nombre reservado con nombre reservado

Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece ante esta Corte, la abogada doña FALLONS MATELUNA NAVARRO, domiciliada en domicilio reservado. Comuna de Recoleta, quien, en nombre y a favor de don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservadoª Compañía del nombre reservado, deduce acción de protección en contra del nombre reservado, Rut N°RUT reservado, institución representada legalmente por don nombre reservado, en base a lo siguiente:

Refiere que con fecha 2 de noviembre del año 2020, su representado, nombre reservado, en Sala del Consejo Superior de Disciplina, fue separado como bombero voluntario de la 21° Compañía de nombre reservado.

En efecto, afirma que aquello se debió a haber sido acusado “injusta e ilegalmente” (sic) de acoso sexual en contra de la voluntaria doña nombre reservado.

Explica que el día 7 de febrero de 2020, la entonces postulante a bombero nombre reservado, presentó denuncia en contra de su representado, la que dirigió vía correo electrónico al Director de la 21ª Compañía de nombre reservado, manifestando que don nombre reservado había realizado una “conducta inmoral” en su contra, pues, según sus dichos, le habría intentado dar un beso en la boca e invitado a beber alcohol, lo que fue estimado como acoso sexual.

Agrega la recurrente que, formulada la denuncia y pese a que el nombre reservado cuenta con un protocolo para casos de denuncia por acoso sexual (Acuerdo de carácter permanente Numero 70 “Protocolo de denuncia e investigación de casos de acoso sexual y otros abusos”), el señor director de la 21° compañía de Santiago no se ciñó a dicho protocolo y decidió no investigar los hechos denunciados, teniendo como fundamento para ello el que el denunciado había sido separado ya el día 4 de febrero de 2020 y, por ende, ya no formaba parte del nombre reservado.

Sin embargo, la recurrente sostiene que esto no es del todo así, pues si bien su representado fue separado el día 4 de febrero, por no estar al día en el pago de sus cuotas, él aún tenía vigente el plazo establecido para apelar a tal decisión (plazo de cinco días corridos, contados desde la notificación de la sanción); así las cosas, -dice-, su representado presentó su apelación el día 7 de febrero y fue reintegrado a la institución el día 1 de Agosto del año 2020.

Enfatiza, entonces, que sabiendo de la denuncia, tanto el capitán, como el secretario y el director de la Compañía y, no obstante lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo permanente numero 70 (“… la denuncia debe ser realizada a través de los canales con que cuenta la institución, o de manera escrita al director de la compañía, a cualquier oficial general o miembro del directorio, quien deberá elevar los antecedentes al secretario general de la institución en el plazo máximo de 24 horas…”), decidieron obviar el protocolo y con ello el debido proceso pues –dice-, todo hecho que se denuncia debe ser indagado, a fin que ninguno de los involucrados quede sin la opción de presentar sus pruebas.

Añade que, incluso, la 21ª Compañía de nombre reservado, cuenta con cámaras que se encontraban en el lugar del suceso, cuyo contenido, dada la tardía investigación, ya no se encontraba disponible.

En efecto, con data 5 de septiembre de 2020, el director de la 21° Compañía remitió la denuncia efectuada por la, ya entonces, voluntaria nombre reservado al Secretario General del nombre reservado. el que, ciñéndose al protocolo del acuerdo permanente N°70, con fecha 7 de septiembre designó a don nombre reservado (voluntario de la 13° Compañía) a fin de que llevara a efecto la investigación de la denuncia por acoso sexual en contra del recurrente.

Fue así que, según el informe emitido por el señor nombre reservado con fecha 5 de octubre de 2020, éste consignó: “A juicio de este investigador, no se pudo acreditar fehacientemente que se hayan producido los hechos denunciados, sin perjuicio, que existen indicios de situaciones que deben ser analizadas al tenor de las declaraciones efectuadas… Corresponde hacer presente la falta de conocimiento en el proceder de los oficiales de la compañía, en el sentido de no haber resguardado evidencias en este caso…”.

En base a esta conclusión del investigador, la recurrente afirma que la sanción de separación que se le impuso a su representado es ilegal, arbitraria e injusta pues –afirma-, no se acreditaron los hechos, no se llevó a efecto un debido proceso, no se respetó el principio de inocencia y se vulneró el derecho a la honra.

