nombre reservado con nombre reservado

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

En estos autos Ingreso Corte 9635-2023, compareció nombre reservado y dedujo recurso de protección en contra de nombre reservado, Jefa del Departamento de Gestión de Personas de la Subsecretaría del Medio Ambiente, por el actuar ilegal y arbitrario consistente en el término anticipado a su designación de contrata a partir del 2 de mayo de 2023, el que a su juicio vulnera las garantías contempladas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la que pide que, acogiéndose la presente acción, se declare que la aludida subsecretaría debe mantenerla en las mismas funciones que desempeñaba al 1° de mayo del presente año, ordenando asimismo, el pago de sus remuneraciones por el tiempo en que estuvo ilícitamente separada de las mismas, con costas.

Fundamentando su pretensión, señala que ingresó a la aludida repartición mediante concurso público el 2 de febrero de 2023, conforme da cuenta la Resolución Exenta RA N° 118894/77, haciendo presente que desde el inicio experimentó actos de discriminación por parte de la jefa de oficina de auditoría, nombre reservado, caracterizados por un trato diferenciado y poco cordial en comparación con los restantes funcionarios, a lo que se añaden diversos episodios que reseña; evidenciando las dificultades que debió pasar en su entorno laboral con la misma razón y que desembocó en la notificación del término de la relación laboral el 21 de abril de 2023 a contar del 2 de mayo.

Advierte que dicha decisión no se materializó en un acto administrativo formal, sino en una simple comunicación realizada por la recurrida, quien no cuenta con atribuciones para despedir a funcionarios públicos, sin que tampoco se hayan expresado los motivos o causas de la determinación adoptada, infringiendo con ello lo dispuesto en los artículos 16 y 40 de la ley 19.880.

En lo tocante a la vulneración de sus garantías constitucionales, señala que el término del vínculo da cuenta de una acción que transgrede el derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se le priva, en atención a que tal conclusión es discriminatoria y arbitraria en relación a quien desempeñándose en similar calidad a la suya y en la misma unidad, particularmente la funcionaria nombre reservado, mantiene todavía su relación contractual con la subsecretaría.

Asevera que la recurrida transgredió diversas disposiciones del Derecho Administrativo al no expresar motivo ni causa que valide el término anticipado de sus servicios, en atención a que únicamente se expresó en la comunicación de desvinculación la siguiente oración: “vengo en poner término anticipado a sus funciones, a contar del 02 de mayo de 2023”, sin señalar que sus servicios han dejado de ser necesarios para la subsecretaría, como es habitual en estos casos, por expreso mandato legal. Con ello, se quebranta, además, la ley 19.880, particularmente el inciso 6° del artículo 3° de la misma.

Asimismo, pone de relieve que la recurrida carece de potestad para decidir el término de la contrata, ya que dicha facultad recae en el Subsecretario de Medio Ambiente, en su calidad de Jefe Superior del Servicio.

Por lo mismo, la decisión que tilda de ilegal, atenta el derecho que consagra el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Termina solicitando se acoja el recurso, en los términos expuestos.

Informó el subsecretario del Medio Ambiente, argumentando la improcedencia de la acción constitucional. Precisa que en el mes de enero del año 2023 la recurrente fue seleccionada para el cargo de "Profesional Auditoría Interna" en la subsecretaría del Medio Ambiente, a través de un proceso de reclutamiento o concurso público. Dicha selección se formalizó mediante la Resolución Exenta RA N° 118894/77/2023 de 30 de marzo de 2023. Por dicho acto administrativo la protegida fue contratada en calidad de contrata, asimilada al grado 10° E.U.S. del estamento profesional, por el plazo de tres meses a partir del 1° de febrero de 2023 y hasta el 1° de mayo de 2023. Además, se estableció que este contrato estaría sujeto a un periodo de prueba, tras el cual se realizaría una evaluación de desempeño, y en caso de resultar positiva, sería ratificada en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2023.

