nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dos de junio de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Bernardo Ambrosio nombre reservado Díaz, abogado, quien interpone recurso de protección en contra del nombre reservado, representado por su Superintendente Marco Antonio Cumsille Eltit.

Recurre contra el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en su separación de las filas de la institución del nombre reservado, sanción adoptada por el Consejo Superior de Disciplina del mismo organismo, el 05 de noviembre de 2020. Alega como garantías vulneradas el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Solicita, en concreto: 1) que se declare la nulidad del procedimiento en que se impuso por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, de fecha 05 de noviembre de 2020, la sanción de separación de las filas de la institución, revocándola y ordenando su reintegro; y 2) que se ordene al nombre reservado la restitución de todas las “prendas de cargo”, que en razón de la sanción impuesta, tuvo que entregar, a saber, casco de trabajo estructural, uniforme estructural, uniforme de combate de incendios forestales, tarjeta de identificación bomberil, y todo aquel que le pertenecía en asignación para cumplir sus labores institucionales.

Fundamenta el recurso, relatando que se desempeñó como Bombero de la Decimoctava Compañía de nombre reservado, desde el 18 de diciembre de 2008 hasta el 05 de noviembre de 2020, fecha en la que fue sancionado. Agrega, que compareció a la Junta de Oficiales Disciplinaria, el 28 de julio de 2020, a raíz de una citación por infringir los artículos 18, inciso segundo y 53 letra K, del Reglamento Interno de su compañía, siendo los hechos que se le imputan, el haber proferido expresiones groseras, descalificatorias, humillantes y ofensivas en contra del voluntario nombre reservado en la red social de Facebook, como, también, en contra del voluntario nombre reservado, en el marco de un dialogo mantenido en un grupo de whatsapp.

Los antecedentes, indica, fueron elevados al Consejo de Disciplina de la Decimoctava Compañía de nombre reservado, organismo que conoció del caso, con citación, de su parte, el 22 de septiembre de 2020.

Alega, que se infringieron plazos reglamentarios, pues el establecido para celebrar cualquier sesión respecto de cuestiones disciplinarias, no puede ser superior a dieciocho días hábiles, según el Reglamento ya citado, siendo que a la fecha de celebración de la sesión, indicada precedentemente, habían transcurrido treinta y cuatro días hábiles, circunstancia ésta, que fue desestimada por el organismo, aduciendo que por tratarse de un plazo administrativo, no lo obligaba, ni producía la caducidad de su competencia.

Sostiene, también, que se le negó acceso a la información que requirió, en atención a saber quién fue la o las personas que entregaron los antecedentes al organismo sobre su caso, entregando las conversaciones en redes sociales y whatsapp. Indica, que sobre estos antecedentes eventualmente se puede configurar un caso de prueba ilícita.

Aduce, que alegó como atenuante que en las conversaciones reprochadas fue provocado por las personas aludidas en los cargos infraccionales, sin embargo, el Consejo de Disciplina considero los hechos como graves y decidió su expulsión.

Expone, que los voluntarios nombre reservado y nombre reservado también fueron citados por los mismos organismos disciplinarios y por infracción a los mismos artículos, aplicados a los mismos hechos, sin embargo, a ellos se los sancionó con suspensiones de treinta y sesenta días respectivamente.

De dicha decisión apeló ante el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, organismo que acogió su recurso, rebajando la sanción de expulsión a separación, consistente en que el voluntario deja de pertenecer a la institución por un periodo de seis meses, estimando, que esta resolución carece de motivación o fundamento.

En cuanto al derecho al debido proceso, lo considera vulnerado, porque el procedimiento disciplinario al que fue sometido habría sido artificioso, sin respetar parámetros constitucionales, y en los que no tenía cabida ningún argumento jurídico, sino solo “los principios y valores que sustentan la institución”.

Argumenta, que se habría infringido la bilateralidad de la audiencia porque no se le permitió acceso a los medios probatorios en virtud de los cuales se tuvieron por demostradas las infracciones imputadas, lo que además, constituiría una vulneración a la normativa reglamentaria de la institución recurrida.

Por otro lado, arguye, en concreto, la falta de motivación o fundamento de las decisiones que determinaron sus sanciones, toda vez, que la resolución solo establece la pena, sin hacer referencia a ninguna de sus alegaciones o defensas, ni a los puntos de debate en las sesiones que fueron convocadas al efecto.

