nombre reservado con INVERSIONES TECNOLÓGICAS S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de abril de dos mil veintiuno.

Al folio 14: A sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, e interpone acción constitucional de protección en contra de INVERSIONES TECNOLÓGICAS S.A., empresa del giro de su denominación, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, chileno, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en hostigarlo mediante insistentes correos electrónicos enviados inclusive en días y horarios inhábiles, y llamadas telefónicas por parte de la recurrida de autos, realizando el cobro extrajudicial de una deuda de un servicio que no contrato, consistente en la instalación de un dispositivo de monitoreo GPS en un vehículo que no es ni ha sido de su propiedad.

Alega como garantías vulneradas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Funda su recurso en que durante el año 2019 trabajó como transportista, conduciendo un vehículo que es de propiedad de la sociedad INVERTARIAS S.A., pues un conocido que el dueño de esta decidió ayudarlo en su calidad de cesante. Le entregó en arriendo un camión de carga para que prestara servicios de transporte a la sociedad PROVERDE S.A.

Es del caso que, como condición a la prestación del servicio, la empresa PROVERDE exigió a INVERTARIAS S.A. que el camión contara con un sistema de GPS, equipos y servicios que fueron instalados y proveídos por la sociedad Inversiones Tecnológicas S.A., que cobrar un valor por la prestación del servicio GPS.

Sobre el servicio de GPS y la instalación de esa función en el camión, alega que se trata de una relación contractual entre las sociedades aludidas, y que el recurrente no fue parte de esos contratos, sin ser quien contrato el servicio de GPS.

Sin señalar época, indica que encontró trabajo estable, por lo que entregó el camión a la empresa arrendadora y dejó de realizar los servicios de transporte. Luego de ello, y a partir del 10 de noviembre de 2020, funcionarios de Inversiones Tecnológicas S.A. lo ha hostigado a diario para el cobro de una deuda por la prestación de los servicios GPS que estaban instalados en el camión.

En cuanto al derecho a la vida e integridad física y psíquica, manifiesta que este se ve vulnerado porque el hostigamiento ha afectado su salud psíquica, teniendo un estado de angustia y desasosiego permanente, teniendo un constante estrés.

En cuanto al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, argumenta que el hostigamiento ha afectado también a su familia, pues las comunicaciones de cobranza ocurren por medios no privados ni formales, pudiendo enterarse de estas cualesquiera personas que tenga acceso a su teléfono celular. En concreto, alega que afecta directamente a su conviviente.

Solicita en concreto que (1) se declare ilegal y arbitrario el acto del recurrido de autos, consistente en constantes y repetidos mensajes vía correos electrónicos y llamadas telefónicas, tendientes a obtener el pago extrajudicial de la deuda de un servicio que no fue contratado por el recurrente; (2) que se ordene a la recurrida que se abstenga de enviar mensajes de cobranza o de ofertas de pago a su correo electrónico, así como cualquier otra medida idónea para reestablecer el imperio del derecho; y que se condene a la recurrida al pago de las costas de esta causa.

Acompañó a su recurso de protección copia de veinte correos electrónicos enviados por la recurrida entre el 10 de noviembre hasta el 03 de diciembre de 2020.

SEGUNDO: Que, informando, comparece José Carlos Palacios, abogado, por la recurrida, y alega, en primer lugar, que Los fundamentos del recurso de protección del señor nombre reservado, no justifican la interposición de una acción cautelar constitucional excepcional, puesto que consisten en un conflicto de orden contractual y de su propio texto no se infiere que exista un derecho fundamental vulnerado. AL respecto indica que se trataría por un lado de un contrato de arrendamiento de un camión, y para el correcto funcionamiento de los servicios de transporte, además se celebró un contrato de arrendamiento de servicios consistente en la provisión de un servicio satelital de rastreo por GPS. Contra lo que se recurre en esta acción constitucional, alega, sería el derecho a ejercer cobranza extrajudicial, que emana del contrato de arrendamiento de servicios.

Por otro lado, señala que la recurrida no ha cometido un acto arbitrario o ilegal, puesto que en realidad sí existió un vínculo contractual entre las partes y además la cobranza judicial estaría siendo ejercida conforme a la regulación legal que establece el artículo 32 de la Ley del Consumidor y la Ley N° 21.062.

