nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 11 y 12: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Maximiliano Igor Opazo Basaez, en representación de nombre reservado, de nacionalidad libanesa, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar, mediante comunicación de 27 de febrero de 2026, su solicitud de devolución de fondos previsionales presentada al amparo de la Ley N°18.156, actuación que considera vulnera las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente es ciudadano libanés, ingeniero eléctrico y electrónico con mención en informática y comunicaciones, quien suscribió contrato de trabajo con Ericsson Chile SpA el 30 de abril de 2019, ingresando a Chile el 28 de junio de 2019 para desempeñar las funciones para las que fue contratado. Señala que su relación laboral terminó el 19 de julio de 2024, siendo posteriormente informado por su empleador de que debía solicitar la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Refiere que el 11 de septiembre de 2025 presentó la primera solicitud de devolución ante la AFP recurrida, la que fue rechazada, y que posteriormente efectuó tres nuevas solicitudes, subsanando en cada oportunidad las observaciones formuladas por la administradora, las cuales igualmente fueron rechazadas por distintos fundamentos.

Agrega que el último rechazo, notificado el 27 de febrero de 2026, se fundó en que no fue posible acreditar la veracidad del anexo de contrato de trabajo de 1 de julio de 2019, sosteniendo la AFP que dicho documento no manifestaba en forma clara e inequívoca la voluntad de mantener el régimen previsional extranjero durante la vigencia de la relación laboral y que el nuevo anexo acompañado no sería verídico, por haber sido firmado digitalmente por el empleador el 22 de octubre de 2024, cuando la relación laboral ya había concluido.

Sostiene que dicho fundamento es erróneo, pues la recurrida confunde la fecha de celebración del anexo de contrato —1 de julio de 2019— con la fecha de la firma electrónica del empleador, afirmando que las condiciones pactadas existían desde el inicio de la relación laboral y que el empleador nunca cuestionó su contenido.

Añade que acompañó toda la documentación exigida por la Ley N°18.156, entre ella un certificado emitido el 16 de agosto de 2024 por la Orden de Ingenieros y Arquitectos de Beirut que acredita su afiliación al sistema previsional del Líbano y la cobertura de prestaciones, además del anexo de contrato que expresa su voluntad de mantener dicho régimen previsional. Afirma que la AFP efectuó una interpretación restrictiva y formalista de la normativa, exigiendo requisitos no contemplados en la ley, privándolo injustificadamente de la devolución de sus fondos previsionales y otorgándole un trato discriminatorio respecto de otros solicitantes en igual situación.

Solicita, en definitiva, que se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales de su propiedad, conforme a la Ley N°18.156.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone que el 25 de febrero de 2026 el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acompañando certificado de título profesional, certificado emitido por la Orden de Ingenieros y Arquitectos de Beirut de 11 de mayo de 2025, contrato de trabajo y anexos suscritos con Ericsson Chile SpA y el respectivo finiquito. Señala que, tras analizar dichos antecedentes conforme a la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazó la solicitud mediante resolución de 27 de febrero de 2026.

Explica que el rechazo obedeció, en primer lugar, a que no fue posible acreditar la veracidad del anexo de contrato de trabajo de 1 de julio de 2019, por cuanto en una solicitud anterior el recurrente había acompañado un anexo firmado electrónicamente el 22 de octubre de 2024, esto es, con posterioridad al término de la relación laboral en julio de 2024, razón por la cual no se acreditó que hubiera manifestado, durante la vigencia del contrato, su voluntad clara e inequívoca de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, requisito exigido por el artículo 1° letra b) de la Ley N°18.156 y por la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones. Añade que también se requirió acompañar el certificado original de afiliación al sistema previsional extranjero, debidamente legalizado o apostillado, emitido por la institución competente, por cuanto el documento presentado correspondía únicamente a una traducción cuya autenticidad no pudo verificarse y no acreditaba que el recurrente hubiese contado, durante toda la relación laboral, con cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, sostiene que el certificado acompañado contenía coberturas sujetas a condiciones, tales como mantener vigente la inscripción profesional y el pago oportuno de cuotas, por lo que no acreditaba una cobertura previsional "a todo evento" en los términos exigidos por la ley.

Fundamenta su actuación en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en diversos oficios e instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, así como en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que regulan el reconocimiento de documentos públicos otorgados en el extranjero. Agrega que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, cuyos requisitos son copulativos y de interpretación estricta, por lo que la devolución de fondos solo procede cuando se acreditan íntegramente las exigencias legales. Finalmente, sostiene que AFP Modelo actuó en estricto cumplimiento de la normativa e instrucciones del organismo fiscalizador, sin incurrir en acto ilegal o arbitrario alguno, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido invariablemente que la acción de protección no constituye una instancia declarativa de derechos, sino que su objeto es la tutela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, aparece que la decisión de AFP Modelo S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente se fundó en el incumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, órgano cuyas instrucciones resultan obligatorias para las Administradoras. En particular, la recurrida estableció que no se acreditó que el recurrente hubiera manifestado, durante la vigencia de la relación laboral, su voluntad de mantenerse afiliado al régimen previsional extranjero y que la documentación acompañada tampoco permitía acreditar el cumplimiento del requisito relativo a la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que otorgara cobertura, a todo evento, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

SEXTO: Que, en efecto, de los antecedentes consta que la recurrida rechazó la solicitud al advertir que el anexo de contrato acompañado para acreditar la voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero no resultaba idóneo, por cuanto en una solicitud anterior el propio recurrente había acompañado un documento firmado electrónicamente con posterioridad al término de la relación laboral, circunstancia que impedía tener por acreditado que dicha manifestación de voluntad hubiese existido mientras el vínculo laboral se encontraba vigente, conforme lo exige el artículo 1 letra b) de la Ley N°18.156 y la interpretación obligatoria impartida por la Superintendencia de Pensiones. Asimismo, constató que el certificado de afiliación al sistema previsional extranjero no se encontraba debidamente legalizado o apostillado, no fue posible verificar su autenticidad y, además, no acreditaba que el recurrente hubiera contado durante todo el período de prestación de servicios en Chile con cobertura efectiva e integral para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, desde que las prestaciones allí consignadas se encontraban sujetas a determinadas condiciones.

SÉPTIMO: Que, siendo la Ley N°18.156 una normativa de carácter excepcional, sus requisitos deben cumplirse íntegramente para que proceda la devolución de fondos previsionales. En consecuencia, al no acreditarse el cumplimiento de los presupuestos legales exigidos, la decisión adoptada por la AFP recurrida aparece debidamente fundada en la normativa vigente y en las instrucciones impartidas por el organismo fiscalizador, sin que se advierta un actuar ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por la presente vía cautelar.

OCTAVO: Que, en estas condiciones, no concurriendo un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por el actor, falta el presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de protección, razón por la cual el presente arbitrio deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-9681-2026.