Sobre la igualdad ante la ley, aduce que se vulnera porque en el procedimiento sancionatorio llevado en su contra no se respetaron u observaron, a lo menos, siete disposiciones reglamentarias que lo rigen, siendo juzgado al tenor de normas especiales, arbitrarias e ilegales, y además, por la sanción misma impuesta, pues a los otros dos voluntarios involucrados en el caso, por los mismos hechos, se les impusieron castigos de suspensión de treinta y sesenta días, y a él uno más gravoso, como lo es el de separación.

Segundo: Que, informando, comparece el abogado Alejandro Peña Ceballos, en representación del nombre reservado, haciendo primeramente una referencia a la cronología de hechos narrada por el recurrente, expresando en particular, que uno de los aspectos que resalta el actor en su libelo, es el relativo a los plazos establecidos en el Reglamento de la 18° Compañía de Bomberos, específicamente el artículo 53 inciso segundo, que dispone uno de dieciocho días corridos, para sesionar, contados desde que se toma conocimiento de un hecho, el que tratándose de un órgano colegiado, requiere de la existencia de comunicación oficial a todos sus integrantes, para que el mismo empiece a correr. Subraya, que este plazo no es una norma de prescripción de faltas, como pretende el actor, sino que está previsto para que el órgano entre en conocimiento de alguna cuestión.

Relata que el protegido, solicitó los nombres de los bomberos que habían hecho las denuncias respectivas, lo que indica que tenía conocimiento de los cargos efectuados, y lo que pretende es conocer los nombres de las personas que declararon y que podrían haberse sentido afectados por sus actos, sin embargo, en la citación recibida se expresaba claramente el nombre de los involucrados.

Sobre la configuración de una eventual prueba ilícita, por haber sido emitidas las expresiones en redes sociales privadas, puntualiza que el recurrente no niega los hechos, sino que pretende de manera formal excluir la base de su sanción. Aduce, que no existiría una vulneración a la privacidad, toda vez, que varias personas participan de los grupos de facebook y whatsapp y cualquiera de ellos tiene acceso a las imágenes de lo escrito, de manera, que no se han afectado los derechos del recurrente.

En cuanto a las infracciones al debido proceso, argumenta en relación a la imparcialidad de los jueces, que el actor se refiere al Secretario y al Director de su Compañía, en circunstancias que ninguno de los nombrados hizo un juzgamiento previo de los hechos descritos, por el contrario, el Secretario solo informó el resultado de una investigación, y el Director se refirió en términos generales a la situación sin nombrar a ningún involucrado, y menos al señor nombre reservado.

Asimismo, dice, que el actor yerra al considerar los procedimientos incoados en Bomberos como procesos judiciales, sino que son órganos disciplinarios que resuelven con un estándar de convicción distinto, esto es, en conciencia como jurado. Igual razón, -puntualiza-, aplica respecto de las omisiones de justificaciones de hecho y derecho por parte de los juzgadores, y la inversión de la carga probatoria, que reprocha el recurrente, por cuanto, no se trata de un proceso penal.

Subraya, que en todas sus alegaciones, el protegido solo se ha referido a las formas, y no al fondo del asunto, sin negar su participación en los hechos motivo del procedimiento disciplinario.

En cuanto, a la desproporción de la sanción que se reprocha, hace presente, que aquella de expulsión impuesta por el Consejo de Disciplina de la 18° Compañía, fue rebajada por el Consejo Superior a “separación” , e indica que los Cuerpos de Bomberos, son corporaciones de derecho privado, diferentes a otras, toda vez, que cumplen una finalidad de utilidad pública, y son esenciales en la seguridad que prestan a la sociedad, sustentándose en normas jerarquizadas, con un mando superior, el que al faltar, es subrogado por el voluntario con mayor cantidad de años de servicio, siendo su principios fundamentales la fraternidad, camaradería, disciplina, respeto mutuo, compañerismo y obediencia entre pares y superiores.

