeródromos y Servicios AHPA, participando en las comisiones de apertura de nuevos aeródromos y en la habilitación de nuevos softwares de ingreso y tramitación de Certificaciones de Altura de Construcción y de Planos de Protección y Reuniones con diversos organismos.

Cita la resolución reclamada, que señala como fundamentos de la no renovación en sus considerandos 4° y siguientes:

“4. Que, según "Evaluación Particular de Desempeño" se han observado inspecciones irregulares para la verificación de señalización nocturna de edificios, lo cual pone en riesgo la "Seguridad Operacional" en las operaciones de aeronaves, sobre todo cuando se opera en baja visibilidad o nocturnas, por aeronaves de emergencia en procedimientos de evaluaciones aeromédicas o traslado de órganos, policías o de estado que habitualmente operan en sectores urbanos en la ciudad de Santiago, entre varias otras.

5. Que, en la especie, la habilitación del Helipuerto Asistencial del Hospital Fricke de la ciudad de Viña del Mar y la certificación de la señalización del edificio del Hospital, en el cual se detectaron luces de obstrucción fuera de norma y luces de helipuerto "hechizas", las cuales no reunían las condiciones mínimas en cuanto a su materialidad, frangibilidad y más aún, no estaban conectadas a la red de emergencia del Hospital, las cuales, previa visita, el Sr. nombre reservado validó, sin manifestar inconvenientes, señalando que todo se ajustaba a la Normativa Aeronáutica Vigente, lo cual resultó en la emisión de certificados defectuosos y el consecuente costo económico de varios millones de pesos que significó al usuario el retiro de toda la señalización nocturna del Helipuerto y luces de obstrucción del edificio del Hospital y por consiguiente la nueva adquisición y reinstalación de ésta, para que estuviera de acuerdo a la Normativa Aeronáutica para su posterior certificación y habilitación del Helipuerto.

6. Que, durante el mes de septiembre de 2020, se ha detectado una nueva grave negligencia del Sr. nombre reservado, al certificar una edificación fuera de norma en la aproximación del aeródromo "Las Marías" de Valdivia. El mal desempeño del Sr. nombre reservado, se ha transformado en un riesgo inminente para la seguridad aeronáutica.

7. Que, además de todo lo anterior, el citado funcionario no cumple las instrucciones verbales y/o escritas dispuestas por su superior jerárquico.

8. Que, por las razones antes anotadas, esta autoridad se encuentra facultada para no prorrogar los servicios del Sr. nombre reservado.”

Se refiere al sistema de calificación y sus objetivos, contenido en los artículos 32 y siguientes del Estatuto Administrativo, y que en el caso de la DGAC se aplica el Decreto N° 108 de 2004 de Ministerio de Defensa Nacional, que contiene el “Reglamento Especial de Calificaciones para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, que se remite al Reglamento General de Calificaciones para el Personal afecto al Estatuto Administrativo para lo no regulado en él.

Argumenta más adelante, que en ninguna de las normas señaladas se contempla una “Evaluación Particular de Desempeño”, y a la fecha dicha evaluación es desconocida para el recurrente, sólo tomando conocimiento de ella por lo expresado en el acto recurrido.

Da cuenta que los hechos referidos en el punto 5 del acto impugnado dicen relación con un sumario administrativo, en que con fecha 9 de diciembre de 2020 se le notificó la sanción de destitución, de la que repuso ante el recurrido y apeló ante el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ambos pendientes de resolución.

Sostiene que, los hechos indicados en el punto 6, dicen relación con un sumario administrativo en que con fecha 11 de diciembre de 2020 se le notificaron los cargos, estando pendientes sus descargos, por lo que no se ha determinado su responsabilidad administrativa.

Considera ilegal y arbitrario que se pretenda atribuirle responsabilidad en los hechos sin estar afinados los procedimientos. Lo que aquí se busca es justificar la decisión de no renovar la contrata en una supuesta responsabilidad, la cual no ha sido determinada por un procedimiento legalmente tramitado y afinado.

Afirma que el punto 7 es genérico, y en nada justifica la decisión de no renovar su contrata.