Enseguida, la recurrente cita el concepto de acoso sexual que contiene el artículo 1 del Acuerdo de Carácter Permanente N° 70 del nombre reservado, norma ésta que entiende por acoso sexual “el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimiento de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenace o perjudiquen su integridad o su situación personal o bomberil…”; arguye que si bien en Chile, no se encuentra tipificado el delito de acoso sexual, es el Código del Trabajo el que lo tipifica y sanciona, definiéndolo de manera semejante, observándose una gran simetría entre ambas normas, por lo que –estima- es crucial cumplir cada una de las partes del proceso para realizar una investigación esclarecedora (sic). Es por eso que la demora en la que incurrieron los oficiales, el secretario y el director constituye, en su opinión, una negligencia absoluta que afectó las normas del debido proceso, el principio de inocencia y, en definitiva, vulneró los derechos de su representado.

En la progresión de su libelo de recurso, se refiere al mérito de las declaraciones prestadas en el curso de la investigación y sostiene:

a) Que los dichos de la propia y supuesta víctima, nombre reservado, son confusos pues, en la denuncia, dijo que había acudido a don nombre reservado con la finalidad de contarle un conflicto de carácter personal que le estaba sucediendo con su pareja de entonces (nombre reservado) y lo hizo porque confiaba en él y porque ya había mantenido conversaciones con él en atención a la confianza que le había dado; sin embargo, al declarar en la investigación, consigna que en reiteradas oportunidades el recurrente había intentado propasarse con ella, intentando darle un beso en la boca, tomándola por la cintura y besándola en la frente.

Es confuso –dice la recurrente-, que la supuesta víctima haya mantenido esa confianza en su defendido para confiarle problemas personales ese día 4 de febrero, en circunstancias que éste, supuestamente, se había excedido con ella antes y la había incomodado de la manera dicha.

b) En palabras de la propia recurrente, es “un tanto perturbador” que preste declaración en la investigación la pareja de la supuesta víctima, quien, incluso, habría cometido un supuesto acto de violencia intrafamiliar para con ella, motivo que hizo que el día 4 de febrero, doña nombre reservado acudiera ante su representado para contarle su problema. Sorprende, asimismo al recurrente, que la pareja de la denunciante (Arturo) declarara que “el denunciado constantemente buscaba excusas para poder estar a solas con la denunciante, como por ejemplo llevarla al metro”; se pregunta el recurrente entonces, si él era la pareja de doña nombre reservado y creía que don nombre reservado la acosaba, ¿por qué jamás realizó el mismo una denuncia ante los oficiales o increpó directamente a su representado?

c) Cuestiona, asimismo, el testimonio de doña nombre reservado, amiga de la denunciante según así es sabido por todos en la comunidad bomberil, quien expresa lo que a ella le parece sin haberlo presenciado (los hechos sucedieron en la tarde-noche de un día de verano, en un lugar donde nadie los vio…el denunciado se aprovechó del abrazo contenedor”…)

d) Alude, asimismo, a los dichos de don nombre reservado, Capitán de la 21° Compañía, quien, advertido por doña nombre reservado de los supuestos hechos, le aconseja que formule denuncia por escrito y luego le da cuenta al comandante de la situación, sin embargo, no dieron curso a la denuncia, importando, en opinión del recurrente, un acto negligente por parte de la comandancia y oficiales de la 21° Compañía;

e) Repara también en los dichos de don nombre reservado, Secretario de la 21° Compañía, quien dijo: “el voluntario nombre reservado había tenido problemas por el trato hacia las voluntarias de la compañía …… el Secretario (nombre reservado) indica que el señor nombre reservado busca permanentemente dividir a la Compañía ….…; sobre su apreciación es que nombre reservado se aprovechó de la situación de nombre reservado”.

f) Al efecto, se cuestiona el recurrente por qué si el señor nombre reservado sabía de estos problemas de trato, ¿no los denunció en su oportunidad?. Por reglamento estaba obligado a ello conforme lo prescribe el artículo 42 del reglamento de Compañía (Los oficiales deberán dar cuenta por escrito al Capitán de toda falta a la disciplina que noten en los bomberos de los actos de servicio o en el cuartel).

Postula el recurrente que venía siendo acosado a renunciar desde mucho tiempo, antes por parte del señor Secretario y otros Oficiales de la Compañía, incluso, en una ocasión el señor Secretario desafió a su representado a irse a los golpes, incidente que es de total conocimiento dentro de la 21° Compañía, y que obedece a que su representado “pone al descubierto las malas prácticas que los oficiales de compañía realizan al interior de ella”. (sic).

