nombre reservado con SINDICATO N° 2 UNILEVER CHILE S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diez de agosto de dos mil veintiuno.

A los escritos folios Nº 23 y 24: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don Jaime Calderón Gutiérrez, abogado, en representación según mandato judicial en nombre y a favor de doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, todos ex socios del sindicato Nacional N°2 de Empresa Unilever Chile, quienes interponen acción de protección en contra del Sindicato Nacional N° 2 de Empresa Unilever Chile Ltda., por haber incurrido éste en un acto ilegal y arbitrario al vender los bienes inmuebles del patrimonio del Sindicato y repartir el producto de dicha venta entre sus actuales socios, lo que vulnera sus garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicitan se acoja su recurso y se obligue a la recurrida tomar de inmediato todas las medidas que sean necesarias para que los ex socios puedan seguir ejerciendo su derecho de propiedad respecto al uso del bien raíz; que se declare que la Directiva Sindical del Sindicato Nacional ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, por tanto, suspenda dicho acto de inmediato y, en subsidio, para el caso que se estime que dicho acto es legal, se ordene al Directorio del Sindicato que compense económicamente a todos y cada uno de los ex socios de dicha organización sindical en proporción al valor de la venta del centro vacacional de Isla Negra.

Hacen presente que la acción se interpone dentro de plazo, pues el acto reprochado se produjo con ocasión de la decisión del directorio del Sindicato Nacional N° 2 de Empresa Unilever, de la que tomaron conocimiento el 30 de octubre de 2020 cuando uno de los ex socios don nombre reservado vio la publicación del aviso de venta en una página de internet de la corredora de propiedades Franco Propiedades.

Fundando su recurso indican que el Sindicato Nacional N° 2 pertenece a la empresa Unilever Chile Ltda., la cual decidió terminar con sus plantas productoras en Chile, dejando sólo sus oficinas comerciales en el país, lo que originó que comenzaran una serie de despidos masivos de los trabajadores.

Detallan que el sindicato está actualmente conformado por 52 socios, pero históricamente fueron más de 350, por lo que los que quedan saben que en pocos meses más ya no pertenecerán a la empresa y al sindicato, lo que originó que la actual directiva decidiera vender el patrimonio y repartir el dinero de la venta de este entre sus actuales socios.

Indican que tienen derechos radicados en dicho centro vacacional, dado que este se creó bajo su administración y con el trabajo y dinero de todos ellos. Precisan que el terreno que fue adquirido el 1° de diciembre de 1972, con los aportes de las cuotas sindicales de los socios y aportes extraordinarios, más el aporte personal en dinero efectuado por los socios, para la construcción del centro de veraneo que comenzó en el año 1974.

En razón de dicho esfuerzo económico y personal sostienen que los hoy ex socios del sindicato tienen el derecho a usar dicho recinto sin limitaciones y de manera perpetua, pagando la suma que va en beneficio de la mantención de dicho centro vacacional, sin posibilidad que algún tercero pueda privarlos, perturbar o amenazar el libre ejercicio de dicha facultad.

En primer lugar, sostienen que no es factible que a través de una simple decisión unilateral se les pueda privar de tal derecho que le está reconocido por la legislación laboral, ya que el artículo 257 del Código del Trabajo dispone que cuando se trate de inmuebles adquiridos para el bienestar de los socios y sus familias, los ex miembros del sindicato que tuvieran derecho al mismo beneficio deben ser escuchados en asamblea extraordinaria, en forma previa a la adopción del acuerdo, dejando constancia de ello por el ministro de fe correspondiente, lo que no ha ocurrido en el caso, pues no han sido escuchados.

Esgrimen que además se vulnera establecido en el artículo 259 del cuerpo normativo citado, que señala el patrimonio de una organización sindical es de su exclusivo dominio y no pertenece, en todo ni en parte, a sus asociados, y que ni aún en caso de disolución los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus asociados, por lo que los bienes de las organizaciones sindicales deben ser precisamente utilizados en los objetivos y finalidades señalados en la ley y los estatutos.

En segundo lugar, argumenta que dicho acto es arbitrario al carecer de racionalidad, ya que el ámbito de la competencia de los recurridos no es otro que el fijado por el legislador y no le es permitido restringirlo ni ampliarlo, so sanción de ilegalidad, no pudiendo omitir actos o trámites previstos, lo que hizo la recurrida al vender uno de sus bienes con la finalidad de ser utilizado de manera diversa a los objetivos y finalidades señalados en la ley y los estatutos.