Cita jurisprudencia referida a que la no renovación de la contrata no puede descansar en los fundamentos entregados, por no estar justificada ni basada en conductas funcionarias acreditadas en un proceso administrativo previo y afinado que lo determine.

Indica que se ha desempeñado en esa calidad por 9 años, por lo que no se puede sostener que se trate de una función transitoria, siendo evidente la necesidad pública que se pretende satisfacer con su prestación de servicios que ha devenido en permanente.

Por lo anterior, considera que su relación estatutaria sólo puede terminar por un sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, es decir, 2 veces calificado en lista 3, o calificación afinada en lista 4, supuestos que no concurren en la especie.

Argumenta que se le ha creado la expectativa razonable de seguir en sus funciones, considerando que ha sido renovado anualmente desde el año 2011, ejerció sus funciones hasta su desvinculación y ha sido calificado en Lista 1 de distinción, en relación al principio de estabilidad en el empleo y la doctrina de la confianza legítima, creada por la Contraloría General de la República, reforzada y profundizada por la Corte Suprema.

Se refiere, enseguida, extensamente a la naturaleza jurídica y características del empleo a contrata en la Administración del Estado.

Considera que la arbitrariedad del acto es evidente, pues de su simple lectura se aprecia la ausencia de fundamento racional evidente, sin cumplir la garantía de la fundamentación y motivación del acto administrativo.

Refiere como garantía constitucional vulnerada, en primer lugar, la del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley, y luego de abundantes citas jurisprudenciales y doctrinarias, considera necesario examinar si la decisión reclamada es una distinción razonable, no arbitraria y proporcional.

Argumenta que por la naturaleza de la resolución que puso término a la contrata, no se puede medir o evaluar los fines que se persiguen, dado que no se expresa y sólo se ampara en una potestad legal que lo permite, con argumentos y conceptos vagos e imprecisos, no logrando determinar porqué de un día para otro, después de 9 años y 2 meses en que fue necesario e idóneo para el servicio, ya no lo es, careciendo de la más mínima motivación, por lo que su despido deviene en discriminatorio, además de no cumplir los requisitos de motivación previstos en la Ley N° 19.880, tornándolo en un acto ilegal.

En segundo lugar, refiere el derecho de propiedad, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, y en este plano, la estabilidad en el empleo está resguardado por esa garantía y pertenece al patrimonio personal, social y pecuniario del sujeto, unido al nivel pecuniario, asociado a la seguridad que le proporciona a quienes de él dependen, el estipendio periódico y que fue percibido por más de “14” (sic) años.

Finaliza, solicitando que se decreten los actos que se estimen pertinentes para el restablecimiento del Derecho, debiendo invalidar la no renovación de la contrata, ordenar su reintegro y el pago de sus remuneraciones, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, por la recurrida, compareció don Raúl Jorquera Conrads, General de Brigada Aérea (A), director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Asegura que la resolución cuestionada ha sido debidamente fundada, dictada en el ejercicio de las potestades asignadas por la ley al jefe Superior del Servicio, con pleno cumplimiento del ordenamiento jurídico y siguiendo con estricto rigor la jurisprudencia civil y administrativa sobre la materia.

Señala que los hechos expuestos en la resolución recurrida dan cuenta del deficiente desempeño del señor nombre reservado y de conductas que, incluso, provocaron un riesgo para la seguridad operacional y, en consecuencia, peligro para la vida de pasajeros, pilotos y de las personas que habitan en los alrededores de los edificios certificados por el recurrente, hechos que fueron debidamente analizados y ponderados por ese jefe de Servicio.

Por una cuestión de justicia material, “advierte” que la presente acción constitucional no es la vía idónea para resolver este asunto, en atención a que cualquier pronunciamiento judicial sobre la ponderación realizada para determinar no renovarle la contrata al recurrente, exige el análisis de una prueba que no se condice con la naturaleza de urgencia, rapidez y eficacia de esta sede; debiendo considerarse, también, que el ordenamiento jurídico ha establecido otros mecanismos para la impugnación del acto administrativo de la especie.

