Protección contra Excma

Santiago, diez de mayo de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, licenciado en ciencias jurídicas, quien interpone recurso de protección en contra de la Excma. Corte Suprema de Justicia, representada por su Presidente, Ministro señor Juan Eduardo Fuentes Belmar, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la resolución de fecha 12 de julio de 2022, en el expediente ROL TI-777-2010, que desestima su solicitud de reconsideración, efectuada el día 07 de julio de 2022, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 Nos 2, 3 inciso primero y quinto, 16, 21, 22 y 24.

Expresa que, por el acto impugnado, la recurrida le niega el legítimo derecho de prestar juramento como abogado, en circunstancias que cumple con los requisitos legales para ello. Expone que estudió la carrera de derecho en la Universidad ARCIS, egresando en el año académico 2005; efectuó su práctica profesional en el año 2006, en la oficina de Defensa Penal de la Corporación de Asistencia Judicial, aprobándola y, rindió y aprobó su examen de grado en el 2010. Añade que inició el proceso de obtención del título de abogado ante la Oficina de Títulos de la Corte Suprema, contexto en el cual se solicitó su extracto de filiación y antecedentes, el que registraba anotaciones. Luego, se solicitó informe a la Fiscalía Judicial, que fue evacuado, indicándose en el mismo que la solicitud debía ser rechazada, lo que hizo el Pleno del Tribunal.

Explica que, en el año 2012, con patrocinio de abogado habilitado, compareció cuestionando la negativa a su solicitud de juramento, la que obedece a que los delitos que había cometido y cuyas penas se encuentran cumplidas, merecían pena aflictiva y por ello, no cumplía los requisitos -lo que considera falaz- conforme al extracto de la época, debido a que los delitos por los cuales se le condenó no son de aquellos que señala el numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. Refiere que desde ese momento se vulnera el principio de non bis in ídem, pues se arguye que no cumple el requisito previsto en el numeral 4° de dicha norma porque su extracto registraba anotaciones, por lo que estima, se da una doble valoración a una misma norma.

Prosigue señalando que, en el año 2013, recurrió nuevamente, por no existir cosa juzgada, presentando documentos que daban cuenta de su honorabilidad. Nuevamente se enviaron los antecedentes a la Fiscalía Judicial, que informó favorablemente, en el sentido de acceder a su juramento, lo que fue rechazado por el Tribunal Pleno en votación dividida.

Agrega que, ese mismo año, decidió adscribirse al Decreto Ley N°409 de 1932, en cuyo mérito, en el año 2018, se le concedió el beneficio de eliminación completa y total de antecedentes penales. Con este nuevo antecedente, nuevamente se dirigió a la Corte Suprema, siendo remitidos sus antecedentes al Comité de Personas. Considera que se infringe en esta etapa lo previsto en el artículo 6 del Decreto Ley antes citado, destacando que dicha norma dispone que los antecedentes de los beneficiarios no podrán ser utilizados para ningún afecto, lo que alcanza a la Corte Suprema. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Pleno rechaza su tercera solicitud. En contra de esta resolución dedujo reposición, la que fue rechazada.

Indica que, posteriormente acompañó una serie de documentos y declaraciones juradas de beneficiarios de sus servicios; no obstante, en abril de 2019, el Tribunal Pleno rechazó nuevamente su petición, infringiendo lo previsto en el artículo 6 del Decreto Ley N°409. Refiere que se le reprocha constantemente que no tiene buena conducta por contar con antecedentes penales que fueron eliminados y, sin perjuicio de ello, se mantiene la decisión denegatoria. Considera que lo anterior implica que se le ha condenado en forma perpetua a no ejercer el título de abogado.

Resume lo descrito señalando que ha solicitado cinco reconsideraciones, todas las cuales han sido rechazadas. En la última, acompañó un “informe en derecho” del Seremi de Justicia, junto a otros documentos, sin que su pretensión prosperara. Destaca que entre los documentos consta que es presidente de dos organizaciones sociales y secretario de otra, ha sido asesor jurídico del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, demostrando su conducta profesional. Refiere que ha asesorado jurídicamente a miles de personas.

