nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veinticinco.

Al folio 19: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en divulgar información acerca de los motivos de su desvinculación laboral, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, ordenando esta Corte a la recurrida cesar en todo tipo de entrega de información acerca de los motivos de su despido, abstenerse en lo sucesivo de hacerlo, además de disculparse públicamente, con costas.

Relata que trabajó aproximadamente durante tres años para la empresa de la que es representante legal la recurrida, Clínica CENN SpA, prestando servicios como odontopediatra, agregando que vivió durante el año 2024 una serie de situaciones de acoso laboral en los meses de julio y diciembre.

Refiere que en julio de 2024 y durante la atención de un paciente, una de las asistentes que trabaja en la clínica hizo que tanto él como su familia se sintieran incómodos, lo que motivó que hablara con la recurrida, y como consecuencia que todas las funcionarias de asistencia dental dejaran de hablarle, lo que se detuvo solo con la dictación de la Ley Karin en agosto de 2024.

Sostiene que luego de esta situación, en diciembre de 2024, debió trabajar con una nueva asistente, con quien tuvo inconvenientes para realizar radiografías a un paciente que lo requería, dado su diagnóstico de múltiples caries. En estas circunstancias, puntualiza que le hicieron presente que había sido agresiva y solicitó la toma de radiografías de mala forma, lo que niega la recurrente, circunscribiéndolo a un ámbito técnico y originado por falta de comunicación; un inconveniente o mal entendido.

Fundamenta que posteriormente la recurrida le pidió una versión de lo sucedido, y sin dar opción a que la actora pudiera expresarse, fue interrumpida y tildada de agresiva, exigiéndole disculparse con las asistentes, agregando que días después le comunicó que luego de asesorarse por un abogado, había tomado la decisión de cesar sus servicios en la clínica de forma inmediata por aplicación de la Ley Karin, enviándole un informe, que sin mediar investigación alguna, conversación con las partes, o cumplir con los protocolos de la citada ley, sugería apartarla de sus funciones.

Hace presente que luego de ser desvinculada, los días 12 y 14 de diciembre de 2024, recibió mensajes vía aplicación de mensajería instantánea whatsapp, manifestándole los padres de distintos pacientes que habían sido informados por la recurrida que ya no seguía prestando servicios en Clínica CENN SpA, y que ello se debía a la aplicación de la Ley Karin, lo que considera ilegal y arbitrario la recurrente, al entregar a los padres de sus pacientes, menores de edad, información que es confidencial de conformidad con el artículo 211-B del Código del Trabajo.

Precisa que al menos hasta la interposición de la presente acción la entrega de esta información a terceros se mantiene, afectándola a nivel personal, familiar y laboral, al divulgarse información confidencial, sin su autorización, afectando sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 4 y 24 de la Carta Fundamental, por lo que solicita en definitiva a esta Corte que se ordene a la recurrida cesar en todo tipo de entrega de información acerca de los motivos de su despido, abstenerse en lo sucesivo de hacerlo, además de disculparse públicamente, con costas;

SEGUNDO: Que, informa don Iván Alcayaga Jara, abogado, en representación de nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en todas sus partes, con costas.

Relata en primer término que Clínica CENN SpA es administrada conforme a sus estatutos, por la recurrida en estos autos, agregando que la recurrente prestaba servicios de odontología desde septiembre de 2021, como persona natural, y desde marzo del año 2024, en virtud de una relación civil entre la Clínica y la empresa que ésta constituyó, denominada Servicios Odontológicos nombre reservado E.I.R.L., existiendo siempre una relación cordial.

Refiere que, no obstante la buena relación existente, el 5 diciembre de 2025, tuvieron lugar hechos que conllevaron a terminar la relación existente con la actora, lo que se originó por una discusión producida por la recurrente, quien de mala forma y fuera de control exigió repetir la toma de fotografías a un paciente de cinco años que se encontraba atendiendo, dado que las imágenes no eran óptimas, y aún exaltada manifestó que no solicitaría que se tomaran radiografías en la clínica, llamándole la atención a las asistentes dentales antes de retirarse.

Sostiene que el mismo día, las tres trabajadoras involucradas en esta situación con la recurrente la denunciaron verbalmente por malos tratos y luego, mediante correos electrónicos de 9 y 11 de diciembre de 2024, ratificaron su denuncia, haciendo presente que la recurrida se contactó con la actora para preguntarle por los hechos denunciados, negando las imputaciones y afirmando que nunca se había enojado, no levantó la voz, y se acercó de manera pasiva a pedir ayuda para pedir las radiografías.

Hace presente que como consecuencia de lo anterior, se realizó una investigación bajo el marco de la Ley Karin, emitiéndose al respecto informe que concluyó la efectividad de los hechos denunciados, además de la recomendación de terminar la relación de prestación de servicios con la recurrente, lo que efectivamente ocurrió.

Precisa que en este escenario, es Clínica CENN SpA y no la recurrida quien debió informar a los padres de los pacientes menores de edad que se atendían con la recurrente, el hecho de que ésta había cesado sus servicios en la Clínica para que decidieran qué hacer, pero sin informar el motivo de la desvinculación.

Detalla que solo en una ocasión, uno de los tutores de los pacientes menores de edad consultó a la recepcionista que le envió la referida información, cuál había sido la razón del cese de servicios de la recurrente, lo que fue una situación aislada, no existiendo instrucciones por parte de la clínica o la recurrida de informar el motivo del cese de la prestación de servicios de la recurrente, agregando que incluso le han derivado pacientes para su atención, lo que da cuenta precisamente de la inexistencia de alguna intención de perjudicar, dañar o afectar a la recurrente.

Arguye además que la recurrida carece de legitimación pasiva, puesto que la acción arbitraria e ilegal que se imputa a la recurrida es haber entregado información confidencial a los tutores de los pacientes sobre el motivo de su desvinculación en Clínica CENN SpA, motivo por el cual debió recurrir contra la institución y no contra doña nombre reservado, sin perjuicio de lo cual los hechos reclamados no son efectivos.

Fundamenta que en definitiva no ha existido por parte de la recurrida alguna acción que pueda ser calificada de arbitraria o ilegal, ya que sin perjuicio de lo referido anteriormente, la información que normativamente se califica como confidencial de acuerdo al artículo 211-B del Código del Trabajo efectivamente se ha mantenido bajo reserva, y las medidas de reparación solicitadas por la recurrente son improcedentes, por lo que solicita en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que luego de lo dicho es menester relevar que el acto ilegal o arbitrario que se reprocha se hace consistir por la recurrente en que, supuestamente, la recurrida, quien es representante legal de la Clínica Dental CENN SpA, habría difundido información reservada relativa al motivo de su desvinculación profesional de dicho establecimiento;

QUINTO: Que conforme al mérito de los antecedentes allegados, lo cierto es que el hecho en que se asienta la presente acción cautelar no ha sido justificado de modo alguno, puesto que no existe ningún indicio que dé cuenta de la responsabilidad que habría correspondido a la recurrida en la circunstancia que se le atribuye, por lo que, así las cosas, estos sentenciadores no pueden responsablemente tener por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda ser imputado a doña nombre reservado y, consecuentemente, remediado por esta vía, por lo que necesariamente se desestimará el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-964-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, nueve de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.