nombre reservado con nombre reservado

Santiago, quince de febrero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, empresario, representante legal del “ESTUDIO JURÍDICO CAV&ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, abogada, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos que garantizan los números 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Como antecedentes de su recurso, señala que con fecha 01 de agosto de 2020 suscribió contrato de trabajo con la recurrida doña nombre reservado, quien prestó servicios para el estudio jurídico ya mencionado en calidad de subgerente de División Jurídica. Posteriormente con fecha 24 de agosto de 2020, por medio de un Anexo de contrato, su relación laboral cambió a abogado externo hasta que, con fecha 30 de septiembre de 2020, se puso término a la relación laboral en virtud del artículo 161 inciso 2 del Código del Trabajo y con fecha 01 de octubre de 2020.

Indica que se tomó contacto vía mail con doña nombre reservado, con la finalidad de que tomara conocimiento de su finiquito y procediera a su firma, y que se recibieron diversas respuestas de su parte, en las cuales indicaba fechas para llevar a cabo la debida diligencia, pero esto nunca se concretó. Ante ello -continúa-, con fecha 03 de noviembre de 2020 la recurrente decidió enviar la documentación respectiva a la Inspección del Trabajo, para que notificarán a la recurrida a fin de que procediera a firmar el finiquito, o realizara sus observaciones.

Explica que posteriormente, con fecha 25 de noviembre de 2020, tomó conocimiento que doña nombre reservado realizó una difamación tanto en su contra y de las empresas a las que representa, publicando en su cuenta personal de Facebook, como también en diversos grupos de dicha plataforma (grupos tanto de procuradores, como de abogados y estudiantes de derecho del país, como “Abogados y Estudiantes de Derecho”), expresiones de descrédito público de su persona, además de llamar expresamente a “funar” a la empresa y a él como gerente general.

En concreto -dice-, con fecha 25 de noviembre de 2020 la recurrida procedió a realizar una publicación en su cuenta personal de Facebook, mediante la cual, adjuntando una fotografía del Sr. nombre reservado tomada por aquella en la oficina de este último, sin su consentimiento, en la que escribe lo siguiente: “Para quienes están buscando trabajo no postulen a esta empresa, nos debe plata a mi y a otros 16 abogados y estudiantes de derecho. Es un maltratador, acosador sexual, discrimina y por sobre todo a las mujeres extranjeras”; acompañando además una imagen en la que pone: “Funa a CAV GROUP, www.cavgroup.cl nombre reservado Gerente General - 1. Maltrato físico y psicológico hacia sus trabajadores, 2. No pago de remuneraciones, honorarios y cotizaciones, 3. Ocultamiento de información, libro de asistencias y otros, 4. Lo más grave de todo, maltrato hacia mujeres, acoso, comportamiento inadecuado.”

Sumado a todo lo anterior, la recurrida publicó una segunda fotografía de su persona, la cual fue tomada en un ambiente privado, esto es, en dependencias de su domicilio, escribiendo: “Favor no postular a las ofertas de abogado (a) y procuradores ya que existen graves testimonios en su contra de conducta abusiva, tanto física como psicológicas realizada de forma reiterada a sus trabajadores, no pago de cotizaciones, cargos de estafa, acoso, ocultamiento de información, discriminación con extranjeros, creando un entorno hostil, degradante, humillante y ofensivo.”

Finalmente, la recurrida decidió citar los RIT de causas en las que el Sr. nombre reservado se vio involucrado, sacando absolutamente de contexto dichas causas y aprovechándose de la ignorancia de algunas personas para hacerles creer hechos absolutamente inciertos, omitiendo el contexto y estado estas.

Expone que, desde entonces, ha sentido un profundo desasosiego y que le atormenta el hecho de que estas falsas acusaciones menoscaben no solo la percepción que los trabajadores tengan de él, como gerente general de la sociedad ya mencionada, sino que, también, esto afecte la percepción que tienen las personas con las que ha tratado y trate en el futuro, ya sea de manera personal o como posibles clientes.