Argumenta que impugna un acto administrativo de carácter arbitrario e ilegal, que identifica con la resolución de 12 de julio de 2022. Indica que el acto impugnado fue dictado resolviendo la solicitud de reconsideración de 07 de julio de 2022 y cuestiona que el señor Presidente de la Corte Suprema, en sesión de 29 de abril de 2020 haya votado a su favor, y luego desconozca aquello. Sostiene que el acto es, además, arbitrario, pues no valora el informe en derecho acompañado ni pondera los antecedentes presentados, por lo que carece de motivación. Añade que se desconocen los efectos de la Resolución Exenta N°1.104, de 28 de agosto de 2018, que dispone se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos.

Analiza los requisitos previstos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, contexto en que expresa, respecto del contenido en su numeral 4°, que la exigencia es muy poco clara, inmensamente subjetiva, no tiene ningún parámetro de objetividad para evitar las arbitrariedades en su interpretación, de la que se sigue una discriminación arbitraria, pues no se cumplen requisitos de razonabilidad y proporcionalidad.

En cuanto a las garantías invocadas, en primer término, ha sido afectado psicológicamente en forma profunda, puesto que no obstante cumplir con los requisitos académicos y aún más, haber demostrado una buena conducta en la vida social, es juzgado nuevamente por un hecho ocurrido hace dieciocho años, con lo que se evoca toda la angustia de aquel trágico episodio de su vida, que lo vuelve a revivir con motivo que se le considere con mala conducta para efectos de negarle la posibilidad de jurar como abogado.

En segundo término, refiere que el Decreto Ley N°409 tiene como objetivo la reinserción social de aquellos que han sido condenados penalmente, de modo que no debe existir diferenciación entre los ciudadanos que no cuentan con antecedentes penales y aquellos que han sido beneficiados, debiendo existir un mismo trato para ambas clases de ciudadanos. En suma, considera que la recurrida efectúa una discriminación arbitraria, pues debe ser tratado como si nunca hubiese tenido antecedentes prontuariales. Al utilizar el antecedente penal como argumento de mala conducta, se tuerce el sentido de la ley y se le discrimina arbitrariamente.

En el mismo sentido de lo anotado, considera que, de la discriminación denunciada, se afecta la protección al derecho a acceder a un título profesional. Agrega que, en la práctica, existe un juzgamiento especial, no considerado en procedimiento legal alguno, y que trae como consecuencia el impedir el ejercicio de un derecho fundamental, lo que implica estar frente a una comisión especial. Añade que, además, se afecta su honra y dignidad, pues se le sigue imputando una mala conducta, expresando que tiene derecho a no ser estigmatizado de por vida, y a superarse a sí mismo.

Prosigue alegando que el impedimento para jurar como abogado vulnera la garantía de libertad de trabajo y derecho a su libre elección y libertad de contratación, pues se le discrimina por un hecho que no incide en el desempeño de su profesión actual, a la luz de los logros profesionales, sociales, académicos y judiciales de que goza, por lo que su derecho a desarrollar la actividad profesional de abogado, habiendo cumplido los requisitos legales, se ve frustrada por una calificación subjetiva de mala conducta. Cita el artículo 6, párrafo 1 y 2; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XV; protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) artículo 6 y 7. Además del Convenio sobre la discriminación C.111 de 1958 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) artículo 1.1, ratificado por Chile en 1971. Refiere que, en la práctica, la recurrida está desahuciando dicho Convenio.

Agrega que, además, se le impide acceder a la actividad económica del ejercicio de una profesión liberal. En tal contexto, además, se le discrimina en materia económica. Por último, sostiene que detenta en propiedad el derecho a acceder a jurar como abogado, desde que cumple todos los requisitos legales para ello, mientras que la decisión recurrida lesiona su legítimo derecho adquirido, producto de una interpretación arbitraria y discriminatoria.