Añade se sospecha que toda esta denuncia se debió a una maquinación creada en su contra con la finalidad de separarlo completamente del nombre reservado, toda vez que la denunciante habría sido manipulada para atestiguar en su contra, todo lo cual fue transmitido al investigador; por ello es que –insiste-, hubiese sido de vital importancia haber realizado un acabado proceso investigativo en aquel sentido.

g) Atiende también a los dichos de doña nombre reservado, el más imparcial de los testimonios en su opinión, quien expresamente afirma que el actor mantiene la distancia con las voluntarias y que jamás ella ha experimentado o vivido una situación incómoda con él; de hecho, es explícita para decir que “nombre reservado es de los voluntarios que no las saluda de beso en la cara”.

h) Como último punto que pide apreciar, a que los propios oficiales de Compañía, en sus declaraciones, se refieren a las cámaras, y que por el tiempo transcurrido estas no pudieron ser vistas porque se borran.

Además, se desestimó la petición de su defendido en orden a llamar a más testigos.

Fue así, entonces, que con fecha 2 de noviembre de 2020, el recurrente fue citado al Consejo de Disciplina, y mediante reunión por zoom, fue “sancionado con la separación por causal de Acoso Sexual” (sic).

Postula que por el recurso se pide que, acogiéndose, se ordene al nombre reservado que proceda a reintegrar al voluntario honorario don nombre reservado, declarando de esta manera ilegal y nula la sanción de separación, al estimarse conculcados los derechos establecidos en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la Republica, según análisis y desarrollo que efectúa.

Alega vulnerado su derecho a la integridad psíquica pues –dice-este hecho debía ser mantenido en reserva y no fue así pues fue sabido al interior de la comunidad bomberil de la 21° Compañía y se conoció el motivo de su separación del nombre reservado.

En lo específico, sostiene que lo que mayormente ha afectado su integridad psíquica, es que su hija ha sido interrogada sobre lo sucedido, siendo ella una adolescente para quien no ha sido fácil tener que oír que su padre habría cometido acoso sexual y que, por ello, haya sido separado de la Compañía a la que ha servido durante 6 años Alega vulnerada, asimismo, su garantía de igualdad ante la ley, en atención a que –dice- los actos, hechos y circunstancias relatados fueron objeto de diferencias arbitrarias cometidas durante todo el proceso indicado por el Acuerdo de carácter permanente número 70, omitiéndose pasos fundamentales dentro del proceso, creando de esta forma la ilegalidad de la sanción pues no fue oído el recurrente en cuanto a su solicitud de que fueran interrogados más testigos, considerándose sólo los testigos ofrecidos por la denunciante.

También reclama vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, no sólo en cuanto a la conformación del órgano disciplinario que aplica la sanción, sino que conforme al criterio jurisprudencial que ha estimado que un órgano que ha aplicado sanciones o medidas disciplinarias, sin respetar garantías propias del debido proceso, tales como el derecho a defensa, el derecho a la adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recurso (totalmente carente en este caso) se convierte por ello en una comisión especial.

Explica y refiere que solo se le informa de su separación sin una resolución fundada al respecto y las Cortes han sostenido reiteradamente que la fundamentación de las resoluciones es una garantía constitucional.

Por último, reclama vulnerado su derecho a la honra pues -dice- ser separado de la institución por Acoso Sexual, sin haber sido éste probado, y valiéndose sólo de dichos de personas que no guardan ningún tipo de aprecio, estima o simpatía por su defendido, constituye una violación a tal derecho, manchando su hoja de vida en la institución.

En consecuencia, solicita tener por presentado recurso de protección y, en definitiva, acogerlo declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de reintegrar, en forma inmediata, al voluntario al nombre reservado, al cual ha servido por 6 años, declarando de esta forma ilegal y nula la sanción de separación, todo ello, con expresa condenación en costas.

Adjunta la documentación ofrecida en otrosí.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso, el abogado don ALEJANDRO PEÑA CEBALLOS solicita el rechazo, conforme las siguientes argumentaciones:

Que los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que habrían provocado en el recurrente, privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus garantías, se generan con la sanción aplicada por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, de SEPARACIÓN de sus filas, por haber incurrido en actos calificados como acoso sexual en contra de una –entonces- postulante a bombera de la Vigésimo Primera Compañía del nombre reservado, a la cual pertenecía el recurrente.