Indica que el daño fue aún mayor, ya que las injurias recayeron de igual manera en otra empresa a la cual representa, esto es, la “SOCIEDAD DE INVERSIONES CAV&ASOCIADOS LIMITADA”, la cual funciona en las mismas dependencias, perjudicando desmesuradamente la honra de su persona, respecto de sus clientes y respecto de futuros clientes que pudieran contactar con él o con dicha empresa. Fue tal el nivel de difamación de las publicaciones -dice-, que durante días los trabajadores del estudio recibieron llamados y mensajes de otros abogados, en los cuales se difamaba a la empresa y se cuestionaba el correcto funcionamiento de esta, lo que generó un ambiente de hostilidad y miedo en todos aquellos que seguían prestando servicios para la empresa. También recibió mensajes y llamados de diversos clientes, en los cuales cuestionaban si los hechos que se señalan en dichas publicaciones eran ciertos y con gran miedo de seguir contratando con la empresa.

Señala que las publicaciones efectuadas por la recurrida de autos llegaron a tal nivel de publicidad, que el día viernes 27 de diciembre de 2020, a sólo tres días de las publicaciones anteriormente señaladas, tanto él como sus trabajadores fueron víctimas de actos de vandalismo que se llevaron a cabo en dependencias de las oficinas de funcionamiento de la empresa. Es así que los pasillos y ventanas de distintos pisos del edificio fueron empapelados con pancartas y folletos que reproducían íntegramente las injurias y calumnias contra él, difundidas por la recurrida, según se aprecia en las fotografías que acompaña.

Sostiene que los hechos descritos afectan directamente la honra de su persona, además de ser expresiones que incitan a la violencia en contra de las empresas ya mencionadas y en contra de él como persona natural, así como en relación a las instalaciones de la sociedad recurrente.

Cita lo dispuesto por el artículo 2, letra f), de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y afirma al respecto que en este caso la recurrida publicó una fotografía que tomó de forma secreta, sin su conocimiento ni consentimiento, y además publicó distintos “RITS” (sic) de causas que, si bien son públicas y cualquiera puede revisar, no conciernen a las personas a quienes se les compartió en los foros referidos y no ha recaído sentencia definitiva alguna sobre ellas. Señala que la recurrida, siendo abogada, debe saber que el principio de inocencia prima en estos casos y siendo que es inocente, no se le puede tratar como culpable de estos hechos, de la misma forma que un intento de difamación pública por internet ignora completamente los principios del debido proceso. La recurrida compartió esta información para dañar su honra y, aprovechándose de estas causas, buscaba acentuar sus dichos falsos, de manera dolosa para infligir aún más daño en contra de su persona y las empresas ya mencionadas, ignorando el principio de inocencia, el debido proceso y buscando crear una multitud de personas con mala opinión de él y de las empresas referidas. A ello se suma que en el caso de autos las publicaciones se realizaron en un espacio público en que era observable por quien accediera al sitio donde ella se exhibía (FACEBOOK o LINKEDIN), lo cual importa la perturbación del derecho a la propia imagen de la recurrente, consagrado en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, prerrogativa que está incluida dentro de la enumeración que realiza el artículo de 20 del estatuto fundamental.

Agrega que la difamación en su contra y de las empresas que representa es una acción que ha afectado gravemente la vida privada de quien recurre, al punto de haber ocurrido otras circunstancias distintas a las publicaciones respecto de las cuales se recurre de protección, toda vez que personas irrumpieron en el lugar de funcionamiento de la empresa, lugar al cual al ser privado no deberían haber accedido y repartieron volantes con el intento de afectar injustamente aún más su honra personal e hicieron rayados vandálicos en los carteles de las oficinas, incentivados a su juicio por las publicaciones ya referidas.

En cuanto a la afectación de la honra de las empresas que representa, cita jurisprudencia de la Exma. Corte Suprema, en que se sostiene que, “si bien el honor o la honra es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o el buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de aquéllas, de modo que este atributo, en su significado amplio, es predicable también de las personas jurídicas que, para el cumplimiento de sus fines específicos, dentro de la autonomía que la Carta dispensa a los grupos intermedios, necesitan de su buen nombre y prestigio, que no podrían quedar debidamente cautelados si se las marginara de la titularidad de dicha garantía” (04 de junio de 2008, Rol Nº1736-2008).

