Protección contra Pontificia Universidad Católica de Chile por el acto que estima ilegal y arbitra

C.A. de Santiago Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Primero: Que, comparece el abogado Esteban Nicolás Urbina Troncoso e interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, y en contra de la Pontificia Universidad Católica de Chile por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la resolución de Secretaría General N°NUM000, de 18 de marzo de 2026, por la que se rechazó su recurso de apelación deducido en contra de resolución de fecha N°NUM001, de 14 de enero de 2026 y que a su respecto aplicó las siguientes sanciones: “A) La sanción principal de suspensión de las actividades académicas por dos periodos académicos a contar desde el primer semestre de 2026, conforme lo que contempla el articulo 32 letra c) N°4), del Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria. B) Además, de forma conjunta, se propone aplicar la sanción accesoria contenida en el numeral 2° del artículo 33° del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, esto es, la inhabilidad para realizar ayudantías y la sanción accesoria contenida en el numeral 5° del artículo 33° del mismo Reglamento, la inhabilidad temporal, para ocupar cargos de representación en la Universidad y en caso de estarlos ocupando la inhabilidad inmediata para seguir haciéndolo. Ambas sanciones accesorias por dos periodos académicos, a contar del primer semestre del año 2027”.

Señala el recurrente que dichos actos son ilegales y arbitrarios por cuanto: a.- la universidad carece de competencia disciplinaria al haber ocurrido los hechos denunciados en el ámbito de la vida privada y fuera de los recintos universitarios; b.- se utilizó el legítimo ejercicio del derecho a la defensa como una circunstancia agravante para la determinación de la sanción; c.- se omitió la valoración de antecedentes probatorios esenciales, específicamente la declaración jurada de la testigo nombre reservado respecto de la autoría de los mensajes de WhatsApp; y d.- el proceso fue instruido por una investigadora que carecía de investidura regular al no constar en el expediente la resolución de su designación.

Estima conculcadas las garantías de igualdad ante la ley (artículo 19 número 2), debido proceso y proscripción de comisiones especiales (artículo 19 número 3 incisos 2°, 5° y 6°), y el derecho a la educación (artículo 19 número 10), todos de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, evacuando el informe correspondiente, la recurrida Pontificia Universidad Católica de Chile pidió el rechazo del recurso en todas sus partes.

En síntesis, indica que la Universidad aplicó sanciones disciplinarias al estudiante por conductas relacionadas con violencia sexual, incluyendo suspensión e inhabilidad para ayudantías, y que la decisión fue fundamentada en un proceso que consideró declaraciones, mensajes de WhatsApp y antecedentes probatorios, manteniendo la proporcionalidad de la sanción.

Que la denuncia por violencia sexual fue recibida en marzo de 2025, basada en hechos ocurridos en una pijamada en enero de 2025 y que la Universidad actuó conforme a su Reglamento de Responsabilidad, Reglamento sobre Violencia Sexual y Ley 21.369, que le otorgan competencia para investigar hechos relacionados con violencia sexual, incluso fuera de recintos universitarios. Tal normativa busca proteger la dignidad y derechos de los estudiantes, promoviendo una cultura de respeto y buen trato.

Estima que la sanción de suspensión no fue desproporcionada ni afectó derechos constitucionales.

En cuanto a la designación de la investigadora precisa fue formalizada mediante resolución, aunque reconoce que no incorporada inicialmente. Que, por lo demás, la participación y conocimiento del denunciado sobre la investigadora garantizan el debido proceso.

Destaca que la responsabilidad disciplinaria es independiente del proceso penal y tiene estándares distintos y que la universidad puede sancionar sin esperar sentencia penal, respetando la autonomía universitaria.

Finaliza destacando que la decisión se basó en la gravedad de los hechos y en criterios de proporcionalidad establecidos en el reglamento y que la sanción no fue la más grave prevista y consideró atenuantes.

Tercero: Que, conforme es aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera.