Refiere que, frente a casos que puedan ser constitutivos de acoso sexual, el nombre reservado (en adelante CBS) cuenta con un Protocolo de denuncia e investigación que, en esencia, genera una investigación sumaria a cargo de un bombero y, luego, tal investigación da paso al procedimiento disciplinario previsto en el Reglamento General de la Institución.

Agrega que, por excepción, el conocimiento de este tipo de situaciones se radica ante el máximo órgano disciplinario de la Institución, a saber, el Consejo Superior de Disciplina, sustrayéndolo de las respectivas Compañías.

Precisamente –dice-, en este caso, efectuada la investigación, se pusieron los antecedentes a disposición del Consejo Superior de Disciplina del CBS, una de cuyas salas resolvió aplicar al recurrente la sanción de SEPARACIÓN de las filas del Cuerpo.

La solicitud de rechazo del recurso, la fundamenta en los siguientes argumentos:

a) Acerca de los reclamos sobre la actuación de los oficiales de la 21ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS DEL CBS, el recurrente cuestiona que se le atribuya un hecho supuestamente ocurrido el día 4 de febrero de 2020 y que fuera denunciado a los Oficiales de la Compañía el día 7 de febrero de 2020 y donde los Oficiales no habrían dado cumplimiento oportuno al Protocolo ya referido sobre acoso sexual vigente en el CBS pues –dice- aquellos no canalizaron oportunamente la denuncia a las autoridades del Cuerpo, cuyos órganos disciplinarios llevaron a cabo el procedimiento sancionatorio sin que, a su juicio, se acreditaran los hechos, sin tampoco respetar un debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni su derecho a su honra.

Al efecto, la recurrida sostiene que es efectivo que, en febrero de 2020, una joven postulante a voluntaria de la 21ª Compañía puso en conocimiento de los Oficiales de esa Compañía que el ahora recurrente intentó darle un beso en la boca, sin su consentimiento, además de hacerle propuestas que consideró inapropiadas.

Añade que, en paralelo y coincidentemente, el recurrente don nombre reservado había sido puesto a disposición del Consejo de Disciplina de su Compañía por haber faltado de forma prolongada a la obligación de pagar sus cuotas; en razón de ello, el mismo día 4 de febrero de 2020, fue sancionado con su separación de las filas de la Compañía. De ese modo –agrega-, la denuncia de acoso sexual fue recibida cuando ya el Consejo de Disciplina de la 21ª Compañía, había aplicado al Sr. nombre reservado la sanción de SEPARACIÓN.

Con todo, el voluntario apeló de dicha sanción para ante el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, organismo que, con fecha 1 de agosto de 2020, dejó sin efecto su sanción, por estimar que el órgano disciplinario que lo sancionó sesionó con un quorum menor al exigido, y lo reintegró a las filas de la Compañía.

Así las cosas, -dice-, queda en evidencia que, a la fecha de la denuncia de acoso sexual en su contra, el recurrente ya se encontraba sancionado por otra falta distinta y, en atención a ello, el procedimiento investigativo por dicha denuncia no se inició. Por el contrario, tan pronto fue reincorporado, se dio cumplimiento a lo establecido en el protocolo respectivo.

Sobre el particular, previene que la decisión de los oficiales de la 21ª Compañía de no informar la denuncia de acoso sexual de manera inmediata, no generó ninguna afectación a las garantías constitucionales del Sr. nombre reservado, al contrario, afirma que de haberse investigado su responsabilidad mientras pendía sobre él la sanción anterior, sus posibilidades de defensa habrían sido inferiores y ni siquiera habría podido ser escuchado (sic).