Respecto de la afectación de la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, señala que toda persona tiene derecho a la protección de su propia imagen, lo que se encontraría amparado por la norma constitucional recién mencionada.

Pide, en suma, que se ordene poner término a los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida, consistentes en la realización de una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas difundidas a través de internet, en descrédito de su persona y de las empresas que representa, las que han lesionado, perturbado e infringido la honra, imagen y la vida privada de quien recurre y la reputación empresarial de ESTUDIO JURÍDICO CAV&ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y SOCIEDAD DE INVERSIONES CAV&ASOCIADOS LIMITADA, derechos que se encuentran consagrados y protegidos en los números 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que evacuando informe, la recurrida doña nombre reservado expone que el recurrente de autos es el representante legal de su ex empleadora y ex jefe directo, vínculo laboral que culminó con fecha 30 de septiembre del año 2020, mediante carta de despido enviado al antiguo domicilio de la recurrida, y que actualmente está con tratamiento psicológico y psiquiátrico producto de las situaciones vividas en dicha empresa, especialmente con su representante legal.

Indica que el recurrente ingresa este recurso con fecha 3 de diciembre del año 2020, señalando en el cuerpo de su escrito hechos que no son ciertos, puesto que a la fecha del ingreso del recurso “esta parte no ha publicado, ni mantiene publicación de ninguna fecha anterior en contra del recurrente, EN NINGUNA RED SOCIAL”; es más -agrega-, él mismo señala que se enteró con fecha 25 de noviembre de aquello, es decir, 8 días después de supuestamente haber ocurrido la vulneración a los derechos mencionados en su presentación.

Además -dice-, el recurrente interpone este recurso sin tener la certeza de que la cuenta de Facebook que él menciona en su escrito corresponde a la de esta persona, ya que hay más de 10 cuentas con el mismo nombre y apellido. Explica que su cuenta es privada y que, por tanto, el recurrente no debiese tener acceso a la misma, ni menos sus abogados. Tampoco menciona cuales son los “diversos grupos” que refiere, pues solo menciona uno, careciendo de veracidad sus dichos.

A su juicio, es tal la obsesión del recurrente, por imputarle alguna responsabilidad, que incluso la relaciona con distintos rayados que ocurrieron en las dependencias de sus oficinas tres días después de la supuesta publicación, sin tener conocimiento de aquello hasta el momento que la notificaron por medio del correo de esta Corte, no teniendo relación alguna con aquello. De hecho -agrega-, no se encuentra viviendo en la Región Metropolitana, por lo que menos se dirigiría a la oficina del recurrente a incentivar ni a realizar actos con carácter de “vandálicos”. Se pregunta si ¿Será que el recurrente y su representada tendrá conflicto con diversas personas?, en cuyo caso plantea que aquel debe realizar las acciones correspondientes contra quienes resulten responsables.

Solicita, en suma, el rechazo de la presenta acción de protección, por cuanto (a) no ha realizado ningún tipo de acto como el que describe el recurrente, en las redes sociales que mencionó el recurrente, existiendo además más de 10 cuentas en la red social Facebook con su mismo nombre y apellido; y (b) porque a la fecha de ingreso de este recurso no existía publicación alguna en el grupo que éste indica en su recurso, de manera que tampoco existe agravio que se pueda remediar por esta vía tutelar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción de naturaleza cautelar que, como tal, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos esenciales que dicha disposición enumera, mediante la adopción de medidas tutelares por parte de la Corte de Apelaciones competente ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que el hecho que motiva la presente acción de protección constitucional consiste en la publicación tipo “funa” en una página de la red social Facebook de la recurrida y en la cuenta de un grupo denominado “Abogados y Estudiantes de Derecho CHILE - Oficial”, las que incluyen fotografías del recurrente acompañadas de expresiones alusivas a éste y a las sociedades que representa, ya mencionadas. En lo que al primero concierne, se lo tilda allí de ser “(…) un maltratador, acosador sexual, discrimina y por sobre todo a las mujeres extranjeras”, advirtiendo además, en la misma red social, “no postular a las ofertas de abogado (a) y procuradores ya que existen graves testimonios en su contra de conducta abusiva, tanto física como psicológicas realizada de forma reiterada a sus trabajadores, no pago de cotizaciones, cargos de estafa, acoso, ocultamiento de información, discriminación con extranjeros, creando un entorno hostil, degradante, humillante y ofensivo”; mientras que respecto de las sociedades indicadas, se las acusa de “1. Maltrato físico y psicológico hacia sus trabajadores, 2. No pago de remuneraciones, honorarios y cotizaciones, 3. Ocultamiento de información, libro de asistencias y otros, 4. Lo más grave de todo, maltrato hacia mujeres, acoso, comportamiento inadecuado.”

