Protección contra Corporación de Desarrollo Social de Providencia

C.A. de Santiago Santiago, doce de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 11 y 12: a todo, téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, profesora integrante de la dotación docente del Liceo N°7 Luisa Saavedra de la comuna de Providencia, y deduce recurso de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta NUM000, de veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, que rechazó el recurso de reposición administrativo deducido en contra de la Resolución Exenta NUM001, de diez de octubre de dos mil veinticinco, confirmando la medida disciplinaria de término de la relación laboral aplicada en sumario administrativo por falta grave a la probidad, y que rechazó de plano el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el sumario incoado en su contra adolece de vicios esenciales, pues fue instada a formular descargos antes de la notificación del pliego de cargos y sin acceso al expediente administrativo, se incorporaron antecedentes correspondientes a un tercero, se transgredió el deber de reserva y las notificaciones fueron practicadas de manera irregular.

Agrega que la conducta imputada, consistente en haber salido del territorio nacional entre el once y el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro mientras hacía uso de licencia médica de origen psiquiátrico, no constituye falta grave a la probidad, por carecer el empleador de competencia para calificar el uso del reposo, materia entregada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por hallarse su capacidad de autodeterminación disminuida a consecuencia del cuadro clínico y farmacológico que la afectaba, y por no haberse ponderado su irreprochable conducta anterior, sus calificaciones ni su colaboración con la investigación, resultando la sanción desproporcionada.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 19 N°2, N°3 y N°24 y 20 de la Constitución Política de la República, en los artículos 137, 138, 141 y 144 del decreto con fuerza de ley N°29 que fija el texto refundido de la Ley N°18.834, en los artículos 82, 123, 124 y 134 de la Ley N°18.883, en los artículos 52 y 62 de la Ley N°18.575, en los artículos 1°, 2°, 11, 41 y 59 de la Ley N°19.880, en los artículos 70 bis y 72 de la Ley N°19.070 y en los artículos 50, 51, 52 y 55 del Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud.

Pide, en definitiva, que se deje sin efecto la medida disciplinaria aplicada, se disponga su absolución o la aplicación de una sanción proporcional, se ordene su reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas desde la aplicación de la medida hasta su efectiva reincorporación, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y evacúa el informe respectivo. Expone como antecedentes que la recurrente se desempeñaba como docente del Liceo N°7 Luisa Saavedra y que, en el sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta NUM002, de veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, reconoció en su declaración haber presentado licencia médica entre el ocho y el veintidós de agosto de dos mil veinticuatro y haber viajado a los Estados Unidos entre el once y el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, sin que ello obedeciera a indicación médica.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal puesto que el procedimiento se desarrolló con formulación y notificación de cargos, descargos, ponderación de la prueba, vista fiscal y resolución fundada, sin que se advierta la omisión de trámite alguno con influencia decisiva en sus resultados, y porque no se ha pronunciado sobre la validez de la licencia médica, sino sobre la conducta funcionaria de justificar inasistencias mediante un reposo que no se cumplió, percibiendo íntegramente las remuneraciones correspondientes.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la medida se funda en la causal del artículo 72 letra b) de la Ley N°19.070, en relación con el deber de probidad que imponen los artículos 58 letra g) de la Ley N°18.883 y 52 de la Ley N°18.575, y en la facultad de control del cumplimiento del reposo que confiere al empleador el artículo 51 del Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud. Alega, además, la extemporaneidad de la acción, por deber computarse el plazo desde la notificación de la Resolución Exenta NUM001, y la improcedencia de la vía, por contemplar el inciso segundo del artículo 75 de la Ley N°19.070 un reclamo ante el juzgado del trabajo competente.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia destinada a obtener el restablecimiento del imperio del derecho y a asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma enumera. En la especie, corresponde determinar a través de esta vía si la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, que confirmó la medida disciplinaria de término de la relación laboral aplicada a la recurrente, constituye un acto desprovisto de fundamento normativo o de razonabilidad que lesione las garantías invocadas y que amerite la adopción de medidas urgentes de resguardo.

CUARTO: Que, previo al examen de fondo, cabe desestimar la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida, toda vez que el acto contra el cual se dirige la acción es la resolución que resolvió los recursos administrativos deducidos en sede disciplinaria, notificada el veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, de modo que a la fecha de interposición no se encontraba vencido el plazo previsto en el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

