nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Maximiliano Igor Opazo Basaez, quien viene en interponer recurso de protección en nombre y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad italiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por actuar en forma ilegal y arbitraria, vulnerando los derechos del recurrente garantizados en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, además del actuar desproporcionado por parte del órgano administrativo, por los fundamentos que expone.

Informa que la recurrente, nacida en Venezuela, de nacionalidad italiana ingresó al país el 19 de septiembre de 2019, en calidad de turista por vía aérea, junto a su familia, compuesta por sus dos hijas: nombre reservado y nombre reservado, de 4 y 3 años respectivamente en aquella época.

Explica que presentó una solicitud de residencia temporal ante el Departamento de Extranjería y Migración, la cual fue concedida desde el 24 de septiembre de 2020 hasta el 09 de julio de 2021, para luego otorgarse una prórroga de dos años que culminaba el 02 de marzo del 2025, en cuya postulación se presentó el nuevo pasaporte italiano de la recurrente, vigente hasta el 2031. Finalmente, indica que la actora ingresó la solicitud de residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones el 04 de diciembre de 2024, fundado en el arraigo que mantiene en el país, considerando la actividad laboral vigente desde hace más de 5 años, sus vínculos familiares en Chile en relación a sus hijas, su hermana y madre, todas quienes tienen residencia definitiva, salvo su madre, que tiene residencia temporal.

Indica que el 12 de febrero de 2025 se acogió a trámite la solicitud, otorgándole a la recurrente el certificado de residencia definitiva en trámite, con vigencia desde el 12 de febrero del 2025 hasta el 11 de agosto del 2025.

En este orden de ideas, expone que el sistema informático del Servicio Nacional de Migraciones no efectuó la prórroga automática por sistema con la clave única de la recurrente, como ocurre en la práctica, manteniéndola sin un documento vigente que acreditara su regularidad migratoria desde ese momento hasta la fecha. Añade que el mismo 12 de febrero de 2025 la autoridad migratoria emitió la primera solicitud de subsanación a través del sistema informático, tras lo cual, el 14 de marzo de 2025, acompañó diversos documentos, para luego solicitar el Servicio el pago arancelario respectivo, lo que indica haber realizado el 02 de junio de 2025.

Sin embargo, indica que la recurrida, sin mediar notificación previa, requirió nuevamente información relativa al sustento económico, frente a lo cual la recurrente reiteró el contrato de trabajo y el certificado histórico de cotizaciones; tras lo cual el Servicio emitió la primera y única notificación de pre-rechazo, de fecha 30 de septiembre de 2025, solicitando el certificado de antecedentes original y apostillado de Italia, remitido por carta certificada. Posteriormente, y existiendo un error por parte de la Cancillería italiana, explica que esta remitió el documento digitalizado, el cual fue luego enviado al Servicio por parte de la recurrente, junto con otros documentos.

Finalmente, comunica que el 16 de diciembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones, mediante Resolución Exenta N°2500100319467, emitió el rechazo de la solicitud de residencia definitiva, ordenando a su vez el abandono del país en un plazo de 15 días, e imponiendo la prohibición de ingreso al país por un periodo de 5 años, siendo una resolución arbitraria que infringe normas, tratados y distintos cuerpos normativos imperantes, además de poseer una manifiesta desproporcionalidad y falta de fundamentación.

Añade que la resolución fue emitida sin ponderar las circunstancias personales de la recurrente que dan cuenta del arraigo que tiene con el país. Asimismo, sostiene que la orden de abandono es arbitraria debido a que la administración no se encuentra, en principio, obligada a dictar una orden de abandono al rechazar un permiso de residencia, sino solo cuando de las circunstancias del caso no considere que es procedente un permiso de residencia de vigencia restringida, requiriéndose de una efectiva ponderación de las circunstancias personales de la recurrente para discernir entre la orden de abandono o el permiso de residencia de vigencias restringida, cuestión no realizada.

Además, sostiene que la decisión es desproporcionada en relación con la gravedad y ámbito de la falta, habida consideración del arraigo familiar de la recurrente, su arraigo laboral y su tiempo de residencia regular, que dan cuenta de su arraigo social y su ausencia de antecedentes penales tanto en Chile como en su país de origen. Añade que la orden de abandono vulnera el principio de unidad familiar, el deber del Estado Chileno de darle protección a la familia propendiendo a su fortalecimiento y el interés superior de los niños, además de afectar la libertar personal de la recurrente, al verse amenazada con la orden de abandono.