Sostiene, entonces, que esta omisión de los denunciantes no puede ser esgrimida por el recurrente para pretender eximirse de responsabilidad respecto de una falta gravísima, como es el acoso de tipo sexual a una voluntaria más joven, respecto de la cual ha sido sancionado por el Consejo Superior de Disciplina, cumpliendo con todas las reglas que regulan los juzgamientos al interior del nombre reservado.

b) Cuestiona la recurrida, asimismo, que ahora ya sancionado, reclame por la imposibilidad de contar con las grabaciones de las cámaras de seguridad del Cuartel, cuando bien pudo adoptar alguna medida conservativa de las mismas, pues ya sabía de esa denuncia por acoso sexual en su contra.

c) Acerca de la supuesta afectación al derecho a la honra del recurrente, sostiene la recurrida que, ante una denuncia de esa naturaleza (acoso sexual), corresponde que se practique una investigación y si los hechos son comprobados, debe sobrevenir una sanción pero ello no puede implicar una afectación arbitraria ni ilegal al derecho a la honra del recurrente, tanto porque, en tal caso, cualquier afectación de su honra tendría su origen en su propia conducta y porque es obvio que frente a una denuncia de ese tipo corresponde iniciar una investigación y sancionar si se comprueba la efectividad de lo denunciado.

d) Acerca de la supuesta afectación de su integridad psíquica y física, refiere que lo que ha hecho el nombre reservado al establecer un procedimiento para la investigación del acoso sexual, y en este caso específico, ordenar una investigación sumaria y posterior juzgamiento para resolverlo, es cumplir las obligaciones que incluso el propio Estado de Chile ha asumido como propias, fundamentales y constitucionales al suscribir, ratificar y promulgar la convención Belem do Pará y la CEDAW, cuerpos normativos internacionales por los cuales los Estados se imponen la erradicación de toda forma de violencia de género contra la mujer, debiendo entenderse incluido el acoso sexual. En tal sentido, la posible afectación de la integridad psíquica o la honra del afectado es una consecuencia constitucional y legalmente aceptada, en tanto se respete razonablemente la reserva de la información, como afirma que en este caso se ha hecho.

Añade que el recurrente no puede espetarle al CBS el que su caso haya sido conocido de manera informal por otros miembros del Cuerpo, pues los rumores al efecto, no son obra ni responsabilidad del nombre reservado y corresponderá al reclamante establecer quién comentó su caso, si es que alguien lo hizo, y ejercer las acciones que estime pertinentes.

e) Respecto de la posible vulneración al debido proceso, la recurrida enfatiza que no estamos en presencia del ejercicio del ius puniendi estatal sino que en ejercicio de meras facultades disciplinarias por parte de órganos de policía interna de una Corporación privada, sin fines de lucro, entidad que se compone de personas con distinto nivel de instrucción y diversas actividades laborales.

Se alude, asimismo, a una supuesta infracción a la presunción de inocencia, aspecto en el que la recurrida resalta que, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección no resguarda dicha garantía, sin perjuicio de lo cual, previene que el recurrente, durante la investigación cursada, tuvo pleno acceso a los antecedentes que se le imputaban y pudo formular, también, sus descargos.

En este ámbito, discurre la recurrida sosteniendo que la sola existencia de una investigación prolija y reservada constituye en sí misma una garantía de respeto a la presunción de inocencia de quien es imputado de un hecho que puede revestir el carácter de acoso sexual, máxime si el juzgamiento posterior de los mismos lo realiza un órgano disciplinario del nombre reservado y no de la misma Compañía, instancia en la que el voluntario denunciado tiene nuevamente oportunidad dar a conocer su versión de los hechos y de aportar antecedentes.

Concebir, precisamente, a la justicia corporativa como una que requiere ciertas garantías mínimas de debido proceso ha sido –dice- una de las conclusiones permanentes a la que han arribado los Tribunales Superiores de Justicia desde que, “hace unos tres o cuatro años, se ha vuelto una práctica común que los bomberos reclamen la intervención de SS. Iltma. para revisar los actos de los órganos disciplinarios internos.” (sic).

Citando jurisprudencia al efecto, reafirma que no cualquier acto del órgano disciplinario de Bomberos será arbitrario o ilegal, sino que debe tratarse de “un actuar arbitrario y/o ilegal por parte del recurrido, actuar, que para dicho objeto debe ser entendido como actos o actuaciones totalmente carentes de razonabilidad, antojadizas y contrarias al ordenamiento jurídico o legislación vigente.“; asimismo, a propósito del debido proceso, se ha dicho que “…el debido proceso es un concepto que implica variadas garantías que permiten por un lado el real ejercicio de derechos sustantivos y adjetivos por parte de las personas, pero que además permite dar certeza a la decisión, alejando aquella del mero arbitrio de una única voluntad o instancia, para aproximarla a parámetros que permitan descartar aquella y fallar conforme a derecho y justicia. Es del caso que del procedimiento estatutario y de las propias alegaciones de las partes, tanto en el recurso como en estrados, se dio cuenta que se siguió un procedimiento reglado, que contiene instancias y órganos que actúan como tales con independencia…”.