En último término, expone consideraciones en torno al control difuso de convencionalidad. Señala que, en el caso concreto, la recurrida debe respetar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, efectuar el control de los actos que emite versus los Tratados y Convenciones Internacionales, bajo el apercibimiento de hacer que el Estado de Chile incurra en responsabilidad internacional. Considera que se han vulnerado los derechos que la Constitución Política de la República le garantiza en relación con los tratados internacionales en esta materia, suscritos por Chile. En consecuencia, señala, que si una autoridad sanciona a una persona con la imposibilidad de acceder al título de abogado amparado en articulo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, es necesario analizar los efectos de esta infracción en el ámbito internacional y de las relaciones Internacionales del Estado de Chile.

Finalmente, solicita acoger el recurso y decidir, en definitiva “reconocer los derechos fundamentales conculcados y en consecuencia, se ordene restablecer la situación jurídica infringida, ordenándose el reconocimiento de sus Garantías Constitucionales, debiendo actuar en el ejercicio de sus facultades con estricto apego a las normas, dejando sin efecto la Resolución de fecha 12 de julio de 2022, dictada por el recurrido y decretada con infracción a normas fundamentales constitucionales y contenidas en Tratados Internacionales y en consecuencia, se proceda a acoger la petición de reconsideración por el órgano pertinente, se considere que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales y, se ordene que pueda recibir la venia para el juramento de abogado, con costas. En subsidio, en el evento que esta Corte considere que, a pesar de los argumentos de competencia, no es el órgano competente para conocer de esta acción de protección, atendida la calidad del recurrido, solicita que, en virtud del principio de cautela de las garantías constitucionales proceda a derivar la acción a quien se estime competente, de acuerdo con la aplicación que haga del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, para su conocimiento y fallo”. (sic)

Segundo: Informando, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, Presidente de la Excma. Corte Suprema, expone que, el recurrente es postulante al título de abogado, abriendo expediente el día 08 de abril del año 2010, rol TI 577-2010.

Indica que, el señor nombre reservado, entre los años 1994 y 2004, estudió derecho en la Universidad ARCIS. El 09 de noviembre de 2015, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema dicta el Acta 192-2015, “Instructivo para la Tramitación de Expedientes de Juramento de abogadas y abogados”, la cual, en su artículo 9 establece la obligación de remitir los antecedentes al Fiscal Judicial de la Corte Suprema para su informe cuando “…de los documentos recopilados se desprendan antecedentes de mala conducta del postulante o si de su extracto de filiación consta un antecedente penal, de los establecidos en el numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales”. A su vez, el inciso final de la letra A del artículo 10 dispone “Con todo, no se remitirá el expediente al Comité de Comunicaciones cuando el antecedente penal que registre el postulante sólo consista en la comisión de una única falta o de un delito que no merezca pena aflictiva, cuya sanción haya sido cumplida y siempre que el informe del Fiscal Judicial fuere favorable…”

Explica que el acta 192-2015 se encuentra derogada por el Acta 173-2017, aprobada por el Tribunal Pleno con fecha 20 de noviembre de 2017, cuya vigencia se inicia 60 días después de su publicación, la que a su vez se encuentra derogada por el Acta 47-2020 aprobada por el Tribunal Pleno con fecha 20 de marzo de 2020, cuya vigencia se inició 60 días después. Esto se señala debido a que ésta constituye un texto refundido del Acta del Instructivo para la tramitación de expedientes de titulación de abogadas y abogados.

Afirma que el Acta 47-2020 en su artículo 9 dispone: “Remisión del expediente al Comité de Personas. Se remitirá el expediente de titulación al Comité de Personas de la Corte Suprema, a objeto de que proponga al Tribunal Pleno si, en su opinión, la solicitud del postulante debe ser acogida o rechazada, en los siguientes casos: a) Si de los documentos recopilados se desprenden antecedentes de mala conducta del postulante o si de su extracto de filiación consta un antecedente penal distinto al establecido en el numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales…”. En virtud de esta obligación, la Oficina de Títulos remite los antecedentes a dicho Comité sin calificar el tenor ni la cantidad de anotaciones a fin de que se estudien los antecedentes y se proponga una resolución al Tribunal Pleno.

