nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta de julio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece la abogada Carla Nicole Cañón Rubio, en representación de nombre reservado, de nacionalidad brasilera, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por haber rechazado ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita que se ordene a la recurrida reconocer la documentación suministrada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento favorable sobre la solicitud planteada.

Relata que la recurrente es una ciudadana brasileña, Licenciada en Hotelería por la Universidad Anhembi Morumbi, São Paulo (2013). Su título ha sido apostillado conforme al Convenio de La Haya mediante Apostilla CNJ N° 0713134-20 de fecha 16 de diciembre de 2020, y traducido oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile bajo la Traducción OL-2024/00011372, de fecha 7 de octubre de 2024.

Indica que presta servicios en Chile desde el 1 de julio de 2019, desempeñándose actualmente como Gerenta de Talento & Cultura Eco & Mid Países Hispánicos Sudamérica en Accor Hotels Chile SpA, cargo de alta dirección técnica que requiere conocimientos especializados en gestión hotelera internacional. Anteriormente prestó servicios en Atton Vitacura SpA desde el 16 de agosto de 2019 hasta el 2 de mayo de 2021.

Sostiene que ha acompañado toda la documentación exigida por la normativa y por la propia Superintendencia de Pensiones, a saber, el certificado de filiación de su país de origen, títulos técnicos y profesionales debidamente apostillados, cédula de identidad para extranjeros, sin embargo, la recurrida ha rechazado reiteradamente la solicitud de devolución, invocando fundamentos genéricos y carentes de motivación concreta, siendo este último en marzo de 2026.

Explica que en esta última ocasión, con fecha 15 de diciembre de 2025, ingresó ante AFP UNO la Solicitud N°1847201 de devolución de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156, acompañando la totalidad de la documentación exigida por la Circular N°553 de SAFP.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2025, la recurrida notificó a la recurrente mediante correo electrónico que el Certificado Institución de Seguridad Social no cumplía los criterios de aceptación, sin especificar defecto técnico alguno, otorgando un plazo de 4 días para subsanar, lo que realizó dentro de plazo. Menciona que durante más de 90 días, el trámite permaneció en estado 'Ingresado' sin resolución, mientras el sistema de AFP UNO desplegaba simultáneamente el mensaje “Según nuestros registros ya realizaste el retiro de fondos para tu empleador”, bloqueando cualquier nueva gestión por un error de registro interno de la Administradora.

Luego, con fecha 18 de marzo de 2026, la recurrente presentó reclamo ante la Superintendencia de Pensiones (Código C20260318-065531) lo que devino en la carta GG 17281-2026, de fecha 25 de marzo de 2026 de la recurrida, en la cual por primera vez y en forma expresa comunicó el rechazo formal de la solicitud, invocando como único motivo que no es posible verificar que la información contenida en el certificado se mantenga vigente a la fecha de la solicitud, considerando que fue emitido con fecha 7 de octubre de 2024, habiendo transcurrido más de un año desde su emisión al momento de la revisión de los antecedentes.

Explica que el Instituto Nacional do Seguro Social de Brasil (INSS) es un organismo de derecho público del Estado brasileño, cuya existencia institucional y régimen de coberturas no están sujetos a modificaciones temporales que requieran actualización anual. La afiliación de la recurrente al INSS desde el 1 de diciembre de 2007 (N°2.021.304.236-8) es de naturaleza continua e indefinida mientras ella mantenga su condición de asegurada.

En cuanto al derecho, argumenta que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, produciendo una retención injustificada que no resulta razonable.

Respecto a la vulneración de derechos constitucionales, sostiene que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al darle un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con la legislación vigente, han obtenido respuestas favorables, requiriéndole documentación adicional de manera caprichosa. Añade que también se vulnera el derecho de propiedad privada, al impedir injustificadamente la devolución de sus fondos previsionales, privándolo de los atributos esenciales del dominio sobre dichos recursos.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso y se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. reconocer la documentación suministrada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. en el siguiente tenor.

Expone que ante la solicitud realizada por la actora el 15 de diciembre de 2025, rechazó dicha petición el 16 del mismo mes y año.

