nombre reservado con SCOTIABANK CHILE S.A

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de SCOTIABANK CHILE S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en disponer unilateralmente el cierre de su cuenta corriente, decisión que le fue comunicada el 13 de marzo de 2026, lo que a su entender vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que es cliente de la entidad bancaria recurrida desde el año 2012, y que el 13 de marzo de 2026 intentó ingresar a su cuenta a través de la página de internet del banco, sin éxito, razón por la que contactó a su ejecutivo, quien le envió una carta de aviso de cierre de su cuenta corriente en 10 días contados desde la fecha de emisión de la carta, esto es, el 12 de enero de 2026.

Asevera, por una parte, que nunca recibió dicha misiva, por lo que no tuvo tiempo para traspasar sus fondos a otras cuentas y, por otra parte, que no se le han expresado los motivos que fundamentaron la decisión adoptada.

Sostiene que el acto en cuestión es ilegal, toda vez que en el artículo 6° de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, así como en el artículo 611 del Código de Comercio, se prevén las causales para poner término al contrato de cuenta corriente, estimando que ninguna de ellas concurre en la especie.

Asimismo, asegura que el acto impugnado es también arbitrario, por cuanto carece de fundamentación relativa al por qué se tomó dicha decisión.

Previa referencia a la normativa y jurisprudencia que estima pertinente, solicita que: (i) se ordene al recurrido a reabrir o restablecer la operatividad de su cuenta corriente y del contrato de cuenta corriente respectivo; (ii) se ordene al recurrido a depositar los fondos pertenecientes al actor, que aun mantenga en su poder, en dicha cuenta corriente; (iii) se ordene al recurrido abstenerse de cualquier otra conducta ilegal o arbitraria que afecte su derecho de propiedad sobre la cuenta corriente y demás productos asociados; y (iv) se condene en costas al recurrido.

SEGUNDO: Que, en representación de la recurrida Scotiabank Chile S.A., comparece nombre reservado, quien, junto con evacuar el informe requerido, solicitó el rechazo del presente arbitrio, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representado.

Expone que es efectivo que el banco tomó la decisión de cerrar la cuenta corriente del actor, sin embargo, asegura que tal actuación no es ilegal, toda vez que fue adoptada bajo el amparo de sus facultades legales y contractuales.

A dicho respecto, sostiene que, por una parte, en el Capítulo 2-2, numeral 10, de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, se dispone, en lo pertinente, que “la cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco (…)”, y, por otra, en el contrato de cuenta corriente suscrito con el actor se pactó la facultad del banco para poder cerrar los productos contratados.

De otra parte, asevera que la decisión adoptada tampoco es arbitraria, sino que dice relación con que el banco tomó conocimiento, por información pública emitida a través de la prensa y medios de comunicación, que el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra del actor, por presuntos delitos tributarios, con un perjuicio fiscal de $2.944.000.000.

Refiere que la aludida situación llevó a la institución financiera a analizar los movimientos bancarios del recurrente durante el año 2025, sin que se haya podido identificar el origen geográfico de dichos movimientos, lo que tuvo como consecuencia: (i) la activación de los protocolos de prevención de lavado de activos y terrorismo del banco; (ii) una pérdida de confianza en la relación con el actor, independiente del resultado de la causa penal; y (iii) un incumplimiento de las condiciones objetivas de contratación de productos del banco.

Explica que el contrato de cuenta corriente es de aquellos denominados “intuitu personae”, o basados en la confianza, de manera que su terminación se encuentra sujeta a la mantención de dicha confianza, no siendo este el caso.

Agrega que, conforme se prevé en las condiciones adicionales para acceder a cuenta corriente y productos de crédito, para ello los clientes no deberán encontrarse, entre otras, en la situación de “haber incurrido en conductas que puedan ser susceptibles de ser investigados por la justicia, de acuerdo con la información pública disponible”.

De otra parte, sostiene la improcedencia de utilizarse la vía de la acción de protección para conocer el asunto de autos, por tratarse de un eventual incumplimiento contractual, asunto que es de lato conocimiento.