Es así, que dentro de este contexto, las expresiones groseras, descalificatorias, humillantes y ofensivas hacia otros voluntarios, que profirió el actor en redes sociales, importan un menoscabo en lo personal y en lo bomberil, lo que finalmente se ponderó de acuerdo a los hechos, imponiéndose la sanción de “separación” por el órgano disciplinario, el que como tribunal de honor, no se encuentra integrado por miembros letrados, de modo, que la pena se aplica conforme las circunstancias en que acaecen los hechos, los que son reconocidos por el propio recurrente, evidenciando su gravedad.

Aduce, que en caso alguno ha vulnerado las garantías constitucionales que menciona el protegido, el que ha detallado un conjunto de cuestionamientos, sin base jurídica, con respecto a las actuaciones reglamentarias del nombre reservado, siendo su verdadera pretensión que esta Corte revise los presupuestos fácticos de la sanción adoptada, valorando en esta sede los hechos que fueron establecidos y juzgados, en las distintas instancias disciplinarias bomberiles, en un caso previsto en la reglamentación vigente y de acuerdo a sus potestades, justificándose la severidad de la sanción aplicada, por cuanto, la conducta importó una actuación contra derechos de otros voluntarios, afectando gravemente la convivencia dentro de su Compañía.

En lo tocante a la vulneración al derecho al debido proceso, y a no ser juzgado por comisión especial, en el recurso se reprocha que se le comunicaron hechos genéricos, ambiguos y que no se le habría informado quienes serían los voluntarios que lo acusaban, sin embargo, es apreciable del relato, que desde un inicio se le comunicó cuales eran los hechos que se le imputaban.

Por otra parte, -explica-, el estándar de convicción en un órgano disciplinario, es distinto al judicial, el que resuelve en conciencia como jurado.

Respecto a la vulneración al principio de legalidad que se denuncia, si bien el actor no expresa con claridad cuáles serían las normas mínimas de procedimiento, ni las reglas especiales, arbitrarias e ilegales, afirma, que las reglas de los organismos disciplinarios del nombre reservado, se encuentran establecidas en los Reglamentos respectivos, y han sido cumplidas a cabalidad, siendo un asunto distinto el que el recurrente interprete de forma antojadiza algunas de ellas, como por ejemplo, aquellas referidas a dieciocho días como plazo para celebrar sesiones de Juntas de Oficiales o Consejo de Disciplina en la 18° Compañía, en circunstancias que el procedimiento disciplinario se apegó a los Reglamentos vigentes, y fue conocido por los órganos competentes y debidamente facultados para ello, fue citado comunicándole los cargos, con todas las menciones necesarias para que el interesado efectuara sus descargos, fue escuchado, se rindió prueba, y se notificaron reglamentariamente sus resoluciones.

Cita que en la instancia, al conocerse del recurso de apelación, ante el Consejo Superior de Disciplina, el recurrente manifestó que sentía que allí no se había vulnerado ninguno de sus derechos, expresando, como consta del acta: “Creo que debería ser sancionado por mis faltas. Entiendo que mi conducta fue reprochable. Siempre he estado dispuesto a recibir una sanción.”.

Finaliza, solicitando se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Asimismo, se ha sostenido por la jurisprudencia, que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que el acto recurrido, que el protegido califica como arbitrario e ilegal, es la separación de las filas de la institución del nombre reservado, sanción adoptada por el Consejo Superior de Disciplina del mismo organismo, el 05 de noviembre de 2020, sesión en la que se revisó el recurso de apelación que presentó contra la pena de expulsión, que el 22 de septiembre de 2020, le impuso el Consejo de Disciplina de la Décimo Octava Compañía de Bomberos “Vitacura”, organismo que finalmente dispuso acoger su recurso, en cuanto, rebajó dicho castigo al de separación de las filas.

Quinto: Que los Cuerpos de Bomberos son entidades voluntarias y privadas, que realizan actividades reconocidas como servicio de utilidad pública, siendo su estructura organizacional excepcional, como resultado de un ejercicio privado de asociación, con autonomía gubernativa.

De este manera, la ley N° 20.564, que establece la ley marco de Bomberos de Chile, en su artículo 1° dispone que: “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, las de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.”.

Así, entonces, la naturaleza jurídica del nombre reservado es la de persona jurídica de derecho privado, declarando al respecto el Tribunal Constitucional que “…Su personalidad jurídica es de derecho privado y el legislador no los crea ni los define en sus elementos esenciales, como lo hace con un servicio público..”.

