Protección contra Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, abogada del Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, en su calidad de curadora ad litem, deduciendo recurso de protección a favor de la adolescente nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Mejor Niñez, representado por su Director Nacional, y en contra de la Dirección Regional Metropolitana del mismo Servicio, representada por su Directora, por las omisiones que estiman como ilegales y arbitrarias, consistentes en la falta de traslado efectivo y urgente de la adolescente a una residencia de protección especializada y de administración directa, idónea para abordar su consumo problemático de drogas y perfil de alta complejidad, lo que vulneraría sus garantías constitucionales contempladas en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su integridad física y psíquica e igualdad ante la ley, y demás normas que resguardan los derechos de los NNA, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se adopten todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, asegurando la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados, ordenando a los recurridos que, en el más breve plazo, el ingreso a una residencia de protección de administración directa a la adolescente, que cuente con el equipo técnico, la infraestructura y en definitiva que sea del perfil que requiere mi representada, como ya ha sido decretado por el Juzgado de Familia de Pudahuel y se disponga cualquier otra medida que se considere pertinente.

En cuanto a los antecedentes, y a modo de contexto, expone la recurrente que la adolescente, de 14 años de edad en la actualidad, presenta una extensa y compleja historia proteccional marcada por vulneraciones graves a sus derechos, trauma complejo, ideación suicida y consumo problemático de múltiples sustancias, todo lo que tiene su origen a lo menos desde el año 2020, en que se inicia causa proteccional a su respecto, por los cuidados negligentes de su madre, consumidora de drogas, quien en el curso de dicha intervención se suicidó, quedando la menor al cuidado de sus abuelos maternos, al no existir conocimiento del paradero de su padre.

Señala que, por orden del Juzgado de Familia de Pudahuel, causa RIT X-20- 2025, la joven ingresó a la Residencia "nombre reservado", establecimiento que actualmente se encuentra con resolución de cierre y que carece de las capacidades técnicas para contener su perfil clínico psiquiátrico, produciéndose reiterados episodios de agresividad, fugas, intoxicaciones graves con riesgo vital y presunta explotación sexual, además, de involucramiento de otros menores residentes, y comisión de delitos en contra de la propiedad, como destrozos y hurtos en dicho recinto. Agrega que, a pesar de las insistentes órdenes y apercibimientos dictados por el Juzgado de Familia de Pudahuel para que el Servicio recurrido asigne un cupo residencial urgente y acorde a sus necesidades, sugiriendo la Residencia Familiar La Goleta u otra de administración directa, la recurrida ha omitido dar cumplimiento a dicho traslado alegando de manera reiterada la inexistencia de plazas disponibles en la región, incluso proponiendo el ingreso al centro en el que la adolescente ya se encuentra desde 2024, lo que aparece como “irrisorio”, todo lo que mantiene a joven en una situación de riesgo inminente.

Añade que la falta de adopción de medidas idóneas por parte de las instituciones del Estado agrava el deterioro progresivo de la joven, constituyendo esta prolongada situación en una una omisión ilegal y arbitraria que amenaza e infringe gravemente los derechos constitucionales de nombre reservado, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica e igualdad ante la ley y no discriminación.

Pide en consecuencia que se acoja el recurso en los términos planteados y solicita que se ordene a la recurrida disponer en el más breve plazo el ingreso de la adolescente a una residencia de administración directa que cuente con las condiciones estructurales e interventivas acordes a su perfil, restableciendo así el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuando informe comparece don Bastián Tapia Zepeda, abogado de la Unidad Jurídica de la Región Metropolitana, en representación de las Direcciones Nacional y Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, solicitando el rechazo de la acción.

Previo a señalar el marco normativo que rige a su parte y los antecedentes sobre la situación de la adolescente, sostiene que no existe, en la especie, un acto u omisión ilegal o arbitrario, argumentando que la falta de designación inmediata de un nuevo espacio residencial obedece a una imposibilidad material y fáctica derivada de la saturación estructural de la red de cuidados alternativos en la Región Metropolitana, donde todas las residencias de administración directa operan actualmente con sobrecupo.