Respecto al régimen jurídico aplicable, cita el Estatuto Administrativo y el artículo 1° de la Ley N° 16.752, que por su parte, dispone: “La Dirección General de Aeronáutica Civil será un servicio dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cuyas funciones se le asignan en la presente ley y que, para los efectos de lo establecido en el Título III, del decreto con fuerza de ley 47, de 4 de diciembre de 1959, deberá considerarse como un servicio funcionalmente descentralizado. Le corresponderá fundamentalmente la dirección y administración de los aeródromos públicos y de los servicios destinados a la ayuda y protección de la navegación aérea. Dependerán de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de Chile y la Escuela Técnica Aeronáutica”.

Indica que la Contraloría General de la República ha establecido que los funcionarios de la DGAC por el Estatuto Administrativo y, en ese orden de ideas, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal, al tratar los empleos a contrata, dispone que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Así las cosas, en síntesis, como lo ha manifestado la Excma. Corte Suprema, el empleo a contrata: 1.- Se diferencia del cargo de planta por su transitoriedad; 2.- Según lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, tienen una duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando en sus cargos en dicha fecha, por el sólo ministerio de la ley, a menos que se haya propuesto la prórroga del mismo, con 30 días de anticipación; 3.- En cuanto a su estructura como empleo público, el personal a contrata se rige por las normas propias del Estatuto Administrativo y sus funciones sólo pueden corresponder a las propias de la institución a la cual sirvan; 4.- Los empleos a contrata se designan de manera directa por la autoridad competente para realizar dicho nombramiento, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 12 del Estatuto Administrativo; 5.- Corresponde, de igual manera, a la autoridad competente que efectúa el nombramiento para la designación de estos cargos, definir su prórroga. La prórroga del cargo a contrata puede ser hasta el 31 de diciembre del siguiente año, o mientras se requieran sus servicios.

Argumenta que la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República expresa, en la misma línea argumental, que los servidores a contrata desempeñan un empleo de carácter transitorio, cuyos nombramientos se realizan para satisfacer necesidades institucionales que no pueden extenderse más allá del 31 de diciembre de cada año (dictámenes Nos 39.821, de 2009 y 20.632, de 2014), siendo la superioridad de cada Servicio quien resuelve la procedencia de renovar una contrata, como se establece en los dictámenes Nos 45.359, de 2012 y 79.668, de 2013, de ese Ente de Control.

Asimismo, precisa que el mismo Ente Contralor, a través de sus dictámenes N° 85.700 del año 2016 y 6.400 del año 2018 (citados por el recurrente), reconoce de manera expresa el carácter transitorio de la contrata, así como, la potestad de la autoridad administrativa para no disponer su renovación, instruyendo las formalidades y procedimientos que han de observarse para la no renovación de las mismas en aquellos casos que se haga aplicable el principio de confianza legítima, estableciendo como requisito esencial la de expresar la decisión a través de un acto administrativo debidamente fundado y comunicado al interesado.

En cuanto a la contratación de los servicios del señor nombre reservado, da cuenta que fueron prorrogados, mientras sus servicios fueren necesarios, desde el año 2012 y hasta el 31 de diciembre 2020, por Resolución Exenta RA 101/1457/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, de esta DGAC.

Finalmente, la DGAC dispuso no prorrogar la contrata del demandante, mediante la Resolución RA N° 101/1392/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020 (notificada con la misma fecha), que se impugna en esta acción constitucional.

Indica que la DGAC tiene como función esencial velar por la seguridad de las operaciones aéreas, objetivo para el cual está dotada de atribuciones normativas y fiscalizadoras, de acuerdo con su ley orgánica N° 16.752, al Decreto Ley 24 N°2.564, del Ministerio de Transportes, de 1979; y al Código Aeronáutico.