Expone que el 10 de octubre de 2016 suscribió un contrato con PROVERDE S.A. para la instalación del servicio GPS en los camiones que conformaban a esa fecha su flota. El 28 de diciembre la misma empresa solicitó a la recurrida la instalación del servicio GPS en el camión con que trabajaba el recurrente. Luego, sin especificar fecha, indica que por correo electrónico, copiado al recurrente, la empresa PROVERDE S.A. le comunicó que a partir de ese momento cada camionero tendría que pagar su servicio de GPS, lo que habría sido aceptado por el recurrente, iniciando a efectuar los pagos directamente.

No solo existiría una relación contractual en virtud de los hechos ya señalados, sino que abunda el hecho de que el recurrente solicitó también la instalación del servicio GPS en un segundo camión. El recurrente habría pagado las facturas 14247 y 14652 por la suma de $104.769, y luego él personalmente habría confirmado que se daba de baja el equipo instalado en uno de los camiones.

Por otro lado, alega que es falso que se haya realizado cobranza extrajudicial en días y horas inhábiles. Señala que de los correos acompañados como antecedente por la recurrente, siete de estos se refieren a la cobranza, y todos son enviados en días y horas hábiles. Los restantes, son correos automáticos que se refieren al estado del GPS, y no guardan relación alguna con los pagos adeudados por el recurrente.

No realiza peticiones concretas, y por escrito de fecha 22 de marzo acompaña una serie de documentos, consistentes en cadenas de correos electrónicos entre agentes de la empresa recurrida y agentes de otras empresas, pero no con comunicación directa con el recurrente, y en ninguno de esos correos es el recurrente quien inicie una conversación o la responda. Por otro lado, acompaña comprobantes de transferencias realizados desde una cuenta corriente que no se especifica a quien pertenece, y una cartola virtual censurada en gran parte, pero respecto de la cual se registra un movimiento de ingreso a la cuenta corriente supuestamente de la recurrida por un pago de $104.749.-, la que habría sido realizada el 27 de enero de 2020 por “ROLANDO EN”, sin mayor individualización que se pueda aportar del documento. También adjunta un contrato de prestación de servicios de GPS y un anexo al mismo contrato que habría sido celebrado entre las pates según se desprende de las cláusulas de individualización, pero las copias no están firmadas ni física ni digitalmente.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que en lo que dice relación con el quid del asunto materia de esta acción cautelar resulta pertinente recordar que el artículo 37 de la Ley 19.496 prevé, en lo pertinente que “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”;

SEXTO: Que, luego de lo dicho, aparece relevante destacar que tal como se señala en el informe respectivo y es posible colegir de los indicios que se desprenden de diversos antecedentes allegados al sistema computacional, existió en el pasado alguna vinculación contractual entre el actor y la recurrida y frente a deudas pendientes y no satisfechas, efectivamente, ha enviado ella al primero al menos siete correos de cobro extrajudicial, los que aparecen ajustados a la normativa relevada en el motivo anterior, pues aparecen enviados en días y horas hábiles.

Ninguna constancia que obre en el expediente permite a esta Corte presumir la existencia de las demás situaciones que el recurrente esgrime como presiones indebidas -llamadas telefónicas-, ni que en el evento que de ser efectivas, hayan sobrepasado los límites y las formalidades que el legislador ha impuesto a la cobranza extrajudicial.

Los correos que se acompañan por el actor y que sí aparecen enviados por la empresa recurrida en horario inhábil a través un sistema de remisión automática, no corresponden a cobros, por lo que no ameritan modificar lo anteriormente concluido;

SÉPTIMO: Que es en este escenario normativo y contractual que la decisión de desplegar gestiones de cobro extrajudicial de una deuda morosa por parte de la recurrida no adolece de ilegalidad alguna, pues fue adoptada al amparo y en observancia de la normativa precedentemente citada, con estricto apego a las exigencias previstas en los artículos 37 de la Ley 19.496 y 59 del Código de Procedimiento Civil. Tampoco se advierte arbitrariedad, por cuanto no ha sido el mero capricho de quien dispuso iniciar el cometido cuestionado lo que lo motivó, sino la existencia de una obligación impaga y el derecho del acreedor de ella de instar al deudor para obtener su cobro;

OCTAVO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el arbitrio deducido en la petición principal de la presentación de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-96567-2020.