Indica, a continuación, que el proceso de evaluación de desempeño se llevó a cabo dentro de los 30 días previos al término del contrato de tres meses, aplicando criterios objetivos para calificarla en diversos factores y subfactores [planificación, organización, eficiencia del trabajo, calidad y oportunidad del trabajo, cumplimiento de metas, relaciones interpersonales, iniciativa, flexibilidad, toma de decisiones, cumplimiento de políticas y normas institucionales, y asistencia y puntualidad], sin embargo los resultados indicaron que la actora no cumplió satisfactoriamente con varios de los parámetros de calificación, razón por la que su jefatura directa determinó que no procedía extender su contrato más allá del plazo original de tres meses, por mostrar falta de conocimientos necesarios para el desempeño en el cargo, requerir constante supervisión y apoyo, y experimentar dificultades en las relaciones interpersonales desde su incorporación.

Por lo anterior, la jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de esa subsecretaría le comunicó a la recurrente el 21 de abril de 2023 que su contrato no sería prorrogado y que cesaría en el empleo a partir del 2 de mayo de 2023. Esta comunicación se realizó en cumplimiento de las normas y plazos establecidos en el Estatuto Administrativo y la restante normativa pertinente.

A continuación, después de señalar que la presente acción se dirigió en contra de un recurrido erróneo [Jefa del Departamento de Gestión de Personas de la Subsecretaría del Medio Ambiente], pues cabía entablarla respecto del subsecretario como jefe de servicio, sostiene que la misma no es la vía idónea para resolver esta controversia, ya que la decisión de no prorrogar el contrato se basó en una evaluación objetiva y en el cumplimiento de la normativa vigente y atendido la naturaleza sumaria y urgente de este recurso, no es posible a través del mismo resolver cuestiones de fondo relacionadas con la evaluación de desempeño y la terminación de este tipo de contratos; haciendo presente que la actora desliza una posible conculcación del artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental, que tampoco puede invocarse por esta vía, sino mediante un procedimiento de tutela laboral.

En conclusión, no ha incurrido en ningún acto u omisión, arbitrario o ilegal; no existe en la especie vulneración de la confianza legítima de la recurrente, ni de los derechos fundamentales invocados por ésta.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

2°.- Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

3°.- Que conforme a la documentación acompañada por las partes, es posible asentar los siguientes hechos:

a) La actora ingresó a prestar servicios para la recurrida el 2 de febrero de 2023, según consta en Resolución Exenta RA N° 118894/77 de 30 de marzo de 2023, consignándose en la misma que esta contratación se extendería hasta el 1° de mayo del mismo año, y mientras sean necesarios sus servicios.

En la misma Resolución y en lo pertinente, se consigna “1. Que, la Subsecretaría del Medio Ambiente requiere contar con apoyo profesional en la Oficina de Auditoria Interna, con el objeto de: gestionar las auditorías y actividades contempladas en el Plan Anual de las mismas, que considera auditorías gubernamentales, ministeriales y auditorías emanadas del análisis de la matriz de riesgo institucional, sumadas a aquellas solicitadas por la Autoridad; asesorar a las unidades auditadas para la correcta implementación de sus planes de mejora y aplicación de la normativa vigente; reportar a la Jefatura de la Oficina de Auditoría Interna el comportamiento de las áreas y procesos del servicio en el desarrollo de las auditorías en ejecución del plan; colaborar en cualquier otra labor que sea encomendada por la jefatura directa con el objeto de cumplir las metas y objetivos institucionales. 2. Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la Resolución N°1/2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil el procedimiento de reclutamiento y selección debe aplicarse a todos los ingresos a la administración a Contrata y Código del Trabajo, salvo que la autoridad por resolución fundada, resuelva no aplicarlo. 3. Que, habiéndose realizado un proceso de reclutamiento cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la Resolución N° 1, de 2017, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, la postulante mejor evaluada ha sido doña nombre reservado, siendo seleccionada para proveer el cargo. 4. Que, doña nombre reservado, de profesión Contadora Auditora y Contadora Pública de la Universidad Católica del Norte, Diplomada en Auditoría y Fraude de la Universidad de Chile, Diplomada en Alta Gestión de Instituciones y Organización de Salud y Magíster en Administración de Empresas con especialización en Salud, todos de la Universidad Andres Bello, y cuenta con experiencia en: efectuar procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales conforme a la Ley N° 19.884 sobre Transparencia, Limite y Control del Gasto Electoral y efectuar auditorías y fiscalizaciones; elaborar Informes de auditoría procurando una comunicación efectiva de los hallazgos; generar información para monitorear el desarrollo de las tareas encomendadas; evaluar, orientar y coordinar el sistema de control interno en los ámbitos administrativos, financieros, contables, gestión y procesos operacionales; planificar y programar bases de riesgos del Plan Anual de Auditoría y sus Programas específicos; ejecutar de auditorías institucionales, ministeriales y presidenciales; dar seguimiento a las medidas correctivas y preventivas emanadas de los informes de auditoría internos y externos; colaborar en el aseguramiento del sistema de gestión de riesgos, validando matriz estratégica de riesgo institucional permanentemente; gestionar la información solicitada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. 5. Que, doña nombre reservado, cumple los requisitos legales y curriculares exigidos para asumir las funciones y tareas descritas en el numeral anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del D.F.L. N° 4, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija la Planta de Personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental. 6. Que, la Subsecretaría del Medio Ambiente cuenta con el cupo necesario dentro de la dotación de personal y la disponibilidad presupuestaria suficiente para solventar el gasto que irrogue la presente contratación”;