Sobre el acto administrativo recurrido y su fundamentación, afirma que como se evidencia de la sola lectura de la resolución impugnada, ésta se encuentra debidamente fundada, primero, al referirse a la Ley N° 16.752, Orgánica de esa DGAC; la Ley N° 18.834; la Resolución N° 6 del 26 de marzo de 2010, de la Contraloría General de la República; los dictámenes N° 85.700 de 2016 y 6.400, de 2008, del mismo Ente Contralor; la Resolución N°385, DGAC, de fecha 16 de septiembre de 2011 (de ingreso del recurrente al Servicio); la resolución DGAC; N° 101/1457/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, que prorrogó la contrata del recurrente para el 31 de diciembre de 2020; y la “Evaluación Particular de Desempeño”, del Director de DASA de esta DGAC.

Luego, sobre los fundamentos de hecho, la resolución recurrida señala, en primer lugar, que la Contraloría General de la República estableció que para la no renovación de una contrata se debe emitir necesariamente un acto administrativo que explicite los fundamentos de dicha decisión. Más adelante, en el considerando 4, se indica que en la “Evaluación Particular de Desempeño” se han observado inspecciones irregulares del recurrente para la verificación de señalización nocturna de edificios, situación que pone en riesgo la “Seguridad Operacional”.

Posteriormente, expone, en el considerando número 5, en síntesis, que se detectó que el recurrente validó las luces de obstrucción y del helipuerto ubicado el Hospital Gustavo Fricke, sin embargo, estas no cumplían con la normativa aeronáutica sobre la materia y eran “hechizas”, no reuniendo las condiciones mínimas de visibilidad y sin estar conectadas a la red de electricidad de emergencia. Se indica, además, en el mismo considerando, que el Hospital posteriormente tuvo que reinstalar las luces de obstrucción, esto, para cumplir con las normas de seguridad correspondientes.

Haciendo un paréntesis respecto a los dos números precedentes, advierte que, en concreto, la seguridad operacional se ve afectada por cuanto una mala señalización nocturna de un obstáculo en altura, puede implicar que este elemento no sea advertido por un piloto que opera una aeronave en horario nocturno o bajo fenómenos meteorológicos que dificultan la visibilidad. Ello podría significar que un piloto en una maniobra pueda estrellarse derechamente con el elemento inadvertido, ello por la deficiente señalización no verificada por el exfuncionario, poniendo en riesgo la vida del piloto, los pasajeros y las personas en tierra.

Agrega, en el considerando número 6, que en “el mes de septiembre de 2020, se detectó una nueva grave negligencia del Sr. nombre reservado, al certificar una edificación fuera de norma en la aproximación del aeródromo “Las Marías” de Valdivia”; y que “El mal desempeño del Sr. nombre reservado, se ha transformado en un riesgo inminente para la seguridad aeronáutica.”

Luego, en el considerando número 7, expresa que el “citado funcionario no cumple las instrucciones verbales y/o escritas dispuestas por su superior jerárquico”. Finalmente, en la parte resolutiva, el jefe de Servicio, en ejercicio de su facultad, dispuso no prorrogar la contrata del señor nombre reservado para el año 2021.

En atención a lo expuesto, estima evidente que la potestad de la autoridad administrativa para disponer la no renovación de la contrata fue debidamente fundada, y a causa del deficiente desempeño del recurrente, el cual, además, puso en peligro la seguridad operacional.

Ahora bien, una cosa muy diferente a la falta de fundamentación es que el Sr. nombre reservado no esté conforme con los argumentos presentados por esa Autoridad Aeronáutica en la resolución que él impugna.

En consecuencia, y principalmente de la jurisprudencia judicial que cita, se desprende inequívocamente que la potestad ejercida para no prorrogar la contrata del recurrente es legal, se adecua al carácter transitorio de las contratas, es ejercida por la autoridad competente, y se conforma además con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República vigente.

Niega que exista ilegalidad o arbitrariedad en el acto recurrido, afirmando que resulta demostrado que la no renovación de la contrata es del todo legal y fue realizada de conformidad al ordenamiento jurídico, por cuanto, desde un punto de vista sustantivo y formal, se ciñe a las disposiciones que rigen esta materia, pues actuó dentro de sus facultades al determinar la no renovación de la contrata, competencias que se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, N°16.752, en relación con las disposiciones pertinentes del Estatuto Administrativo.

