nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, treinta de abril de dos mil diecinueve .

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO.- Don Tomas Urresti Vargas, abogado, en favor de don nombre reservado, ingeniero en automatización, a quien en adelante se denominará el recurrente, interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, asesora en comercio e inversiones, polaca, a quien en adelante se denominará la recurrida, por el acto ilegal y arbitrario consistente en vulnerar su honra y la de su familia.

Refiere que el recurrente se desempeña como trabajador en Microtec S.A., conocida en el mercado como “Micro Automación”, como encargado de Venta y Proyectos y el 22 de enero del presente año, el Jefe de Control y Gestión y Recursos Humanos de la empresa, se acercó a él para informarle que una persona externa le había enviado, por segunda vez, un correo electrónico, en que se afirmaba que él seguía cometiendo estafas, junto a su familia, acto escrito que considera ilegal, arbitrario y vulneratorio de su honra y la de su familia.

Señala que el recurrente, se enteró que existía otro correo anterior de fecha 03 de diciembre del año 2018, enviado no sólo al Jefe de Control y Gestión sino también al Gerente General de la empresa y en éste, la recurrida aseveró: (I) que la familia del recurrente tiene problemas con la justicia; (II) que su madre acumula 12 demandas en los últimos 8 años; (III) que se le adeuda a la recurrida poco más de cinco millones de pesos; y (IV) que el recurrente y su hermano se dedican a estafar.

Los hechos descritos, reiterados en el correo electrónico de 21 de enero de 2019, son falsos, denigrantes, irrespetuosos y carentes de toda empatía y esas mal intencionadas comunicaciones emitidas por la recurrida fueron motivadas porque ella y la madre del recurrente, suscribieron el 06 de abril de 2017 un contrato de arrendamiento sobre un bien inmueble urbano, ubicado en la comuna de Ñuñoa, el que generó conflictos jurídicos, que dieron lugar a una demanda tramitada bajo el Rol C-5.185-2018 ante el 12° Juzgado Civil de nombre reservado, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, en la que la recurrida solicitó En Lo Principal, que se declarara la terminación del mismo por el supuesto no pago de las rentas de arrendamiento y En el Otrosí, en subsidio, el desahucio del contrato.

En el Rol Corte Civil N° 10.674-2018 esta Corte, en sentencia de 20 de noviembre de 2018 que se encuentra firme y ejecutoriada, rechazó, con costas, la demanda de terminación por no pago de rentas acogiendo el desahucio, lo que es relevante, porque las presuntas estafas que la recurrida imputa en el mail al recurrente y su familia consisten en que, supuestamente, no le pagaron a la recurrida las rentas del arrendamiento. El fallo, tiene por cierto el pago efectivo de las mismas.

De lo expuesto, resulta evidente que la recurrida no tiene derecho alguno a remitir comunicaciones con información falsa y humillante al empleador del recurrente y menos aún tiene derecho a calificarlo a él y a su familia de estafadores, lo que sólo corresponde a vías de hecho, las que se encuentran indefectiblemente proscritas en nuestro ordenamiento jurídico y el acto que se impugna carece de razonabilidad. No se ajusta a la sana razón el remitir una comunicación escrita al empleador de una persona, con información falsa y humillante, sólo para generar resquemor en su ambiente laboral y sus respectivas jefaturas y el conducto apropiado que debió seguir la recurrida para satisfacer sus intereses era ejercer los recursos procesales procedentes en el juicio sobre rentas de arrendamiento pero jamás tomar represalias de hecho, empañando la esfera laboral del recurrente que debió dar detalladas explicaciones sobre el asunto ante su empleador, lo cual, obviamente, produce incomodidad y temor a perder el trabajo, entre otras.

El acto impugnado, además, es desproporcionado, pues resulta desequilibrado imputar conductas ilícitas a una persona, frente a su empleador, sólo porque se generaron conflictos contractuales con su madre y es arbitrario, porque se motivó en hechos inexistentes, pues se encuentra asentado mediante resolución judicial firme y ejecutoriada, en el juicio de arrendamiento, que la madre del recurrente nada le adeuda por concepto de rentas a la recurrida.

El artículo 416 del Código Penal, señala que toda expresión proferida en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, puede ser constitutiva de injuria y en el presente caso, la recurrida claramente utiliza en el acto impugnado palabras que dañan el crédito, la honra y la imagen del recurrente y la de su familia, pues su madre y su hermano son tildados por la recurrida injustamente de estafadores. El acto de la recurrida, infringe el principio jurídico contenido en el artículo 4° del Código Procesal Penal, que prescribe que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

Con su actuar la recurrida ha perturbado el derecho a la honra del recurrente y su familia, garantizado en el artículo 19 número 4 de la Constitución Política de la República y se ha alterado el orden y concierto sobre la buena imagen, crédito y reputación del recurrente al imputarles por un medio escrito la comisión de conductas ilícitas frente a su empleador.