En este contexto, el derecho de asociación, es el que determina su existencia y autorregulación, como persona jurídica, pudiendo dictar sus estatutos internos, y demás normas de conducción, gozando de un trato diferenciado por el legislador, por ejecutar una actividad distinta a otras personas jurídicas, como es la prestar su auxilio y protección a la población frente a incendios, accidentes y emergencias, servicio que prestan de conformidad a sus propios reglamentos.

Actividad que se encuentra reconocida en la Constitución Política de la República, en su artículo 1° inciso tercero, estatuyendo que: “..el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.”. Además, de garantizar en su artículo 19 numeral 15°, el derecho de asociación.

De tal manera, que la finalidad pública del servicio, se encuentra reconocida y garantizada, como persona jurídica de derecho privado, sin perjuicio de que ésta se lleva a cabo a través de sus propios estatutos institucionales, los que son regulados en forma autónoma, de acuerdo a la capacidad potestativa de los Cuerpos de Bomberos.

Sexto: Que acorde, con esta capacidad de gobierno y autonomía para regular sus estatutos internos, tanto el Reglamento de la 18° Compañía de Bomberos Vitacura, como el Reglamento del nombre reservado (2020), estatuyen un régimen sancionatorio, que determina las reglas y procedimientos aplicables frente a las infracciones a comportamientos y deberes de la institución que puedan cometer los voluntarios pertenecientes a dicha Compañía.

Ahora bien, tal normativa aplica al actor como voluntario activo perteneciente a la 18 Compañía de Bomberos Vitacura, la que en su Reglamento, en el Título II, Del Personal, artículo 2°, previene que “El personal de la Compañía se compone de individuos de cualquier nacionalidad que hayan sido aceptados en la forma prescrita por este reglamento y que se encuentren inscritos en el Registro de la Compañía y en el Registro General del Cuerpo.”. Y en su artículo 3°, establece que: “El personal se compone de voluntarios activos y honorarios. Son honorarios aquellos que han obtenido tal calidad de conformidad con este Reglamento; los demás son activos.”.

Por su parte, el Título IV, que trata sobre los voluntarios activos, en su artículo 12° dispone que: “Es obligación de los voluntarios activos: a) Asistir a todos los actos del servicio que correspondan; y b) Guardar en el servicio el más absoluto orden y disciplina y obedecer sin réplica las ordenes que reciban de sus jefes.”.

Séptimo: Que en armonía con estas normas, en el Título VI, sobre “Disposiciones Generales Acerca de los Voluntarios”, artículo 18°, se determina que: “Los voluntarios deberán obediencia a sus jefes en los actos del servicio y en el cuartel. Deberán asimismo, respeto al uniforme y a los oficiales y entre sí se guardarán mutua consideración. Cualquier acción u omisión que cometan los voluntarios y que afecte al prestigio y al buen nombre de la Compañía se considerará falta grave y de ella deberá conocer necesariamente la Junta de Oficiales, citando a comparecer al afectado por carta enviada al domicilio que tenga registrado en la Compañía, el cual se considerará subsistente mientras el Voluntario no comunique haberlo cambiado.”.

En su artículo 32°, sobre las facultades del Director, bajo el número 2°, -entre otras-, dispone que el Director es el Jefe superior de la Compañía, y como tal le corresponde, velar por su disciplina y buen nombre.

Octavo: Que los Títulos XVI, y XVII, reglamentan la constitución de la Junta de Oficiales, y del Consejo de Disciplina, así como las materias sometidas a su conocimiento, y formas de los procedimientos.

Al efecto, en lo relativo a la Junta de Oficiales, ésta se encuentra conformada por los Oficiales citados por el Director, la que se reúne en sesión secreta, y en lo que interesa en este arbitrio, para tratar asuntos disciplinarios, debe reunir a cinco oficiales, siendo presidida por el Capitán titular o el Capitán interino, siempre y cuando este sea el Teniente 1° titular, la que deberá celebrar sesión por lo menos una vez al mes, y además cuando lo soliciten por escrito cinco voluntarios expresando su objeto. (artículos 48, 49 y 50).

