POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE SPA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

Santiago, seis de abril de dos mil veintiuno.

Proveyendo el escrito folio 20: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Cristián Urzúa Ruiz, abogado, en representación convencional de Polietilenos Bioplastic Chile SpA., sociedad del giro fabricación de productos plásticos, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de Servicios Equifax Chile Ltda., por haber incurrido ésta en un acto ilegal y arbitrario al publicar en el Boletín Comercial facturas caducas o dudosas y negarse a eliminarlas de dicha base de datos, lo que conculca sus garantías fundamentales de los números 4 y 21 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja su acción y se ordene la eliminación de las facturas caducas o dudosas del Boletín Comercial o su bloqueo, adoptando las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Fundando su recurso, indica que desde el 29 de octubre de 2020, su empresa fue ilegalmente publicada en el Boletín Comercial de Equifax por una serie de facturas emitidas por EIT Logística S.A. que enumera, respecto de las cuales no reconoce obligación de pago, pese a que a la fecha de su inclusión en dicho registro eran caducas, al carecer de vigencia, o dudosas, por estar su vigencia en entredicho, lo que de conformidad a lo prescrito en el artículo 10 de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copias de facturas, en relación al artículo 2 letra d), 6 y 12 de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, no pueden ser publicadas o deben ser bloqueadas.

Indica que su parte, el 4 y 10 de noviembre de 2020, solicitó a Equifax su eliminación, quien respondiendo la segunda misiva se negó, argumentando que la declaración de prescripción de las facturas era competencia de los Tribunales de Justicia.

Respecto de la caducidad, argumenta que bastaba para que la recurrida examinara los títulos para arribar a dicha conclusión, pues ha transcurrido con creces más de un año desde la fecha de vencimiento de cada una de las facturas, siendo la última de 2 de agosto del año 2019, conforme lo exige el inciso 3° del artículo 10 de la Ley N° 19.983.

Precisa, que incluso sí se estimara que no constituye un dato caduco, de todas maneras, es procedente su bloqueo del registro pues se trataría, en el peor de los casos, de un dato dudoso, esto es, aquel cuya vigencia está en entredicho, tal como lo prescribe el citado artículo 6 del cuerpo normativo en referencia.

En razón de ello, alega que en el caso era procedente, su eliminación o cancelación, al tenor de los artículos 6 y 12 de la Ley N° 19.628, siendo un derecho de su parte poder solicitar aquello, no siendo necesario que se requiera una declaración de prescripción de un Tribunal, pues ello contravendría el objetivo de un dato caduco o dato dudoso, cual es, el de evitar publicaciones cuando no hay claridad, certeza y evidencia de su procedencia.

Indica que, además, la empresa a cuya instancia se publicaron las facturas, no ha iniciado juicio alguno en que pretenda el pago de dichos títulos de crédito, lo que corrobora que su publicación no es nada más que un medio de presión indebido.

En cuanto a sus garantías fundamentales, sostiene que se vulneró la protección de derechos personales, al no respetar el tratamiento y protección de los datos conforme la Ley Nº 19.628, mostrando a terceros una situación que no es tal, afectando su prestigio y reputación comercial, y su derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, abogado, en representación de Servicios Equifax Chile Limitada, quien informando al tenor del recurso, solicita el rechazo del mismo, con costas.

En primer lugar, precisa que su función es procesar la información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom, la que se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, quienes se obligan contractualmente a entregar mensualmente o con la periodicidad que se convenga, en nómina escrita o medio magnético, los nombres de morosos y/o aclaraciones por pago, con indicación de los nombres y apellidos del deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc.; a informar por escrito y oportunamente a Equifax las dudas que puedan plantearse respecto de los antecedentes entregados; y aclarar a su requerimiento, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, acompañando y/o remitiendo la documentación que respalda la información proporcionada.

En razón de ello, manifiesta que el aportante es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada y de no informar los pagos, y/o regularizaciones de los registros, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad, utilizando el portal BED, estando su parte liberada de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos, cita jurisprudencia al efecto.

En segundo lugar, precisa que, si bien la recurrente presentó una discrepancia respecto a la publicación de las facturas basándose en que las mismas se encontrarían prescritas, no acompañó ningún antecedente que respalde sus aseveraciones, lo que su parte le informó en tiempo y forma, agregando además el contacto del aportante de la información para poder regularizar la situación con él.

No obstante, señala que su parte requirió la información de respaldo al responsable de la publicación y efectuando una revisión de los mismos concluyó que estos son suficientes para mantener la publicación vigente, siendo fundamento legítimo para la publicación por parte de su aportante, considerando además que las facturas no fueron reclamadas dentro del plazo legal de ocho días establecido en la Ley Nº 19.983, por lo que se encuentran irrevocablemente aceptadas.