QUINTO: Que, tampoco resulta atendible la alegación de improcedencia de la vía fundada en la existencia del reclamo contemplado en el inciso segundo del artículo 75 de la Ley N°19.070, pues, sin perjuicio de que dicho procedimiento constituye la sede natural para debatir la legalidad del cese y sus consecuencias patrimoniales, la acción constitucional se ejerce sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, según prescribe el inciso primero del artículo 20 de la Carta Fundamental, lo que impone examinar si el acto reprochado adolece de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados y de lo expuesto por las partes se tiene por establecido que la recurrente hizo uso de licencia médica entre el ocho y el veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, que durante su vigencia salió del territorio nacional entre el once y el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro con destino al extranjero, y que tal circunstancia fue reconocida por ella tanto en su declaración prestada ante la Fiscalía Administrativa como en sus escritos de descargos y en el propio recurso, en el que asume el error cometido. Se tiene igualmente por establecido que la medida disciplinaria de término de la relación laboral fue aplicada en un sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta NUM002, de veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, en el que se formularon cargos, se notificaron a la inculpada con entrega de copia del expediente, se concedió ampliación del plazo para evacuar descargos, se recibieron y ponderaron estos y los documentos acompañados, se emitió vista fiscal y se dictó resolución fundada, la que fue objeto de recurso de reposición resuelto por el acto impugnado.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la ilegalidad denunciada, el acto reprochado encuentra sustento normativo suficiente. La medida se ampara en la causal contemplada en el artículo 72 letra b) de la Ley N°19.070, que contempla el término de la relación laboral de los profesionales de la educación por falta de probidad establecida fehacientemente en sumario administrativo tramitado conforme a los artículos 127 y siguientes de la Ley N°18.883, procedimiento que en la especie se cumplió en todas sus etapas. El deber de observar estrictamente el principio de probidad administrativa se impone a la recurrente en virtud del artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, aplicable por remisión del citado artículo 72, y su contenido se define en el inciso segundo del artículo 52 de la Ley N°18.575, sin que la enumeración de conductas del artículo 62 del mismo cuerpo legal revista carácter taxativo. A su turno, el artículo 51 del Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, radica en el empleador el deber de adoptar las medidas destinadas a controlar el debido cumplimiento de la licencia médica y lo habilita para adoptar las medidas administrativas o laborales que estime procedentes, de manera que el reproche formulado a la recurrente no importó pronunciamiento sobre la validez clínica del reposo, materia entregada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o a la institución de salud previsional, sino sobre la conducta funcionaria consistente en justificar la inasistencia al establecimiento educacional mediante un reposo cuyo cumplimiento se abandonó al salir del país, percibiendo entretanto la remuneración íntegra que el artículo 38 de la Ley N°19.070 obliga a solventar al sostenedor.

OCTAVO: Que, los vicios de procedimiento denunciados no permiten alterar la conclusión anterior. Consta que los cargos fueron formulados y notificados a la inculpada con entrega de copia del expediente sumarial, que se le concedió ampliación del plazo para evacuar descargos, que estos fueron presentados y tenidos por evacuados, y que la prueba documental acompañada fue incorporada al procedimiento, de manera que la recurrente conoció oportunamente la imputación dirigida en su contra y contó con posibilidad efectiva de controvertirla, tanto en la instancia sumarial como por la vía del recurso de reposición, el que fue resuelto en forma fundada. Las irregularidades que se invocan, referidas a la comunicación verbal de un plazo de defensa previo al emplazamiento formal, a la incorporación de un certificado relativo a otro funcionario, a la difusión del sumario entre el personal del establecimiento y a la modalidad de las notificaciones practicadas, no revisten la aptitud que exige el artículo 142 de la Ley N°18.883, en cuanto no se advierte que hayan tenido influencia decisiva en los resultados del procedimiento ni que hayan privado a la recurrente del ejercicio efectivo de su defensa, la que desplegó en todas las etapas mediante presentaciones extensas y documentadas.

NOVENO: Que, en lo relativo a la arbitrariedad, el acto impugnado se encuentra debidamente motivado. La resolución que resolvió la reposición se hace cargo, en considerandos sucesivos, de cada uno de los capítulos de impugnación planteados por la recurrente, refiriéndose a los vicios de procedimiento alegados, a la competencia invocada para controlar el cumplimiento del reposo, a la calificación jurídica de la conducta, a la ponderación de las circunstancias personales y funcionarias de la inculpada y a la improcedencia del recurso jerárquico deducido en subsidio, exponiendo en cada caso las razones de hecho y de derecho que sustentan lo decidido. La circunstancia de que tales razonamientos no resulten compartidos por la afectada no transforma la decisión en un acto de mero capricho, pues la arbitrariedad supone la ausencia de fundamento racional, y no la mera discrepancia con los fundamentos expresados.

DÉCIMO: Que, otro tanto cabe concluir respecto de la proporcionalidad de la medida. La autoridad ponderó expresamente la naturaleza y gravedad de la falta, los antecedentes personales y funcionarios de la inculpada y su reconocimiento de los hechos, y estimó que la conducta reprochada, ejecutada por una profesional de la educación en el contexto de un establecimiento educacional y con abandono de sus funciones durante el período lectivo, revestía la entidad suficiente para configurar una infracción grave al principio de probidad. La determinación del quantum de la sanción dentro del marco que la ley franquea constituye una materia propia del mérito de la decisión administrativa, cuya revisión excede el ámbito de esta acción cautelar, que no constituye una instancia de revisión de lo obrado en sede disciplinaria ni admite, por su naturaleza sumarísima y desprovista de estación probatoria, el examen de las cuestiones de hecho relativas al estado de salud de la recurrente y a su incidencia en la culpabilidad, las que deberán ventilarse en la sede que el ordenamiento contempla al efecto.

UNDÉCIMO: Que, establecido que el acto impugnado no adolece de ilegalidad ni de arbitrariedad, no cabe sino concluir que no se ha configurado la privación, perturbación o amenaza de las garantías invocadas, por lo que, en las condiciones anotadas, el recurso de protección deducido será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9698-2026.