Es arbitrario, cuando indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, el artículo 2° de la Ley N°21.091 sobre Educación Superior (letra A “autonomía) consagra y define la autonomía universitaria como: “la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley”.

De esta definición legal se colige que la autonomía no constituye una prerrogativa absoluta ni un fuero de indemnidad jurídica, sino que es una atribución de carácter netamente funcional. Esto es, una potestad circunscrita estrictamente al cumplimiento de los fines académicos, pedagógicos y formativos que justifican la existencia de la institución. Por consiguiente, la jurisdicción doméstica o disciplina interna que de ella deriva no puede extenderse de forma ilimitada sobre la esfera de la vida privada y conducta extraacadémica de sus integrantes.

Sexto: Que, si bien la Ley N°21.369,que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, impone a los planteles el deber ineludible de adoptar medidas conducentes para prevenir, investigar y sancionar dichas conductas (artículo 1°), su propio texto restringe dicha competencia en su artículo 2° inciso final a aquellos hechos ocurridos en el marco de la vinculación institucional, o bien cuando estos “afecten el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de la Universidad”.

Séptimo: Que, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha fijado un criterio hermenéutico uniforme respecto a los límites de esta competencia sancionadora. Así, en los fallos Rol Nro 52.954- 2021 y Rol Nro 60.602-2024, el máximo tribunal ha manifestado que el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria por la autoridad universitaria solo puede recaer en hechos que tengan una vinculación objetiva con el plantel, ya sea determinada por la actividad o por el lugar -el recinto universitario.

No resulta suficiente, entonces, la sola conexión personal, esto es, la mera circunstancia de estar involucrados en los hechos personas relacionadas con la universidad por algún vínculo docente o funcionario o de otra naturaleza análoga, porque, precisamente, las potestades que derivan de la autonomía universitaria se extienden hasta donde alcancen sus fines y proyectos institucionales.

Octavo: Que, del examen del expediente administrativo y del recurso y del informe de la recurrida, se tiene por establecido que: 1.- Los hechos que dieron origen a la denuncia por supuesta violencia sexual formulada por la denunciante en contra del recurrente acaecieron la noche del 13 de enero de 2025 en el contexto de una reunión social estrictamente privada (denominada coloquialmente "pijamada"). 2.- Dicho encuentro se llevó a cabo en el domicilio particular de un estudiante de la misma carrera el cual se sitúa fuera de los recintos de la universidad. 3. La reunión social careció de todo carácter académico, oficial, extracurricular, corporativo o de patrocinio por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile o de sus organismos estudiantiles. Se trató de una actividad recreativa organizada de manera espontánea por particulares, fuera de la jornada académica regular, durante el período de receso estival. 4. El único elemento de contacto con la recurrida estriba en la calidad de estudiantes regulares de la Escuela de Arquitectura que ostentaban los partícipes de dicha reunión. 5. Los hechos descritos se encuentran sometidos paralelamente a una investigación penal, al parecer aún desformalizada, ante el Ministerio Público, sin que a la fecha se haya dictado sentencia condenatoria en contra del recurrente.

Noveno: Que de lo expresado anteriormente es posible razonar que la recurrida ha incurrido en vicio de incompetencia al instruir un proceso de responsabilidad y sancionar al recurrente.

En efecto, al haber acontecido los hechos denunciados en la esfera de la vida privada de los alumnos, en un domicilio particular y sin ninguna vinculación objetiva (espacial, temporal o funcional) con el quehacer de la casa de estudios, la recurrida carecía de la potestad disciplinaria para juzgarlos.

La sola coincidencia de que tanto el denunciado como la denunciante fuesen alumnos regulares de la misma facultad configura una mera conexión personal, la cual, de conformidad con la doctrina jurisprudencial de la Excma. Corte Suprema antes reseñada, es enteramente insuficiente para prorrogar la competencia de la jurisdicción doméstica universitaria.