Por otro lado, expone que, la determinación de no prorrogar la contrata del recurrente para el año 2021, cumplió con las formas y ritualidades establecidas en las leyes N° 18.834 y N°19.880; con las instrucciones de la Contraloría General de la República; y, además, se encuentra debidamente motivada.

Alega que el actor se equivoca al señalar que “no ha sido sancionado por algún proceso disciplinario”, y es él mismo quien, tres páginas más adelante, reconoce que se le notificó la sanción de destitución. Agrega que, ante dicha medida disciplinaria presentó recurso de reposición y apelación ante la Comandancia en jefe de la Fuerza Aérea de Chile.

En primer lugar, señala que las conductas del recurrente, expresadas en los considerandos números 4, 5 y 7 de la resolución recurrida, además de estar debidamente corroboradas en el informe particular de desempeño, el jefe de Servicio pudo analizarlas en profundidad al momento de aplicarle la sanción de destitución al señor nombre reservado, en la resolución N°1302, de fecha 2 de diciembre de 2020, de esta DGAC.

Además, dicha determinación fue adoptada después de un extenso procedimiento disciplinario, que se ordenó instruir en el año 2019, y que actualmente se encuentra en la etapa impugnatoria en la Comandancia en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, después de haber sido rechazado el recurso de reposición interpuesto, mediante la resolución N°1414, de fecha 23 de diciembre de 2020, dictada por ese jefe de Servicio.

En este sentido, refiere que considera que la impugnación de la sanción disciplinaria presentada por el señor nombre reservado -que contiene algunas de las conductas y fundamentos de la resolución recurrida para considerar su desempeño como deficiente- no puede ser un impedimento para que se haya tomado la determinación de no renovarle la contrata para el año 2021.

Ahora bien, respecto a la última denuncia en contra del recurrente, de septiembre de 2020, -también por certificar una edificación fuera de norma-, expuesta en el considerando N° 6 de la resolución recurrida, efectivamente, a la fecha de la emisión del informe, el Fiscal Instructor del proceso instruido por la resolución DGAC Exenta N° 1077, de 13 de octubre de 2020, no ha remitido su dictamen para análisis, sin embargo, los resultados de dicha investigación solamente son antecedentes complementarios a los otros ya expuestos en la resolución recurrida; y no tienen la relevancia suficiente para modificar la determinación de no prorrogar la contrata del recurrente, en atención a la gravedad y reiteración de las conductas que se encuentran debidamente acreditadas en el informe particular de desempeño y en el sumario administrativo ordenado instruir por la resolución N°31, de 2019, de esta DGAC.

Asevera que, también yerra el recurrente al manifestar que su jefatura estaría inhabilitada para calificarlo, en atención a la demanda laboral presentada por éste, indicando que el Jefe de Servicio de ese entonces, con el único ánimo de terminar ese litigio pendiente, tuvo la disposición de aceptar la medida propuesta por la Jueza en la audiencia preparatoria, sin embargo, doña Makarena García Dinamarca, representante del recurrente en autos, nunca respondió a la solicitud de los funcionarios de la DGAC para formalizar dicha propuesta, como se aprecia en los correos electrónicos que acompaña, siendo solamente esta DGAC avisada de forma verbal que no aceptaría las bases de acuerdo propuestas, debido a que aquello sería como si la DGAC ganara.

Respecto a las calificaciones del recurrente y la supuesta imposibilidad de evaluarlo, afirma que también se equivoca al señalar que durante sus nueves años de carrera funcionaria estuvo calificado en lista N°1, pues en el periodo 2018 -2019 fue calificado en la lista N°2, como se puede observar en la hoja de calificaciones que acompaña, en virtud de diversas anotaciones de demérito y por faltas en su desempeño.

Por otra parte, respecto a la imposibilidad que tendría el Servicio para calificarlo debido a la denuncia de acoso laboral que presentó al interior del Servicio, en virtud de dicha denuncia se instruyó otro procedimiento disciplinario; y que después de la investigación correspondiente, a través de la resolución DGAC N° 0302, de fecha 27 de marzo de 2019, el Jefe de Servicio de la época aprobó el sobreseimiento propuesto por la fiscalía administrativa, esto, por no existir antecedente alguno que ameritara hacer responsable a los funcionarios denunciados por el señor nombre reservado.