A continuación, hace presente que al momento del cierre de la cuenta corriente, esto es, al 12 de enero de 2026, aquella no tenía saldo.

Finalmente, niega la afectación a las garantías fundamentales referenciadas en el libelo.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que la controversia en estos autos se encuentra circunscrita, en principio, a determinar si la decisión del banco recurrido de disponer el cierre unilateral de la cuenta corriente que el recurrente mantenía en el Banco Scotiabank, resulta ilegal y arbitraria, esto es, contraria a derecho o fruto del mero capricho de la entidad financiera, pues en el recurso se expone que la decisión no se encontraría amparada por las causales que la ley reconoce para el cierre, y, además, carecería de fundamentos para su adopción, imputaciones que la recurrida ha respondido señalando que el cierre se efectuó bajo el amparo de la normativa sectorial y de las disposiciones contractualmente pactadas con el actor en el contrato de cuenta corriente.

QUINTO: Que, como ya se indicó, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos indubitados y no discutidos, calidad que no reviste el que aquí se invoca, toda vez que lo pretendido por el actor es la reapertura de la cuenta corriente que mantenía con el banco, en circunstancias que la procedencia de dicha petición supone dilucidar previamente si existió un incumplimiento contractual, tanto del recurrente, respecto de las condiciones para el mantenimiento de la cuenta corriente, así como del recurrido, para disponer el cierre unilateral de ésta, cuestión de naturaleza contractual que debe ser conocida en un procedimiento de lato conocimiento.

En efecto, el recurso se sustenta en que el Banco Scotiabank ha obrado ilegal o arbitrariamente al cerrar unilateralmente la cuenta corriente del señor nombre reservado; y el banco, por su parte, señaló que tiene dicha facultad tanto por haberse así pactado, cuanto por la naturaleza intuito personae de este tipo de contratos y por las instrucciones contenidas en la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero. En ese entendido, la controversia debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento, con las garantías que da un procedimiento de esa naturaleza.

SEXTO: Que así entonces, si para acoger el recurso es menester que “se declare” la nulidad o inexistencia de una determinada cláusula, pactada en un contrato —en este caso de cuenta corriente—, claramente la materia que se pide resolver por esta vía excede el margen del artículo 20 de la Carta Fundamental, que no hace otra cosa que contemplar una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que se pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, contemplándose un procedimiento sumarísimo y exento de todo formalismo con el objeto de hacer expedito el ejercicio de dicha acción cautelar.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo hasta ahora dicho, que ya sería suficiente para rechazar el arbitrio en estudio, debe dejarse constancia que el banco recurrido ha expuesto las razones y motivos que llevaron a la adopción del cierre unilateral, descartando con ello una decisión caprichosa o carente de fundamentos como se presentó en el recurso, y menos ilegal, pues pudo verificarse que, en lo formal, en el contrato de cuenta corriente suscrito por el recurrente, cuya copia se acompañó a requerimiento de esta Corte, se consigna expresamente la facultad de la institución para: "cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier tiempo, a su arbitrio, sin expresión de causa" (cláusula I.6 letra b), lo cual resulta concordante con lo dispuesto en el N°10 del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, quedando sometida la discusión sobre eventuales incumplimientos contractuales al procedimiento de lato conocimiento que corresponda.

OCTAVO: Que, entonces, ciertamente la discusión acerca de si el banco Scotiabank tiene o no facultades para cerrar unilateralmente una cuenta corriente bancaria u otros productos de su giro o, dicho de otro modo, la validez de una cláusula pactada por las partes que otorga esta facultad, o si el banco obró o no de acuerdo a las obligaciones que emanan de la naturaleza de dicho contrato o de las instrucciones de la CMF, es materia que no puede ser conocida en esta sede sino en el de lato conocimiento que corresponda, por lo que le recurso debe necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional planteada en autos, deducida por nombre reservado en contra de Scotiabank Chile S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

Protección – N°9695-2026.

Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Jenny Book Reyes, e integrada, además, por el ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.