Que, si bien la universidad recurrida invoca las disposiciones de su "Reglamento sobre Violencia Sexual, Violencia y Discriminación de Género" (Decreto de Rectoría N°294/2022) y las normas complementarias del Decreto de Rectoría N°301/2022, las cuales pretenden extender su competencia a hechos externos cuando estos afecten "el buen desenvolvimiento de los fines de la Universidad" o creen un "entorno hostil", lo cierto es que dicha hipótesis no se encuentra acreditada fácticamente en el proceso disciplinario.

La dictación de medidas de resguardo provisionales (tales como la separación física de actividades académicas) no constituye una prueba de la alteración objetiva de los fines universitarios, sino una consecuencia instrumental de la propia instrucción del sumario. Sostener lo contrario importaría un razonamiento circular: la universidad se atribuye competencia sobre la vida privada fundándose en que el proceso que ella misma inició generó la necesidad de separar a los alumnos dentro del plantel.

Décimo: Que, en conclusión, al arrogarse facultades punitivas fuera de su competencia funcional y reglamentaria, la actuación de la recurrida deviene en ilegal y arbitraria.

Es ilegal por cuanto infringe los límites de la autonomía universitaria consagrados en el artículo 2° de la Ley N°21.091, desborda los supuestos de la Ley número 21.369 y contraviene de forma directa la garantía del artículo 19 número 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República. Al juzgar conductas estrictamente privadas del ciudadano, que escapan al ámbito académico y que corresponden a la competencia común de los tribunales ordinarios de justicia (quienes cuentan con las herramientas procesales y estándares de prueba idóneos), la Universidad se ha constituido, en los hechos, en una comisión especial prohibida por la Carta Fundamental.

Es arbitraria, dado que la extensión de su potestad sancionatoria carece de fundamentos plausibles y razonables que justifiquen la invasión de la esfera de privacidad de los educandos, privando al recurrente de su derecho a interactuar como ciudadano común bajo las reglas del ordenamiento general del Estado.

Que, esta actuación ilegal y arbitraria ha ocasionado una vulneración flagrante a la garantía de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución Política, puesto que ha sometido al estudiante (recurrente) a un procedimiento de responsabilidad y a sanciones gravísimas (suspensión por un año completo de su carrera) por hechos acaecidos en su vida particular que no se aplican al común de los ciudadanos, quienes solo responden ante el ordenamiento punitivo del Estado bajo las estrictas garantías del derecho procesal penal.

Adicionalmente interrumpe de forma coactiva e ilegal su avance curricular y el goce de los derechos intangibles derivados de su condición de alumno regular (como el beneficio de la gratuidad y el ejercicio de ayudantías de cátedra), conculcando con ello su derecho a la educación en relación con su derecho de propiedad sobre los derechos incorporales adquiridos.

Undécimo: Que, atendida la gravedad del vicio de incompetencia constatado, el cual fulmina de nulidad todo lo obrado en el Proceso de Responsabilidad N°112-2025, resulta innecesario e inoficioso para este tribunal adentrarse en el análisis de los restantes vicios denunciados.

Duodécimo: Que, por consiguiente, habiéndose constatado la existencia de actos ilegales y arbitrarios por parte de la recurrida, Pontificia Universidad Católica de Chile, consistentes en la dictación de las Resoluciones de Secretaría General N°NUM001 y N°NUM000 dentro de un procedimiento sustanciado sin competencia objetiva, actos que lesionan de forma directa e irreparable las garantías fundamentales del recurrente, indicadas precedentemente, explicitadas en la Constitución Política de la República, se hace indispensable acoger la presente acción de protección para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida tutela del afectado y así se dispondrá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido y, en consecuencia, se dejan sin efecto las Resoluciones números NUM001 y N°NUM000 dictadas por la Secretaría General de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Redactó el ministro (S) señor Hernán López, quien no firma por haber cesado su suplencia.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°9702-2026.