Con fecha 06 de agosto de 2010, el Tribunal Pleno rechaza la solicitud de otorgar el juramento en razón de las dos anotaciones prontuariales que constan en el Certificado de Extracto de Filiación y Antecedentes del postulante, la primera, como autor del delito de estafa dictada por el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, rol 78477-2005, condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 5 unidades tributarias mensuales, accesorias, y costas; y, la segunda, por el delito de usurpación de identidad, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 13.049-2007, siendo condenado a 41 días de prisión en su grado máximo. Ambas fueron remitidas y se encuentran cumplidas. A juicio del Tribunal Pleno, “tales reproches impiden considerar que el postulante reúne los antecedentes de buena conducta que exige el numeral cuarto del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, en especial, debido a la pluralidad de ilícitos pesquisados y a la naturaleza de los mismos.”

Desde el año 2010, a la fecha, el señor nombre reservado, ha presentado diversos recursos de reposición, siendo todos ellos rechazados por el Tribunal Pleno, por considerar que el postulante no logra desvirtuar suficientemente lo resuelto con anterioridad por ese tribunal.

Al respecto, señala que cabe considerar que, con fecha 06 de octubre de 2021, el Comité de Personas, evacuó un informe en el cual se hace cargo de las alegaciones del recurrente y, en definitiva, expresa que el recurso de reposición extraordinario es inadmisible.

Con fecha 25 de octubre de 2021, el Señor Presidente de la Corte Suprema don Guillermo Silva Guendelach, resolvió “…De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Acta N°47-2020 sobre Tramitación de Expedientes de Juramento de Abogadas y Abogados, el mérito de autos, lo expresado en el dictamen del Comité de Personas y teniendo en consideración que las argumentaciones del peticionario son reiteración de las mismas hechas valer con anterioridad, sin que logren desvirtuar los fundamentos tenidos a la vista al dictas las diversas resoluciones de esta Corte sobre la materia, se declara inadmisible el recurso de reposición extraordinario presentado por don nombre reservado…”.

Por último, por resolución de fecha 12 de julio del presente año, el Señor Presidente de la Corte Suprema resolvió no dar lugar a la solicitud de reconsideración, presentada por don nombre reservado, atendido lo resuelto con fecha 25 de octubre de 2021.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: El acto recurrido consiste en la resolución de 12 de julio de 2022, dictada por el Sr. Presidente de la Excma. Corte Suprema, que no hizo lugar a la solicitud de reconsideración formulada por el actor, amparado en lo decidido el 25 de octubre de 2021, en orden a declarar inadmisible el recurso de reposición extraordinario planteado por el recurrente; ambas resoluciones se vinculan –al igual que diversos recursos de reconsideración previamente presentadas y resueltas negativamente- con la decisión del Tribunal Pleno de fecha 06 de agosto de 2010, que rechazó la solicitud del recurrente de prestar juramento para obtener el título de abogado. Ello, en razón de las dos anotaciones prontuariales que constaban en su extracto de filiación y antecedentes.

Quinto: En lo concerniente a la materia, los requisitos para obtener el título de abogado se encuentran contemplados en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, entre los cuales, en lo que atañe al presente caso, se mencionan “3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; y, 4°) Antecedentes de buena conducta”.

A su turno, el Acta N°47-2020, de 20 de marzo de ese mismo año, de la Excma. Corte Suprema, que constituye el texto refundido del instructivo par la tramitación de expediente de juramento de abogadas y abogados, dispone, en lo pertinente, en su artículo 9° que se remitirá el expediente de titulación al Comité de Personas de la Corte Suprema, a objeto de que proponga al Tribunal Pleno, si, en su opinión, la solicitud del postulante debe ser acogida o rechazada, en los siguientes casos: “a) Si de los documentos recopilados se desprenden antecedentes de mala conducta del postulante o si en su extracto de filiación consta un antecedente penal distinto al establecido en el numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales”.