Afirma que la resolución recurrida carece de fundamento al no precisar de forma clara cuál es la causal que incurrió para declarar inadmisible la solicitud de residencia definitiva; solicitud presentada antes del vencimiento de su visa. Además, menciona que cada vez que la recurrente informaba lo sucedido a la autoridad migratoria, sus analistas daban respuestas evasivas materializadas en resoluciones que no cumplen con los estándares mínimos de fundamentación exigidos para los actos administrativos, configurando un trato desigual contra la recurrente vulnerando su derecho a la igualdad consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, hace presente que en paralelo, se está tramitando una acción de amparo ante esta corte, bajo el rol amparo-5359-2025, mediante la cual se busca dejar sin efecto la orden de expulsión.

Arguye que la materialización del acto arbitrario e ilegal se materializa con la resolución exenta N° 2500100319467. Asimismo, sostiene que el Servicio ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad al dilatar la decisión de la solicitud de residencia definitiva por más de un año y un mes, excediendo con creces el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880. Además de afirmar que las notificaciones efectuadas vulneran el principio de transparencia y publicidad del artículo 16 de la misma norma legal.

Expone que la recurrida ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, dándole a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes; además de no estar motivada y fundarse en antecedentes inexistentes o insuficientes.

Solicita se acoja la acción de protección y se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución del Servicio Nacional de Migraciones, que rechaza la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, ordenándole que, cumplidos los requisitos que establece la ley, dicte sin más demora la resolución respectiva que le otorgue beneficio de residencia definitiva, o en su defecto otorgue un plazo razonable para subsanar su postulación incorporando los documentos solicitados para otorgamiento, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informando la recurrida solicita el rechazo del recurso, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de las garantías constitucionales incoadas.

Explica que el 30 de septiembre de 2025, se notificó a la recurrente del Previo Rechazo de su solicitud, debido a que, con los antecedentes que se tenían a la vista, correspondía rechazar su solicitud de residencia definitiva, debiendo acompañar certificado de antecedentes original y apostillado de Italia. Indica que lo acompañado en esta oportunidad fue una foto-captura de correo electrónico de 01 de octubre de 2025 y Carta Explicativa, señalando “los documentos solicitados para mi trámite de visa definitiva se están demorando más de lo habitual en ser emitidos por la institución correspondiente. Con el fin de no retrasar más el proceso, adjunto una copia fiel del documento original que acredita mis antecedentes, para que puedan verificar la información y continuar con la evaluación de mi solicitud mientras se recibe el documento físico. Agradezco de antemano su comprensión y apoyo, y quedo atenta a cualquier información adicional que requieran de mi parte”.

Señala que en razón de ello, se mediante resolución recurrida, se rechazó la solicitud, toda vez que la persona extranjera no remite el original del certificado de antecedentes de su nacionalidad actual debidamente legalizado y/o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, conforme al 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, disponiéndose el abandono del país en 15 días y una prohibición de ingreso por 5 años.

Hace presente que la extranjera al momento de solicitar su residencia definitiva ingresó como nacionalidad actual “Italia”, razón por la cual el certificado de antecedentes que debía remitir y el cual se solicitó, correspondía a aquel país y que acompañó en su carta explicativa, copia de Certificado de Antecedentes de Italia, pero este no se logra visualizar en su totalidad, al encontrarse borroso y a su vez, no ser verificable en línea.

Tercero: Que asimismo, la recurrida interpuso excepción de litis pendencia, por cuanto en causa rol de ingreso Amparo-5359-2025, también interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones, la recurrente solicitó idénticas solicitudes a las requeridas a través de la presente acción de protección, por lo que ambos tendrían la misma finalidad. Por ello, y cumpliéndose a su juicio con los requisitos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, solicita se acoja la excepción, con costas.

Por su parte, la recurrente al evacuar el traslado conferido indicó que la excepción planteada desconoce la medida cautelar y urgente del recurso de protección, así como los estándares constitucionales e internaciones, sosteniendo que el objetivo de la acción de protección no resulta incompatible con el amparo deducido, por lo que solicita se rechace la excepción.

Cuarto: Que de la causa rol de ingreso Amparo-5359-2025 se desprende inequívocamente que con fecha 20 de marzo de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones dicto la Resolución Exenta N° 2600100175048, mediante la cual se otorgó “permiso de Residencia Definitiva en el país a la persona extranjera: Don(a): nombre reservado, nacional de: Italia, RUN :RUT reservado, ID 71964792”.

Quinto: Que, en virtud de lo expuesto, habiéndose alcanzado por parte de la recurrente el objetivo que motivó el arbitrio, la controversia ha perdido actualidad. En consecuencia, no existe medida de cautela que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, pues la supuesta vulneración ha desaparecido. Al carecer de objeto actual, el recurso no puede prosperar, toda vez que cualquier resolución en sentido contrario carecería de aplicación práctica, desnaturalizando el propósito cautelar de esta acción jurisdiccional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

N° 970- 2026.