QUINTO: Que en su informe, la recurrida afirma no haber efectuado las publicaciones indicadas, sugiriendo que, posiblemente, pudo ser otra persona y en otra cuenta, pues en Facebook existen más de 10 de ellas con su mismo nombre y apellido; y que “a la fecha de ingreso de este recurso no existe publicación alguna, como puede verificar el recurrente y sus abogados en el grupo (de Facebook) que mencionó” (paréntesis agregado). Ambas circunstancias, sin embargo, amén de no haberse acreditado, contrastan con los antecedentes acompañados por la parte recurrente, los que por su precisión y contenido vinculan precisamente a la recurrida con las publicaciones mencionadas y con las personas allí aludidas.

SEXTO: Que el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República reconoce y garantiza “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”; libertades que ya proclamaba la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en Paris el 10 de diciembre de 1948, al señalar en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra la “Libertad de Pensamiento y de Expresión”, señalando en su numeral 1º que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección”, agregando luego, en el apartado 3º, que “No se puede restringir el derecho a expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir a comunicación y la circulación de ideas y opiniones.” La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en su período 108º de sesiones, aprobó la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión”, relativa a la interpretación del artículo 13 de la Convención antes mencionada, señalando en su “Principio 2º”, que “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Esta libertad de expresión, sin embargo, entra muchas veces en tensión con otras libertades individuales, como el derecho a la honra, descrito por el Tribunal Constitucional como aquel derecho que “alude a la ‘reputación’, al ‘prestigio’ o el ‘buen nombre’ de todas las personas, como ordinariamente se entienden estos términos, más que al sentimiento íntimo del propio valer o a la dignidad especial o gloria alcanzada por algunos. Por su naturaleza es, así, un derecho que emana directamente de la dignidad humana; un derecho personalísimo que forma parte del acervo moral o espiritual de todo hombre y mujer, y que no puede ser negado o desconocido por tratarse de un derecho esencial propio de la naturaleza humana” (STC Rol Nº2860-15-INA, considerando noveno).

Por lo dicho, y en extremos como los que motivan el presente conflicto, la extensión del derecho a expresarse y opinar libremente debe ser ponderada en armonía con -y a la luz de- el derecho que la misma Carta Fundamental le reconoce también a todas las personas en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, que garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, de manera tal que el ejercicio del primero no llegue al punto de vaciar de contenido al segundo -y viceversa- con prescindencia de los límites y controles que impone el Estado de Derecho.

SÉPTIMO: Que en este caso, resulta especialmente relevante el hecho de haber utilizado la recurrida fotografías del recurrente, sin su consentimiento, para proferir expresiones directamente asociadas a éste y que esta Corte considera objetivamente desdorosas, al referirse a situaciones de acoso sexual y estafas -entre otras- que deben ser canalizadas por los cauces procesales y ante los tribunales competentes, más no a través de redes sociales. Por esta vía, la recurrida ha afectado no solo el derecho a la honra del recurrente, sino también el derecho a su propia imagen, que, como ha señalado la E. Corte Suprema, encuadra igualmente en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, “por encontrarse implícitamente comprendido en el atributo de privacidad de la persona” y por tratarse de un atributo de la personalidad “Referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo” (SCS, 9 de junio de 2009, Rol N° 2506-2009, Considerando 4º).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, ordenándose en consecuencia que ésta deberá eliminar todas las publicaciones que ha realizado en redes sociales, según lo explicitado en el cuerpo de esta sentencia, dentro de quinto día contado desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

Rol Nº 96492-2020. Protección Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la Ministro señora Dobra Lusic Nadal, e integrada además, por el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón, quien no firma por ausencia y el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.