Argumenta que el acto administrativo recurrido no ignora el principio de confianza legítima, no desconoce que el señor nombre reservado esté protegido por el citado principio, sin embargo, lo anterior no implica de forma alguna una petrificación de la relación laboral que el recurrente mantiene con la DGAC, muy por el contrario, solo obliga al órgano a establecer la debida motivación en el acto administrativo, la cual debe ser razonable y proporcional.

En efecto, sostiene que, si bien el señor nombre reservado se encontraba amparado por la confianza legítima, ello de ningún modo puede interpretarse como un derecho a no ser desvinculado bajo ninguna circunstancia, siendo ello posible, como aconteció en la especie, si se emite un acto administrativo fundado para decidir no prorrogar su contrata, en el que se detallen los antecedentes de hecho o de Derecho que le sirven de sustento y conforme con los cuales se ha adoptado esa determinación, de modo que de su sola lectura se pueda conocer cuál fue el raciocinio para ello, sin que la mera referencia formal de los motivos en base a los cuales se adoptó la determinación de que se trate, ni las alusiones a las expresiones como “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, sean suficientes para satisfacer tal condición.

A continuación, niega haber afectado los derechos constitucionales del recurrente.

En relación con la igualdad ante la ley, indica que el recurrente no ha acreditado la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad, toda vez que la DGAC al disponer la no renovación de su contrata, se ha limitado a aplicar la normativa vigente y el criterio jurisprudencial de la Contraloría General de la República, en atención a los motivos expuestos en la resolución recurrida.

Atendido a lo expuesto, concluye que no se advierte de qué forma el pronunciamiento impugnado pudo haber transgredido la referida garantía constitucional, por cuanto esa Dirección General se limitó, en el marco de sus prerrogativas, a ejercer una atribución que el ordenamiento legal le reconoce a todos los jefes de servicio en el ámbito de la gestión y administración del personal a su cargo.

En lo que se refiere al derecho de propiedad, hace presente que el señor nombre reservado expone una eventual vulneración a esta garantía constitucional de forma abstracta, indicando doctrinariamente en qué consiste, sin embargo, no señala de qué manera ésta se ha visto vulnerado en el caso concreto, indiciario de que en la especie no se ha producido conculcación alguna, pues ni el propio actor es capaz de identificar la afectación de este derecho por el acto impugnado.

Ahora bien, se podría interpretar la acción constitucional sobre este aspecto, señalando que el recurrente considera que goza de un determinado derecho sobre su cargo y, por tanto, de las remuneraciones que tendría en el futuro.

Al respecto, destaca que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha puntualizado, en lo relacionado con esta materia, que no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración, esto, debido a que la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la garantía constitucional establecida en el artículo 19 numeral 24.

En segundo término, hace presente que, los artículos 93° y siguientes de la ley N° 18.834 disponen que en el caso que el funcionario no desempeñe su labor, no corresponde el pago de su remuneración, debido a que ésta constituye una contraprestación pecuniaria a que tiene derecho solamente quien ejerce su cargo.

Señala que el recurso de protección ha sido concebido como una acción cautelar, y no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, lo que no ocurre en este proceso.

Finalmente, afirma que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar la decisión administrativa de no prorrogar la contrata del recurrente, atendido al ámbito de competencia específico de esta Corte, por lo que no corresponde que se pronuncie sobre el acto impugnado en estos autos, en atención a que cualquier pronunciamiento judicial en este sentido exige la ponderación de una prueba que no se condice con la naturaleza de urgencia, rapidez y eficacia de esta sede proteccional; y, por existir otros medios de impugnación establecidos por el ordenamiento jurídico para resolver este asunto.