Termina pidiendo que acogiendo esta Corte el recurso por el acto ilegal y arbitrario cometido el 21 de enero del 2019, consistente en remitir por escrito un correo electrónico al empleador del recurrente imputando a éste y a su familia hechos falsos e ilícitos, ordene a la recurrida pedirles disculpas por escrito y que en lo sucesivo, deberá abstenerse de remitir al empleador todo tipo de comunicación del recurrente y su familia, todo con costas.

Acompaña con el arbitrio ; a) correo electrónico de 03 de diciembre de 2018 y 21 de enero de 2019 emanados de la recurrida, b) contrato de trabajo del recurrente con la empresa Microtec S.A., de fecha 24 de mayo de 2017; c) certificado de antecedentes del recurrente y d) copia de sentencia de segunda instancia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado en el Rol Civil 10.674-2018.

SEGUNDO.- Que, el abogado Kevin Venturelli Sims, por la recurrida, evacúa el Informe decretado por esta Corte y solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Indica que el recurso es Extemporáneo, ya debió interponerse dentro del plazo fatal de 30 días desde el supuesto actuar ilegal y arbitrario y el 03 de diciembre del año 2018 es la fecha en que se cometió el acto que se impugna como ilegal y arbitrario, según lo expuesto por el recurrente.

Sin embargo, el recurrente recurre ante esta Corte después de haber transcurrido el plazo legal, utilizando de manera artificiosa para fabricar el plazo un segundo correo, en circunstancias que en el arbitrio se remite a la fecha indicada, esto es, el 03 de diciembre del año pasado, por lo que por este este hecho debe rechazarse el recurso por estar presentado fuera de plazo.

Agrega, en cuanto al fondo, la Improcedencia del recurso Interpuesto, por omisión de antecedentes relevantes. En efecto, si bien esta Corte rechazó la terminación del contrato de arrendamiento por no pago de renta, bajo el argumento que se habrían pagado los meses invocados para alegar dicha terminación, no es menos cierto que acogió el desahucio del contrato, y ordenó pagar las rentas adeudadas desde la presentación de la demanda hasta el día que se tomó posesión del inmueble.

Por ello, entonces, que cabe preguntarse si es falso lo expuesto por la recurrida y la respuesta es negativa. Se deben las rentas de arrendamiento en razón del contrato celebrado entre las partes ? La respuesta es positiva. Esto, consta en el proceso en que se discutió la terminación de contrato de arrendamiento y el cual es citado por el recurrente y en la causa se observa que la última resolución ordenó liquidar el crédito adeudado por el recurrente y su familia.

Agrega que el recurrente giró cheques a favor de la recurrida con objeto de pagar las rentas adeudadas, los que fueron protestados, indicando que él y su familia no sólo no pagaron las rentas, sino además los gastos comunes del edificio, las cuentas de agua, luz y gas, entre otras, por lo que no puede imputarse a la recurrida haber faltado a la verdad.

Las comunicaciones, se enmarcan en hechos verídicos, y por lo mismo, no puede considerarse que afecten la honra del recurrente y la comunicación enviada se basa en dos premisas: (a) la deuda que fue acreditada y actualmente se encuentra impaga derivada de distintos actos jurídicos y (b) los otros juicios en que la familia nombre reservado no paga a los arrendadores.

Lo primero, fue oportunamente acreditado y respecto del segundo debe tenerse presente que existen procesos judiciales en contra de la familia nombre reservado, que revelan su forma de operar y estos son los siguientes:

a. ante el 13er.Juzgado Civil de nombre reservado, Rol C-24892-2010 b. ante el 27° Juzgado Civil de nombre reservado, Rol C-27868-2016 La opinión vertida, verídica, lo fue dentro del marco de la libertad de expresión, y en un medio de comunicación privada, por lo que el recurso interpuesto no puede prosperar por falta de fundamento. El derecho a la honra, no es vulnerado si la opinión es en un medio de comunicación privada y el problema de fondo del recurso se basa en sostener que un correo electrónico privado, puede vulnerar el honor de una persona y que en base a dicha vulneración se pueda sustanciar una acción constitucional.

Es requisito fundamental para fundar un Recurso de Protección en base a la vulneración del derecho a la honra, que el actuar ilegal y arbitrario se haya realizado dentro de un ámbito Público y no privado, conforme lo ha señalado la jurisprudencia y doctrina de forma unánime.

La Constitución Política , en su Artículo 19 No 12, asegura a todas las personas “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades […]”.