En su artículo 53, establece que corresponde a la Junta de Oficiales, conociendo en primera instancia, juzgar y sentenciar las faltas a la disciplina que impone el Reglamento de la Compañía, así como el Reglamento General, además de las que detalla expresamente, entre ellas: en su literal f) “Actuar en cualquier forma que contravenga la disciplina en el servicio.”, y en su letra k), “Cometer cualquier acto que afecte a los intereses generales de la Compañía”; constituyéndose para estos efectos en sesión disciplinaria, la que actuará como jurado, en un procedimiento en que se escucha al afectado, –previa citación por carta certificada indicando el motivo del requerimiento-, quien debe efectuar su defensa personalmente, sin representación de letrados ni de terceras personas; agregando en su artículo 54, que se dejara constancia en el acta respectiva, de los cargos y descargos formulados en la sesión, de la prueba rendida, de las disposiciones reglamentarias infringidas, si las hubiera, de las votaciones, y de las resoluciones adoptadas, las que en todo caso deberán ser fundadas; reuniones y antecedentes que serán reservados.

Luego, en los artículos 58 a 72, se establecen las normas que regulan la integración, competencia y forma de conocer de los asuntos disciplinarios, por el Consejo de Disciplina. Así, dispone, que se encuentra integrado por el Director, y seis voluntarios honorarios elegidos anualmente de entre aquellos que no desempeñaren cargo alguno, salvo el de Cirujano, y cuando corresponda, por el Capitán y el Secretario, quienes celebran sesión para sentenciar la ejecución en el servicio o en su carácter particular, de cualquier acto que contravenga la normativa vigente de la Compañía, y además para sentenciar cualquiera de las faltas cuyo conocimiento corresponda a la Junta de Oficiales, cuando ésta lo haya resuelto así, señalándose un plazo de dieciocho días para convocar a sesión, desde que este organismo tenga noticia de alguna causal de su competencia.

Asimismo, determina que las reuniones y los antecedentes serán reservados, debiendo conocer en primera instancia de las faltas cometidas por los Oficiales y miembros del Consejo, quienes solo pueden comparecer en calidad de acusados a la sesión en que se trate su caso, a fin de juzgar y dictar sentencia.

Además –previene su artículo 63- que conocerá de los casos que eleve a su juzgamiento la Junta de Oficiales Disciplinaria, caso en el que el Capitán o quien haya presidido la Junta de Oficiales Disciplinaria en su reemplazo, actuará como Relator, sin derecho a voto, debiendo abandonar la sala una vez finalizada la exposición, permaneciendo el Secretario de la Compañía, -sin derecho ni a voz ni voto-, haciendo uso de la palabra cuando corresponda, en su calidad de ministro de fé.

Este Consejo actúa como jurado, oyendo al acusado previa citación, por carta certificada indicando el motivo de la comparecencia, siendo las defensas personales, sin representación de letrados ni terceras personas.

En cuanto a las penas, se estatuye, que podrá aplicar aquellas que impone la Junta de Oficiales Disciplinaria y, además, las de separación y expulsión, dejándose constancia en el acta de la sesión de los cargos y descargos formulados, de la prueba rendida, de las disposiciones reglamentarias infringidas, si las hubiera, de las votaciones y de las resoluciones adoptadas, las que en todo caso deberán ser fundadas, pudiendo apelarse solo en los casos de separación y expulsión de acuerdo al Reglamento General.

Noveno: Que por su parte, el Reglamento General, en su artículo 100, previene que “Los Bomberos deben obediencia a sus Jefes en los Actos del Servicio y en el Cuartel, asimismo respeto al uniforme, a los Oficiales y, entre sí, se guardarán mutua consideración. (…). En los Actos del Servicio la calidad de Bombero prevalecerá sobre toda profesión u oficio. (…).”.

Y en su artículo 102, estatuye que: “Toda persona, por el solo hecho de ingresar a la Institución, presta adhesión a sus Estatutos y Reglamentos y se compromete a acatar las decisiones de sus organismos disciplinarios, incluyendo tan solo las instancias que a su favor le otorgue este Reglamento.”.