Tercero: Que, para el análisis del asunto planteado, resulta conveniente recordar, que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

Quinto: Que, ya desarrollando el asunto puesto en conocimiento de esta Corte, hay que señalar que en conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 3° de la Ley N°18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, se entiende por empleo a contrata aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. El inciso primero del artículo 10 del mismo texto de ley prescribe que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Como es evidente, las normas transcritas consagran de manera explícita la transitoriedad de la contrata, y si bien constituye una circunstancia que habilite a la Administración -en el caso de la especie a la Dirección General de Aeronáutica Civil-, para poner término a la misma en la forma que la disposición legal establece, ella debe siempre considerar que no se haga de un modo infundado o carezca de razones para estimar que los funcionarios no reúnen las condiciones para ser renovados, dada la condición de confianza legítima que importa las renovaciones anteriores que, como en el presente caso, provienen desde el año 2011.

Sexto: Que, las más elementales normas sobre respeto al trabajador, en cualquiera de las calidades que pueda revestir y ante cualquier empleador que se preste la labor, señalan que quien emplea a una persona no le es lícito poner fin a la relación si no es por alguno de los motivos o en alguna de las hipótesis que lo justifique plenamente o disponga de una causal legal. En este escenario, la no renovación del funcionario a contrata, circunstancia que la ley permite, debe ir, sin embargo, necesariamente aparejada a una motivación manifiesta, no bastando desde luego, como ya lo ha manifestado esta Corte, que se sustente únicamente en la medida en que el funcionario incumple su labor o lo hace de un modo deficiente.

Pues bien, en el caso de autos, las conductas que se han reprochado al funcionario recurrente trascienden a un mero desempeño deficiente o de baja calificación, según ha explicado la parte recurrida, conforme con los fundamentos de su decisión impugnada. Basta examinar los antecedentes del proceso, que el recurrente cuenta con dos procesos sumariales en curso en su contra y con una medida expulsiva ya notificada que dan cuenta de hechos que, por sus repercusiones, son graves y trascienden la mera calificación de bajo desempeño.

Séptimo: Que, en consecuencia, la Dirección de Aeronáutica Civil se ajusta a la ley cuando dentro de sus facultades determina la no renovación de un funcionario a contrata, competencias que se encuentran establecidas en la ley Orgánica de dicha Dirección N° 16.752 y en relación con las disposiciones pertinentes del Estatuto Administrativo. El acto mismo se expide dentro del plazo legal y con la ritualidad que exige el señalado Estatuto y cumple, además, con las exigencias de motivación que le impone la ley 19.880 y las instrucciones dadas al efecto por la Contraloría General de la República. Asimismo, basado en esta consideración, la decisión adoptada no se basa en un mero análisis de bajo desempeño, sino que es comprensiva de una serie de antecedentes graves que involucran al recurrente, que hacen que al dictar la resolución que se cuestiona ella no aparezca como irracional, caprichosa o basada en el simple antojo, ni tampoco responde a una decisión liviana o de revanchismo que haga presumir que simplemente se quiere prescindir del funcionario.

Octavo: Que, si bien conforme con el actuar legal y fundado de la recurrida es suficiente para desechar la acción cautelar interpuesta, se debe señalar, además, que no se produce ninguna vulneración a las garantías constitucionales que expone la recurrente de igualdad ante la ley o afectación al derecho de propiedad, pues en el primer caso ejerció una prerrogativa legal que es conocida del funcionario y en lo segundo, como se dijo, el permanecer en el empleo no es un atributo del personal a contrata, cuya naturaleza es justamente la transitoriedad y la no propiedad del empleo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Acordada, con el voto en contra de la ministra señora Gómez, quien considerando la circunstancia de haber permanecido el recurrente en el cargo a contrata desde 2011, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo afinado derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie, al no encontrarse ejecutoriada la resolución que puso término a uno de los procedimientos incoados por las faltas que se imputan al actor y en el que se habría determinado su separación del cargo, por lo que fue de opinión de acoger el recurso, disponiendo el reintegro del actor y el pago de las remuneraciones correspondientes al período de separación indebida, al considerar que la decisión de no renovar la contrata ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales indicadas en el recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Redactó abogado integrante David Peralta A y del voto, su autora.

N°Protección-97256-2020.

No firma la ministra señora Graciela Gómez Quitral, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral e integrada por la Ministro (s) doña María Paula Merino Verdugo y el abogado integrante don David Peralta Anabalon.