Afirma que la asignación de plazas no es una facultad discrecional de resultado absoluto, sino un procedimiento estrictamente reglado por la Ley N° 21.302 y el Decreto Supremo N° 12, supeditado a la oferta programática real y a la disponibilidad efectiva de cupos. Estima que el Servicio ha obrado de manera diligente y dentro de la esfera de sus competencias, desplegando múltiples gestiones intersectoriales. Al respecto, destaca que se aprobó y financió excepcionalmente un Proyecto de Emergencia de Salud (PES) en la comunidad terapéutica privada "Vita Nova", del cual la adolescente hizo abandono voluntario y que, producto de intensas coordinaciones con SENDA y el Inter sector salud, se logró el ingreso efectivo de la joven al Programa Residencial de SENDA, PTR nombre reservado, el 8 de abril de 2026.

Finalmente, hace presente que, la actual residencia "nombre reservado", si bien se encuentra en proceso de cierre, debe mantener su continuidad operativa bajo permanente fiscalización y supervisión técnica del Servicio para evitar la desprotección absoluta de los sujetos de atención mientras se concreta su derivación.

Por todo lo expuesto, afirma que la medida solicitada ha devenido inoficiosa y que no concurren los presupuestos constitucionales para acoger el recurso.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que la recurrente califica de ilegal y arbitrario, las omisiones en las que ha incurrido la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Mejor Niñez, consistentes en la falta de traslado efectivo y urgente de la adolescente a una residencia de protección especializada y de administración directa, idónea para abordar su consumo problemático de drogas y perfil de alta complejidad, lo que vulneraría sus garantías constitucionales contempladas en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su integridad física y psíquica e igualdad ante la ley, y demás normas que resguardan los derechos de los NNA.

Quinto: Que, de la lectura de la acción interpuesta, consta que la petición que se persigue por la parte recurrente consiste en que se ordene a la recurrida disponer en el más breve plazo el ingreso de la adolescente a una “residencia de administración directa” que cuente con las condiciones estructurales e interventivas acordes a su perfil, restableciendo así el imperio del derecho.

Sexto: Que la Ley 21.302 crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a La Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo principal es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y a prevención de nuevas vulneraciones.

Luego, el procedimiento legalmente establecido para la asignación de los cupos por parte del Servicio se encuentra regulados en el artículo 19 de la Ley 21.302, en concordancia con las facultades de cada dirección regional establecidas en el artículo 8° del mismo cuerpo legal y en concordancia con su reglamento contenido en el Decreto N° 12 del año 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Subsecretaría de La Niñez.

Así, el artículo 19 dispone “Los niños, niñas y adolescentes respecto de quienes se adopte una medida de protección de las señaladas en las letras c) y d) del artículo 71 y en el artículo 80 bis ambos de la Ley 19.968, serán derivados a los programas de protección especializados por los tribunales o las Oficinas Locales de la Niñez que las determinen, según corresponda. En ambos casos, será el Director Regional respectivo quien asigne un cupo en un proyecto del programa que corresponda, atendiendo a un procedimiento breve, racional y justo, de acuerdo con el reglamento que se dicte al efecto.

Por su parte, el artículo 8° letra t) del mismo cuerpo legal indica, “A los directores regionales del Servicio corresponderán las siguientes funciones… asignar cupos en los proyectos de los programas que correspondan, de acuerdo a la derivación realizada por el tribunal o la Oficina Local de la Niñez competente.”

Asimismo, el artículo 1° el Decreto N° 12 del año 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Subsecretaría de La Niñez establece, “el presente reglamento tiene por objeto regular el procedimiento breve, racional y justo conforme al cual los/las directores/as regionales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante, el "Servicio", asignarán los cupos en el/los proyecto/s que ejecuten programas de protección especializada correspondientes a su región, a los niños, niñas o adolescentes en los casos previstos en el artículo 19 de la ley Nº 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, en adelante e indistintamente, la "Ley".

