nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, dos de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, vendedor, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana y recurre de protección en contra de la Caja de Compensación Los Andes, persona jurídica, representada legalmente por don nombre reservado, constructor civil, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de la manifiesta acción ilegal y arbitraria consistente en la realización de descuentos de sus remuneraciones por una deuda que se encuentra prescrita y sin que se haya dado explicación alguna de las razones o leyes invocadas por dicha institución para realizar estos descuentos, lo cual importa una privación, perturbación y amenaza su legítimo ejercicio de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la protección del derecho de propiedad.

Señala que ingresó a trabajar a la Subsecretaria de Salud Pública, en el mes de Julio del año 2020, percibiendo una remuneración bruta de ochocientos noventa y seis mil pesos mensuales, quedando una remuneración liquida mensual de setecientos veinte mil pesos aproximadamente.

Expone que, en el mes de noviembre del año 2020, al recepcionar su liquidación de sueldo, se percató de un descuento del cual no tenía información y en el que se detallaba “Préstamos Caja Compensación”. Que se comunicó con el Departamento de Remuneraciones, en donde le señalaron que “era un cobro de un crédito de la Caja” cuestión que le sorprendió́ puesto que no tiene crédito vigente con alguna entidad de ese tipo.

Haciendo memoria, recordó que en el año 2013, solicitó un crédito a la “Caja de Compensación Los Andes”, por $2.707.592, cantidad que debería ser pagada en 24 cuotas mensuales y sucesivas, las que eran descontadas de su liquidación de sueldo, por su ex empleadora, la empresa “Inmobiliaria Aconcagua”. Que le descontaron 4 cuotas de $146.827 correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2013. Que en julio del año 2013 se puso término a su contrato de trabajo por la causal “necesidades de la empresa”. Que, desde ese momento, agosto del año 2013, hasta Julio del año 2020, trabajó en diferentes labores en forma independiente, hasta que, en el mes de Julio del año 2020, como señaló anteriormente, ingresé a trabajar a la “Subsecretaria de Salud Pública”.

Refiere que, a la fecha, su actual empleadora, le ha descontado por concepto “Préstamo Caja de Compensación” la suma total de $256.947, a razón de 20 cuotas de $256.947, hecho que está ocurriendo desde noviembre del año 2020, constituyendo el acto descrito una acción ilegal y arbitraria, toda vez que han transcurrido 7 años y cuatro meses desde que le descontaron la última cuota (julio 2013).

Hace presente que con fecha 03 de junio de 2014, La Caja inició un Juicio Ejecutivo, rol C-10.408-2014, ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, para lograr el cobro de este préstamo, juicio en el que opuso excepción de prescripción liberatoria y que se encuentra archivado y sin movimiento desde, al menos, mediados de 2015, es decir, hace más de cinco años, fecha desde la cual, la Caja no realizó ninguna acción mínimamente eficaz para lograr el pago de las cuotas, intentando hoy, ilegal y arbitrariamente, el pago de deudas ya prescritas.

Concluye que los hechos descritos constituyen un acto ilegal y arbitrario que configuran una amenaza, perturbación y privación al derecho de propiedad, la que incide directamente en su patrimonio, al privarlo de parte de su remuneración respecto de la cual no puede disponer libremente, por el actuar antes señalado de la recurrida que vulnera su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 numeral N°24 de nuestra Constitución Política de la República y lo dispuesto en la Ley N°18.833.

Previas citas legales, solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto los descuentos en sus remuneraciones que realiza su empleador; la restitución de todo lo ilegal y arbitrariamente cobrado de sus remuneraciones y que alcanzan a la fecha la suma de $256.947 y los montos que eventualmente se sigan cobrando durante la tramitación del presente recurso; y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que mediante escrito de folio 6, el 21 de enero de 2021, la recurrida evacuó el informe requerido y solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Señaló que con fecha 13 de febrero de 2013, Caja Los Andes otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito social código 220285484-5, por la suma de $2.745.954 pagadero en un plazo de 24 meses, con cuotas mensuales de $146.827, cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de marzo de 2013.

Denuncia que, a la fecha, su representada sólo ha recaudado 5 de las 24 cuotas pactadas.

Indica que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá́ ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá́ por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Señala que se encuentra efectuado el cobro de una deuda vigente y cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, por cuanto la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho, y mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. Agrega que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, sino un juicio de lato conocimiento.

Rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Plantea que no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador; y asimismo, dispondrá́ la restitución de las sumas descontadas y que hubieran sido remesadas a partir de la reanudación de los descuentos, esto es, a partir de noviembre de 2020, de lo cual se informará oportunamente.

Hace presente que el cambio se hará́ efectivo en la remuneración del mes de febrero de 2021, toda vez que las planillas de descuentos son generadas y remitidas a los empleadores los días 25 del mes anterior a aquel en que se hace efectiva la retención; no obstante, restituirá́ al recurrente cualquier suma que sea descontada y cuya remesa se reciba en el intertanto.

Solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, sin perjuicio de lo antes señalado, y con el fin de dar alguna respuesta al recurrente sobre el fondo de su reclamo, cabe consignar que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Por su parte, el artículo 22 de la referida ley, establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En el año 2013, las Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicación Financiera S.A., celebraron un contrato de prestación de servicios “Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación”.

Quinto: Que sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo informado por la recurrida, se indica que se ha dispuesto el cese del cobro que actualmente se dirige contra el actor, excluyéndose tal operación de las planillas de crédito de cobro que se dirigen a su actual empleadora, agregándose que se restituirá al deudor la suma que ha sido descontada en sus remuneraciones a contar de su reanudación, esto es, desde el mes de noviembre de 2020 y aquellas que eventualmente fuesen descontadas en las remuneraciones del recurrente en el transcurso del proceso.

Lo anterior, fue ratificado por el abogado de la recurrente, en el sentido que el dinero se encuentra a disposición de su representada, con excepción del descuento correspondiente al mes de enero de 2021, cuya restitución se encuentra pendiente.

Sexto: Que de los antecedentes allegados a la causa, en especial, lo informado por la recurrida en orden a que actualmente se ha dispuesto el cese de los descuentos de las remuneraciones del recurrente, que se hará efectivo desde el mes de febrero y se ha procedido a restituir todos aquellos descuentos efectuados a contar del mes de noviembre, con excepción del descontado en enero de 2021, y considerando la competencia de esta Corte en cuanto a las medidas cautelares urgentes y concretas que se pretenden en la acción intentada, plasmadas en su parte petitoria, en particular, que ordene dejar sin efecto los descuentos en sus remuneraciones que realiza su empleador, se concluye que el presente recurso ha perdido su objeto, todo lo cual obliga a desestimarlo, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.

En consecuencia, la acción cautelar intentada ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-97.115-2020.