Sexto: Examinados los antecedentes del recurso, es posible constatar que la negativa del año 2010 y el rechazo de diversos recursos de reposición y reconsideración que se han venido sucediendo durante los últimos 12 años, encuentran sustento en las condenas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, impuesta el 08 de mayo de 2007, por el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, en la causa Rol N°78.477/2005, por el delito de estafa cometido en el año 2005 y, en la sanción de 41 días de prisión en su grado máximo, aplicada el 02 de abril de 2008, en el proceso RUC N°700.431.187-0, por el ilícito de usurpación de identidad, perpetrado en ese mismo año, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Ambas sanciones fueron remitidas. La primera se encuentra cumplida y respecto de la segunda, se declaró la prescripción de la pena.

Es en base a estos ilícitos que la Excma. Corte Suprema concluye que, si bien esas condenas no son por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, tales reproches impiden considerar que el postulante reúne los requisitos de buena conducta que exige el numeral cuarto del artículo 523 del texto legal antes referido.

Séptimo: Cabe señalar que, con posterioridad a la resolución de 06 de agosto de 2010, el actor ha presentado diversidad de instrumentos, entre ellos, una serie de declaraciones de terceros y de diversas organizaciones comunales y vecinales que dan cuenta de su comportamiento luego de los delitos, como asimismo, una copia autorizada de la Resolución Exenta N°1014, de 28 de agosto de 2018, que resuelve, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N°409, considerar al recurrente como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos respecto de las causas penales precedentemente singularizadas; y, un extracto de filiación y antecedentes de fecha 04 de septiembre de 2019, en que se consigna que no registra antecedentes penales.

Octavo: Asimismo, de los antecedentes tenidos a la vista en el recurso, se advierte que, existe un informe del fiscal judicial suplente de la Excma. Corte Suprema, Sr. nombre reservado, de 09 de julio de 2010, que estimó procedente rechazar la petición formulada por el recurrente nombre reservado; y otro informe confeccionado por la fiscal judicial del máximo Tribunal, doña nombre reservado, de 23 de enero de 2014, que fue de parecer de acoger la solicitud de reconsideración y consecuentemente, tomar el juramento de rigor al actor.

Noveno: De igual manera, por resolución de fecha 19 de octubre de 2018, la Excma. Corte Suprema, resolviendo el recurso de reposición planteado por el actor, decidió, en votación dividida, que la circunstancia de haber obtenido la concesión del beneficio previsto en el Decreto Ley N°409, de 1932, no acarrea como consecuencia ineludible que el solicitante cumpla con el requisito de buena conducta que exige el numeral cuarto del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, y a idéntica conclusión arribó el 29 de abril de 2020, para rechazar la reposición del recurrente que, había acompañado, además, su extracto de filiación sin antecedentes penales.

Décimo: En definitiva, mediante sendas resoluciones la Excma. Corte Suprema recurrida, sostenidamente, ha denegado la solicitud de juramento del recurrente, fundando su rechazo en el argumento normativo de no cumplir el recurrente con el numeral cuarto del referido artículo 523, que establece los requisitos para ser abogado, esto es, carecer de antecedentes de buena conducta, lo que se asila en la pluralidad de delitos pesquisados y la naturaleza de los mismos.

Undécimo: En estas condiciones, no se logra avizorar un proceder ilegal de parte de la Excma. Corte Suprema desde que este tribunal, al emitir el pronunciamiento que se reprocha, ha obrado dentro del ámbito de sus atribuciones, conforme a lo prevenido en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales y de acuerdo a las directrices contenidas en el Acta N°47-2020, que contiene el instructivo para la tramitación de expedientes de juramentos de abogadas y abogados.

En consecuencia, no queda más que rechazar la acción cautelar por este capítulo de alegaciones.

Duodécimo: Asimismo, se descarta la arbitrariedad denunciada, desde que, precisamente, el rechazo se ha fundado en las razones que han sido previamente expuestas en diversas resoluciones recaídas en distintos recursos, las que se advierten debidamente justificadas, a la luz de la interpretación que el Máximo Tribunal ha efectuado del citado artículo 523, en particular, de su numeral 4º, la cual si bien, naturalmente no es compartida por el recurrente, no torna en caprichoso el proceder de la Corte recurrida.