Concluyen que ello conculca su derecho de propiedad, de igualdad ante la ley y derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que les está privando de su derecho a uso sobre el inmueble y están siendo discriminando respecto a los pocos actuales socios, los que en su inmensa mayoría son trabajadores que llevan pocos años en la compañía y no aportaron nada para su compra, construcción o manutención, y al privarles de su derecho a ser oídos en la asamblea.

Segundo: Que comparece don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, ambos domiciliados en domicilio reservado, en representación convencional del Sindicato Nacional Nº 2 de Empresas Unilever, quienes informando al tenor del recurso, solicitan el rechazo del mismo, con costas, Parte indicando que el Sindicato Nº 2 es dueño de los inmuebles que están destinados a recinto y cabañas de recreación y vacaciones para sus socios, estos son, el ubicado en la localidad de Punta de Tralca, en la comuna del Quisco, y Lote Nº 2 del Fundo Punta de Tralca. Refiere que su adquisición se hizo con fondos sindicales, cuotas extraordinarias de los socios, aportes de la empresa, y aportes de trabajo de algunos socios en la construcción del recinto recreacional.

Precisa que no es efectivo que los ex socios tengan derecho de uso perpetuo e ilimitado del recinto, ni está contemplado dicho derecho de uso en el Estatuto del Sindicato ni en sus reglamentos.

Señala que dada la fuerte reducción del número de socios en los últimos años y el alto costo de mantención de estos inmuebles, se hizo inviable su mantención, por lo que cumpliendo estrictamente las normas legales y estatutarias pertinentes, decidió que era necesario enajenarlos para contribuir al financiamiento de la organización y de otros beneficios sociales para los afiliados, decisión que fue adoptada por los socios, en votación secreta realizada el 10 de diciembre de 2019, ante el Notario Público nombre reservado de Quinta Normal, don nombre reservado, como ministro de fe, en la que se reunieron 72 de los 104 socios y fue aprobada por la mayoría absoluta de los afiliados con 67 votos a favor y cinco votos en contra, lo que consta de reducción a escritura pública del Acta, Repertorio Nº 1589-19.

Manifiesta que previo a la votación el día jueves 29 de agosto de 2019, se realizó una Asamblea Extraordinaria para debatir la enajenación, a la que fueron invitados también los ex socios mediante aviso publicado en el Diario El Mercurio el 23 de agosto de 2019, a la que asistieron 91 ex socios y 27 socios activos, informándose sobre la necesidad de la enajenación, los pasos legales que debían cumplirse para ello y que se realizaría la votación correspondiente de acuerdo a la ley.

Indica que el acuerdo de enajenación de los inmuebles, contempla que el producto de dicha venta se destine en un cinco por ciento a la partida presupuestaria de Gastos Generales del Sindicato, contribuyendo al financiamiento de la operación de la organización, y el noventa y cinco por ciento restante se destine a la partida presupuestaria Beneficios Directos a Socios, con el objeto de otorgar beneficios de bienestar social a los afiliados y sus familias, sustituyendo los beneficios que percibían por medio de los inmuebles que se enajenarán.

Sostiene que en cumplimiento de lo acordado por la mayoría absoluta de sus asociados, el Directorio suscribió el 14 de febrero de 2020 una orden de venta de los inmuebles con la oficina de corretaje Franco Propiedades, la que tenía vigencia hasta el 13 de febrero de 2021, expirando en esa fecha. Posteriormente, el 1 de abril de 2021 se suscribió una nueva orden de venta con “Tres Lazos Gestión Inmobiliaria SPA”, de duración indefinida, la que se encuentra vigente. Hasta la fecha no se ha concretado la venta de los inmuebles.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso interpuesto, ya que el acto ilegal y arbitrario recurrido, en palabras de los propios recurrentes, se produjo con ocasión de la decisión del directorio la que fue puesta en conocimiento y discusión de todos los socios y ex socios del Sindicato, el jueves 29 de agosto de 2019, en la asamblea extraordinaria citada al efecto, y que se aprobó en votación secreta realizada el 10 de diciembre de 2019, ante ministros de fe, poniéndose en práctica la decisión adoptada el 14 de febrero de 2020, por lo que a la fecha de interposición de la acción el 29 de noviembre de 2020 el recurso había transcurrido el plazo previsto por el auto acordado sobre la materia.

En segundo término, alega que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, ya que la decisión se encuentra fundada en la imposibilidad de la organización sindical de mantener dichos inmuebles y operarlos como recinto recreacional, con los escasos ingresos que tiene en la actualidad debido a la drástica disminución de sus socios.

