FUNDACION LEON BLOY PARA LA PROMOCION DE LA FAMILIA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

Santiago, diez de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 1 comparece Juan Alberto Rabah Cahbar, abogado, en representación de Fundación León Bloy para la Promoción de la Familia y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago y de su Inspectora Provincial doña nombre reservado, por cuanto ésta ha incurrido en acto ilegal y arbitrario al dictar la Resolución N° 94, de 15.10.2015, que rechazó sus recursos de reposición y jerárquico, dejando firme una resolución anterior que había declarado que a los trabajadores del Sindicato de la Fundación les asiste el derecho a negociar colectivamente, lo que en su concepto lesiona sus garantías constitucionales del artículo 19 Nºs 3 (igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y principio del debido proceso, al calificar e interpretar contratos administrativos suscritos entre la Fundación y diversas reparticiones públicas. Interpretación solo le cabe a tribunales de justicia. Inspección se extralimitó en sus facultades y vulneró principio de legalidad Órganos del Estado. Se convirtió en comisión especial, vulnerando garantía de un juez natural) y 24 (propiedad).

Señala que con fecha 06.07.2015 el Sindicato de la Fundación presentó a la recurrente un proyecto de contrato colectivo iniciando un proceso de negociación, a lo que se respondió que la Fundación está excluida de la obligación de negociar colectivamente, en conformidad a lo establecido en el artículo 304 inciso 3° del Código del Trabajo, que dispone que no existirá negociación colectiva en las empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiados en más de un 50% por el Estado, directamente o a través de impuestos. En este caso, la Fundación es financiada en un 100% con recursos públicos provenientes del SENAME, SERNAN, SENDA y Ministerio de Desarrollo Social Añade, que atendida la respuesta, el Sindicato, con fecha 31.08.2015, formuló objeción de ilegalidad ante la Inspección del Trabajo, la que confirió traslado a su parte, dispuso la fiscalización de la Fundación y con fecha 22.09.2015 dictó la Resolución N° 88 acogiendo la objeción (por no concurrir los supuestos establecidos en el inciso 3° del artículo 304 Código del Trabajo), declarando que los trabajadores del Sindicato tienen derecho a negociar colectivamente y otorgó a la recurrente un plazo de 5 días para entregar toda la documentación pertinente, bajo apercibimiento de tener por no contestado oportunamente el proyecto presentado por el Sindicato.

Refiere que contra dicha resolución la Fundación dedujo recursos de reposición y jerárquico, los que fueron rechazados por la Resolución recurrida de protección N° 94 de 15.10.2015 (el segundo por improcedente). Como consecuencia de ello, al día siguiente la recurrida le comunicó a la Fundación que el Sindicato se acogió a la suscripción del denominado contrato colectivo forzoso.

En cuanto al fondo, se alega que la recurrida ha interpretado erróneamente el artículo 304 inciso 3° del Código del Trabajo, puesto que la resolución N° 94 rechazó sus recursos argumentando que si bien es efectivo que la Fundación recibe 100% de aporte estatal, este no tiene el carácter de directo, en el sentido que los recursos no fueron entregados a título gratuito, sino que implicaban la obligación de efectuar contraprestaciones en compensación por tal provisión de fondos (argumento ya contenido en la Resolución N° 88). Dicha interpretación es errada por cuanto la Inspección estableció condiciones adicionales para la aplicación de la norma que no se encuentran establecidas en la ley, incurriendo en una distinción arbitraria e injustificada, y sin precisar a qué se refiere cuando manifiesta que los recursos estatales, para que la norma sea aplicable, deben ser entregados a título gratuito, cuando la norma solo exige financiamiento directo, confundiendo así ambos conceptos. Norma sería inaplicable en la práctica pues sería necesario recibir fondos del Estado sólo a título de donación.

Alega que la resolución, además, es impracticable porque su parte tiene la obligación de restituir todos los fondos públicos que no hubieren sido utilizados en los proyectos de la Fundación, de modo que no cuenta con recursos propios para financiar beneficios colectivos. Está impedida por ley para comprometer recursos públicos más allá de lo determinado por la propia ley para cada uno de los proyectos adjudicados. Fondos se encuentran incorporados en la ley de presupuesto para cada una de las instituciones que financian a la fundación.

Señala que no existe otra vía o procedimiento para accionar contra el acto arbitrario, toda vez que el artículo 504 Código del Trabajo indica que el procedimiento de reclamo solo es aplicable en casos que la ley ha establecido reclamación judicial respecto de la resolución pronunciada por la Dirección del Trabajo.

Solicita se deje sin efecto la resolución, declarando que la recurrida no está obligada a negociar colectivamente atendido a que su presupuesto, en los dos últimos años calendario, ha sido financiado en más de un 50% por el Estado, todo ello con costas.

Segundo: Que a fojas 47, informa la Inspección Comunal del Trabajo y solicita el rechazo del presente recurso, con costas. Refiere en su informe que la acción constitucional es extemporánea porque el contenido de lo decidido ya era conocido por la recurrente desde la resolución N° 88 de 22.09.2015.