Además, en su artículo 109, establece que: “Las cuestiones que se suscitaren entre los Voluntarios deberán ser ventiladas respetuosamente entre solo ante sus Jefes respectivos. Los Voluntarios tienen la facultad de representar a sus superiores, respetuosamente y por los canales pertinentes, las conductas que contravengan las reglas de mutua consideración y trato acorde a la dignidad de las personas. Así mismo, les asiste el derecho a denunciar los actos o conductas constitutivos de acoso sexual, conforme a las disposiciones del respectivo Acuerdo de Carácter Permanente. Está prohibido utilizar los medios de comunicación, o de cualquier índole, para hacer públicos los problemas entre Voluntarios, sean éstos de tipo particular o referidos al servicio.”.

En cuanto al régimen disciplinario de las Compañías, en sus artículos 74 y siguientes, determina que: el ejercicio de tales funciones corresponderá a los Consejos de Disciplina, Juntas de Oficiales o Consejos de Administración, según sea el caso; que las reuniones de los Consejos de Disciplina y los antecedentes de que conozcan serán reservados, excepto para el inculpado y para el Consejo Superior de Disciplina, los que deberán mantener la reserva señalada; que los Consejos de Disciplina conocerán de las faltas cometidas por los Oficiales y miembros de esos Consejos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 79°, integrándolo el Capitán y el Secretario con derecho a voz y voto; que conocerán también de los casos que eleve a su juzgamiento la Junta de Oficiales o el Consejo de Administración, según corresponda; que las sanciones de separación y expulsión podrán apelarse ante el Consejo Superior de Disciplina; que los organismos disciplinarios de las Compañías actuarán como jurado, y procederán oyendo al afectado previa citación por carta certificada indicando el motivo de la misma; que las defensas serán personales y no se aceptará la representación por letrados ni por terceras personas; que en el Acta de la Sesión se dejará constancia de los cargos y descargos formulados, de la prueba rendida, de las disposiciones reglamentarias infringidas, si las hubiera, de las votaciones y de las resoluciones adoptadas, las que en todo caso deberán ser fundadas.

Décimo: Que asimismo, en sus artículos 60, 62 y 63, dispone que el Consejo Superior de Disciplina, en pleno, actuando como jurado, conocerá en segunda instancia, de las sanciones de expulsión o de separación aplicadas por los Consejos de Disciplina de las Compañías, si aquellas fueran objeto de apelación, pudiendo imponer a los voluntarios sanciones de expulsión, separación, suspensión hasta por noventa días, anotaciones especiales en las hojas de servicios, amonestación verbal o por escrito, exoneración del cargo, entre otras.

Undécimo: Que el recurrente, reprocha, que el Consejo de Disciplina habría excedido el plazo de dieciocho días establecido en el artículo 60 del Reglamento de la 18° Compañía, para celebrar sesión, contado desde que la Junta de Oficiales, el 28 de julio de 2020, le elevara los antecedentes, sin aportar otro argumento o petición al respecto. Al respecto, en la sesión en la que se conocieron los hechos, el Consejo deja expresa constancia de las restricciones de desplazamiento y reuniones vigentes con motivo de la pandemia, la que realiza a través el uso de una aplicación mediante video conferencia. Esta situación de excepción que vive el país, y que ha afectado el funcionamiento presencial de los organismos, implica un entorpecimiento provocando dilaciones de los plazos fijados para un régimen de normalidad, no siendo en este caso, el citado, uno de caducidad de la facultad o competencia del órgano disciplinario para conocer de los hechos, la que no se extingue por haberse excedido el plazo para convocar a la sesión correspondiente, la que se mantiene en la forma estatuida en el Reglamento. Además, que e ello no derivó un perjuicio al afectado quien conoció oportunamente de la citación, y concurrió a la audiencia para presentar sus descargos.

Duodécimo: Que de los antecedentes acompañados, resulta apreciable que el protegido, fue citado primeramente ante la Junta de Oficiales, mediante carta certificada en la que en forma extensa se detallan los hechos por los cuales se le convoca, citándose en forma expresa las expresiones descalificatorias y groseras que emitiera en contra de los voluntarios Urrutia y Jiménez, en el marco de diálogos mantenidos en la red social Facebook, y en Whatsaap en un grupo denominado “Grupo Técnico Hazmat”, conformado por diversos voluntarios de la 18° Compañía. Adjuntándole, para una mejor referencia copias de pantalla de los señalados diálogos, así como las normas reglamentarias infringidas.