Indica que el Código del Trabajo sólo establece normas preventivas para asegurar que la enajenación de los inmuebles que forman parte fundamental del patrimonio sindical, sea hecha con pleno conocimiento de los interesados y sea probada con un quórum calificado conforme lo exige su artículo 257, lo que en el caso se cumplió, ya que se escuchó a los ex socios en asamblea citada especialmente al efecto, el 29 de agosto de 2019, en forma previa a que se adoptara la decisión de enajenación, se estableció y dejó constancia del destino asignado al producto de la venta en el acta reducida a escritura pública, y en el acuerdo de enajenación fue adoptado el 10 de diciembre de 2019, por la mayoría absoluta de los socios vigentes en votación secreta.

Como tercera cuestión, esgrimen que no es efectivo que los recurrentes posean un derecho de uso sobre los inmuebles individualizados, ya que conforme lo disponen los artículos 766 y 817 del Código Civil, el derecho de uso sólo puede constituirse por la ley, por testamento, por donación, venta u otro acto entre vivos o por prescripción.

Tercero: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que lo reprochado por los actores es la decisión adoptada por la recurrida del 10 de diciembre de 2019, de enajenar los bienes inmuebles de patrimonio del Sindicato Nº 2 de Empresa Unilever Chile Ltda., y la determinación de repartir el producto de dicha venta entre los socios activos.

Quinto: Que en cuanto a la solicitud de extemporaneidad, se debe indicar que el acto reprochado se produjo con ocasión de la decisión del directorio del Sindicato Nacional N° 2 de Empresa Unilever Chile Ltda., la que fue puesta en conocimiento de todos los socios y ex socios del Sindicato, el jueves 29 de agosto de 2019, en la asamblea extraordinaria citada al efecto, y aprobada el 10 de diciembre de 2019, ante ministros de fe, por lo que a la fecha de interposición de la acción el 29 de noviembre de 2020, el recurso se interpuso fuera del plazo previsto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, por lo que el mismo debe ser desestimado por extemporáneo.

A mayor abundamiento, los recurrentes no acompañaron antecedente alguno que diera cuenta de la fecha en que tomaron conocimiento del acto, más aun constando que fueron citados a la Asamblea respectiva.

Sexto: Que sin perjuicio de ello y en cuanto al fondo, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Séptimo: Que por la presente vía se pretende que esta Corte dirima respecto de la validez o no del acuerdo adoptado por los socios del Sindicato Nacional N° 2 de Empresa Unilever Chile Ltda., en la asamblea extraordinaria del 29 de agosto de 2019 y de la decisión aprobada el 10 de diciembre de 2019, como asimismo se declare su derecho a ser compensados por dicha venta por tener un derecho de uso sobre el centro vacacional de Isla Negra, de lo que aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos, para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

Asimismo, ello deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

Octavo: Que lo cierto es entonces que los recurrentes pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho de uso sobre el centro vacacional, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos y obligaciones de los recurrentes, es parecer de esta sede jurisdiccional que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Noveno: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado ni propiedad sobre derecho y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso.

Décimo: Que sin perjuicio de ello, se debe consignar que, no obstante lo que se pueda discutir en la sede que corresponda, tampoco son efectivas las alegaciones efectuadas por los actores, toda vez que de los documentos acompañados por la recurrida se advierte que los ex socios del Sindicato Nº 2 de la Empresa Unilever Chile sí fueron citados para asamblea extraordinaria de socios y ex socios por la enajenación de los inmuebles a celebrarse el 29 de agosto del año 2019, en la sección económicos clasificados del diario el Mercurio de fecha 23 de agosto de 2019, e incluso algunos de los recurrentes concurrieron a la primera asamblea.

Asimismo, que en dicha asamblea se decidió enajenar tres inmuebles de propiedad del sindicato, indicando en la reducción a escritura pública de Acta de Asamblea y votación ante ministro de fe, que “dicha venta se destinará en un cinco por ciento a la partida presupuestaria de gastos generales del Sindicato, contribuyendo así al financiamiento de la operación de la organización, y el noventa y cinco por ciento restante se destine a la partida presupuestaria beneficios directos a socios, con el objeto de otorgar beneficios de bienestar social a los afiliados y sus familias”. Agregando que dicha determinación se decidió tras un largo debate en el que se escuchó a los ex socios asistentes, a los socios activos, quienes pudieron emitir sus opiniones.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Sindicato Nacional N°2 de Empresa Unilever Chile Ltda.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-96210-2020.