Postula la recurrida, entonces, que, con motivo de la judicialización de asuntos disciplinarios del ámbito bomberil, ha sido la Jurisprudencia la que ha fijado como exigencia fundamental que los procesos disciplinarios de Bomberos respeten sus propias reglas. De este modo –arguye-, el debido proceso, en el nivel bomberil, consiste en dar estricto cumplimiento a las normas estatutarias y reglamentarias que la misma institución se ha dado para asegurar un juzgamiento corporativo justo a sus miembros.

Añade que esto resulta evidente desde que el nombre reservado es una institución a la que el ingreso es voluntario y, al ingresar, el recurrente –dice- autolimitó su propia libertad, obligándose a respetar reglas y procedimientos.

Sin perjuicio de ello, la recurrida postula que, de todos modos, los procedimientos de investigación y eventual sanción del acoso sexual del nombre reservado cumplen con las exigencias constitucionales pues –dice-, tanto el tribunal que juzga, como el procedimiento que se utiliza, son anteriores a la conducta juzgada; asimismo, la composición e integración del tribunal cumple con la norma de imparcialidad, amén que tampoco la recurrente ha impugnado tal integración en ninguna etapa de su juzgamiento corporativo, resultando del todo extemporánea cualquier alegación ante esta Corte, tal cual lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en fallo que cita donde estableció que “…a continuación, del examen de las referidas actas y del escrito de apelación presentado por el recurrente, es posible desprender que en ningún momento de la tramitación ante la institución se hizo hincapié o alegación alguna relativa, ya sea a la integración del órgano o al cumplimiento del artículo 553 del Código Civil, de modo que, sin entrar a discurrir sobre este último punto, malamente la institución recurrida pudo haber adoptado medida alguna sobre el particular, circunstancia que impide que su omisión pueda ser considerada como arbitraria o ilegal en los términos que reprocha el recurso….”.

Sin perjuicio de todo lo dicho, la recurrida remarca que, al ingresar a las filas de su Compañía y del nombre reservado, el recurrente nombre reservado aceptó expresa y voluntariamente adherir, respetar y regirse por los estatutos de la Institución, el Reglamento General, el Reglamento de su Compañía y por las demás normas que rigen la vida del nombre reservado, incluyendo por supuesto aquellas que se refieren a la integración de los diversos órganos institucionales, entre ellos los disciplinarios, sin que conste de manera alguna que haya hecho objeción a esto último en todos los años de su vida como bombero.

f) Por último, a propósito de lo que en el recurso se imputa al investigador en orden a no haber orientado la investigación a verificar la supuesta existencia de una confabulación o conspiración que persiguiera sacar al recurrente de las filas de la 21ª Compañía, expresa que, amén de extemporánea la alegación, lo cierto es que la competencia del funcionario investigador se acota a los términos de la denuncia; empero, bien pudo el recurrente interesado poner en conocimiento de los oficiales correspondientes la existencia de esa eventual maquinación llevada a cabo en su contra, lo que no hizo.

En consecuencia, para la recurrida sólo cabe concluir que los reclamos que se contienen en el recurso de marras no son efectivos, puesto que ante una denuncia de un hecho que podía revestir el carácter de acoso sexual, el nombre reservado aplicó los procedimientos vigentes al efecto, sometiendo al voluntario denunciado al régimen disciplinario previsto en la normativa vigente, la que –dice- asegura un juzgamiento que respeta garantías propias de un debido proceso, aplicándosele, en definitiva, una sanción que considera acorde a la gravedad del hecho imputado.

En este último punto, enfatiza la recurrida que, pudiendo ser apelada la sanción aplicada conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento General, el voluntario señor nombre reservado, optó por no deducir dicho recurso de apelación, renunciando al mismo.

Solicita tener por evacuado informe y, con su mérito, rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Adjunta al informe copia simple del Protocolo de Denuncia e Investigación de Casos de Acoso Sexual y Otros Abusos, vigente en el nombre reservado.

TERCERO: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que de una atenta lectura del recurso de marras, se advierte que éste reprocha a la recurrida tanto una acción como una omisión.