En este sentido, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos especifica que el ejercicio del derecho “puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”

En el caso sublite, no existe ningún acto arbitrario, toda vez que el correo electrónico que motivo el recurso interpuesto se fundó en las deudas que mantiene el recurrente con la recurrida , basada en hechos ciertos, que en ningún caso obedecen a un capricho, cuando el propio recurrente giró un cheque a mi representada en base a una cuenta cerrada, lo que ciertamente es delito.

Termina pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña: a) demanda de terminación de contrato de arrendamiento presentada el año 2010; b) demanda de terminación de contrato de arrendamiento presentada el año 2016; c) copia del cheque girado sobre cuenta corriente cerrada por el recurrente; d) Declaración jurada de fecha 23 de febrero del 2018 en la que doña nombre reservado, se compromete a pagar los Gastos Comunes adeudados; e) correo electrónico de la Comunidad del inmueble dado en arrendamiento al recurrente, en virtud del cual se le cobra a mi representada los gastos comunes adeudados; f ) cartola de deuda por Gastos Comunes de la Comunidad emitida a la señora nombre reservado, por un total de $ 1.453.310 .- g), Cuenta de Gas por un total de $ 58.199. Cuenta de Luz por un total de $ 7.494. Cuenta del agua adeudada por $ 22.31.- TERCERO.- Que, conforme lo que se ha venido sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de carácter cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO.- Que, es requisito indispensable de la presente acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, lo que resulta básico para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.

QUINTO.- Que, en el caso sublite, lo que el recurrente reprocha y estima que constituyen actos ilegales y arbitrarios, son dos correos electrónicos enviados a la empresa en que trabaja y cuyos contenidos están en conocimiento del Gerente General y el Jefe de Control y Gestión, aseverando que su familia tiene problemas con la justicia acumulando varias demandas, adeudando las sumas de dinero que en ellos precisa, agregando, además, que con su hermano se dedican a estafar, conceptos que perjudican injustificadamente su imagen ante el empleador y recurriendo a vías de hecho pretende obtener lo que no le habría sido concedido por la vía judicial, todo esto en relación con una causa en que la recurrida demandó a la madre del recurrente solicitando judicialmente la terminación de un contrato de arrendamiento por no pago de rentas.

SEXTO.- Que, los antecedentes acompañados por las partes, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, en lo que interesa, permiten formar convencimiento, que los actos consistentes en las dos comunicaciones de la recurrida que son objeto de reproche, se ventilan en un ámbito privado desde que no hay constancia de una mayor publicidad a terceros que el conocimiento que toman de su contenido los citados Ejecutivos de la empresa en que trabaja el recurrente y se emplea para referirse al recurrente y su familia la condición de incumplidores de obligaciones contraídas con ella motejándolo a él y hermano de estafadores lo que importa atribuirles una calidad que no se encuentra judicialmente reconocida lo que implica frente a los receptores de las comunicaciones, al menos una disminución en su credibilidad en el comportamiento con terceros, lo que afecta su prestigio y fama, sin perjuicio del derecho que le asiste a la recurrida para perseverar por la vía judicial en la obtención de aquello que sostiene que se le estará adeudando como de hecho así se desprende de la prueba acompañada.

SEPTIMO.- Que, sin bien es cierto, como lo plantea la recurrida, pudiera vislumbrarse en el caso sublite una colisión del derecho a la honra con la libertad de expresión que le asistiría para dar a conocer los incumplimientos de obligaciones del recurrente y familia lo que hace respaldada con los antecedentes que acompaña, es dable razonar en orden a que sus derechos para exigir el cumplimiento de lo pactado no se desprende que estén definitivamente afectados pero motejar al recurrente y hermano como incurriendo en estafas, sin estar ello penalmente acreditado, afectan su calidad y condiciones humanas y laborales rebajando la confianza y méritos que puedan reconocérsele en el medio en que se desempeña, por lo que afectando los dos actos arbitrarios el derecho a la honra que garantiza la Constitución Política de la República, deberá abstenerse en lo sucesivo remitir comunicaciones por medio escrito y/o informático a terceros motejando al recurrente y familia en la forma que se viene indicando.

OCTAVO.- Que, sin perjuicio de lo anterior, se desestimará la Extemporaneidad del recurso alegada por la recurrida desde que debe entenderse que se presentó dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema por cuanto en este caso debe contarse desde el correo de la recurrida fechado el 21 de enero de 2019.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que SE ACOGE, sin costas, el interpuesto por el abogado Tomás Urresty Vargas, en favor de nombre reservado, disponiendo que la recurrida doña nombre reservado, en lo sucesivo, deberá ajustarse a lo indicado en el considerando séptimo precedente, sin perjuicio de otros derechos, estimando que en esta instancia tuvo motivo justificado para litigar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad Redacción del Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

Rol Protección N° 9641-2019 Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma Corte de Apelaciones de nombre reservado presidida por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega e integrada por el Ministro ( S) Rafael Araneda Díaz y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.