Decimotercero: A mayor abundamiento, estimándose por la recurrida que el actor no cumple con los presupuestos señalados en la ley para acceder a su solicitud de juramento, no se constata la existencia de un derecho preexistente y de carácter indubitado que se vea afectado por la decisión reclamada; sino que más bien, de una mera expectativa, cuya pertinencia es competencia del órgano jurisdiccional recurrido; por lo que resulta inoficioso referirse a las garantías constitucionales que se denuncian afectadas o amagadas.

Decimocuarto: Por consiguiente, del modo como se viene razonando, la acción cautelar impetrada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado, en su favor y en contra de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Acordada con el voto en contra de la ministra Ana María Osorio Astorga, quien fue de parecer de acoger la acción cautelar, para los efectos de que, en virtud del nuevo antecedente acompañado- un informe del Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana, Sr. nombre reservado- se disponga la revisión de la solicitud de juramento del recurrente. Ello, en virtud de los siguientes fundamentos:

1°.- Tal como se establece en el informe de la Fiscal Judicial de la Excma. Corte Suprema, doña nombre reservado, los ilícitos por los cuales fuera condenado el actor son de antigua data –años 2005 y 2008- es decir, han transcurrido más de quince años desde su comisión y los mismos no corresponden a crímenes o simples delitos que merezcan pena aflictiva, por lo que no se encuentran en la hipótesis del numeral 3° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales;

2°.- Las sanciones que se le aplicaron son de escasa entidad, sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, por el delito de estafa, la que se encuentra cumplida y, respecto del delito de usurpación de identidad, se declaró la extinguida su responsabilidad por la prescripción de la pena;

3°.- Desde la fecha de los mencionados ilícitos, el actor no ha incurrido en la comisión de nuevos delitos, según se comprueba de su extracto de filiación, exento de anotaciones prontuariales, dando cuenta mediante numerosos antecedentes acompañados al recurso, de un comportamiento prosocial;

4°.- Consta, asimismo, que el recurrente se acogió a los beneficios del Decreto Ley N°409, de 1932 y que mediante la Resolución Exenta N°1014, de 28 de agosto de 2018, se resolvió considerar al recurrente como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos, respecto de las causas penales precedentemente singularizadas.

5°.- En este contexto, debe entenderse que el efecto de la Resolución Exenta N°1.014, se extiende, necesariamente, a la tramitación administrativa del expediente de titulación del recurrente; de modo que, no resulta posible fundar el rechazo a la solicitud de juramento en las anotaciones prontuariales que, con anterioridad al 28 de agosto de 2022, registraba el solicitante en su extracto de filiación, estableciendo en razón de estas mismas anotaciones -que no deben ser tenidas en cuenta- que el peticionario incumple el requisito de buena conducta.

6°.- En consecuencia, no existiendo otros antecedentes que justifiquen la ausencia del requisito del numeral 4° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, la denegatoria recurrida deviene en contraria al precitado artículo y a lo previsto en el artículo 6° del Decreto Ley N°409, de 1932, al basarse la ausencia de buena conducta en reproches penales pretéritos que no deben ser considerados para todos los efectos del juramento requerido, atendido el carácter resocializador de este último texto legal, que propende a la reinserción de las personas que han delinquido, promoviendo su incorporación al mundo laboral y social.

7°.- En estas circunstancias, la decisión que se reprocha ha afectado la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, desde que deja al actor en una posición de desmedro en relación a todos aquellos otros beneficiarios del Decreto Ley N°409, de 1932, a quienes no se le han considerado sus antecedentes penales para efectos legales y administrativos; perpetuando una situación que diversas normativas y mecanismos procesales han regulado, a fin de evitar que las consecuencias de un ilícito se prolonguen indefinidamente en el tiempo.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra Ana María Osorio Astorga.

Protección IC N°96.558-2022 y agregado, custodia N°52-2022 (IV).

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por las ministras señora Inelie Duran Madina y señora Ana María Osorio Astorga.

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