La alegación que aquello constituiría una prueba ilícita, por no haberse dado razón de la identidad de quien la habría proporcionado, no tiene asidero, en el contexto del conocimiento que en calidad de jurado hace el órgano disciplinario, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Reglamento de la 18° Compañía de Bomberos, como en su Reglamento General, como se ha venido reseñando, y según se ha dicho anteriormente, acorde con la naturaleza jurídica del nombre reservado –persona jurídica de derecho privado-, cuya existencia se encuentra regulada por el derecho de asociación, lo que la faculta para autorregularse dictando sus propios estatutos, siendo apreciable que en este caso, éstas han sido observadas por los órganos disciplinarios conforme a sus competencias sancionatorias, citando al actor, dándole conocimiento de los hechos que se le imputan, -los que no desconoció-, ni ante la Junta de Oficiales, Consejo de Disciplina, ni ante el Consejo Superior, oportunidades todas en las que de acuerdo a la forma del procedimiento, se le dieron a conocer los hechos, y la oportunidad de hacer sus descargos, como así también la de presentar antecedentes exculpatorios, constando además las preguntas formuladas al recurrente y sus respuestas, y las declaraciones de los testigos, todo lo que extensa y detalladamente refieren cada una de las actas levantadas en las instancias disciplinarias.

Décimo tercero: Que las circunstancias que esgrime el actor en cuanto, a que no se le habría informado la identidad de quien habría presentado la denuncia, y que los órganos de disciplina no tendrían competencia para conocer del caso por tratarse de hechos que tuvieron lugar fuera del cuartel, en redes sociales y medios de comunicación privados, por atentar a derechos comprometidos como la libertad de expresión y la privacidad, no resultan admisibles en el contexto de la naturaleza jurídica organizativa del nombre reservado, en la que sus asociados en forma autónoma y voluntaria, conforme a su capacidad de autogobierno, establecen sus propios estatutos, -instituyendo derechos y obligaciones para sus integrantes-, en los que como se ha reseñado en los motivos anteriores, han contemplado expresamente las causales y las sanciones disciplinarias aplicables, así como los órganos encargados de conocer y decidir. De tal manera, que cuando los asociados incurren en actuaciones que son contrarias a los fines estatuidos en sus Reglamentos pueden ser sancionados en la forma allí dispuesta, atendida la gravedad de la falta, pudiendo llegar hasta la expulsión de sus filas. Además, conforme al Reglamento de la 18° Compañía, los antecedentes de que conoce el órgano disciplinario son reservados, sin perjuicio, de que tanto en la carta de citación como en las distintas sesiones, consta que se le dio a conocer latamente los hechos de la convocatoria, que el protegido declara conocer y a los involucrados.

Décimo cuarto: Que consecuente con lo que se ha venido relacionando y a la luz de las normas Reglamentarias reseñadas, tanto de la 18° Compañía, como del Reglamento General de Bomberos, -a las se encuentra sujeto el protegido en su calidad de voluntario-, se encuentra la obligación de guardar la mutua consideración y respeto con sus pares, observándose que cualquier acción u omisión que cometan, y que afecte al prestigio y buen nombre de la Compañía se considerará falta grave, correspondiendo al Jefe Superior de la Compañía velar por su disciplina y buen nombre.

Asimismo, se encuentra reglamentada la facultad de los voluntarios de representar a sus superiores, por los canales pertinentes, las conductas que contravengan las reglas de mutua consideración y trato acorde a la dignidad de las personas. Además, el artículo 109 del Reglamento General del nombre reservado, prohíbe expresamente a los voluntarios utilizar los medios de comunicación, o de cualquier índole, para hacer público problemas entre ellos, sean éstos de tipo particular o referidos al servicio.

De lo que resulta manifiesto, que el conocimiento de los hechos en cuestión, los que han sido reconocidos por el recurrente, se encuentran dentro de la competencia, y facultades de los órganos disciplinarios de la institución, estatuidos en el marco reglamentario, al que se encuentra sujeto, y en el deber de respetar, no siendo óbice, el que se le informara o no sobre la identidad del denunciante, y la circunstancia de haberse suscitado los hechos en una red privada, toda vez, que se ocasionó en un grupo de voluntarios de la Compañía, transgrediendo los principios y valores de la institución, plasmados en sus estatutos.