Posteriomente y ante la consulta realizada ante la Superintendencia de Pensiones, comunicó a la actora que no fue posible verificar que la información contenida en el Certificado de Afiliación se mantuviera vigente a la fecha de la solicitud, puesto que fue emitido con fecha 7 de octubre de 2024, habiendo transcurrido más de un año desde su emisión al momento de la revisión de los antecedentes, por lo que se solicitó un certificado actualizado que contenga la misma información a fin de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

En cuanto al derecho, señala que conforme a lo establecido en la Ley N°18.156, su decisión se basó exclusivamente en la insuficiencia material del antecedente acompañado para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, particularmente en lo relativo a la vigencia de la cobertura previsional en el extranjero, distinguiendo la validez formal de un documento extranjero y su aptitud probatoria para acreditar el cumplimiento de un requisito legal específico.

Sostiene que si bien la apostilla, conforme al Convenio de La Haya y la normativa interna aplicable, permite reconocer la autenticidad del documento en el territorio nacional sin necesidad de legalización adicional, ello en modo alguno implica que dicho instrumento resulte suficiente, por sí solo, para tener por acreditados los hechos que en él se contienen, ni menos que exima a la recurrida de su deber legal de verificar el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en la Ley N°18.156.

Arguye que conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la citada ley, constituye un requisito esencial que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigencia que, según el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, debe acreditarse mediante certificación idónea, debidamente legalizada o apostillada, que permita constatar fehacientemente dicha circunstancia. Sin embargo, la sola existencia de un documento formalmente válido no satisface dicha exigencia si su contenido no permite verificar, de manera actual y efectiva, la concurrencia del requisito legal.

En cuanto a la improcedencia de la acción de protección, señala que no se configura un acto u omisión ilegal o arbitraria que produzca agravio, perturbando alguna de las garantías constitucionales de la Carta Fundamental.

Pide, en definitiva, se rechace la presente acción de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la comunicación de fecha 25 de marzo de 2026 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N°18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

QUINTO: Que, según el artículo 7 de la Ley N° 18.156, los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones previsionales en una administradora podrán solicitar su devolución, siempre que hayan cumplido previamente con las condiciones del artículo 1° del mismo cuerpo legal. Entre estas, se contempla que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Esta normativa ha sido complementada y precisada por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones emitido por la Superintendencia de Pensiones.

SEXTO: Que en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se observa que la recurrente acompañó una Declaración de Seguridad Social de fecha 7 de octubre de 2024 con el fin de acreditar su afiliación al sistema previsional brasilero, el que si bien cuenta con la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente, requisito esencial para que dicho documento produzca efectos legales en Chile, no permite acreditar fehacientemente la vigencia del mismo, atendida la fecha en que fue emitido.

SÉPTIMO: Que, en este contexto, la resolución de rechazo dictada por la administradora no se presenta como un acto ilegal, en la medida que encuentra sustento en normas legales y administrativas expresas. Tampoco se divisa arbitrariedad en su emisión, toda vez que se han aplicado de manera razonable y objetiva los requisitos previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, sin apreciarse elementos de discriminación, irracionalidad o desvío de poder. Por el contrario, el actuar de la AFP Uno S.A. se ajusta a las facultades que le otorga la ley para verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para proceder con la devolución de fondos previsionales.

OCTAVO: Que por lo demás, no se priva a la recurrente de la posibilidad de obtener la devolución de sus fondos en el futuro. En tal sentido, el rechazo actual no constituye una afectación definitiva o irreparable de sus derechos, sino una negativa basada en el incumplimiento de requisitos objetivos que pueden ser eventualmente subsanados.

NOVENO: Que en atención a todo lo anterior, no se configura en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que justifique acoger la acción de protección intentada, la cual, como ha sido señalado reiteradamente por la jurisprudencia de los tribunales superiores, exige la existencia de un derecho indubitado, actual y evidente, cuyo ejercicio se vea afectado por una acción u omisión contraria a derecho.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se rechaza, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9678-2026.