En efecto, se cuestiona la acción misma de la medida de separación adoptada el 02 de noviembre de 2020 por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, toda vez que no habría habido mérito para imponer tal medida y, se reprocha por su parte, la omisión en la que se habría incurrido, consistente en la no instrucción inmediata de la investigación de los hechos denunciados, tan pronto se tomó conocimiento de dicha denuncia con data 07 de febrero de 2020, generándole un perjuicio con dicha omisión, toda vez que aquello redundó en la imposibilidad de revisar algunas pruebas que habrían sido de su interés (v. gr. cámaras de seguridad).

En cuanto a la omisión:

Cronológicamente hablando, tuvo lugar primero la omisión y ella, en lo estrictamente fáctico y abstracto, efectivamente ocurrió pues, por las razones que se expresan en el informe, los receptores de la denuncia estimaron, en febrero de 2020, que, estando ya el recurrente señor nombre reservado separado de la institución por motivo distinto (mora en el pago de cuotas mensuales), no correspondía cursar investigación interna, la que tuvo lugar sólo a partir del mes de septiembre de 2020, enterada ya la recurrida, de la reincorporación a la institución, en agosto de 2020, de parte del señor nombre reservado.

En cuanto a la acción:

Ya una vez cursada la investigación interna, en octubre de 2020 el funcionario investigador emite su informe y el 02 de noviembre de 2020 se adoptó la decisión de separación materia del recurso.

En este punto no sólo se reprocha la acción propia de la decisión adoptada, sino que hay un cuestionamiento directo a la manera en que se orientó la investigación, al modo en que la tardanza en la instrucción devino en la imposibilidad de contar con ciertas pruebas y, por último, a la manera en que se apreciaron los testimonios y otras probanzas que se allegaron al sumario interno, todo lo cual, en opinión de la recurrente, no daba mérito para haber aplicado medida alguna en contra de su representado.

Tercero: Acotada la existencia de la omisión y acción cuestionadas, corresponde analizar si las mismas resultan ser ilegales o arbitrarias.

En cuanto a la omisión, el recurso reprocha que ella haya tenido lugar no obstante la normativa y protocolo interno del nombre reservado que dispone instruir investigación, debidamente regulada, a propósito de denuncias como la que se formuló en contra del recurrente.

En efecto, la propia recurrida ha afirmado que la institución bomberil posee el instrumento denominado Acuerdo de carácter permanente Numero 70 sobre “Protocolo de denuncia e investigación de casos de acoso sexual y otros abusos”.

Sin explicitarlo, la recurrente sugiere la ilegalidad de esta omisión al no haberse respetado el aludido Protocolo.

Por otra parte, a propósito de la acción cuestionada con el recurso, la recurrente se asila en la conclusión que establece el instructor de la investigación, que es del siguiente tenor: “A juicio de este investigador, no se pudo acreditar fehacientemente que se hayan producido los hechos denunciados, sin perjuicio, que existen indicios de situaciones que deben ser analizadas al tenor de las declaraciones efectuadas… Corresponde hacer presente la falta de conocimiento en el proceder de los oficiales de la compañía, en el sentido de no haber resguardado evidencias en este caso…”.

Es en base a esta conclusión del investigador, que la recurrente afirma que la sanción de separación que se le impuso a su representado es ilegal, arbitraria e injusta (sic) pues –afirma-, “no se acreditaron los hechos, no se llevó a efecto un debido proceso, no se respetó el principio de inocencia y se vulneró el derecho a la honra.”.

QUINTO: Que esta Corte descarta cualquier atisbo de ilegalidad en la omisión denunciada pues, amén que la normativa que se sugiere desatendida corresponde a un Protocolo interno institucional, lo cierto es que la omisión de instruir en forma inmediata una investigación tan pronto fue recibida la denuncia, obedeció a una decisión basada en la hermenéutica estatutaria pues, se dijo, que no procedía cursarse investigación al señor nombre reservado en cuanto miembro del nombre reservado pues, a ese momento, estaba suspendido de su calidad de tal.

De este modo, la autoridad bomberil entendió que no debía instruirse investigación interna y obró en consecuencia, al punto que, una vez reincorporado a la institución el señor nombre reservado, se dio curso a la investigación del caso.

El antedicho razonamiento y proceder hace, en opinión de esta Corte, descartar que la omisión denunciada haya tenido ilegalidad o arbitrariedad en su origen.