b) Conforme a la ficha de “Evaluación Prórroga de Contrato”, la jefatura de la actora no recomendando la prórroga de la contrata, argumentando en las observaciones “La profesional no ha demostrado tener los conocimientos que se requieren para el buen desempeño en el cargo, requiere constante supervisión y apoyo. Al respecto, no demuestra tener la apertura para mejorar en el desarrollo de su trabajo. Adicionalmente las relaciones interpersonales al interior del equipo de auditoría, a partir de su incorporación han sido complejas y no se prevé que puedan mejorar”;

c) Mediante comunicación de 21 de abril pasado, la jefa del departamento de gestión y desarrollo de personas de la subsecretaría del Medio Ambiente, informó a la actora que no se prorrogaría su contratación, debiendo dejar de prestar funciones a partir del 2 de mayo de 2023;

d) El 27 de abril la actora presentó una denuncia por acoso laboral y otras vulneraciones de derechos fundamentales ante el subsecretario de la repartición recurrida.

4°.- Que finalmente el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha es la decisión de la administración de no prorrogar la contrata de la actora, sin que exista discusión que aquella prestaba servicios bajo tal modalidad, por consignarse en el acto que dio inicio al vínculo estatutario que el mismo se extendería “hasta el 1 de mayo de 2023 y mientras sean necesarios sus servicios”.

5°.- Que incardinado con lo que precede, debe recordarse que aquello que identifica al empleo a contrata es su precariedad, puesto que de acuerdo al artículo 3° de la ley 18.834 tiene el carácter de transitorio, lo que debe relacionarse con el artículo 10 de la misma ley que prescribe “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. Dicha norma se encuentra en armonía con el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, que señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153, al disponer que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

En consecuencia, en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente o por el plazo contratado, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por en definitiva, no ser necesarios sus servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año o bien en el plazo menor establecido en el acto respectivo. Todo, sin perjuicio de las consideraciones que puedan hacerse respecto de los funcionarios que se encuentran protegidos por el principio de confianza legítima, lo que en este caso carece de relevancia, atendido que la actora se desempeñó para la administración solo por tres meses.

6°.- Que sobre la base de lo expuesto en los motivos que anteceden, se advierte que el recurrido al poner término a la designación de contrata de la actora ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, apegado a la ley, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 3° letra c) y 10 de la ley 18.834, siendo además coherente con el transcurso del tiempo y consecuente vencimiento de la contrata.

7°.- Que se añade al razonamiento que precede que este procedimiento cautelar constitucional exige como presupuesto básico derechos o garantías indubitadas y, en la especie, se trata de una funcionaria que realiza su trabajo a contrata y cuyo vínculo no fue prolongado. Luego, desde este punto de vista surgen situaciones equívocas de las cuales no es posible desprender indubitadamente alguna acción arbitraria o ilegal si se considera que este no es el estadio para decidir si la experticia de la recurrente ameritaba continuar con su trabajo y, por lo tanto, en este caso concreto, la decisión de la autoridad puede entenderse legal y dentro de su permitida discrecionalidad, más allá de la ambigüedad de los términos empleados en la redacción del acto administrativo que dio origen a la contrata de la actora, que pareciera referirse a labores que conforme a su naturaleza podían desempeñarse de manera indefinida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la ministra Lilian Leyton Varela Nº Protección 9635-2023.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora Lilian Leyton Varela y por la Abogada Integrante señora Magaly Correa Farías. Santiago. No firma el Ministro señor Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.