nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 16: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Luis Alberto Contreras Benavides, abogado, en representación de nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber realizado un descuento sobre su liquidación de remuneraciones de marzo de 2024 por la suma de $276.998.-, pese a que había optado por cobrar judicialmente la deuda respectiva, afectando su derecho de propiedad y vulnerando las garantías constitucionales de los N° 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 1 de abril de 2024, al revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de marzo, se percató de que se le había descontado arbitrariamente la suma de $276.998.- por parte de la Caja de Compensación Los Andes, monto destinado a cubrir un crédito social otorgado previamente a su persona.

Expone que dicho crédito fue judicializado en la causa Rol C-3004-2023 del 3º Juzgado de Letras de La Serena, en la cual la recurrida demandó el cobro de un pagaré por la suma de $3.347.920.-, correspondiente al capital del crédito más intereses. Manifiesta que durante el curso del procedimiento opuso la excepción de prescripción, a la cual la Caja de Compensación se allanó, y fue acogida por el Tribunal.

Reclama que, a pesar de haber optado por la vía judicial, la Caja de Compensación Los Andes procedió a efectuar descuentos directos desde sus remuneraciones. Argumenta que esta situación constituye una "doble vía de cobro", ya que la Caja de Compensación no sólo persigue el cobro por vía ejecutiva, sino que además realiza descuentos directamente desde sus remuneraciones, lo cual considera arbitrario y carente de fundamento legal.

Solicita que se ordene a la recurrida cesar de manera inmediata los descuentos realizados desde su remuneración, y que se restituya la totalidad de las sumas descontadas, en especial aquellas correspondientes a la liquidación de sueldo del mes de marzo de 2024, así como cualquier otro descuento que se descuenten o retengan hasta que se dicte sentencia, todo con costas.

Acompañó copia de su liquidación de remuneraciones de marzo de 2024, contrato de trabajo, pagaré del crédito social N.º 97097CON100520039, reprogramación del crédito, Ebook de la causa C-3004-2023 del 3º Juzgado de Letras de La Serena y tabla de desarrollo del crédito.

Segundo: Que, informando la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, solicita que se rechace el recurso de protección.

Sostiene que los descuentos realizados a la remuneración del recurrente se efectuaron conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece la posibilidad de realizar descuentos sobre las remuneraciones para el pago de créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación.

Aclara que los descuentos se realizan en razón de dos créditos sociales que el recurrente adeuda a la Caja de Compensación.

Manifiesta que, aunque el cobro del crédito que reclama el protegido fue judicializado, ello no impide la aplicación de descuentos directos sobre las remuneraciones del deudor, ya que la ley autoriza expresamente este mecanismo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Refiere que los descuentos se efectuaron dentro de los plazos y bajo las condiciones establecidas por la ley, y que, por tanto, no existe arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar.

Precisa la distinción entre la prescripción de la acción cambiaria y la de aquella que emana del mutuo de crédito en dinero suscrito con el recurrente, las que tienen plazos de prescripción diferentes y que, respecto de la segunda, no ha sido declarada su prescripción judicialmente.

Argumenta que la acción de protección no es procedente en este caso, pues no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, ya que los descuentos se hicieron de acuerdo con la ley y no existen fundamentos que justifiquen la suspensión de éstos ni la restitución de las sumas descontadas.

Acompañó a su informe el expediente de créditos sociales otorgados al recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, que se traduce en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que, en el presente caso, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario es haber ordenado a su empleador retener parte de su remuneración sin previo aviso ni notificación judicial, pese a que la deuda que ya se encontraba en cobranza judicial.

Sexto: Que, tanto al informar, como al alegar en estrados, la recurrida reconoció que el descuento que se impugna por el recurrente, corresponde al cobro de dos créditos sociales, esto es, aquél del 2 de noviembre del año 2017 y otro otorgado al actor el 17 de noviembre de 2022, sin que se señale de forma específica que parte de la suma descontada se imputa a cada crédito.

En este sentido, de la copia del expediente digital de la causa Rol C-3004-2023 del 3° Juzgado de Letras de La Serena, se visualiza que existió un cobro judicial del referido crédito, proyectado en el pagaré N° 097CON100520039, consignándose que el 18 de marzo del 2024 la Caja ahora recurrida se allanó a las excepciones de los N° 7 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil opuestas por el ejecutado y recurrente, causa que se encuentra actualmente afinada.

Séptimo: Que, en consecuencia, respecto de aquel crédito aparece que se han ejercido las acciones judiciales tendientes a su cobro, de manera tal que constituye un actuar ilegal de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes el descuento por planilla que ha realizado al protegido, al haber optado por la alternativa judicial para la satisfacción del crédito referido.

Octavo: Que, por otro lado, si bien en su informe la recurrida alude a un presunto segundo crédito social, de fecha 17 de noviembre de 2022, el que habilitaría parte del descuento que realiza en las remuneraciones del recurrente, lo cierto es que no ha sido capaz de explicar las fórmulas que ha utilizado para determinar a qué suma concreta asciende cada crédito social que se encuentra descontando al recurrente, ni ha informado sobre su estado de morosidad, de manera tal que no acompaña antecedentes que permitan a esta Corte concluir que se encuentra facultada para efectuar el descuento realizado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se ordena a aquella cesar en los descuentos y/o retenciones que tengan por fundamento el crédito social del 2 de noviembre del año 2017, y que en cuanto al supuesto segundo crédito social, esto es, aquél del 17 de noviembre de 2022, se le ordena suspender los descuentos y/o retenciones hasta que la recurrida emita una liquidación de la deuda que determine la existencia del crédito y el actual estado de pago de éste.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-9632-2024.