SEXTO: Que, de igual modo, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad a propósito de la decisión adoptada por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, desde que la misma fue resuelta por órgano habilitado para ello según la normativa institucional y lo fue a propósito de apreciar el mérito de la investigación.

Si bien es cierto que el informe del instructor concluye que “no se pudo acreditar fehacientemente que se hayan producido los hechos denunciados”, el mismo informe advierte que “existen indicios de situaciones que deben ser analizadas al tenor de las declaraciones efectuadas”, análisis que, precisamente, es el que hizo el Consejo Superior para resolver como lo hizo.

Por lo demás y tal como lo enfatiza la recurrida en su informe, si bien hoy se reprocha el procedimiento seguido, la composición de los órganos resolutores y la decisión adoptada, lo que cabía es que “in limine litis”, es decir, dentro del procedimiento investigativo, el ahora recurrente hubiese formulado sus peticiones, reclamaciones e impugnaciones. Sin embargo, ningún reclamo formuló y, -acaso lo más decidor-, tampoco dedujo apelación en contra de la medida de separación.

En este ámbito del razonamiento, comparte esta Corte lo que la recurrida invoca como uno de los fundamentos de su petición de rechazo del recurso, a saber, que estamos en presencia de una Corporación sin fines de lucro, con adscripción voluntaria y con aceptación igualmente voluntaria de la normativa interna que la rige. Así las cosas, al ingresar al nombre reservado, el señor nombre reservado acepta el régimen estatutario y orgánico de la institución, sin que se advierta que sus reclamaciones a propósito del procedimiento seguido, digan relación con la aplicación de normativa que reclame como inoponibles a su persona ni nada parecido, apreciándose, más bien, que hay en su libelo de recurso una evidente disconformidad con lo decidido por sus superiores institucionales, pero donde existiendo mecanismos para remediar cualquier agravio en la materia, el propio supuesto interesado prescindió de hacer uso de aquellos, renunciando, v. gr., a interponer recurso de apelación en contra de la medida de separación dispuesta en su contra.

SEPTIMO: Que, específicamente, a propósito de las alegaciones contenidas en el libelo de recurso, mediante las cuales el actor cuestiona la composición e integración del tribunal interno que adoptó la sanción aplicada, esta Corte comparte lo sostenido por la recurrida citando un fallo de la Excma. Corte Suprema, a propósito de concluir que resulta del todo extemporáneo e intempestivo cuestionar ahora -en el recurso- tal composición si durante todo el proceso de juzgamiento institucional en momento alguno el ahora recurrente impugnó tal integración.

En efecto, la Excma. Corte ha señalado, entonces, “….. del examen de las referidas actas y del escrito de apelación presentado por el recurrente, es posible desprender que en ningún momento de la tramitación ante la institución se hizo hincapié o alegación alguna relativa, ya sea a la integración del órgano o al cumplimiento del artículo 553 del Código Civil, de modo que, sin entrar a discurrir sobre este último punto, malamente la institución recurrida pudo haber adoptado medida alguna sobre el particular, circunstancia que impide que su omisión pueda ser considerada como arbitraria o ilegal en los términos que reprocha el recurso….” (Corte Suprema, rol 3550-2018, apelación de protección).

OCTAVO: Que del modo que se viene razonando, es dable descartar, a modo conclusivo, cualquier ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida, enfatizando que el actor, habiendo tenido a su disposición un instrumento procesal de impugnación como lo es el recurso de apelación, optó por no interponer éste, legitimando, de dicho modo, el obrar de la institución bomberil y de los órganos de dicha institución que adoptaron la decisión cuestionada por el recurso, motivo bastante para rechazar la acción deducida.

NOVENO: Que, descartada que ha sido la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, resulta innecesario hacerse cargo con mayor detalle de las garantías que se dicen vulneradas, dada la ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

DECIMO: Que, por consiguiente, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, desestimándose la condena en costas, por estimarse que ha habido plausibilidad en su deducción.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada FALLONS MATELUNA NAVARRO a favor de nombre reservado, en contra del nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro suplente señor Olivares.

Rol Protección N° 96.138-2020. (Protección).

No firma el Ministro suplente señor Olivares, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo adoptado, por haber cesado en su suplencia ante esta Corte.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada, además, por el Ministro suplente Juan Enrique Olivares Urzúa y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.