El inciso primero, primera parte del artículo 2º del referido Decreto indica, “El procedimiento de asignación de cupos a que se refiere el presente reglamento se fundará en criterios objetivos que le darán al referido procedimiento el carácter de racional y justo, los cuales considerarán el domicilio del niño, niña o adolescente, la lista de espera que tenga el proyecto que corresponda, las intervenciones vigentes a la familia o al propio sujeto de atención, factores de riesgo, grados de complejidad, derechos vulnerados, acciones esperadas y las demás condiciones individuales de aquel, sujeto de la medida.”

Finalmente, el inciso primero del artículo 6° del referido Decreto expresa, “Una vez notificado/a de la resolución judicial o la derivación administrativa respectiva, el/la directora/a Regional procederá a la asignación del cupo respectivo, debiendo aquella efectuarse el mismo día dentro del horario de funcionamiento de la respectiva Dirección Regional…”

Séptimo: Que, de las normas citadas precedentemente, queda claramente establecido que, es facultad exclusiva del Director Regional del Servicio, la asignación de los cupos en un programa determinado, supeditado a la oferta programática existente, debiendo adoptar, con la debida celeridad, todas las medidas necesarias para aquello, sin que resulte valido justificar el incumplimiento de estas, en la falta de oferta o que la existente se encuentre sobrepasada.

En este orden de ideas, la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Mejor Niñez, reconoce la efectividad de lo expuesto por la recurrente, en cuanto a que la niña fue ingresada, en su oportunidad, a la Residencia "nombre reservado", la que, actualmente, está con resolución de cierre, lugar en el cual protagonizó diversos episodios de violencia y problemas conductuales, tanto con los encargados del lugar, como con otros niños y niñas de la residencia, derivados de su problemática de consumo de drogas y salud mental; además, de las dificultades que se presentaron para efectuar su traslado a una residencia de protección especializada y de administración directa, idónea para abordar su condición.

Asimismo y sin perjuicio de lo anterior, informó que se aprobó y financió, excepcionalmente, un Proyecto de Emergencia de Salud (PES) en la comunidad terapéutica privada "Vita Nova", del cual la adolescente hizo abandono voluntario y que, producto de intensas coordinaciones con SENDA y el Inter sector salud, se logró el ingreso efectivo de la joven al Programa Residencial de SENDA, PTR nombre reservado, con fecha 08 de abril de 2026, donde actualmente se encuentra a la espera de su hospitalización para abordar, de manera global, los problemas de salud mental y consumo de drogas que la afectan.

Octavo: Que tal como se ha señalado, la acción de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho, mediante la adopción de medidas urgentes que permitan dar debida cautela a los derechos fundamentales amagados por una actuación arbitraria o ilegal.

Sobre el particular, en el caso planteado en autos, lo que se cuestionó por la recurrente fue la omisión reiterada en el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de familia de Pudahuel, consistente en el traslado efectivo y urgente de la adolescente a una residencia de protección especializada y de administración directa, idónea para abordar su consumo problemático de drogas y perfil de alta complejidad; traslado que, conforme lo informado por la recurrida, ya se habría efectuado con fecha 08 de abril de 2026, ingresando la niña al Programa Residencial de SENDA, PTR nombre reservado y, además, se informó en estrados, que se está a la espera de su hospitalización para abordar, de manera global, los problemas de salud mental y consumo de drogas que la afectan; por lo que, no existiría a la fecha, medidas que esta Corte pueda adoptar, pues el fin pretendido por la recurrente se encuentra satisfecho, por lo que la presente acción ha perdido oportunidad y en consecuencia, el recurso interpuesto debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso en favor de la adolescente nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Mejor Niñez, representado por su Director Nacional, y en contra de la Dirección Regional Metropolitana del mismo Servicio.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-9690-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada por la ministra (I) señora María Inés Lausen Montt y por el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.