Tampoco es la vía idónea para la reclamación, pues existe procedimiento especial en el artículo 391 del Código del Trabajo, el cual establece la competencia del Juez de Letras del Trabajo del lugar en que se encuentre la empresa, para conocer de las cuestiones que se susciten por la aplicación del libro IV del Código del Trabajo, referente a la negociación colectiva (De acuerdo al artículo 504 Código del Trabajo conforme a las reglas del procedimiento monitorio).

En cuanto al fondo alega que su parte tiene la potestad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y de interpretarla, de modo que actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, de modo que el acto que se impugna no es ni ilegal ni arbitrario, y se encuentra debidamente fundamentado. Se refiere a la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo e incluso a la norma del artículo 505 del Código del Trabajo.

En definitiva reclama la ausencia de un acto arbitrario e ilegal que sirva de base o presupuesto para esta acción constitucional.

En cuanto a las garantías presuntamente vulneradas señala que en caso alguno ejerció facultades jurisdiccionales, en carácter de comisión especial. No resolvió litigios con carácter de cosa juzgada, toda vez que sus resoluciones son esencialmente revisables e impugnables a través de diversos procedimientos administrativos.

En cuanto al derecho de propiedad refuta la idea de que sea la recurrida quien obliga a negociar a la fundación con determinados trabajadores, toda vez que es la ley, Ella señala quiénes pueden negociar, la forma y circunstancias de aquello, estableciendo precisamente las obligaciones y limitaciones del dominio que deriven de su función social.

Tercero: Que, a fojas 61, evacua informe el Sindicato de Trabajadores de la Fundación León Bloy, dando cuenta del proceso de negociación colectiva que iniciaron y del ya referido reclamo de legalidad, ante la respuesta de la Fundación.

Expresa que la Fundación mediante este recurso está desconociendo maliciosamente el derecho de los trabajadores a negociar, con el objeto de entrampar la negociación en curso.

Reclama que a través de argumentos legales y manipulación de los trabajadores por el temor a la infracción de la ley y de eventuales despidos la Fundación busca impedir la negociación colectiva.

Agrega que ello produjo menoscabo de los trabajadores, daño moral irreparable y temor al ejercicio de derechos constitucionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben tomarse ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace esos atributos.

Lo que se persigue por medio de esta acción cautelar es poner pronto remedio a actuaciones de facto que amaguen o conculquen derechos indubitados, sea en forma ilegal o arbitraria, esto es, aquellas actuaciones que pretenden cambiar el statu quo vigente, en forma caprichosa y obviando la legalidad vigente.

Quinto: Que, de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada y que el recurso mediante el que se impugna tal acto u omisión arbitraria sea deducido dentro del plazo de treinta días corridos desde la ejecución de dicho acto u omisión, conforme lo dispone el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

Sexto: Que, en primer lugar, sobre la extemporaneidad alegada, baste para rechazarla consignar que del análisis del acto impugnado -de 15 de octubre del año pasado- se advierte que este difiere de aquel otro de 22 de septiembre del año en curso, por lo que siendo deducida la presente acción cautelar el 13 de noviembre pasado, lo fue dentro del plazo establecido para aquello.

Séptimo: Que, en cuanto a la improcedencia alegada, en el presente caso, el artículo 391 del Código del Trabajo, regula el procedimiento especial sobre la cuestión planteada, estableciéndose la competencia del Juez de Letras del Trabajo del lugar en que se encuentre la empresa, para conocer de las cuestiones que se susciten por la aplicación del libro IV del Código del Trabajo, referente a la negociación colectiva.

En los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, se regulan los procedimientos para las reclamaciones de multas y demás resoluciones administrativas, instancias en que tanto reclamante como reclamada disponen de las oportunidades procesales necesarias para realizar no sólo las alegaciones correspondientes a los derechos que defienden, sino también rendir las pruebas pertinentes a sus argumentaciones, resguardándose así el derecho al debido proceso consagrado constitucionalmente. Específicamente, de acuerdo al artículo 504 Código del Trabajo, se sustancia conforme a las reglas del procedimiento monitorio.

Octavo: Que, por consiguiente, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada por la recurrente, no sólo por existir los procedimientos correspondientes específicos, sino también porque el análisis de la cuestión planteada, a simple lectura, requiere de una proceso previo, lo que importa, en fin y además, que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que importa la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

1.- Se rechaza la extemporaneidad alegada por la recurrida.

2.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado a fojas 1, en representación de Fundación León Bloy para la Promoción de la Familia, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo, de Santiago.

Se previene que el Ministro señor Moya Cuadra concurre al rechazo teniendo además presente que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, no existen elementos de convicción suficientes que permitan tener por acreditada la existencia de una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, quien ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones, estando facultada para ello, por lo que en su concepto no se han vulnerado las garantías denunciadas como infringidas.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra, y de la prevención, su autor.

Rol Corte N° 97205-2015.

Pronunciada por la Tercera Sala de Febrero de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, 10 de febrero de 2016, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.