En tercer término, alega que la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada no es aplicable en el caso, dado que en el literal f) de su artículo segundo define datos de carácter personal como los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables y en su literal ñ) define como titular de éstos a la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal, lo que deja en evidencia, tal como lo ha estimado la Doctrina nacional, que las personas jurídicas no son sujeto de protección de ese derecho. Por su parte, cita la historia de tramitación de la citada ley y jurisprudencia al efecto.

En cuarto lugar, alega que la acción debe ser rechazada por cuanto no existe un derecho indubitado que haga procedente acoger la acción, toda vez que de los hechos se desprende la existencia de una relación comercial entre la recurrente y EIT LOGISTICA S.A., quien emitió facturas cuya obligación de pago desconoce la actora, pese a que no fueron rechazadas ni objetadas, por lo efectivamente existe una deuda.

Como quinta cuestión, afirma que además la actora no ha acreditado el pago de la obligación o que la misma se encuentre extinguida, por lo que su parte se encuentra impedida de eliminar la publicación.

Finalmente, indica que la acción debe ser rechazada pues no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a su parte que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, en el caso, no es controvertida la existencia del acto, esto es, la publicación de una deuda como morosa en Equifax, por lo que corresponde determinar si aquél puede ser sindicado como ilegal y arbitrario.

QUINTO: Que es del caso considerar que el artículo 2 de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, refiere que para los efectos de esta ley se entenderá por: “d) Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna”; “f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y “ñ) Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

Añade su artículo 12 que, toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales aquéllos son transmitidos regularmente.

SEXTO: Que al respecto se debe indicar que de la normativa que precede, se evidencia que esta no es aplicable al caso, ya que tal el ámbito de aplicación de la Ley Nº 19.628 se circunscribe únicamente a la protección de datos de las personas naturales, no siendo aplicables las normas alegadas por la actora referida a los datos caducos o dudosos y no existiendo regulación expresa que impida la publicación de documentos mercantiles consistentes en facturas en los términos alegados en el libelo, siendo motivo suficiente para rechazar el presente arbitrio, pues este se basa esencialmente en la imposibilidad de publicar las facturas por dicha razón.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de ello, se debe indicar que además no se observa que la recurrida haya actuado en contravención a la normativa alegada, por tratarse la recurrida de una empresa que recibe y procesa la información que aportan comerciantes, industrias o profesionales asociados a la base de datos, siendo exclusiva responsabilidad de estos la de entregar nombres de morosos debidamente identificados y/o aclaraciones de pago, liberando a Equifax de responsabilidad por ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos, sin que esté obligado a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien le entrega la información para que sea publicada.

Además, inclusive sin que sea de su responsabilidad la recurrida ha informado que le ha requerido a la empresa solicitante de la publicación los antecedentes que permitan acreditar su requerimiento de publicación, los que afirma haber analizado, lo que excluye que su conducta sea arbitraria.

A mayor abundamiento, se debe indicar que es suficiente para justificar la mantención de las publicaciones haber tenido a la vista las factura y el registro de aceptación o reclamos del Servicio de Impuestos Internos, constatando que la factura no fue reclamada dentro del plazo legal de ocho días establecido en la Ley N° 19.983, por lo que se entiende irrevocablemente aceptada, siendo fundamento para la publicación de las morosidades por parte del aportante.

En consecuencia, se ha verificado que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, por cuanto publicó información que revestía la calidad de pública, en atención a que aquélla se encontraba inserta en el Boletín de Informaciones Comerciales.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, se debe indicar que en el caso tampoco existen derechos indubitados, por cuanto lo pedido en el libelo es justamente que se declare que las facturas de que se tratan no son exigibles o se encuentran prescritas, cuestión que se encuentra controvertida por la recurrida, de forma tal que este arbitrio excede de la naturaleza cautelar de la presente acción, ya que el conflicto se sitúa en el ámbito del derecho privado, debiendo ocurrirse por las vías que correspondan.

NOVENO: Que lo cierto es entonces que, el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los alegados por el recurrente, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

DÉCIMO: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso.

UNDÉCIMO: Que, por las condiciones indicadas en los motivos precedentes, y por no configurarse los supuestos esenciales que justifican otorgar la protección que se impetra, el recurso habrá de ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por Polietilenos Bioplastic Chile SpA. en contra de Servicios Equifax Chile Ltda.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 96.016-2020 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Cristian Lepin Molina.