Décimo quinto: Que así las cosas, encontrándose reconocida la facultad de los grupos intermedios de autorregularse, dictando las normas al efecto para regular sus relaciones interpersonales, las que deben ser conocidas y respetadas por sus integrantes, en este caso, el recurrente, en su calidad de voluntario, éste no podía menos que conocer el Reglamento de su Compañía, y el General, con los derechos, deberes, prohibiciones, y régimen disciplinario contenidos en éstos, estatutos que al ingresar se comprometió a respetar. Normas que fueron debidamente aplicadas como consta del tenor de las cartas de notificación y actas de las sesiones llevadas a cabo, ante los competentes órganos disciplinarios, y que constan agregadas en este arbitrio, donde se le comunicaron pormenorizadamente los hechos, y sus anexos, -copias de pantallas de los diálogos en los que se profieren las expresiones ofensivas, groseras y descalificatorias en contra de los otros voluntarios-, constando las declaraciones de los voluntarios, y la oportunidad que se le dio para presentar prueba en su favor, lo que no hizo, sino que por el contrario reconoció sus faltas, y ante el Consejo Superior de Disciplina, manifestó que debía ser sancionado en forma proporcional y justa. También reconoció haber sido suspendido -con anterioridad-, “por cuestiones disciplinarias, e intenté aprender y desarrollar mi carrera bomberil de acuerdo a estos principios y valores.”

Todo lo que llevó a configurar la infracción prevista en el artículo 18 inciso 1° parte final, del Reglamento de la Compañía, relativa al deber de mutua consideración que se deben guardar entre sí los voluntarios, afectando el buen nombre y prestigio de la Compañía, al haberse producido en un medio de redes sociales a la que pueden tener acceso, otras personas, además de los bomberos integrantes del grupo.

Décimo sexto: Que dicha infracción fue motivo de que se impusiera la sanción de expulsión por el Consejo de Disciplina, la que apelada por el recurrente, fue conocida por el Consejo Superior, el que ponderando el tenor del recurso, las declaraciones vertidas por el sr. nombre reservado, ante el Pleno, y los antecedentes aportados, resolvió declarando asistirle el convencimiento de que el voluntario ante la falta en que incurrió, transgredió el artículo 100 del Reglamento General, y, por siete votos contra dos, rebajó la sanción de “Expulsión”, que le aplicó el Consejo de Disciplina de la 18°Compañía, a la de “Separación” de las filas de la Institución, por estimar desproporcionada la aplicada en primera instancia.

Décimo séptimo: Que en consecuencia, y según se ha venido reseñando, los organismos disciplinarios del nombre reservado, conocieron de los dichos y expresiones irreverentes del actor vertidos en diálogos sostenidos en redes sociales integradas por voluntarios de la 18° Compañía, los que involucraron una contravención a las reglas de mutua consideración y trato acorde a la dignidad de las personas, conducta que estaba prohibida según lo estatuido en los artículos 109 del Reglamento General, y 18 del Reglamento de la Compañía, lo que fue representado en su oportunidad, a los superiores, por los canales pertinentes, los que actuaron conforme a la normativa prevista en los Reglamentos de la 18° Compañía, y General, resolviendo en cada instancia, en las que actuando como jurado, en un procedimiento racional y justo, conforme a sus competencias y facultades, guardando el respeto básico y esencial a los derechos fundamentales del actor, quien fue citado, compareció a las sesiones debidamente informado de los hechos y notificado al efecto, fue escuchado bajo las formas establecidas en los estatutos de la institución, siendo sancionado proporcionalmente conforme al estándar reglamentario, como resultado de una conducta que se encontraba prohibida en el supuesto fáctico de los estatutos, a la que estaba sujeto y era conocida en forma previa por el sancionado, por medio de una decisión debidamente informada, suficientemente enunciada y razonada dentro del marco del actuar que en calidad de jurado le corresponde a los institutos disciplinarios.

Décimo octavo: Que así las cosas, de los antecedentes acompañados, y lo informado por la recurrida, no es posible formar convencimiento que esta última haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales, ni resulta dable advertir a su respecto la vulneración de los derechos constitucionales que se denuncian, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible a esta última, lo que resulta suficiente para desestimar el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra el nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección Ingreso Corte N° 96575-2020 .